La Ciénaga Grande de Santa Marta, declarada humedal Ramsar en 1998 y reserva de la biosfera por la Unesco en el 2000, es la laguna costera más grande y productiva del país, cuyo equilibrio ecológico depende del intercambio entre el agua dulce, que ingresa del río Magdalena y los ríos que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta, y el agua salada que trae el mar Caribe.
La doctora en Ecología y Medio Ambiente y decana de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad del Magdalena, Sandra Vilardy, explica que si bien el río Magdalena es el que más agua dulce aporta al complejo lagunar a través de los caños Aguas Negras, Renegado y Clarín, la calidad del agua de los ríos Fundación, Aracataca, Tucurinca, Sevilla y Frío es mayor y por ser corrientes frías, con más oxigenación y velocidad permiten la dilución de los sedimentos, además, evitan la salinización de los suelos y los sistemas acuáticos.
No obstante, estos cinco ríos no están llegando con los caudales suficientes a la Ciénaga Grande, sobre todo en las épocas de sequía, debido a la instalación de talanqueras para intentar desviar sus cauces y a la captación ilegal de sus aguas por fincas de banano y palma africana que la usan para el riego de cultivos, lo que genera no solo afectaciones ambientales, sino sociales.
En Bocas de Aracataca, pueblo palafito ubicado en la desembocadura del río Aracataca, los pobladores que en febrero del 2000 fueron desplazados por la violencia paramilitar, hoy padecen por la falta de agua y comida.
El alcalde de Puebloviejo, Wilfrido Ayala, ha denunciado desde 2016 a siete fincas por la construcción de talanqueras o diques artesanales, con sacos de arena y palos, y de canales artificiales para desviar el agua de los ríos Aracataca y Tucurinca, con el fin de conducirla hacia sus predios, dejando sin el líquido a Bocas de Aracataca y, de paso, a la Ciénaga Grande.
Aunque la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) les ha abierto procesos sancionatorios a los propietarios de la mayoría de estas fincas, a la fecha ninguno ha concluido, pese a la reincidencia en las infracciones ambientales.
En el municipio de Zona Bananera, uno de los mayores productores de banano y palma africana en el Magdalena, se registra un conflicto por el uso del agua. Campesinos de la zona denuncian que los dueños de grandes fincas, ubicadas en las partes altas, desvían el agua de los ríos Frío, Sevilla y Tucurinca, con el fin de direccionar el caudal hacia sus bocatomas y los reservorios que han construido en sus predios para almacenar el líquido.
Pese a que hay tres distritos de riego, administrados por asociaciones de usuarios, que se encargan de distribuir el agua de estos ríos entre pequeños, medianos y grandes productores, algunos afiliados dicen que la prioridad la tienen las fincas con mayor extensión de tierra, incluso acusan a sus propietarios de poner celadores en las compuertas de los canales de riego para evitar que el agua corra hacia los predios más pequeños.
Por su parte, los gerentes de los distritos de riego aseguran que la distribución se hace de acuerdo con la disponibilidad de los ríos, cuyos caudales bajan en las temporadas de sequía, y que las causas para que algunos usuarios no reciban el servicio son la falta de mantenimiento de los canales de riego y que no estén a paz y salvo con sus pagos. Además, denuncian que algunos que no son usuarios o están morosos, también ponen talanqueras en los canales de drenaje para robarse esta agua que, al final del camino y después de regar las cosechas, debe llegar a la Ciénaga Grande.
Al conflicto por el uso del agua para la agricultura se suma el hecho de que las concesiones otorgadas por Corpamag se autorizan con base en unos estudios de regulación de los ríos que están desactualizados, cuyas mediciones de los caudales hasta el año pasado se estaban haciendo solo en la parte alta, por lo que la información existente no solo es incompleta sino poco confiable.
Vilardy, una de las investigadoras que más ha estudiado la Ciénaga Grande, afirma que al complejo lagunar le faltan datos actualizados sobre su funcionamiento hidrológico y una mejor gestión ambiental, lo cual debe ser priorizado por el Gobierno Nacional, más ahora que fue incluido en el Registro Montreux, un listado que cobija a los humedales que necesitan una atención prioritaria, acatando la recomendación de la Misión Ramsar de Asesoramiento tras su visita en agosto de 2016.
Igualmente, advirtió que es necesaria “una acción decidida del Estado, la Fiscalía y la Fuerza Pública para ‘liberar’ el agua de estos ríos que está ‘secuestrada’ por la falta de ordenamiento de las cuencas y las acciones ilegales”.
Ante este panorama y la alta probabilidad de que el fenómeno del Niño se presente, según los pronósticos del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano Picón, y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), lo cual reduciría considerablemente los niveles de los ríos que bajan de la Sierra Nevada, si no se toman medidas urgentes el conflicto por el uso del agua y las consecuencias que esto conlleva están lejos de resolverse.
¿Quiénes se quedan con el agua del río Aracataca?
