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BOLIVIA

Contradicción, en eso se ha convertido Bolivia para quienes defienden el ambiente. El discurso de protector de la Madre Tierra con el que Evo Morales llegó al poder y con el que se pasea por el mundo, no coincide con la violencia de la que denuncian ser víctimas los defensores de territorios de pueblos originarios y de recursos naturales. Indígenas que resisten el impacto de proyectos hidroeléctricos y viales se sienten perseguidos por un Gobierno liderado por un indígena.

El Tipnis y el Madidi, las heridas que sangran en el rostro indígena de Bolivia

El rostro indígena de Bolivia está herido. Cada vez que se amenaza y actúa en contra de sus pueblos originarios, sangra cada vez más. Las áreas naturales del Tipnis y el Madidi, ambas en la Amazonia boliviana, son el escenario que pone en evidencia el maltrato a estas comunidades, a pesar de que este país es gobernado desde hace 13 años por el indígena Evo Morales.

El Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (más conocido por sus iniciales de Tipnis), está ubicado entre los departamentos de Cochabamba y Beni. Sus pobladores han sido protagonistas de marchas hacia la sede de Gobierno y viven en emergencia por el afán gubernamental de construir una carretera, que partirá en dos el área protegida donde viven desde hace cinco décadas.

Más al norte, en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, ubicado en la parte amazónica del departamento de La Paz en el noroeste del país, los pobladores se han opuesto a la construcción de dos hidroeléctricas y esa defensa se ha convertido en una odisea que ha traído consecuencias negativas a sus familias y poblados. 

En ambos casos, hay decenas de líderes amenazados, perseguidos y acosados. Desde golpizas hasta advertencias poco disimuladas a sus familiares de que perderán sus trabajos, todos sufren las consecuencias de defender los derechos y los territorios de sus comunidades indígenas.

Una carretera en medio de la selva

El Tipnis es un territorio de ensueño y lleno de biodiversidad. Abarca 13.722 kilómetros cuadrados y 63 comunidades, cada una liderada por un corregidor o máxima autoridad indígena. Al sur, sufre deforestación por la incursión de cocaleros que provienen del trópico de Cochabamba, la cuna política de Evo Morales, por lo que su dirigencia es afín al partido de gobierno, el Movimiento Al Socialismo (MAS). 

En el centro del Tipnis y en una parte del norte, se consolidó la dirigencia a favor del MAS, pero aún hay pueblos que mantienen la resistencia y la oposición a la carretera. Esta lucha lleva ocho años y ha dejado una estela de sufrimiento. Uno de los episodios más dolorosos ocurrió durante la Octava Marcha Indígena hacia la sede de Gobierno, en que más de 100 indígenas del oriente fueron brutalmente reprimidos y amordazados por fuerzas policiales en una zona conocida como Chaparina, entre Beni y La Paz. 

Fernando Vargas Mosua era el líder de esa marcha. Baja su mirada cuando se le consulta sobre aquel 25 de septiembre de 2011. Dice que le duele recordar. Hoy, este dirigente indígena no tiene trabajo, afirma que lo rechazan como obrero porque hay presión del Gobierno y, además, sufrió el secuestro de una de sus hijas y tuvo que abandonar el lugar donde vivía.

Sus días son difíciles, pero no decae. "Creo que la lucha no fue en vano, pero ahora no sabemos qué pasará", dice con un dejo de amargura y esperanza en su voz. Vive en Trinidad, la capital del Beni, en un modesto cuarto que tiene por paredes unas calaminas improvisadas. Adentro hay tres camas y una pequeña cocina. La casa es de su hermano, que tuvo que acogerlo y protegerlo ante las amenazas y acoso que sufre.

La defensa del Tipnis se remonta a 1990. Los pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia dieron inicio a la primera movilización indígena denominada ‘Marcha por el Territorio y la Dignidad’. Esta protesta, que comenzó en Trinidad y tras un mes de caminata finalizó en La Paz, marcó un hito histórico porque lograron el reconocimiento del Estado, que oficializó la existencia de los primeros territorios indígenas de la Amazonia boliviana.

