En el municipio de Cundinamarca con mayor cantidad de sentencias de restitución de tierras los beneficiados son, en gran parte, adultos mayores, pero los más veteranos dicen que la construcción de las casas ha sido la demora.

José Sérvulo Moyano tiene 83 años, es desplazado, vive solo, está enfermo y no tiene casa. Una sentencia de restitución de tierras le ordenó al Banco Agrario en junio de 2016 priorizarlo en el programa de subsidio de vivienda, pero lo que le construyeron, a pesar de no estar ordenado en la sentencia, fue una bodega para guardar los insumos necesarios para el proyecto productivo, programa que también solicitaron agilizar en su caso por su edad.

La bodega no tiene luz, agua, ni baño, pero José Sérvulo instaló una cama en un rincón, al lado de las herramientas y los bultos de insumos, pues cuando llega mucha gente a la casa de un sobrino, donde vive por ahora, prefiere dormir ahí para no ocupar espacio en la casa.

La vivienda que ordenaron darle en 2016 la empezaron a construir apenas hace un mes. Sérvulo dice que no la han terminado debido al invierno en la zona.

Rossvan Johan Blanco Castelblanco, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Cundinamarca, explicó que la construcción de la bodega hace parte del proyecto productivo, que es ejecutado por esa Unidad, y que por reglamentaciones ambientales se deben construir bodegas para almacenar insumos, herbicidas o abonos para los cultivos.

La demora en la construcción de vivienda es solo una queja del proceso de restitución de tierras en La Palma, Cundinamarca, un municipio a solo cuatro horas de la capital del país en donde la guerra entre guerrilla, paramilitares y fuerzas armadas provocó escenas que muchos solo imaginan en las selvas más lejanas del centro del poder político, económico y militar del país.

“Los hermanos de esa familia se pusieron a pelear por la tierra y se les enredó la restitución”. “A fulanita de tal le dieron más que a mi”. “Me dieron muy poquita plata para los proyectos productivos”. “ A tal persona le construyeron casa sabiendo que ya tenía”. “Es muy difícil coordinar a las instituciones que deben acatar las órdenes de los fallos”. Son las quejas más reiterativas sobre el proceso de restitución en un municipio marcado por el abandono forzado de sus tierras.

El 2002, año en que Sérvulo tuvo que huir, fue precisamente el de mayor desplazamiento en La Palma. Salieron 9.039 personas, según la Unidad para las Víctimas. 16.701 habitantes huyeron de ese municipio entre 1985 y 2018. La Palma es el municipio de Cundinamarca con mayor número de desplazados.

En 2002 los paramilitares llegaron a Cundinamarca para contrarrestar la ofensiva de las Farc en el departamento, según el libro Guerreros y campesinos, despojo y restitución de tierras en Colombia, de Alejandro Reyes Posada.

“El modo típico de acción (de los paramilitares) consistió en penetrar por la fuerza regiones de influencia de las guerrillas y realizar masacres selectivas que aterrorizaron a la población y provocaron el desplazamiento forzoso”, explica el libro.

Según el portal Verdad Abierta, la Fiscalía 21 de justicia y Paz concluyó que el grupo paramilitar al mando de Luis Eduardo Cifuentes, alias ‘El Águila’ atormentó a los habitantes de los municipios del norte de Cundinamarca, particularmente a los de La Palma, en su afán de adueñarse del cartel de la gasolina en esa zona y en su arremetida contra el frente 22 de las Farc.

Sérvulo está sentado afuera de la casa de su sobrino, en la vereda El Potrero, a tan solo metros de su predio San Juan, de una hectárea y 3.418 metros cuadrados. Dice que no pide mucho, simplemente “dos piecitas, una cocina y un baño. No pido un edificio”.

-¿Cómo siguió, don Servulito?, le pregunta una vecina que va pasando por la carretera destapada al frente de la casa.

-Ya me siento de poderme mover. En Bogotá me hicieron exámenes. Lo que me molesta mucho es el azúcar, allá el doctor me dijo que de eso es el dolor de las piernas y el hormigamiento (sic) en el cuerpo, respondió.

José Sérvulo habla y camina con pausa. Con el mismo tono tranquilo cuenta que le toca buscar para donde irse porque van a vender la casa donde está viviendo y que la que él había construido en el predio que compró en 1958 se la dinamitó la guerrilla luego de que él salió huyendo de la violencia en 2002.

Lo que no cuenta José Sérvulo, pero quedó registrado en la sentencia de restitución de tierras, es que la guerrilla lo presionaba para que colaborara con ese grupo, a lo cual se negó. El 15 de septiembre de 2002 llegó el ultimátum en forma de panfletos para los habitantes de la vereda: o colaboraban o tenían 24 horas para salir de la zona.