Bocas de Aracataca era uno de los últimos tres pueblos palafitos de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Hasta hace dos décadas, en este corregimiento de Puebloviejo, Magdalena, ubicado donde desemboca el río Aracataca tras su recorrido desde la Sierra Nevada de Santa Marta, vivían sobre el agua todo el año –en algunos sectores superaba los dos metros de profundidad–, los pobladores iban de una vivienda a otra a bordo de canoas o lanchas y abundaban los peces.
En la actualidad el panorama es muy distinto. En los meses secos el cauce del río Aracataca se convierte en un camino de tierra por donde transitan caballos y motocicletas y las 20 familias que aún residen en este corregimiento, donde la madrugada del 11 de febrero del 2000 paramilitares del Bloque Norte asesinaron a cuatro pescadores y hubo un desplazamiento masivo, padecen por la falta de agua y comida.
Los dueños de grandes fincas palmeras, según los pobladores, desvían el cauce del río, construyendo talanqueras con sacos de arena, troncos e incluso utilizando maquinaria pesada para represar el agua con el fin de conducirla hacia sus predios para el riego de cultivos. “En los meses de enero y febrero no entra nada de agua al pueblo. Tenemos que ponernos los calambucos (recipiente para almacenar líquidos) en el hombro y caminar hasta un kilómetro para buscar agua o hacer pozos donde quedan los charcos. Ahí también consumen el agua los animales. Las trancas que ponen de arena y palos, cuando llega la creciente vienen a caer aquí, a la parte baja. Esto se llena de sedimentos”, contó José*, uno de los pobladores.
Desde Ciénaga, el segundo municipio del Magdalena, se llega a Bocas de Aracataca –también conocido como Trojas de Cataca– tras navegar una hora en lancha por la Ciénaga Grande. En la entrada hay un letrero con el nombre del pueblo y el lanchero tiene que bajarse para empujar la embarcación porque el nivel del agua es muy bajo.
A comienzos de agosto pasado, por la desembocadura del río Aracataca corría agua porque estaba lloviendo en la Sierra Nevada y, además, el alcalde de Puebloviejo, Wilfrido Ayala, contrató unas obras de dragado, para mejorar el cauce, con una inversión de 300 millones de pesos. No obstante, en algunos sectores el agua no superaba las rodillas de sus pobladores y en el pueblo se veían vacas pastando. “Esto con el tiempo se va a convertir en una finca”, comentaba la gente al ver el bajón del agua.
Hace unos años los ‘bongoductos’ o embarcaciones utilizadas en los pueblos palafitos Nueva Venecia y Buenavista para transportar agua dulce se abastecían en la desembocadura del río Aracataca. Pero ahora que está sedimentada y que no llega suficiente agua, deben ir hasta el caño Aguas Negras, por donde ingresa el río Magdalena, que tiene una alta carga de sedimentos y contaminantes.
En temporada seca, Bocas de Aracataca se convierte en un pueblo de tierra firme porque el río Aracataca no llega a su desembocadura en la Ciénaga Grande. Foto: Alcaldía de Puebloviejo.
Ayala nació en Bocas de Aracataca y desde que asumió la Alcaldía en 2016 viene denunciando ante la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), el Ministerio de Ambiente, la Fiscalía, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Presidencia, el desvío ilegal del río Aracataca lo que, según él, no solo afecta a este corregimiento,sino a la Ciénaga Grande de Santa Marta, considerada la principal ‘industria’ del municipio porque la mayoría de la población deriva su sustento de la pesca.
En un recorrido realizado el 6 de febrero pasado por funcionarios de la Alcaldía de Puebloviejo,Corpamag y la Policía Ambiental se evidenció que las fincas El Jayo, Suramérica, San Marcos, Palo Alto, Gavilán, Australia y Leyva, ubicadas en los municipios de Puebloviejo y El Retén, desviaron el cauce de los ríos Aracataca y Tucurinca, utilizando talanqueras o trinchos, para captar de manera ilegal el agua.
El informe técnico de Corpamag señala que en la finca Palo Alto, ubicada en la unión entre los ríos Aracataca y Tucurinca, se encontró un canal artificial de desviación del río con compuertas, maquinaria pesada realizando movimientos de tierra, personal ampliando el cauce del canal artificial y dos talanqueras artesanales hechas con piedras y palos.
En la finca Suramérica hallaron una compuerta de obra dura, con un canal artificial, y talanqueras artesanales atravesando todo el río Aracataca; en la finca Leyva se observó una motobomba de aproximadamente 18 pulgadas succionando el agua del río, con un canal artificial tipo talud; y en la finca Australia se evidenció la construcción de un canal artificial y una talanquera tipo talud, con la cual desviaban el curso del río hacia su predio.
Igualmente, en la finca San Marcos encontraron una talanquera artificial, construida con puntales de madera y sacos de arena, con la intención de desviar la mayor cantidad de agua del río Tucurinca hacia una canal artificial con compuertas; y en la finca El Jayo identificaron talanqueras o diques artesanales atravesando el río Aracataca, con el fin de desviar el agua hacia una bocatoma de este predio.