Marcial Fabricano Noe, un veterano dirigente indígena que nació en el Tipnis, fue uno de sus líderes. Ahora, 29 años después de que encabezara la columna de nativos de la Amazonía y lograran la denominación de Tierra Comunitaria de Origen (TCO) para el Tipnis (título que protege la reserva ecológica, sus usos y costumbres indígenas), reflexiona en torno a la situación de lo que llama su ‘casa grande’. 

Su conclusión es contundente: en los gobiernos que no tenían el rótulo de indígenas como el actual, de Evo Morales, los indígenas eran más escuchados y respetados. 

“El gobierno actual ha entorpecido todo este avance que veníamos desarrollando, respecto a tener un espacio propio e igualdad de derechos como ciudadanos bolivianos", recalca. 

El dirigente ahora sufre una serie de amenazas. No puede encontrar trabajo, fue perseguido por autoridades del MAS en Beni y su familia recibió advertencias de personas anónimas. Aún así, sigue luchando por su territorio. En 2009, otros indígenas afines al partido de Gobierno lo detuvieron y le dieron azotes, argumentando que era un correctivo enmarcado en la justicia comunitaria, que es avalada por la Constitución.

La represión en Chaparina, hace ocho años, significó la mayor crisis política de los 13 años de Morales en el poder. El aparato gubernamental debió hacer una campaña mediática para contrarrestar el impacto en la opinión pública de la brutal intervención policial que buscó disolver la movilización de unos 1.500 indígenas que, siguiendo la misma ruta de la histórica primera marcha de 1990, se dirigía hacia La Paz para manifestar su rechazo a la construcción de la carretera que partiría en dos su territorio ancestral.

Esa protesta consiguió la aprobación de la Ley 180, que declaró intangible al Tipnis y evitó, al menos momentáneamente, que se construyera la carretera por el corazón del parque natural. Sin embargo, en agosto de 2017, el presidente Morales promulgó otra ley, la 266, con la que eliminó la condición de intangibilidad y abrió nuevamente la puerta a la vía.

Sin embargo, por ahora el proyecto está paralizado. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que depende del Ministerio de Obras Públicas, dice no tener la intención de seguir con su construcción, que aún tiene pendiente uno de sus tramos. “De momento estamos en etapa cero, no hemos entrado a construir nada. Esa es la situación real”, dijo su presidente Luis Sánchez.

En todo caso, ya hay dos tramos casi concluidos. En el primero están las bases cocaleras de Evo Morales, donde personas extrañas que ingresen allí son vigiladas en cada paso que dan. En el tercer tramo operó la empresa constructora brasileña OAS.

Desde el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas descartan planes de persecución contra los líderes del Tipnis. El ministro Carlos Ortuño señala que, al contrario, existen planes de desarrollo para los pobladores de la reserva natural. “No existe ningún tipo de persecución. El Gobierno está trabajando para que en el Tipnis haya progreso”, señaló tras ser contactado por El Deber.

Ortuño cita, por ejemplo, que en el parque existen proyectos de centros de transformación del cacao, curtiembres comunitarias para el manejo de cuero de lagartos en el marco del Programa Nacional de Lagarto y carpinterías, añadiendo que es prioridad la dotación de agua potable.

La comunidad contra la vía

Trinidacito es la comunidad del Tipnis que más resiste al gobierno de Morales. A esta zona, al norte del área protegida, no llega la atención del Estado y los pobladores viven en condiciones muy precarias y en medio de la pobreza.

Su lucha por evitar la construcción de la carretera les costó caro. No tienen agua potable, tampoco energía eléctrica o conexión en telecomunicaciones. La educación solo llega a nivel primario y eso cuando hay maestro. La atención en salud no existe. No hay médicos ni medicinas. Las casas son rústicas y solo se puede acceder a la zona caminando y en avioneta, a un costo de 600 dólares impagable para los comunarios. Para movilizarse, deben caminar durante días, a fin de hacer negocios en otros poblados. En época de lluvias, los ríos Isiboro y Sécure se convierten en su principal vía de conexión.

