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Martes, 16 Abril 2019

Iván Duque no es sobrino del ex jefe paramilitar ‘Ernesto Báez’

Por Ana María Saavedra

En redes sociales se asegura que Iván Roberto Duque, alias “Ernesto Báez”, es tío del presidente. Pero aunque comparten apellido, no tienen parentesco.

Desde la campaña presidencial de 2018, algunas personas en redes sociales han asegurado erróneamente que el ahora presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, es sobrino del ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia Iván Roberto Duque Gaviria, conocido con el alias “Ernesto Báez”.

La supuesta relación se sustenta en que ambos tienen el apellido Duque, pero tal parentesco no existe. Así lo verificamos al revisar los árboles genealógicos del presidente y el ex jefe paramilitar.

Iván Roberto Duque Gaviria, quien fue jefe político de las Autodefensas Unidas de Colombia y uno de los fundadores del Bloque Central Bolívar, es originario de Aguadas, Caldas, donde nació en 1955, como se puede comprobar en documentos de su proceso legal en Justicia y Paz. En los documentos, además, se dice que sus padres eran Roberto Duque y Enerida Gaviria.

Asimismo, en reportajes de prensa publicados por El Tiempo y la Cola de la Rata se informó que Iván Roberto Duque es hermano de la exalcaldesa de Aguadas Luz Idalba Duque.

Por su parte, el padre del presidente, Iván Duque Escobar, fue ministro desarrollo económico y ministro de minas y energía, así como gobernador de Antioquia, era oriundo de este otro departamento. 

Duque Escobar no solo tiene apellidos diferentes, sino que es de otra región y de otra generación: nació en 1931 en el municipio de Gómez Plata, en Antioquia, como se relata en los perfiles de prensa que escribieron tras su muerte en 2016. 

Con estos elementos, concluimos que se trata de una información falsa y que el supuesto parentesco del Presidente y el exparamilitar no tiene ningún sustento.

Miércoles, 12 Julio 2017

¿Hubo compromiso de entrega de bienes en el acuerdo con las AUC?

Por Paula Vásquez

En el caso de las AUC la entrega de bienes fue una condición que se introdujo por la vía jurídica.

Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, sostuvo un debate con la representante a la Cámara María Fernanda Cabal en la W Radio acerca de los cambios que haría el Partido Centro Democrático, al que pertenece Cabal, si ganan las elecciones presidenciales de 2018.

Los congresistas hablaban del manejo del dinero y los bienes que debe entregar las Farc y en ese momento Cepeda le dijo a Cabal: “Los gobiernos del presidente Álvaro Uribe hicieron una especie de negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ¿hubo algún compromiso de entrega de bienes en ese acuerdo? la verdad es que no”.

Colombiacheck habló con el senador Cepeda quien nos dijo que su afirmación se basaba en la realidad. “En el proceso que hicieron entre 2003 y 2010 los gobiernos de Álvaro Uribe y las AUC, no hubo ningún compromiso sobre entrega de bienes, el resultado es que la reparación de las víctimas de los paramilitares ha sido totalmente insuficiente, en materia de justicia hubo muy pocas decisiones judiciales”.

“No hubo ningún pacto en el que voluntariamente entregaran bienes, el proceso de la Ley 975 (o de Justicia y Paz), no fue producto de un pacto entre el gobierno y los paramilitares, sino que fue un proceso muy accidentado que hubo en el Congreso y que modificó sensiblemente la Corte Constitucional, hay decisiones judiciales en las que se impone como castigo o sanción la reparación de las víctimas, ahora, esa reparación ha sido realmente insignificante”, precisó el senador.

Después de hablar con Cepeda, de revisar el proceso de desmovilización de las AUC y la Ley de Justicia y Paz que reglamentó dicho proceso y de comparar los dos acuerdos a los que se llegó con las Farc, Colombiacheck califica la afirmación como aproximada.

