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La Fiscalía de Colombia está tras las coimas que Odebrecht habría pagado para obtener el Proyecto Ruta del Sol II y la adición sobre la vía Ocaña - Gamarra, ambos sobornos según la Fiscalía suman USD $11.1 millones. Las investigaciones o la lupa del ente acusador también está sobre los proyectos Navelena, la Transversal Boyacá Fase II y la Troncal Tunjuelo - Canoas, río Bogotá, sobre los que el ente acusador no ha mencionado hasta el momento alguna cifra relacionada con el pago de sobornos.

Dichos contratos suman más de $4 billones y medio de pesos, lo anterior, teniendo en cuenta los compromisos iniciales o el presupuesto final de cada proyecto, según el desarrollo de la obra, que aparecen publicados en el portal de contratación del gobierno colombiano.

Por estos hechos hoy, de acuerdo con información que ha hecho pública la Fiscalía, están en la cárcel o con medida de aseguramiento ocho personas y a otras trece se les imputan cargos por varios presuntos delitos.

Néstor Humberto Martínez, fiscal general de Colombia, dice que ha trabajado el caso Odebrecht sin cooperación internacional y con material probatorio propio, sin embargo, los hechos muestran que la Fiscalía colombiana aceleró las investigaciones cuando la justicia estadounidense reveló su escrito de acusación contra Marcelo Odebrecht, principal ejecutivo de la firma que está acusada de repartir sobornos por valor de USD $788 millones de dólares en 12 países, así lo corroboró el Distrito Este de Nueva York, Estados Unidos en la página 39 de su escrito de acusación contra Odebrecht.

¿Cómo comienzan las investigaciones?

La historia del escándalo de Odebrecht en Colombia comienza el 8 de marzo de 2016 cuando la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció que revisaría los contratos de la multinacional en Colombia.

Tuvieron que pasar casi nueve meses para que los entes de control colombianos como la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría aceleraran las investigaciones sobre los contratos de la multinacional. La fecha que marca el cambio de ritmo en las investigaciones fue el 21 de diciembre de 2016, cuando el Distrito Este de Nueva York, Estados Unidos, reveló el escrito de acusación en contra de Marcelo Odebrecht. Un texto de 74 páginas en el que había un apartado sobre Colombia en la página 49:

“In or about and between 2009 and 2014, Odebrecht made and caused to be made more than (USD) $11 million in corrupt payments in Colombia in order to secure public works contracts. The Company realized benefits of more than (USD) $50 million as a result of these corrupt payments”.

Los que en español traduce: “Entre 2009 y 2014 Odebrecht pagó en corrupción más de  (USD) $11 millones de dólares para conseguir contratos de obras públicas. La compañía obtuvo beneficios de más de  (USD) $50 millones de dólares como resultado de estos pagos de corrupción”.

Ante semejante noticia la Fiscalía General de la Nación se vio casi obligada a anunciar la apertura de una investigación por el capítulo Odebrecht en Colombia al siguiente día del anuncio de la justicia norteamericana.

¿Qué obras están investigadas?

A lo largo de la historia de Odebrecht en el país han sido varias las obras que la multinacional brasileña ha tenido y ejecutado en el territorio nacional.

‘Investiga Lava Jato, un proyecto colaborativo de periodistas de América Latina, del que hace parte el equipo ColombiaCheck puso el ojo sobre las cuatro obras que de alguna manera están siendo investigadas por las autoridades judiciales.

El sistema de alcantarillado Troncal Tunjuelo - Canoas, río Bogotá; la construcción de la carretera Puerto Boyacá - Otanche en Boyacá, por medio del consorcio Conpros; el proyecto Ruta del Sol II y el proyecto de navegabilidad del río Magdalena por medio del consorcio Navelena. Estos dos últimos proyectos han sido los más polémicos y los que principalmente están en la mira de las autoridades judiciales.

Ruta del Sol II

El Proyecto Ruta del Sol es una iniciativa del estado colombiano que ha buscado la ampliación y mejoramiento de la carretera que conecta al centro del país con la Costa Caribe colombiana. Una tarea que no ha sido fácil. Según datos del gobierno nacional, el proyecto abarca 1.071 kilómetros y atraviesa ocho de los 32 departamentos de Colombia.