Marquesa Teco es líder de la Subcentral de Mujeres del Tipnis. Ella lamenta que en Trinidacito no exista presencia del Estado, simplemente porque sus habitantes demandan la preservación de su territorio. Ella sufrió ataques en Trinidad, adonde tuvo que trasladarse porque sus hijos no podían acceder a la educación en suelo indígena. Su familia también es víctima de amenazas. A Teco la ven como opositora política y eso repercute en que nadie le quiera dar empleo, ni a ella ni a sus seres queridos.

"Mi esposo se fue luego de la gasificación (con gas lacrimógeno) y la represión. Sufrieron mucho los niños y hubo abortos por la gasificación. A mi esposo lo maniataron y lo despacharon en una movilidad sin conocer su rumbo. Hasta hoy no hay culpables", reprocha Teco. 

Esas versiones tienen su contraparte. Ramona Moye Camaconi es diputada electa por el partido de Evo. Es una indígena que proviene del Tipnis y desecha las posiciones de sus detractores. Como legisladora, dice que lucha por el progreso de su región y niega que los dirigentes sufran algún tipo de persecución del Gobierno. Moye tiene clara su posición y aplaude que se hubiera eliminado la intangibilidad del Tipnis, mediante la ley aprobada en 2017. 

"Los habitantes de ciertas comunidades que viven en este territorio lograron acceder a viviendas, salud, telecentros, polideportivos y proyectos para unidades educativas. Ahora queda pendiente el tema carretero, que también es un pedido de la gente. No existe ningún tipo de persecución. Es más, los dirigentes que se opusieron a la carretera ahora declaran a los medios y algunos coordinan con organizaciones no gubernamentales", responde.

La problemática del Tipnis, que alberga a los pueblos indígenas yuracaré, tchimán y moxeño trinitario, también tocó a otros dirigentes como Benigno Noza, Félix Cayuba, Roberto Noza, Carmen Guasebe y Catalina Moy, quienes denuncian amenazas por oponerse a la carretera.

Para Pablo Solón, quien fue embajador de Evo ante Naciones Unidas y se marginó de su gobierno a raíz de la represión policial que sufrieron los indígenas que defendían el Tipnis, es necesario entender la historia del área para afrontar su problemática. 

Dos décadas después de la primera marcha, explica, el gobierno de Morales otorgó a los indígenas del Tipnis el título colectivo de su territorio, pero solo por 1.091.656 hectáreas. Poco antes, en 2009, campesinos cocaleros habían ingresado al parque nacional y al territorio indígena, ocupando lo que se conoce ahora como el Polígono 7, un área donde se prohíbe el ingreso a foráneos sin autorización de estos colonizadores cuyas organizaciones sociales son afines al partido MAS.

A eso se suma la inmensa riqueza natural del parque, que -según Solón- es hogar de 858 especies de vertebrados, incluyendo 470 aves, 108 mamíferos, 39 reptiles, 53 anfibios y 188 peces, además de unas 2.500 especies de plantas no registradas. Esta biodiversidad se explica por la gran variedad de ecosistemas en un área que va desde bosques tropicales a 180 metros sobre el nivel del mar hasta la alta montaña por encima de los 3.000 metros, que además tiene la mayor pluviosidad de Bolivia.

“Es uno de los pulmones de oxígeno y una de las bombas de agua más importantes del país”, dice Solón, recordando que el naturalista francés Alcide D’Orbigny la proclamó “la selva más hermosa del mundo" tras su viaje entre 1830 y 1833

De ahí que Solón hable de la carretera como el "camino maldito". No ve frutos para los indígenas de la reserva natural y, en cambio, cree que sólo beneficiaría a los colonizadores en una zona donde la mayor parte de la hoja de coca se destina al narcotráfico.

El líder tacana Adolfo Chávez, que se refugió en Ecuador tras declararse un perseguido político por el gobierno de Evo, comparte un dicho popular de su pueblo que, según dice, calza a perfección en su relación con el Gobierno, “cuando el tigre se come al perro, está cerca de atacar a su propio amo”.