La Palma es el municipio de Cundinamarca con mayor cantidad de sentencias de restitución de tierras, 66 disponibles actualmente en la página web de la Unidad de Restitución de Tierras. Colombiacheck revisó 59 de ellas, que eran las disponibles en la web al momento de hacer este trabajo. El segundo municipio en sentencias es San Juan de Ríoseco, con 8.

En todos los casos de La Palma se trata de abandono, no hubo usurpación de tierras luego de que sus dueños huyeron.

Los jueces ordenaron priorizar las acciones ordenadas en 34 de las sentencias debido a que los beneficiados son adultos mayores.

La teoría de Hernán Sánchez, personero de La Palma, es que las pocas posibilidades de desarrollo para los jóvenes en ese municipio han hecho que esta población se tenga que ir a estudiar al vecino municipio de Pacho o a Bogotá, por lo que predominan los adultos mayores.

Teresa Vásquez León tiene 70 años, es desplazada, vive sola y no tiene casa. Una sentencia de restitución de tierras le ordenó al Banco Agrario en septiembre de 2017 priorizarla en el programa de subsidio de vivienda, pero vive en el predio de un hijo que está planeando venderlo.

“Yo no soy una persona de letra” es la frase con la que Teresa admite que no sabe leer. Pero identifica el acta del 14 de agosto de 2018 donde le notifican que es beneficiaria de un Subsidio familiar de vivienda de interés social rural en modalidad de vivienda nueva que ejecutará y construirá la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario, Fiduagraria S.A.

Ese papel aumentó la esperanza de Teresa de ver hecha la casa que tiene dibujada en una cartulina y pegada en la pared de madera del lugar donde vive en la vereda Minipí de Quijano, en La Palma. “El muro de mis sueños” se titula la cartelera alrededor de la cual hay tres calendarios colgados, como si así pudiera ponerle límite al tiempo.

“Si me la van a dar de aquí a unos tres años cuando yo ya esté por allá en un cementerio, ¿ya pa´ qué?, pregunta Teresa.

En respuesta a un derecho de petición enviado por Colombiacheck, Fiduagraria informó que el subsidio otorgado a Teresa está en el primero de cuatro pasos que hay que surtir para la materialización del mismo.

“Actualmente nos encontramos en la etapa de diagnóstico, donde el profesional a cargo de la unidad de gestión VISR (Vivienda de interés social) rural está adelantando las gestiones para contactar a la señora Teresa Vásquez León y realizar la validación técnica del predio, diagnóstico que se deberá tener durante el mes de marzo de 2019 con el fin de establecer si todas las variables técnicas cumplen par continuar con la fase de estructuración”, indican en la respuesta.

Además, Fiduagraria explicó que los tiempos de construcción pueden variar de un subsidio a otro por cuestiones de localización, transporte de materiales, fuentes de abastecimiento de materiales, clima, disponibilidad de mano de obra, entre otros, y que el tiempo estimado para la construcción de la vivienda puede tomar un promedio de tres meses contados a partir de la viabilidad del proyecto que otorgue el Ministerio de agricultura (paso tres del proceso).

Según la sentencia de restitución, el 9 de febrero de 2003 guerrilleros de las Farc llegaron hasta la casa de Teresa y preguntaron por el paradero de sus dos hijos. Querían que se unieran al grupo insurgente. La violencia que se vivía en la zona los atemorizaba, pero ese día decidieron irse. Ese año 1.855 personas huyeron del municipio. 2003 es en la historia de La Palma el tercer año con mayor desplazamiento, después de 2001 y 2002.

“La verdad, estoy muy agradecida, así se haiga (sic) demorado porque al verse uno sin nada y a que las cosas se le den a uno, uno vive muy agradecido, porque ya aquí mi hijo tuvo con qué trabajar. Doy gracias a la restitución porque pude volver a la Palma”.

Una ayudita presidencial

“Fuimos a donde una señora a la vereda Hoya de Tudela y allá le dije: maestro si hubiéramos venido primero acá seguro que yo le hubiera dicho que en vez de empezar la casa mía hubiera empezado la de esta señora. Porque le daba a uno pesar la forma en la que tenía que dormir, entonces le recomendé al maestro que cuanto antes tratara de empezar esa casa porque era primordial”.

Eso cuenta Emiro Useche Rojas, a quien un fallo de restitución de tierras de agosto de 2016 le devolvió dos predios que suman 15 hectáreas en la vereda Minipí de Trianas. Hasta allá llegó el entonces presidente Juan Manuel Santos el 29 de enero de 2018 para ver cómo iban los proyectos productivos de Emiro.