Por la extensión del proyecto el gobierno decidió dividirlo en tres sectores: El primero abarca 78.3 kilómetros, el segundo 528 kilómetros y el tercero 465 kilómetros. La construcción de cada sector se encomendó a tres diferentes consorcios.

Fue precisamente el sector dos, el más largo, el que la multinacional brasileña Odebrecht logró adjudicarse por medio de la Concesionaria Ruta del Sol SAS, un consorcio conformado por las empresas Estudios y Proyectos del Sol - Episol con un 33% de las acciones, CSS Constructores con un 5%, Constructora Norberto Odebrecht con un 25% y Odebrecht Investimentos en Infra - Estructura con 37%. Estas dos últimas empresas son filiales de la multinacional brasileña Odebrecht en Colombia y suman el 62% de las acciones del consorcio.

En el sector dos del Proyecto de la Ruta del Sol están los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de Santander y César, departamentos que sumados tienen una población de 7.640.391 habitantes, según el Censo más reciente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane.

Es decir, el consorcio liderado por Odebrecht quedó con la responsabilidad de conectar por carretera a más de siete millones de colombianos, eso sin contar los otros tres departamentos del sector tres, que dependen de los sectores uno y dos para comunicarse con el interior del país. Además, sin sumar los turistas nacionales e internacionales que diariamente recorren esas vías.

El Proyecto Ruta del Sol, una obra que el gobierno nacional ha buscado culminar sin éxito desde 1997 y que adjudicó al consorcio de Odebrecht en enero de 2010, según la revista Semana con el objetivo claro de conectar de mejor manera el país del centro con el del sol (Costa Caribe), no en vano el nombre del proyecto.

‘Coimas’ en el proyecto Ruta del Sol II, adición vía Ocaña - Gamarra

En el proyecto Ruta del Sol II, la Fiscalía investiga el contrato inicial y también el otrosí número 6 para el tramo Ocaña - Gamarra.  El ente acusador ha sostenido que hubo “soborno”.

“La Fiscalía no solo logró identificar este caso de corrupción durante los meses de enero y febrero del año que corre, sino también la autoría plena del cohecho y el destino integral de los USD $ 6,5 millones de dólares que se pagaron como “coima””.

Por este hecho ya han sido capturados el ex viceministro Gabriel Ignacio García Morales y el empresario José Enrique Ghisays.

Además, según el ente acusador colombiano, los funcionarios de Odebrecht Luis Antonio Bueno Junior, Luis Antonio Mamery, Luis Eduardo da Rocha Soarez y Yesid Augusto Arocha Alarcón, han sido “postulados por la fiscal de conocimiento para tramitar un principio de oportunidad en relación con los hechos que se comentan”, es decir, el soborno que se dio en la adjudicación del contrato Ruta del Sol II.

La Fiscalía estimó que el daño a la sociedad colombiana por ese hecho suma de $32.000 millones de pesos (COP).

Por el caso del otrosí número 6, es decir Ocaña-Gamarra, la Fiscalía capturó al excongresista Otto Bula Bula y a Juan Sebastian Correa, exasesor de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI.

De acuerdo a información del ente acusador, “El señor Bula Bula fue beneficiario de pagos por USD $ 4,6 millones de dólares según la información provista por funcionarios de Odebrecht”.

La Fiscalía investiga al excongresista Otto Bula Bula como presunto beneficiario de esos pagos. Según la versión del organismo investigador dicha “suma habría sido direccionada por el exsenador a siete (7) empresas ubicadas en China, Hong-Kong y Panamá, principalmente: Texfab Internacional HK, Yunan Bussiness Corp., CT Asia HK, Coas Helicop Inc., Helicontinente SA Colombia, Punto FA y Kingdom Textile Ltda”.

Según información pública, la firma del contrato (14 de enero de 2010) del Proyecto Ruta del Sol II se dio terminando el segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez y la adición a ese proyecto se dio el 14 de marzo de 2014, durante el mandato del actual presidente Juan Manuel Santos.