Para él, el tigre se está comiendo al amo del Tipnis. “Don Evo Morales se ha ensañado contra los líderes, hombres y mujeres, de la cuenca amazónica porque lo que hizo en Chaparina

con los niños, jóvenes y ancianos, no tiene nombre”.

El Tipnis, al que los indígenas llaman ‘la casa grande’, ahora es una palabra que evoca un espíritu de resistencia.

Hidroeléctricas en el parque más biodiverso del mundo

Ellos lo ven como una amenaza y destrucción, el Gobierno de Evo Morales como una prioridad para convertir a Bolivia en el "corazón energético de Sudamérica”.

Domingo Ocampo, un indígena mosetén, es parte de "ellos", de quienes resisten la construcción de dos grandes hidroeléctricas en El Bala y el Chepete.

Ellos, los que forman parte de esa resistencia, son mosetenes, chimanes, esse ejas, lecos, tacanas y uchupiamonas, pueblos indígenas milenarios que han habitado “desde siempre” en el Madidi, un área protegida considerada como la más biodiversa del mundo y por la que el año pasado Bolivia 'sacó pecho' ante el mundo, luego de que una expedición de científicos encontró al menos 124 especies de animales y plantas consideradas nuevas para la ciencia.

Ocampo cree que defender el Madidi del avance de las hidroeléctricas es cuestión de vida, aunque después de dos años y medio de lucha haya significado poner en riesgo la suya. “Si no lo hacemos, ¿qué le dejamos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos?”, pregunta.

La Mancomunidad de Comunidades de los Ríos Beni, Quiquibey y Tuichi, conformada por 17 comunidades indígenas, tuvo que acudir el 10 de noviembre de 2016 a un método que ya les había funcionado quince años atrás: bloquear el estrecho de El Bala.

Pero, ¿cómo se bloquea un río? “Estiramos alambres de orilla a orilla del río para que no pasen las embarcaciones”, dice este líder de la comunidad Torewa, en el noroccidente del país.

Las embarcaciones que bloquearon pertenecían a una empresa subcontratada por la consultora italiana Geodata, a quien se le adjudicaron los estudios de identificación con miras a la construcción de las hidroeléctricas.

Las represas de El Bala y el Chepete son centrales en el plan de Evo de exportar electricidad a países vecinos como Brasil y Argentina, para lo que busca alcanzar una potencia instalada de 10.000 megavatios (MW) en varias hidroeléctricas en todo el país. De ahí que Morales las declarara de interés nacional en 2007 y que, ocho años más tarde, anunciara una inversión de 7 millones de dólares para hacerla realidad. 

Alcanzar esa meta implica multiplicar por cinco la capacidad hidroeléctrica actual. “No llegaría a representar ni el 2% de la potencia instalada en Sudamérica, por lo que la frase ‘Bolivia, corazón energético de Sudamérica’, con la que el gobierno inauguró su tercera gestión es un slogan sin asidero en la realidad”, cuestiona la Fundación Solón, fundada por el ex diplomático Pablo Solón y especializada en el estudio de las hidroeléctricas.

¿En qué afecta esta meta del Gobierno a los indígenas de Madidi? Debido a que los proyectos de El Bala y Chepete inundarían al menos 771 km2 de su territorio, sienten que el parque nacional más biodiverso del mundo, así como la vecina área protegida de la Reserva de la Biósfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas, están en inminente peligro de desaparición y desplazamiento.

La bronca, dice Domingo, es que los procesos administrativos y de exploración comenzaron sin siquiera tomar en cuenta a los pueblos ancestrales que habitan allí. Eso significa que se violó el mandato de la Constitución que, en su Artículo 30, garantiza el “derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada”, también consagrado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de Naciones Unidas que Bolivia firmó.

Además, en el Artículo 352, la Carta Magna de Bolivia sostiene que “la explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e informada. Se garantiza la participación ciudadana en el proceso de gestión ambiental y se promoverá la conservación de los ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la ley. En las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios”.