A raíz de estos hallazgos, Corpamag abrió una indagación preliminar contra los propietarios de los predios Palo Alto, Suramérica, Australia, El Jayo, San Marcos y Leyva por la presunta obstrucción del cauce de los ríos Aracataca y Tucurinca y la captación ilegal del recurso hídrico.
En un recorrido realizado en abril de 2016 estas fincas habían incurrido en las mismas irregularidades. En esa oportunidad, en El Jayo, ubicada en el corregimiento San Juan de Palos Prieto, capturaron a Rafael Cárdenas Landeta, Luis Mariano Lara de la Rosa, Julio Pérez Agamez y Carlos Julio Ávila Valera, quienes fueron sorprendidos en flagrancia desviando el cauce del río Tucurinca y les sindicaron el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables, pero al día siguiente, según Ayala, fueron dejados en libertad.
En el operativo también se incautaron dos motobombas, 15 metros de mangueras, tres palas, una pica e inmovilizaron una retroexcavadora, con la que estaban trabajando en la finca Suramérica. Además, encontraron mezcladoras y material para hacer represas en concreto.
“La finca Suramérica tiene una infraestructura de ingeniería civil dentro del río, un tipo de compuertas con unas barreras de contención que superan los cuatro metros de altura y cinco metros de ancho. No sé qué autoridad ambiental les daría los permisos para hacer estas infraestructuras”, expresó Ayala en su despacho.
Varias fincas en Puebloviejo y El Retén desvían el agua de los ríos Aracataca y Tucurinca, construyendo talanqueras con sacos de arena y palos, para el riego de cultivos de palma africana. Foto: Alcaldía de Puebloviejo.
El subdirector de Gestión Ambiental de Corpamag, Alfredo Martínez, dijo que en la visita de seguimiento que realizaron en marzo, con el acompañamiento de la Fiscalía, encontraron que en todos los predios habían quitado las talanqueras, pero a la mayoría les abrieron procesos sancionatorios.
En el caso de la finca Leyva, según Martínez, ésta ya no existe porque fue desenglobada y dividida en cinco predios, cada uno con un propietario distinto. “En el momento que encontramos el trincho estaba sobre la bocatoma del predio de la Sociedad Agropecuaria La Rosaleda S.A.S.
Cuando hicimos la visita con la Fiscalía ya no estaba el trincho, medimos caudales y encontramos que estaba excediendo el caudal que se le concesionó, por eso le abrimos un proceso sancionatorio”, explicó.
La Sociedad Agropecuaria La Rosaleda S.A.S., cuya representante legal es Rosamarie del Milagro Dávila Armenta, es propietaria del predio No. 5, ubicado en Puebloviejo, donde está una de las bocatomas que capta el agua del río Tucurinca para el riego del cultivo de palma africana.
En marzo de 2017 Corpamag autorizó una concesión de aguas del río Tucurinca a dicha sociedad (Ver Resolución), en un caudal de 129 litros por segundo. No obstante, en una visita realizada el pasado 16 de marzo se logró evidenciar que dicho predio excedió el volumen de agua concesionada en 567 litros por segundo, puesto que estaba captando por gravedad 696 litros por segundo. (Ver auto).
A la finca Suramérica, ubicada en la margen derecha del río Aracataca, en la vereda Tierra Nueva, jurisdicción de Puebloviejo, Corpamag le ha abierto tres procesos sancionatorios por la presunta ocupación del cauce de este río y la captación ilegal del recurso hídrico. Uno en junio de 2016 y otros dos en junio de este año. Todos están en la etapa de inicio.
Este predio es propiedad de la Sociedad El Roble Agrícola S.A., cuyo representante legal es Alberto Mario Lacouture Pinedo, uno de los beneficiarios de los polémicos subsidios de Agro Ingreso Seguro durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
En enero de 2017 la Corporación otorgó a esta sociedad una concesión de aguas superficiales del río Aracataca en un caudal de 421 litros por segundo para el riego de cultivos de palma africana, que en ese entonces hacían por gravedad mediante una bocatoma lateral con una estructura en concreto y tres compuertas metálicas. El agua del río era conducida a través de un canal principal en tierra y distribuida por gravedad mediante canales secundarios y terciarios.
( Ver resolución )
Corpamag estableció que la Sociedad El Roble Agrícola S.A. debía cumplir en los seis meses siguientes al otorgamiento de la concesión con una serie de obligaciones, entre ellas, tecnificar el sistema de riego para optimizar el uso del agua y no construir trinchos o talanqueras sobre el cauce del río. No obstante, en el recorrido realizado en febrero pasado quedó en evidencia el incumplimiento de estas obligaciones.
“En Suramérica ha sido reiterativo el tema del trincho, pero en la última visita que hicimos el Personero de Puebloviejo y el inspector del corregimiento de Tierra Nueva manifestaron que este trincho había sido instalado por la comunidad porque es la única forma de que a este corregimiento le llegue agua”, afirmó Martínez.