Ese día Santos le prometió acelerar el proceso de construcción de la vivienda que el fallo ordenaba entregar. La sentencia de Emiro salió un mes y 23 días después de la de Sérvulo, pero él ya disfruta de una vivienda en la que incluso le permitieron hacer una modificación, que el fogón de leña estuviera afuera y no adentro, como lo planeaba el diseño. Sérvulo sigue esperando.

Emiro dice que después de la visita del presidente la construcción de su casa se demoró más de tres meses porque el maestro de obra le pedía aprobación para mandar a algunos de los trabajadores a adelantar otras viviendas. “No podía negarme a que le colaboraran a otro que estaba en las mismas condiciones o peores que yo. Incluso acompañaba al maestro de obra a los lugares a los que tenía que ir y lo presentaba con la gente”.

El 5 de julio de 1999 un grupo armado sin identificar llegó a la vivienda de la familia Useche Rojas. Delante de la madre de Emiro mataron a su papá, Óscar Emilio Useche Vanegas y a tres de sus hermanos: Fabián, José Eduardo y Óscar Javier. Los hombres preguntaron por el resto de la familia. Lo siguiente, como consta en la sentencia, fue el destierro.

Al lado de la puerta de entrada de la nueva casa de Luis Jorge Montero Vásquez todavía hay arena y materiales de construcción. Adentro hay una olla encima de la estufa de leña y una cama en una de las tres habitaciones. Nada más.

La sentencia de restitución de tierras que ordenó darle casa a Luis Jorge, de 65 años, y a sus dos hermanas, una de más de 70 y otra a punto de cumplir los 80, salió en junio de 2016, el mismo mes en el que se ordenó la restitución a José Sérvulo, que está esperando que le terminen su casa.

Luis Jorge espera la llegada de la hermana mayor, que vive en Bogotá, para habitar la casa por completo, pues su otra hermana ya tiene vivienda.

En 2016 una tesis de maestría de la Universidad Javeriana que analizó el proceso de retorno de los desplazados de La Palma en el periodo 2002 - 2014 advirtió que un indicador de la poca efectividad de las intervenciones analizadas con la población retornada eran las bajas coberturas de los derechos a la vivienda. “En cuanto a vivienda el 62% de los hogares no ha accedido a éste derecho, y en los casos en los cuales se otorgaron medidas, se dieron exclusivamente en la modalidad de mejoramiento”.

Los casos de Sérvulo y Teresa muestran que los problemas con los programas de vivienda continúan, por lo menos en lo que tiene que ver con la priorización de las construcciones.

Del predio Hoya Larga, de 13 hectáreas, ubicado en la vereda Hinche Arriba, salió corriendo por entre los platanales Luis Jorge. Lo perseguían hombres armados que él no identificó. Lo hirieron tres veces. Al otro día se enteró de que habían asesinado a su esposa y a su suegra. La familia había regresado hacía tres días de Bogotá, donde permanecieron un mes tras el plazo de 24 horas que los paramilitares le habían dado a la población para desocupar la vereda. La violencia que se vivía en La Palma ya había convertido en víctima a Luis Jorge en 2001. Hombres armados reclutaron a su hijo, del que no volvió a saber.

Luis Jorge huyó de nuevo a Bogotá. Era, oficialmente, un desplazado.

“El desplazamiento se produce cuando las amenazas plantean el dilema entre la propiedad y la vida, y cuando es mayor la incapacidad del Estado para protegerlas. Por eso, el desplazamiento es a la vez la solución a una amenaza inminente y la causa a una nueva serie de problemas individuales y sociales”, explica Reyes Posada, en su libro.

Mientras los proyectos productivos dan plata ¿de qué vivimos?

En la parte de afuera de la casa de madera y piso de tierra en la que vive Teresa están sentados un hombre y una mujer, profesionales de la Unidad de Restitución de Tierras que revisan la evolución de sus proyectos productivos: gallinas, cacao y plátano.

Bajaron la montaña en compañía de José, el hijo de Teresa y la volvieron a subir. Tienen la respiración agitada.

-¿Doctor, quiere tintico?, le pregunta Teresa al hombre.

-¿No tiene gaseosa?, le responde él con tono de reproche.

- O agua, dice con un tono más complaciente el hombre.

Teresa saca de una nevera vieja una botella de gaseosa y le acerca el vaso lleno al funcionario.

La mujer le dice a Teresa que una polisombra que le tiene al gallinero puede ser la razón de que las gallinas no estén produciendo la cantidad de huevos esperada, porque según ella, eso las puede estresar. Teresa le dice que ella la quita a cierta hora del día.