Pedir que se respete la ley los puso en el frente de la oposición de un Gobierno liderado también por un indígena. Este es el aspecto que más les duele. 

En esto coincide Alex Villca Limaco, uno de los jóvenes líderes indígenas más activos que está al pie del cañón en la defensa de su territorio. Fue uno de los que animó al casi septuagenario Domingo para que no baje la guardia. En ese momento Domingo estaba cansado de pelear con Goliat, de que sus mismos hermanos “fueran cooptados” a cambio de obras. De que a la Comunidad Campesina Torewa, de la que es secretario general, le crearan una organización paralela con colonos afines al partido político de Morales y le titularan las tierras, convirtiendo a los torewas originarios en inquilinos en su propia tierra. De que lo tildaran de divisionista y de oponerse al progreso para su pueblo y de que lo defenestraran en las redes sociales, entre otros métodos de disuasión que, denuncian los líderes indígenas, utilizan las personas afines al Gobierno para doblegarlos.

Estas presiones recrudecieron después de que, en noviembre de 2016, bloquearan el estrecho de El Bala durante diez días y obligaran a la empresa que hacía los estudios a retirarse.

Alex es de la Nación Uchupiamona. Tras trabajar como guardaparque en el Madidi, se licenció en turismo en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, e hizo un posgrado en esta misma área. Se conoce palmo a palmo el territorio que defiende, así como los costos socioambientales derivados de la construcción de hidroeléctricas.

A él las amenazas también le han llegado de diferentes formas. Una de ellas, por su formación educativa. El ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, negó su identidad indígena “por haber estudiado en la universidad y tener un emprendimiento ecoturístico”, denuncia él.

En efecto, según archivos de prensa, el ministro Sánchez declaró que “Obviamente que hay algunos voceros, pero son voceros de las ONG, pues el otro día saliendo de Página 7 una persona que decía no al Bala, pero según comentarios de los mismo compañeros indígenas nos decían que él era uno de los tenían una empresa de turismo importante y por eso hablaba esas cosas y además habría hecho maestría en una universidad de La Paz. Entonces ya no es indígena, ya tiene otra visión de obstaculizar los proyectos”.

Ahí no cesaron los ataques. El joven líder señala que ‘voceros’ del Gobierno también le hicieron llegar amenazas, incluso a través de su familia, para que cese en su activismo, caso contrario le cerrarían su negocio. Esas amenazas quedaron en solo eso, pero no sucedió lo mismo en el plano digital. La creación de perfiles falsos en las redes sociales y la deslegitimación es algo con lo que lidia constantemente.

Igual le sucedió a otra de sus compañeras de lucha, la indígena uchupiamona Ruth Alipaz.

A ella, que también logró formarse en administración de empresas en la Universidad Privada de Santa Cruz (UPSA) e impulsa un proyecto en observación de aves, los dardos le empezaron a caer desde abril de 2018, cuando denunció ante el plenario del Foro Indígena de la ONU que unas 51 comunidades indígenas y campesinas en Bolivia perderán sus tierras o se verán afectadas si el gobierno de Morales ejecuta los proyectos hidroeléctricos.

El Atlas Socioambiental de las Tierras Bajas y Yungas de Bolivia, elaborado por la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), señala que en torno a las hidroeléctricas se advierten cambios e impactos ambientales que podrían ser irreversibles. Ríos ubicados aguas abajo de las represas a construir disminuirían drásticamente sus caudales, la biodiversidad acuática disminuiría (rompiéndose el ciclo de reproducción), afectando a los humedales del entorno y a la pesca de subsistencia de los pueblos originarios. Río arriba, las inundaciones tenderían a ser más frecuentes, y provocaría mayor erosión y sedimentación. La suma de estos impactos provocaría la migración y el desplazamiento de comunidades que dependen de la flora y fauna de la región. A esto se suma la modificación del clima local y la pérdida de conectividad entre los ríos de montaña y la llanura.