A la finca Palo Alto le otorgaron una concesión de aguas superficiales del río Aracataca, en noviembre de 2016, en un caudal de 647 litros por segundo para el riego de cultivos de palma africana. Esta concesión tiene una vigencia de cinco años, sin embargo, en febrero de 2018 se evidenció que también incumplieron la obligación de erradicar los trinchos construidos sobre el cauce del mencionado río.
( Ver resolución )
Esta finca, propiedad de la Sociedad International Affairs Interprise S.A.S., cuya representante legal es Valeria Gnecco Espinosa, tiene abiertos dos procesos sancionatorios por la ocupación del cauce del río Aracataca y la captación ilegal del recurso hídrico, uno en marzo de 2016 y otro en junio de este año. El primero está en etapa probatoria y el segundo de inicio.
( Ver auto )
La finca El Jayo, según Martínez, también es conocida como Gavilán y tiene una situación especial porque anteriormente era propiedad de la Sociedad Maestre y Asociados S.A.S, cuyo representante legal es José Sebastián Maestre Ovalle, contra la cual se abrió en junio de 2016 un proceso sancionatorio por la presunta ocupación del cauce del río Aracataca. Dicho proceso está en la etapa de formulación de cargos.
Este predio, ubicado en el sector de Nápoles, en el municipio de El Retén, fue adquirido en 2017 por la Sociedad Derivados y Fracciones de Palma S.A.S., cuyo representante legal es Manuel Julián Dávila Abondano, presidente del Grupo Daabon, que también se benefició de Agro Ingreso Seguro.
A esta sociedad se otorgó en mayo pasado una concesión del río Aracataca en un caudal de 373 litros por segundo para el riego de cultivos de palma africana. ( Ver resolución )
La finca San Marcos también tiene procesos sancionatorios. En junio de 2014, Corpamag abrió uno contra Carlos Lacouture Dangond, entonces propietario de este predio, por la presunta ocupación del cauce del río Tucurinca y la captación del agua de dicho río sin los permisos ambientales. En junio de este año abrió otro contra la Sociedad 2L Agro S.A.S., cuyo representante legal es Francisco Eduardo Lacouture Solano, su actual dueño, por las mismas infracciones. ( Ver auto )
A la Sociedad 2L Agro S.A.S. le otorgaron el pasado 3 de agosto una concesión del río Tucurinca, en un caudal de 70 litros por segundo para el riego de cultivos de palma. Esta finca estaba captando las aguas del río mediante una bocatoma, con un canal de aducción en tierra de 300 metros de longitud, y las distribuía a los cultivos por gravedad o inundación, a través de canales de riego. ( Ver resolución ).
Martínez precisó que el proceso sancionatorio contra la finca Australia se cayó porque cuando hicieron la visita los administradores dijeron que pertenecía al exrepresentante a la Cámara Jaime Serrano, pero al consultar en la Oficina de Instrumentos Públicos aparecía registrada a nombre de Inversiones Herser S.A.S., cuyo representante legal es Juan Carlos Serrano, familiar del excongresista.
“Inicialmente se abrió el proceso contra el político, pero con la información de la matrícula inmobiliaria y el certificado de libertad y tradición se pudo establecer que el dueño era un familiar y tocó cerrar el proceso y abrirlo contra esta persona”, dijo Martínez, quien agregó que esta finca solicitó una concesión de agua del río Aracataca.
Al surtirse todas las etapas de los procesos sancionatorios se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a las que haya lugar, que van desde multas económicas, revocatoria de las concesiones y restauración de las zonas afectadas por el daño ambiental.
El expresidente del Senado, Efraín Cepeda, interpuso el 23 de abril pasado una acción popular contra Corpamag, el Ministerio de Ambiente y la Gobernación del Magdalena, los cuales por su acción u omisión han contribuido a la afectación de los derechos colectivos al medio ambiente sano y la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para el desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución de los habitantes de Bocas de Aracataca.
Esta acción popular fue admitida el 9 de mayo por el Tribunal Administrativo del Magdalena y el 4 de julio fueron vinculados al proceso los propietarios de los predios antes mencionados.
El río Aracataca es el segundo más importante de la vertiente occidental de la Sierra Nevada, pero no le está aportando el agua suficiente a la Ciénaga Grande.
El río Aracataca, que recibe las aguas del río Tucurinca, es el segundo más importante de la vertiente occidental de la Sierra Nevada por sus aportes de agua dulce a la Ciénaga Grande de Santa Marta. De acuerdo con datos de Corpamag, cuenta con un caudal medio anual de 9.386 litros por segundo, según un estudio de regulación realizado en 2005 que ya no tiene vigencia y que es la referencia para otorgar concesiones de agua.
A junio de este año tenían concesionado 5.264, litros por segundo a 19 usuarios, entre ellos, el distrito de riego Usoaracataca, con un caudal de 2.730 litros por segundo. El caudal ecológico de este río, es decir, la cantidad de agua mínima para mantener su hábitat y entorno en buenas condiciones, es de 2.346,50 litros por segundo.