Si bien en el caso de las Autodefensas es verdad que la entrega de bienes se introdujo por vía legal. En el caso de las Farc estaba de manera muy general en el primer Acuerdo, pero en el documento final que se está implementando se debieron hacer precisiones respecto a ese compromiso y las Farc debieron comprometerse públicamente.

El proceso con las AUC

La ley tuvo tres momentos, el primero fue el proyecto de ley 180 del 2004 presentado por Luis Carlos Restrepo (Comisionado de paz del momento) en la que no se menciona el destino de los bienes de las AUC. El segundo momento es la Ley 975 aprobada por el Congreso, en la que está estipulado que tanto para la desmovilización colectiva como para la individual uno de los requisitos era la entrega de “los bienes producto de la actividad ilegal”. En esa ley basa Cepeda su afirmación.

El tercer momento es el fallo de la Corte Constitucional en 2006 por medio de la sentencia C-370 en el que se habla de una reparación obligatoria para las víctimas con bienes tanto ilícitos como lícitos.

epeda dice que la diferencia del proceso con las Farc es que el grupo guerrillero se comprometió voluntariamente a entregar dinero y bienes.

Comparamos el Acuerdo inicial con las Farc y el Acuerdo Final. Si bien en el que se firmó el 26 de septiembre en Cartagena la guerrilla se comprometía a “contribuir a la reparación material de las víctimas y en general a su reparación integral”, después de la negociación con los voceros de las campañas que pedían revisar y modificar el Acuerdo, se introdujeron precisiones respecto a cómo y cuándo las Farc entregaría el inventario de sus bienes.

Un día antes del plebiscito las Farc anunció expresamente que entregarían sus bienes para reparar a las víctimas.

Miradas

El especial realizado por Verdad Abierta en 2015 ¿Qué nos dejan 10 años de Justicia y Paz? indica que uno de los fracasos inminentes de esta negociación fue la entrega de bienes, pues “solo el 6% del dinero para reparar las víctimas ha sido de los paramilitares”.

Ivonne Rodríguez, periodista de ese medio, explica que el proceso de Justicia y Paz permitió la desmovilización de unos 30 mil paramilitares en todo el territorio nacional, de los cuales 3 mil fueron a la cárcel. Para no perder los beneficios de este tipo de justicia transicional, que propuso entre cinco y máximo ocho años de cárcel, los postulados a esta Ley debían cumplir con varios requisitos, entre ellos confesar los crímenes, no seguir delinquiendo y entregar todos los bienes que adquirieron en la legalidad y la ilegalidad para reparar a las víctimas del conflicto armado. Así que la entrega de bienes era una exigencia contemplada en la Ley.

Sin embargo, “lo que pasó en la aplicación de la Ley es que el Estado no fue eficiente en administrar los bienes entregados por los paramilitares. Y también faltó más investigación para saber si estaban ocultando otros, como lo ha venido descubriendo el siguiente proceso de justicia transicional, el de Restitución de Tierras”, afirma Rodríguez.

El investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, Carlos Montoya, aseguró que la desmovilización de las AUC fue un ejercicio que partió de lo que cada bloque iba entregando. Dichas entregas podían ser en especie, “hay historias como por ejemplo que Mancuso entregó unas reses que se adelgazaron y murieron, también de casas, carros, además muchos de los bienes entregados no se han podido vender para la reparación de víctimas”.

¿Es válida la comparación?

Según el senador Cepeda, sí vale la pena comparar el proceso de paz firmado entre el Gobierno colombiano y las Farc con la negociación de las AUC y con todos los procesos que ha habido en Colombia y en el mundo. Ya que “solamente a través de la comparación sabemos realmente hasta donde se están cumpliendo medidas que pueden ser satisfactorias e importantes para el país”.

Es importante aclarar que esta es la primera ley en proponer la entrega de bienes para reparar víctimas.

Álvaro Villarraga, director del programa Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), dice que aunque los procesos de las Farc y las AUC son de diferentes naturalezas, se deben tener en cuenta para evitar volver a caer en los errores que se cometieron durante el proceso de reintegración de los paramilitares.