La entidad que adjudicó el proyecto en 2010 fue el extinto Instituto Nacional de Concesiones (Inco) que tenía como director a Gabriel García Morales, quien fue capturado y confesó su responsabilidad en los hechos de corrupción.

La entidad que adjudicó la adición fue la ANI, que en la época de la firma del contrato tenía como director a Luis Fernando Andrade, el mismo que la preside actualmente. La Fiscalía no ha imputado cargos contra Andrade aunque, según el ente acusador, ya fue “vinculado formalmente a la investigación mediante interrogatorio llevado a cabo el día 21 de febrero de 2017”.

De acuerdo con la revisión que “Investiga Lava Jato” hizo del proyecto Ruta del Sol II, se estableció que hubo una diferencia entre el presupuesto inicial y el presupuesto final de las obras correspondiente a USD $329 millones de dólares.

El presupuesto que inicialmente se pactó para el proyecto fue de USD $ 933 millones y al final las obras costaron por lo menos USD $ 1.235 millones. Los anteriores cálculos se hicieron tomando como tasa de cambio 2.243 (COP). Todo esto, de acuerdo al contrato inicial que estipulaba precios constantes al 31 de diciembre de 2008, así quedó establecido en la página 63 del contrato  inicial.

Proyecto Transversal Boyacá Fase II

Con el objetivo de mejorar la conectividad del país por carretera, en los últimos años el gobierno nacional ha priorizado una serie de megaobras como el Proyecto Ruta del Sol. En esa serie de proyectos está el Programa Corredores Prioritarios para la Prosperidad, desarrollado por el Instituto Nacional de Vías (Invías) entidad del orden nacional.

Según Odebrecht Colombia, entre el listado de obras que hace parte de dicho programa, en junio de 2012 el Invías firmó un contrato para la construcción de la carretera Puerto Boyacá - Otanche en Boyacá, con una extensión de 49 kilómetros, vía que facilitará la conexión entre el centro y el norte del país, así como con la Ruta del Sol.

De acuerdo con lo estipulado, el contrato inicial fue adjudicado por  más de $154.000 millones de pesos y se lo ganó el consorcio Conpros o también denominado Consorcio para la Prosperidad conformado por las empresas Proyectos de Infraestructura S.A Pisa con un 33% de las acciones y Cpbo Engenharia Ltda Sucursal Colombia con el otro 67%, esta última filial de Odebrecht.

En la representación legal del consorcio han estado Carlos Berardo Zaeyen y Paulo Roberto Marcal Terreri, a quienes el 20 de abril del presente año la Procuraduría vinculó en la apertura de indagación preliminar por el caso Odebrecht.

Este proyecto, según el análisis de los contratos publicados en el portal de contratación del gobierno colombiano podría tener sobrecostos por valor de  $30.460 millones de dólares.

Del sueño de la navegabilidad del río Magdalena a la pesadilla de Navelena

Con el pasar del tiempo uno de los principales ríos del país ha ido perdiendo su capacidad de navegación, por eso el 13 de septiembre de 2014 se firmó un contrato bajo la modalidad de asociación público privada, APP, con el objetivo de “la recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena mediante la realización de estructuras de encauzamiento entre Puerto Salgar - La Dorada y Barrancabermeja, además, de las actividades de operación y mantenimiento entre Puerto Salgar - La Dorada y Barranquilla”, así quedó establecido en la presentación que Cormagdalena, Corporación Regional del Río Grande de la Magdalena, hizo en octubre de ese año.

El contrato que se encuentra en plena ejecución, fue adjudicado a Odebrecht, por medio del Consorcio Navelena únicamente creado para ese proyecto, y tiene un valor de $1.3 billones de pesos.

El consorcio se conformó, según la escritura pública 1230 del 20 de agosto de 2014, por Valores y Contratos S.A. con un 13.3% de las acciones; Constructora Norberto Odebrecht de Colombia Ltda con 25% de las acciones y Odebrecht Participacoes e Investimentos S.A. con el 61.6% de las acciones. Las últimas dos empresas sumadas obtienen el 86,6% de las acciones de Navelena y hacen parte de la multinacional brasileña Odebrecht.