No obstante, de acuerdo con las mediciones realizadas desde 2017 en la parte media y la desembocadura de este río por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), a través del proyecto Estudio Integral de la Ciénaga Grande de Santa Marta, relacionado con el modelo hidráulico, sedimentológico, hidrodinámico y balances biogeoquímicos, este caudal ecológico no está llegando al complejo lagunar debido a la sedimentación y las intervenciones en la zona agrícola.
“En el papel debiera estar llegando agua a la Ciénaga Grande, pero la realidad es que en el año y medio que llevamos de monitoreo no hemos podido entrar a la desembocadura del río Aracataca, donde hay una sedimentación bastante fuerte. No ha habido forma de medir el caudal porque está todo sedimentado y han canalizado el río con bolsacreto. También hay derivaciones del río hacia las fincas”, dijo Constanza Ricaurte, coordinadora del programa de geociencias marinas y costeras del Invemar y quien está al frente del proyecto.
El director del Invemar, Francisco Arias, advirtió que desde hace más de 20 años no se estaban midiendo los caudales a lo largo de toda la cuenca, sino solamente en la parte alta –el Ideam tiene una estación en el puente del Ferrocarril– y los cálculos del uso de agua por los distritos de riego se basan en una información que hoy es obsoleta.
“Las concesiones deben revisarse regularmente para ver si el río efectivamente está ofreciendo esa disponibilidad de agua, si no se revisa y el sistema está perdiendo agua vamos a tener un déficit que se va a ir acumulando en el tiempo. La recomendación sería actualizar, con datos confiables, cuáles son los caudales y modificar las concesiones de agua en función de esos caudales”, dijo Arias y pidió ejercer más vigilancia y control a los que captan el agua de forma ilegal.
En esto coincidió la Misión Ramsar de Asesoramiento que en el informe emitido en enero de 2017, recomendó mantener actualizada la información sobre la disponibilidad de caudales de los ríos que llegan a la Ciénaga Grande y mejorar los sistemas de otorgamiento de concesiones de agua, así como realizar su respectivo seguimiento por las autoridades competentes.
El conflicto por el agua en Zona Bananera
El municipio de Zona Bananera, en el norte del Magdalena, es uno de los principales productores de banano y de palma africana en el departamento, razón que explica el incremento en la demanda de agua para el riego y la puja de los diferentes actores por conseguir el precioso líquido.
Pese a que hay tres asociaciones de usuarios de los ríos Sevilla, Tucurinca y Frío (Asosevilla, Asotucurinca y Asoriofrío), que se encargan de la distribución de las aguas superficiales entre pequeños, medianos y grandes productores, existe un conflicto por el uso del recurso hídrico.
Este problema viene desde principios del siglo XX con la llegada de la United Fruit Company que monopolizó el agua a través de la construcción de sus propios sistemas de riego. Esta multinacional compró los sistemas de riego que existían en la región y, además, desvió ríos y quebradas, lo que generó disputas con los campesinos y los grandes productores locales.
Aunque los actores cambiaron, esas disputas perduraron en el tiempo y se han agudizado en los últimos años debido a los efectos del cambio climático que trajo inundaciones como las de 2010 y 2011, durante el fenómeno de la Niña, y sequías como las de 2015 y 2016, con el fenómeno del Niño.
En la actualidad el monopolio del agua, según testimonios recogidos para esta investigación entre campesinos de la zona, lo tendrían familias del Magdalena que son dueñas de grandes extensiones de tierra, como los Vives, Díaz Granados, Dávila, Zúñiga y Lacouture, al igual que el grupo K’david, que en los últimos años ha comprado varias fincas que pertenecieron a la multinacional Dole para sembrar banano.
Campesinos de los corregimientos de Orihueca, Riofrío y Candelaria denuncian que los dueños de grandes fincas bananeras y palmeras que están en las partes altas desvían el curso de las aguas del río Frío, mediante la instalación de trinchos o talanqueras en el cauce, con el fin de direccionar el caudal hacia sus bocatomas y los reservorios que han construido en sus predios.
“En época de verano ponen unas trincheras, con piedras, estacas y sacos de arena, en el río, donde están las bocatomas, para que el agua llegue a los reservorios y la transportan de una finca a otra a través de canales internos. Además de las trincheras hacen dentro del río una poza artificial para que el agua no corra, entonces a la gente que está en las partes bajas no les llega el agua y tampoco a la Ciénaga Grande”, explicó Jacobo*, líder comunal de Zona Bananera.
En estos reservorios, que tienen forma de canales y lagunas artificiales, según cálculos del lídercomunal, en la temporada seca se acumulan, presuntamente de forma ilegal, cerca de 150 hectáreas de agua. “El agua se desaparece del río, pero si recorren las grandes extensiones de banano y de palma van a encontrar el agua almacenada”, agregó.
Muchas fincas en Zona Bananera han construido reservorios para almacenar el agua y tener con que regar sus cultivos en los meses secos.