Teresa está aburrida con las gallinas porque el dinero que recoge por la venta de los huevos que producen al mes es mucho menor de lo que se gasta en la comida de los animales.

“Eso sí está muy bueno esos cultivos, mucho lo bueno”, responde con entusiasmo cuando se le pregunta por los cultivos, pero advierte que todavía no le generan ingresos para vivir, pues todavía no han dado la primera cosecha. Dice además que el funcionario de Restitución de tierras al que ella llama doctor, ha estado muy pendiente de los cultivos.

Mientras que los cultivos producen Teresa se ha empleado como recolectora de café. Además compra el grano, lo tuesta y lo vende. “Eso le da a uno, pero no es lo suficiente para uno sostenerse”.

Emiro dice que para él los funcionarios de Restitución de Tierras son como su nueva familia y que volvió a su predio gracias a ese proceso, pero admite que le ha tocado difícil y que es su hijo mayor, que trabaja, “el que lo ha patrocinado” para la comida, pasajes y que hasta las camisas se las ha dado él.

“Uno empezando no tiene qué vender. Ya ahorita saca uno una cubeta de huevos y ya al menos digo, voy a fritarme dos huevos y ahí ya los tengo, o voy a cortarme un plátano y me como una tajada, pero cuando usted empieza de ceros si no hay una ayudita, difícil. Pero ahí vamos, pienso que esa es la forma, o el destino. Pero bien”.

La tesis de la Javeriana encontró que la situación en generación de ingresos era mucho más crítica, ya que el 91% de los hogares no había accedido a ese derecho en 2016, año en el que se hizo el estudio.

A Emiro le dieron vacas para que iniciara su proyecto productivo, a lo que le ha sumado gallinas ponedoras, café y plátano, pues dice que tiene que poner de su parte para que el proyecto crezca.

Sin duda, está agradecido con lo que el gobierno le ha dado, pero siente que la ayuda técnica para el mantenimiento de los cultivos se queda a veces en llenar formatos para mostrar resultados. Dice que las necesidades en el terreno son otras. Emiro siente que en su caso esa asistencia técnica se limita a pasar revista, pero no es un acompañamiento. Cree que esa asistencia podría ser mejor.

“Uno quisiera que esto fuera mejor, quisiera producir más con menos, avanzar en tecnología, genéticamente, no sé si exijo más de lo que se puede dar”.

Luis Jorge también ha vivido del mercado que le llevan sus dos hijos y de rebuscarse jornal mientras el proyecto productivo de café, plátano y cacao producen.

“Hay un sitio en el que el café se está muriendo, no es falta de limpia, no es falta de abono y por el verano se me murieron 100 palos de cacao”, cuenta Luis Jorge, quien dice que ha seguido al pie de la letra las recomendaciones del técnico de la Unidad de Restitución que lo visita cada mes, pero no ha visto mejoras.

-Hizo falta un poquito de más platica, contesta Silvio Tulio Rojas en un susurro casi inaudible cuando se le pregunta cómo le fue con el proyecto productivo de ganado que le entregaron dentro del proceso de restitución de tierras. Tuvo que emplearse como jornalero para conseguir sustento para su familia y para completar el pasto para el ganado, pero no se queja de la asistencia técnica.

-¿Pero entonces a usted le ha ido bien con la restitución de tierras?

-¡Pues si tiene dos proyectos productivos!, responde entre risas Ayda Flor Ortiz González, la esposa de otro beneficiado con el proceso de restitución, antes de que Silvio articule palabra.

-Pues sí, cumpliendo con uno, nos dieron el otro, responde Silvio Tulio y explica que un solo proyecto era muy poquito para cuatro familias, pues el predio que les devolvieron a él y a sus hermanos se los dejó el padre y lo dividieron entre todos. Silvio Tulio y su familia salieron huyendo de los constantes enfrentamientos entre grupos armados y de tanto muerto. “No aguantábamos más´”.

“Eso se me enrastrojó porque va a ser un año que estoy enfermo, entonces me tocó ponerme en tratamiento médico y eso se descuidó, por ahí hasta ahora bregando a limpiar otra vez los palitos de cacao, plátano y cítricos, porque no lo puede uno atender con la limpia y para estarlo abonando y eso mando uno por allá un obrero y van por allá en un ratico y no sabe uno si lo abonaron o no lo abonaron, desde que no pueda uno estar al frente eso no”, contesta José Sérvulo cuando se le pregunta por el proyecto productivo, aunque dice que cada mes, sin falta, va el técnico de restitución a visitarlo.