El contrato fue adjudicado por Cormagdalena cuando en la dirección de esa entidad se encontraba Augusto Noel García Rodríguez, excongresista de Cambio Radical, el partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, actual precandidato presidencial.

Respecto a la adjudicación del proyecto las fiscalías colombiana y ecuatoriana trabajan de manera conjunta. El 22 de febrero del presente año ambos países suscribieron un acuerdo debido a que hay una hipótesis investigativa que relacionaría el contrato de Navelena con la adjudicación del contrato del metro de Quito, indicó la Fiscalía colombiana.

El organismo investigador colombiano ha anunciado que citará a declarar a Iván Mustafa, director del Fondo de Adaptación y miembro de Cambio Radical, con relación a este proceso.

El tema primordial sobre lo que los entes de control han puesto el ojo es por dos créditos que el Banco Agrario, entidad estatal, les otorgó. Los créditos sumados alcanza la cifra de $120.000 millones de pesos y fueron aprobados por la junta directiva del Banco Agrario el 12 de noviembre de 2015. El reproche es que “para la época de los hechos, la Organización Odebrecht en Brasil había incurrido en un riesgo reputacional”, señala la Contraloría General de la Nación.

Los ‘sospechosos residuos’ del Proyecto Tunjuelo - Canoas, río Bogotá

En Bogotá, la capital del país, con el objetivo de evitar inundaciones, el 30 de diciembre de 2009 siendo alcalde Samuel Moreno Rojas del partido Polo Democrático (quien fue destituido y condenado por el escándalo de corrupción bautizado como el carrusel de la contratación), se firmó un contrato para construir un túnel por donde pasen las aguas residuales de una zona al sur de esta ciudad y se descarguen en el río Bogotá.

Todo lo anterior para facilitar el sistema de acueducto y alcantarillado que coordina la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, Eaab.

El trayecto por el que se planeó dirigir esas aguas lo llamaron Troncal Tunjuelo - Canoas y la construcción del proyecto se le adjudicó al consorcio Canoas conformado por las empresas Cass Constructores & CIA y Constructora Norberto Odebrecht S.A.

Como representante legal del consorcio fue registrado Jorge Barragán Holguín, el mismo representante legal del consorcio Navelena.

Según lo determinó la Fiscalía General de la Nación, por la adjudicación del mencionado contrato el 31 de agosto del presente año se acusará a Samuel Moreno Rojas por los presuntos delitos de cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, a Jaime Buenaventura Quintero Sagre y Orlando Fajardo Castillo, estos dos últimos contratistas de Bogotá, se les imputarán otros presuntos delitos relacionados con hechos de corrupción.

Todos contra Odebrecht

En el caso de la Contraloría las investigaciones sobre el proyecto Ruta del Sol II y el crédito del Banco Agrario al consorcio Navelena solo comenzaron hasta enero del presente año.

Precisamente la investigación sobre los créditos otorgados a Navelena por el Banco Agrario es sobre la cual la Contraloría ha mostrado más avances. Según la entidad, el detrimento al patrimonio del Estado es de $135.805 millones de pesos por causa de estos dos préstamos.

La Superintendencia de Sociedades es otra entidad estatal que se ha involucrado en el tema Odebrecht Colombia. Esta entidad, el 10 de febrero del presente año sometió a control a filiales de Odebrecht como Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S., Constructora Norberto Odebrecht de Colombia S.A.S y Construtora Norberto Odebrecht S.A.

Dicha medida le da a la Superintendencia de Sociedades amplias facultades de fiscalización para requerir información sobre aspectos jurídicos y contables.

Además, la multinacional brasileña debe pedir autorización para cualquier modificación o reforma estatutaria o capitalización de la sociedad. Con la medida, la Superintendencia de Sociedades puede remover a los administradores, revisores fiscales y empleados según el caso y multar a los administradores que realicen actos contrarios a la ley. Vea la resolución.

Entre tanto, las autoridades judiciales continúan con las investigaciones sobre el escándalo internacional de Odebrecht. Por ahora, según pudo establecer ‘Investiga Lava Jato’, aún no se ha levantado la reserva sobre las investigaciones y hallazgos en Brasil. Se esperaba que esto ocurriera desde el 1 de junio del presente año, pero hasta la fecha de publicación de esta investigación no ha sucedido.