En abril de 2017, tras denuncias de pobladores de Candelaria, funcionarios de Corpamag y la Policía Ambiental realizaron un recorrido por el río Frío, entre los corregimientos Riofrío, Orihueca y Candelaria, y encontraron que nueve fincas ribereñas habían construido trinchos con sacos de arena e incluso un dique en tierra con maquinaria pesada para captar de manera ilegal el agua de este afluente, lo que impedía que llegara a las comunidades de las partes bajas.
Las fincas infractoras son: La Isabel, propiedad de Oscar Cruz; La Cecilia, de la Sociedad Federica S.A.S., cuyo representante legal es Francisco Lacouture Solano; La Isabel, de Manuel Julián Maya Dávila; La Patricia, de José Alfredo Maya Dávila; El Rubí, de Agrícola El Rubí S.A.S.; Arenal, de Agrobanacaribe S.A.S., Don Marce Sur, de Inversiones M.R.S. S.A.S.; y las parcelas Amparo, de Jorge Tejeda y Amparo Miranda; y Evaluna, de Juan Espinosa.
La mayoría de estas fincas están ubicadas en la margen izquierda del río Frío y al momento de la inspección estaban captando el agua sin concesión, salvo los predios Don Marce Sur, que tiene concesión desde octubre de 2012 por cinco años y la renovó en junio pasado; El Rubí desde agosto de 2015 y La Cecilia desde febrero de 2017, ambos también con vigencia de cinco años.
En octubre de 2017, Corpamag les impuso una medida preventiva a los propietarios de estos predios que consistió en la suspensión inmediata de la captación ilegal del agua y la ocupación del cauce del río hasta que obtuvieran los permisos necesarios e inició una indagación preliminar para determinar si existía o no mérito para abrirles un proceso sancionatorio por las presuntas afectaciones o daños ambientales causados. A la fecha no hay un solo proceso sancionatorio. ( Ver resolución ).
La única finca de la zona con una posible sanción en curso es La Beatrice, ubicada en la margen izquierda del río Frío, en la vereda Varela, y propiedad de la Sociedad Beatrice Flye De Mitchell S en C. El sancionatorio fue abierto en febrero de 2016 por la ocupación del cauce de este afluente y la captación ilegal de agua por el canal Santa Inés. El proceso, según Corpamag, se encuentra en la etapa de formulación de cargos.
Algunos usuarios de los distritos de riego también manifiestan problemas con el suministro de agua. Pequeños productores de banano del corregimiento de Guacamayal aseguran que a pesar de ser usuarios de Asosevilla, no reciben agua en sus predios porque le dan prioridad a las grandes fincas de banano y palma. Además, denuncian que los dueños de estas fincas tienen “vigilantes” en las compuertas del distrito de riego para controlar el paso del agua.
“Si no tenemos pozos y turbinas no tenemos cómo regar porque el agua de los ríos nunca nos llega ya que los terratenientes Dávila, Zúñiga, Vives y Olarte, no la dejan pasar a nuestras tierras. Se supone que me debe llegar agua del distrito de riego porque yo la pago, pero no tenemos agua desde hace rato. Hasta la madrevieja se nos ha secado”, señaló Edgar*, pequeño productor de banano y usuario de Asosevilla.
Jorge*, otro usuario de Asosevilla, dijo que hace más de 20 años que no llega el agua del distrito de riego a su predio. “Somos usuarios en libros, pero realmente no tenemos agua. A un usuario de 5 o 6 hectáreas le dan 7 o 9 horas de riego a la semana o al mes, pero en el papel deben darnos agua cada cinco días. El guineo los regamos con agua de pozos artesanales”, expresó.
En el departamento del Magdalena se presenta una temporada seca entre los meses de diciembre y marzo y dos temporadas de lluvias, la primera entre abril y mayo y la segunda entre septiembre y noviembre. Además, una temporada de menor intensidad de lluvias entre junio y agosto.
De acuerdo con el informe de la Misión Ramsar de Asesoramiento, los ríos Fundación, Aracataca, Tucurinca, Sevilla y Frío tienen un período de bajos caudales entre los meses de enero y marzo, que representan el 40 o 50 por ciento del volumen anual escurrido, no obstante, estos caudales son captados en cerca del 80 por ciento en la Zona Bananera durante este periodo, y cerca de un 20 por ciento con el mismo fin en los meses restantes del año.
En Zona Bananera hay 10.238 hectáreas sembradas de banano de exportación y 12.160 de palma africana, según el Plan de Desarrollo Municipal.
En Zona Bananera, según el Plan de Desarrollo 2016 – 2019, la actividad productiva está concentrada en la agroindustria, que genera el 75 por ciento de los empleos. De las 47.971 hectáreas de este municipio, 10.238 están sembradas de banano de exportación y 12.160 de palma africana.
El distrito de riego del río Frío (Asoriofrío) tiene 591 predios que pertenecen 495 usuarios afiliados y riegan 5.800 hectáreas, de las cuales el 90 por ciento son de banano y el resto palma, limón y mango. El caudal concesionado por Corpamag es de 3.410 litros por segundo y la demanda total es de 5.200 litros por segundo.