Después de dos años y 10 meses del fallo Sérvulo todavía no tiene su casa lista y tampoco obtiene ingresos del proyecto productivo. Espera tener fuerzas para trabajar, con sus propias manos, en los cultivos.

Las cifras de la Unidad de Restitución

Rossvan Johan Blanco Castelblanco, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Cundinamarca, explicó que en Cundinamarca se han proferido 115 sentencias, pero no todas están subidas en la página web de la entidad todavía.

¿En cifras, cómo va la restitución de tierras en Cundinamarca?

3.091 solicitudes se recibieron para inscribir predios en el Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente. De esas, 2.673 han terminado el trámite administrativo. De esas, 851 fueron inscritas y 1.822 no. No hablamos de predios, hablamos de solicitudes, puede haber un mismo predio con varias solicitudes, una familia, por ejemplo, un predio de mayor extensión lo tiene dividido en varios herederos y todos son solicitantes. Son más solicitudes que predios.

En demanda de restitución en Cundinamarca tenemos 702 solicitudes distribuidas en 245 demandas que se han presentado y de esas 245 tenemos 115 sentencias proferidas por los juzgados de Cundinamarca. Tenemos unas 400 solicitudes por definir, que es una de las metas de este año.

¿Cuál ha sido el mayor obstáculo para cumplir con la restitución de tierras en Cundinamarca?

Son muchos los problemas de lo que se ordena en las sentencias. Nosotros no estamos encargados del cumplimiento de las órdenes, sino del monitoreo de las mismas, nosotros somos los representantes de las víctimas y ante los inconvenientes que ellos tienen nosotros se lo hacemos saber al juzgado para que pueda intervenir con las entidades. Ha habido mucho inconveniente con la oferta institucional, a veces se dan órdenes y las entidades no tienen facultades para cumplirlas, no está dentro de su objeto, dentro de su presupuesto. Ha dificultado que se desconoce la oferta institucional de las entidades, qué hacen, cómo funcionan.

Me ha parecido también que una dificultad ha sido que se ha pretendido hacer política pública a través de sentencias judiciales, por ejemplo una orden de hacer una carretera, un acueducto, un alcantarillado, que si bien mejora la calidad de vida de las personas, para los municipios ha sido muy difícil filtrar esos recursos, un acueducto, un alcantarillado que puede costar siete mil millones de pesos se ve a veces difícil para un municipio con un presupuesto de mil, dos mil millones de pesos.

La dificultad más grande es unir la oferta institucional con la articulación interinstitucional. La experiencia me lleva a concluir que las entidades siempre han querido colaborar, sin embargo a veces no saben cómo cumplirlo.

¿Por qué La Palma es el municipio con mayor número de sentencias?

Fue de los primeros municipios intervenidos por la Unidad, tuvo gran afluencia de gente y tuvo bastante conflicto.

¿Cuáles fueron los municipios de Cundinamarca más afectados por conflictos de tierras?

Tenemos procesos de La Palma, Yacopí, Pacho y Viotá.

¿En qué municipios se dio el despojo y en cuáles el abandono?

Donde había un interés estratégico fue donde más hubo despojo, había intereses estratégicos del conflicto. No podemos decir que en ciertas zonas fue solo despojo y en otras solo abandono, está disperso en el departamento, no fue como en otros departamentos que se puede ver marcado que hubo municipios despojo y en otros fue completamente abandono. En Cundinamarca es difícil establecer esa estadística porque el conflicto fue disperso.

¿Cuáles son las cifras actualizadas de restitución de tierras en La Palma?

Se recibieron 879 solicitudes de inclusión en el Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, de las que finalizaron el trámite 415 fueron inscritas en el Registro, 303 no y 109 fueron desistidas. Han sido restituidas 457 hectáreas beneficiando a 504 personas y se han emitido 80 sentencias. Tenemos en este momento 357 solicitudes de inscripción en el Registro de tierras y aproximadamente 107 demandas de restitución en juzgados.

34 de las 59 sentencias que revisó Colombiacheck tienen priorización porque los reclamantes son adultos mayores ¿Cómo han asegurado ustedes esa atención prioritaria de esas personas?

El tema del adulto mayor en La Palma ha sido una generalidad, nosotros propendemos por priorizar esos casos cuando los conocemos de primera mano, sin embargo dificulta la cantidad de adultos mayores, estamos buscando la articulación interinstitucional para que las entidades los prioricen. Estamos tratando de acelerar el proceso de vivienda, que es una gran dificultad que se ha presentado, por la llevada de los materiales, la asignación de contratos. Hemos tratado de mejorar la calidad de vida de esas personas.