El levantamiento de la reserva permitiría a las autoridades colombianas (Fiscalía, Procuraduría y Contraloría) tener más pruebas sobre lo que los directivos de Odebrecht han cantado en el país de la samba y sobre los lazos que unen este caso con actuaciones de esa empresa en Colombia que la justicia brasileña ha venido comprobando.

¿Quiénes ya están detenidos o han sido imputados por el mega escándalo?

 Aunque la lista de investigados por el caso Odebrecht es amplia, hasta el momento solo han sido condenados o cobijados con medida de aseguramiento siete personas. A otras varias se les han imputado cargos.

Capturados o con medida de aseguramiento

El exviceministro de Transporte Gabriel García Morales fue el primero en ir a la cárcel por el escándalo Odebrecht. Por las irregularidades en la adjudicación de los contratos Ruta del Sol II, la Fiscalía lo acusa de cohecho impropio, interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito, cargos que aceptó.

El excongresista Otto Nicolás Bula a quien el ente acusador colombiano imputó “los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito debido a su presunta participación en el millonario caso de corrupción que vincula a la firma brasileña Odebrecht”. Bula no aceptó cargos y el 19 de enero fue enviado a prisión mientras es llevado a juicio.

Juan Sebastían Correa, exasesor de la ANI, funcionario estatal vinculado en la época en la que se tramitó la adición de la Concesión Ruta del Sol II al incluirse el trayecto Ocaña – Gamarra. El ente acusador lo acusa por los presuntos delitos de tráfico de influencias, falso testimonio y amenaza a testigo.

César Hernández, empresario. A solicitud de la Fiscalía, el Juzgado Segundo Penal de Bogotá con función de control de garantías le dictó medida de aseguramiento por el presunto delito de lavado de activos. El empresario, según la Fiscalía, está involucrado en las maniobras que Odebrecht realizó para pagar los USD $4.6 millones de dólares por la adición de la ruta Ocaña-Gamarra. En ese procedimiento se usaron compañías Offshore controladas por el departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, el mismo departamento que se usaba para todo el pago de sobornos. El medio de comunicación La República de Perú explicó cómo Odebrecht tenía una oficina para gestionar los sobornos en distintos países del mundo.

Rodrigo Aldana Larrazabal, fiscal delegado ante el Tribunal de Cundinamarca. Fue capturado porque el ente acusador lo consideró “responsable de procesos en los cuales el señor Bula tenía interés y mantenía con él comunicaciones personales”. Aldana debe responder por los presuntos delitos de prevaricato por omisión, cohecho propio y concertación para cometer delitos contra la administración pública. Por medio del comunicado 158 la Fiscalía sostuvo que “Otto Bula habría transferido bienes al círculo cercano al fiscal Aldana”.

El empresario cartagenero Enrique Ghisays Manzur. Según la Fiscalía, él prestó cuentas corporativas para mover las recompensas de Odebrecht. En la sociedad Lurion Trading INC registrada en Panamá y de la que era accionista junto a su hermano Eduardo Ghisays Manzur, de acuerdo al ente investigador, se depositaron los $6.5 millones de dólares en coimas que pagó Odebrecht por la adjudicación de la Ruta del Sol II. Al empresario se le imputaron los delitos de enriquecimiento ilícito a favor de particulares y lavado de activos, delitos que aceptó y por los cuales fue llevado a prisión. A su hermano, Eduardo Ghisays Manzur, la Fiscalía le imputó los mismos delitos.

El ingeniero Andrés Alberto Cárdona Laverde. Ha sido contratista del Estado y fue capturado el 20 de febrero. Era socio y miembro de la junta directiva de la empresa ACC Ingeniería, subcontratista del consorcio Tunjuelo-Canoas. Según la Fiscalía, “sería presuntamente el encargado de recoger los sobornos del consorcio y enviarlos a los funcionarios públicos, en el caso del contrato para construir un túnel interceptor para la descontaminación del Río Bogotá, denominado Tunjuelo – Canoas, Río Bogotá”. El ente acusador lo acusó por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, frente a los que se declaró inocente.