Igualmente, el distrito de riego de Tucurinca (Asotucurinca) tiene 357 predios que pertenecen a 255 usuarios afiliados y riegan 7.214 hectáreas, de las cuales el 96 por ciento están sembradas de palma, 2 por ciento de banano y el resto de frutales. El caudal autorizado por Corpamag es de 4.125 litros por segundo.
El distrito de riego de Sevilla (Asosevilla) tiene 459 predios y un área beneficiada de 7.235,87 hectáreas, donde cultivan banano, palma africana, frutales, pastos y pancoger. El caudal concesionado es de 4.500 litros por segundo.
Aunque los ríos Frío, Tucurinca y Sevilla no tienen estudios de regulación vigentes, Corpamag otorgó las concesiones con base en los datos históricos de los caudales. El río Frío tiene un caudal medio anual de 6.560 litros por segundo, el Tucurinca de 10.989 y el Sevilla de 6.700. El caudal ecológico de estos ríos es el 25 por ciento de la oferta, según las autoridades ambientales consultadas.
Los distritos de riego Asoriofrío y Asotucurinca son de carácter público, propiedad de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y administrados y operados por las asociaciones de usuarios. Mientras que Asosevilla es privado desde 2008, luego de que la Unidad Nacional de Tierras Rurales (Unat) transfirió la propiedad a la asociación de usuarios por un monto de 537 millones de pesos, pagado a 10 cuotas que vencen en diciembre de 2019.
Las tres asociaciones hacen la distribución y entrega de las aguas superficiales entres sus afiliados por turnos (días y horas), dependiendo del número de hectáreas y los sistemas de riego de cada predio (por gravedad, aspersión o goteo). Por ejemplo, una finca de 100 hectáreas de banano, con riego por aspersión, tiene una demanda de 100 o 120 litros por segundo. Por cada hectárea sembrada le suministran cuatro horas de agua.
Los usuarios pagan una tarifa fija, según el número de hectáreas regadas, y otra volumétrica, que depende del volumen de agua que reciben; y las asociaciones a su vez le pagan a Corpamag por el uso de agua.
Asoriofrío tiene concesionado el 52 por ciento del caudal del río. Esta concesión se renovó en 2015 y tiene una vigencia de 10 años. El 20 por ciento de los usuarios de este distrito de riego son grandes agricultores (de más de 20 hectáreas), dueños del 90 por ciento de las tierras, por lo cual demandan más agua.
La gerente de Asoriofrío, María Elena Mendoza, quien está en el cargo desde 2010, aseguró que el distrito de riego funciona según la disponibilidad de agua que tenga el río porque no cuentan con un sistema de almacenamiento (represa o embalse). No obstante, algunos usuarios tienen reservorios en sus predios donde almacenan las aguas concesionadas, con el fin de contar con reservas para el riego en los períodos de sequía.
En los meses secos el caudal del río baja y la demanda tiende a subir porque el cultivo de banano necesita riego diario. Como la oferta es insuficiente para atender a todos los usuarios, se ven obligados a realizar racionamientos.
Mendoza explicó que la asociación cuenta con unos canales de riego por donde conducen el agua hasta las compuertas de los predios y unos canales de drenaje por donde evacuan las aguas sobrantes, que van a la Ciénaga Grande. Sin embargo, el mal estado de los canales de riego y la falta de tecnificación en los sistemas de riego –la mayoría de los pequeños usuarios riegan por gravedad– hacen que se pierda mucha agua.
“A un predio de 100 hectáreas le tengo que entregar 400 horas de agua –cuatro horas por hectárea–, que en época de racionamientos se lleva dos meses. Ese predio si tiene un reservorio le habilitan por 24 horas el servicio y llenan su reservorio, pasadas las 24 horas sigo atendiendo a otro predio. Esa es la ventaja de tecnificar, pero desafortunadamente tenemos la consigna de que el reservorio es monopolizar el agua”, explicó.
Otro problema es el robo de agua. En repetidas ocasiones, según Mendoza, han hecho operativos con la Policía Ambiental y Corpamag para quitar talanqueras y trinchos ilegales que desvían el agua tanto del río como de los canales de drenaje hacia predios afiliados que no están al día o que no son usuarios.
La gerente de Asotucurinca, Andrea Rivero Acuña, quien asumió el cargo en abril pasado –el anterior gerente estuvo cerca de 23 años–, dijo que el 70 por ciento de sus usuarios son grandes productores y el 30 por ciento pequeños. Explicó, además, que la distribución del agua se hace dependiendo de los requerimientos de cada usuario y de la capacidad de sus canales de riego para atender dichas necesidades.
Rivero señaló que una de las principales causas de que el suministro de agua no llegue a algunos usuarios, sobre todo a los que están en las partes bajas, es la falta de mantenimiento de los canales de riego. “Muchas veces el deterioro de los canales por no hacerles un mantenimiento adecuado hace que el servicio no alcance hasta el final del canal”, dijo.