El empresario Gustavo Urrego Contreras. La Fiscalía General le dictó medida de aseguramiento de carácter domiciliario porque presuntamente prestó “las cuentas bancarias de dos empresas suyas en Panamá, para recibir dinero de Odebrecht destinado supuestamente a la corrupción de funcionarios públicos en Colombia”, manifestó el ente acusador.

Los imputados por el caso Odebrecht Colombia

Eduardo Ghisays Manzur, el hermano de Enrique Ghisays Manzur. Por los delitos de enriquecimiento ilícito a favor de particulares y lavado de activos.

José Elías Melo Acosta, expresidente de Corficolombiana, una banca de inversiones del grupo económico de Luis Carlos Sarmiento Ángulo, uno de los hombres más ricos de Colombia y propietario del diario El Tiempo, el más importante del país. La Fiscalía le imputó los presuntos delitos de cohecho por dar y ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos respecto a la adjudicación de la Ruta del Sol II.

Samuel Moreno Rojas, exalcalde de Bogotá y quien ya está en la cárcel por el episodio de corrupción conocido como el carrusel de la contratación de Bogotá. A Moreno Rojas se le vínculo con el escándalo de Odebrecht por el contrato de Tunjuelo - Canoas. El ente acusador le imputó los presuntos delitos de cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

Orlando Fajardo Castillo, contratista estatal, al que se le imputaron los presuntos delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar y ofrecer por el mismo contrato de Tunjuelo - Canoas.

Jaime Buenaventura Quintero Sagre, otro contratista estatal, se le imputó por los presuntos delitos de falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación en el mismo contrato de Tunjuelo - Canoas.

Marcela Ferrán, vicepresidenta de Crédito y Cartera del Banco Agrario en la fecha de adjudicación de los préstamos a Navelena. Se le imputó el 22 de mayo por el presunto delito de administración desleal.

Irliana Barahona, Gerente de Crédito y Cartera del Banco Agrario en la fecha de adjudicación de los préstamos a Navelena. Se le imputó el 22 de mayo por el presunto delito de administración desleal.

Mónica Santamaría, vicepresidente comercial del Banco Agrario en la fecha de adjudicación de los préstamos a Navelena. Se le imputó el 22 de mayo por el presunto delito de administración desleal.

Hernando Gómez Vargas, vicepresidente jurídico del Banco Agrario en la fecha de adjudicación de los préstamos a Navelena. Se le imputó el 22 de mayo por el presunto delito de administración desleal.

Juan Carlos Orjuela, gerente de Asesoría Jurídica de Negocios del Banco Agrario en la fecha de adjudicación del préstamos a Navelena. Se le imputó el 22 de mayo por el el delito de administración desleal.

Alejandro Jiménez, gerente de Banca Empresarial del Banco Agrario en la fecha de adjudicación de los préstamos a Navelena. Se le imputó el 22 de mayo por el presunto delito de administración desleal.

Irliana Martínez, funcionaria del Banco Agrario. La Fiscalía le imputó cargos porque presuntamente otorgó el crédito conociendo la situación legal de Marcelo Odebrecht, principal socio de Navelena.

Gloria Herrán, funcionaria del Banco Agrario. La Fiscalía le imputó cargos porque presuntamente otorgó el crédito conociendo la situación legal de Marcelo Odebrecht, principal socio de Navelena.

Las personas con fuero constitucional bajo investigación de la Corte Suprema de Justicia

Hace menos de 20 días, el 31 de mayo pasado, Néstor Humberto Martínez, fiscal general de Colombia, anunció que dentro de las investigaciones habría personas que gozan de fuero constitucional y que por tal razón “se ha dispuesto la compulsa de copias de elementos materiales probatorios ante la Honorable Corte Suprema de Justicia para que en el marco de su competencia se investiguen las conductas de dichas personas por su presunta participación en el trámite del Otrosí No. 6 al Contrato de Concesión de la Ruta del Sol II”.

Respecto a esas personas con fuero constitucional se pudo establecer que en ese grupo están señalados:

Bernardo Miguel Elías Vidal, congresista del partido de la U al que se vinculó para indagar su conducta en el otrosí número 6 de la vía Ocaña - Gamarra. Por el hecho el ente acusador compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación.

Por la adjudicación de Ruta del Sol II la Fiscalía compulsó “copias contra el entonces senador de la República, Plinio Olano, a efecto de que la Honorable Corte Suprema de Justicia indague por su eventual participación en estos hechos”. El congresista ha militado en los partidos Cambio Radical y la U.

El noticiero Noticias RCN mencionó que hay 11 congresistas más que están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia, esto se conoció luego de la declaración bajo juramento del director de la ANI, Luis Fernando Andrade, ante la Corte Suprema de Justicia. Seis de los once investigados son Iván Duque (precandidato presidencial por el partido Centro Democrático que lidera el expresidente Álvaro Uribe), Roberto Gerlein del Partido Conservador, Musa Besayle de la U, Arleth Casado del Partido Liberal, José David Name Cardozo del Partido de la U y el exministro del Partido Liberal Juan Fernando Cristo, a quien se le investiga en su condición de exsenador de la República.

Sobre estos nombres Andrade respondió: “Con algunos de ellos he tratado temas de otros proyectos, pero no en el contexto de Ocaña Gamarra”.

Los otros cinco congresistas investigados por la Corte Suprema son los representantes a la Cámara del Partido de la U José Alfredo Gnecco y Manuel Guillermo Mora; el representante Alejandro Carlos Chacón del Partido Liberal; y Alfredo Ape Cuello Baute  y Ciro Rodríguez, ambos del Partido Conservador.

Las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody,  quienes han sido funcionarias estatales, fueron vinculadas mediante indagación preliminar por el caso del otrosí número 6 de la vía Ocaña - Gamarra, según el comunicado 156 de la Fiscalía".

Álvarez fue ministra de Transporte y Parody ministra de Educación, ambas en el mandato presidencial de Juan Manuel Santos. Familiares de la exministra Parody son los principales accionistas de la Sociedad Portuaria de Cartagena, una empresa que hace parte de la Organización Puerto de Cartagena. Según contó el portal La Silla Vacía, “dos compañías de la familia Parody, Inversiones Egeo I e Inversiones Egeo III, suman el 23% de las acciones de la Sociedad Portuaria de Cartagena”.

Cuestionamientos al exprocurador

“La Procuraduría colombiana fue de los primeros entes de control en América que tuvo noticias de actos de corrupción de Odebrecht. Supo en 2010”, Pablo Bustos.

El papel de la Procuraduría en las investigaciones a Odebrecht merece un capítulo aparte porque según le contó a Colombiacheck Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, este ente de control podría ser el primero en toda América que recibió una queja por temas de corrupción de Odebrecht. Según la versión de Bustos, que es corroborada por el comunicado 105 de la Procuraduría,  el 11 de noviembre de 2010 la Red de Veedurías Ciudadanas presentó una queja contra Odebrecht por irregularidades en el proceso de adjudicación del proyecto la Ruta del Sol II.

La Procuraduría, que en aquella época dirigía Alejandro Ordóñez Maldonado, hoy aspirante a la Presidencia de la República, abrió una investigación sobre el hecho pero según explicó Pablo Bustos a Colombiacheck, el caso dio “vueltas y vueltas en el Ministerio Público hasta que se cerró”.

En una columna de opinión publicada en marzo pasado, el periodista Daniel Coronell manifestó que: “El expediente terminó archivado por una sola razón: el entonces procurador Ordóñez le ordenó expresamente a la funcionaria a cargo de la investigación que se concentrara en otros procesos”.

Colombiacheck buscó al exprocurador Ordóñez para conocer su punto de vista frente a estos hechos, pero no fue posible una respuesta. Sin embargo, la defensa del actual aspirante a la Presidencia de la República en 2018 se ha basado en que no tuvo suficientes pruebas. “Si hubiera tenido el 10% de las pruebas que hoy se tienen hubiera sancionado como corresponde a los funcionarios vinculados con los sobornos del caso de Odebrecht”, dijo Ordóñez a través de un vídeo.