Otra causal es la falta de pago de los usuarios. “Si no pagan y sus carteras son altas no podemos suministrarles el servicio”, indicó. La cartera morosa de Asotucurinca asciende a 7.400 millones de pesos.
Al igual que Asoriofrío, este distrito de riego también tiene problemas para abastecer a sus usuarios en verano porque baja el caudal del río Tucurinca y deben hacer racionamientos. Por eso, Rivero coincidió en que los reservorios no son ilegales, sino que por el contrario sirven para aprovisionarse de agua en temporada seca.
“A muchos usuarios le suministramos el servicio y ellos abastecen sus propios reservorios, pero están cancelando su facturación de acuerdo al consumo, entonces para nosotros eso no es irregular. Pero sí encontramos la desviación de un río para alimentar ese reservorio, eso es ilegal y es competencia de Corpamag”, afirmó.
Aunque no fue posible hablar con el gerente de Asosevilla, Néstor Carvajal, un empleado de la entidad aclaró que las causales para no entregarles agua a algunos usuarios son no tener los canales limpios y estar morosos con el pago.
Además, dijo que el manejo de las compuertas de los canales de riego lo realizan los operadores de Asosevilla, quienes se encargan de abrir y cerrar los candados, pero algunos dueños de fincas ponen celadores en las compuertas porque los que no pagan se roban el agua. “En época seca hay mucha gente que no paga y se roba el agua, rompen los candados de las compuertas y los canales de riego”, expresó.
También aseguró que Asosevilla ha denunciado ante Corpamag la instalación de unos 20 trinchos o talanqueras en los canales de drenaje. “De Sevilla a Orihueca todos los drenajes están trancados. Los trinchos los hacen con concreto y otros con tierra que se destruyen en invierno. Esa es el agua que le hace falta a la Ciénaga Grande para oxigenarla”, agregó.
La mayoría de las fincas bananeras utilizan el riego por aspersión, que permite hacer un uso racional del recurso hídrico.
El presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Juan Pablo Díaz Granados, dijo que en julio pasado contrataron las obras de rehabilitación de las redes de conducción principales y desarenadores de los distritos de riego de Aracataca, Ríofrío y Tucurinca, con una inversión cercana a los 8.000 millones de pesos.
Estas obras, que deben estar terminadas el 31 de diciembre de este año, beneficiarán unas 28.000 hectáreas entre Ciénaga y Fundación dedicadas al cultivo de palma africana, banano, frutales y ganadería.
La prioridad de los distritos de riego, según Díaz Granados, es suministrarles agua a los pequeños agricultores. “En la constatación hecha permanentemente lo que hemos podido observar es que estas obras han beneficiado a la gran mayoría de los pequeños agricultores y así nos los han hecho saber los gerentes de los distritos de riego”, dijo el funcionario durante el VIII Congreso Técnico Bananero, que se realizó a comienzos de agosto en Santa Marta.
Aseguró que los sistemas de riego empleados en el Magdalena son por gravedad, que requiere más agua, y a presión (aspersión y goteo), que hace un uso más eficiente de las fuentes hídricas. Algunos productores con mayor capacidad adquisitiva han avanzado a otros tipos de riego más tecnificados producto de la ingeniería israelí y holandesa.
“Existe la figura de sistemas de riego alternativo: reservorios, jagüeyes y pozos profundos, que no es la captación que se hace del caudal de un río. Esos deben tener autorización de Corpamag”, precisó Díaz Granados y aclaró que las talanqueras o trinchos que utilizan para desviar el cauce natural de los ríos son un delito y el control también depende de Corpamag pero debe incluir acompañamiento policivo.
Al respecto, el subdirector de Gestion Ambiental de Corpamag, Alfredo Martínez, aclaró que los reservorios no deben tener permiso de Corpamag para su construcción, pero para llenarlos los predios deben tener concesión de agua. “En invierno las fincas con reservorios los llenan con agua concesionada y la usan en época de verano. Si en verano llenan esos reservorios la Corporación sí tiene que actuar porque están incurriendo en una irregularidad así tengan concesión”, precisó el funcionario.
El ministro de Agricultura, Andrés Valencia, dijo que la lucha por el agua se viene dando en distintas zonas del país. “En el Magdalena se viene trabajando en un distrito de riego en el cual falta financiar el estudio de factibilidad para que no haya esas disputas en materia del recurso hídrico. Hay que trabajar con la Agencia de Desarrollo Rural y el Ministerio de Vivienda para ver cómo hacemos las inversiones que toca hacer para poder garantizar que no haya ninguna población sin agua”, expresó.
Agregó que va a trabajar con el Departamento Nacional de Planeación para que este proyecto denominado “Agua para la Paz”, con el cual se busca abastecer de agua la producción agropecuaria y el consumo humano a 19 municipios del Magdalena, sea incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 y así lograr parte de su financiamiento.
*Nombres cambiados por solicitud de la fuente.