Luego de que salió Ordóñez del cargo de procurador general, los primeros pasos en la investigación contra Odebrecht se dieron el 18 de enero de 2017, cuando a los dos días de posesionado el nuevo procurador, Fernando Carrillo, creó una “comisión integral de investigación e intervención para el caso Odebrecht”, así lo estableció el comunicado 018 del Ministerio Público.

Un mes después, en febrero, esa entidad encargada de vigilar las actuaciones de los funcionarios públicos, reabrió la investigación sobre la adición del otrosí Ocaña - Gamarra, es decir, hace cuatro meses.

Sobre el caso del consorcio Navelena la Procuraduría General de la Nación ordenó apertura de indagación preliminar contra Jorge Barragán Holguín, representante legal del consorcio y quien ha sido también representante legal de dos filiales de la multinacional brasileña en Colombia: Constructora Norberto Odebrecht S.A y Constructora Norberto Odebrecht de Colombia SAS.

A la par, el 25 de enero, el Ministerio Público anunció que por “las presuntas irregularidades en la adjudicación, firma y ejecución del contrato que suscribió el Invías con el consorcio integrado por Cpbo y Proyectos de Infraestructura Pisa, en el proyecto Transversal Boyacá Fase II, se indagará igualmente a todos los funcionarios que intervinieron en el proceso”.

La entrada triunfal de Odebrecht a Colombia

Para contar la historia de la multinacional brasileña Odebrecht en Colombia hay que remontarse 25 años atrás y observar el permiso que el extinto Ministerio de Desarrollo Económico otorgó por medio de la resolución de abril 29 de 1992 a la multinacional para “desarrollar actividades permanentes en el territorio nacional”, así está en aquella resolución de la década de los noventa que dio la bienvenida.

La primera filial de Odebrecht en Colombia se denominó Constructora Norberto Odebrecht SA (CNO) y en su inicio los brasileños Artur Dinis Ramos y Marcelo Shuetz Jardim fungieron como sus representantes legales. Este último brasileño no solo representó en sus inicios a CNO sino que con el transcurrir del tiempo y hasta 2016 actuó en distintas ocasiones como representante legal, así lo certifican los documentos de Cámara de Comercio de Bogotá.

Al año siguiente de creada la primera filial de la multinacional brasileña en Colombia llegó la segunda, Constructora Norberto Odebrecht de Colombia SAS. En ella volvieron a figurar Ramos y Shuetz Jardim. Adicionalmente, en esta nueva filial apareció otro nombre que, por lo menos hasta 2016, ha estado vinculado en cargos de representación de la multinacional Odebrecht en Colombia: Sergio Roberto de Souza Macedo.

Además de estas dos sucursales, que fueron las primeras en Colombia según indagación de Colombiacheck, Odebrecht ha tenido otras razones sociales con las que ha desarrollado su operación en el país. Desde 2010 empezaron a aterrizar en territorio colombiano otras filiales como Braskem Sucursal Colombia SA, Cbpo Colombia SAS, Cbpo Engenharia Ltda, Odebrecht Engenharia e Construcao Internacional SA y Odebrecht Latinvest Colombia SAS - OLI Colombia.

Con el pasar de tiempo Odebrecht pudo cumplir el propósito que le avaló el Ministerio de Desarrollo Económico en 1992, “desarrollar actividades permanentes en el territorio nacional”.

La multinacional brasileña, además de los conocidos y polémicos proyectos Ruta del Sol II y la navegabilidad del río Magdalena por medio del consorcio Navelena, durante su historia ha incursionado en otros proyectos como la vía Otanche – Puerto Boyacá por medio del consorcio Conpros, el sistema de alcantarillado para la troncal  Tunjuelo - Canoas - Río Bogotá en el que participó por medio de Consorcio Canoas, la construcción de la vía férrea con destino a Santa Marta, la Central Hidroeléctrica Miel localizada en el departamento de Caldas, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Salitre ubicada en la capital del país (conocida como la Ptar), la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cañaveralejo de Cali, la Central Termoeléctrica, Termoemcali, en la misma ciudad vallecaucana, entre otras. La mayoría de estos proyectos están referenciados en su página oficial de Colombia.

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Este informe forma parte del proyecto colaborativo “Investiga Lava Jato” en el que participan periodistas y medios de 11 países de América Latina y África.