Según el ex diplomático Pablo Solón, el embalse del Chepete sería de 677 kilómetros cuadrados y el de El Bala abarcaría 94 - un área cinco veces superior a la mancha urbana de la ciudad de La Paz. En total, calcula Solón, deberían ser relocalizadas 5.164 personas, en su mayoría indígenas y campesinos.

El ministro de Energías, Rafael Alarcón, detalló en mayo de 2018 que el Chepete, según el estudio de prefactibilidad, era conveniente. No sucedió lo mismo con El Bala, que tenía precios altos para el mercado de la época. "Hay dinámica en esto. Por lo tanto, estamos trabajando en base a la prefactibilidad (…) No vamos a construir algo que signifique pérdida, por el amor a Dios, eso no vamos hacer jamás, nunca vamos hacer instalaciones que signifiquen pérdida para el Estado boliviano", declaró.

Para el ministro, las versiones de los detractores a estos proyectos se sustentan en documentos parciales y no en el estudio final, cuyo resultado aún no se conoce. Según un estudio de la Fundación Solón de febrero de 2019, El Bala y Chepete ya disponen de la siguiente documentación: un estudio de identificación que define su ubicación (realizado por la consultora italiana Geodata), fichas ambientales y un estudio de diseño técnico de preinversión que está en elaboración.

Para este reportaje El Deber solicitó una entrevista con Alarcón, pero hasta la fecha del cierre no había respondido a la solicitud.

El Deber también buscó al viceministro de interculturalidad Rodolfo Machaca, pero -al verse envuelto en un escándalo por pago de pensiones- se negó a atender la solicitud. Posteriormente renunció y esta cartera de Gobierno continuaba, hasta el cierre de este reportaje, en acefalía. También se solicitó una entrevista con el canciller Diego Pary, indígena quechua, pero las preguntas enviadas al área de comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre este caso y el del Tipnis, siguen sin respuestas.

A finales de marzo el presidente Evo Morales, en El Pueblo es noticia, un programa de la televisora del Estado, habló de su plan de gobierno para la gestión 2020-2025, pese a que su repostulación es resistida y calificada de ilegal. Bolivia al año 2025 “será un país productor y transformador de alimentos, productor y exportador de energía eléctrica aprovechando plenamente su potencial hidroeléctrico”, dijo.

La producción de energía es parte de su ‘Agenda del Bicentenario’. Visualiza que para el 2025 el país tenga una capacidad de producción de 6.000 megavatios de energía eléctrica. “Propuse 9.000 megavatios y algunos ministros dijeron que estaba loco, pero miren ahora estamos cerca de esa meta (…); si nos dejan ejecutar El Bala y Chepete llegaremos”, resaltó.

Evo también se refirió a vivir en armonía con la naturaleza, centro de las preocupaciones de comunidades como las del Tipnis y Madidi. “Es obligación del Estado garantizar el pleno acceso del pueblo boliviano a esos servicios en condiciones equitativas y en equilibrio y armonía con la Madre Tierra”, dijo.

La resistencia logró paralizar el proyecto hidroeléctrico, por ahora. Pero hay voces que buscan revivirlo, por lo que –para los pobladores del Madidi- la defensa no para. Los resistentes no quieren más sangre en el rostro indígena de Bolivia.

***

Los indígenas del Tipnis, que se oponen a la construcción de una carretera por en medio de su territorio y debido esa oposición acusan el abandono del Estado y persecución a sus líderes. Igual que los del Madidi, se sienten doblemente heridos y luchando contra Goliat porque es un “hermano indígena” quien ahora dirige el gobierno de Bolivia y no los escucha. Más al contrario, que los tiene como opositores.

Fernando Vargas Mosua

Sufrió represión policial y el secuestro de su hija

Aquel 25 de septiembre de 2011, Fernando Vargas lideraba la marcha indígena hacia La Paz para protestar por la construcción de una carretera en medio del Tipnis. Era un domingo y en pleno descanso sintió golpes en su cuerpo de efectivos policiales. Iniciaba una represión contra al menos 150 indígenas que protegían su territorio. A él lo maniataron, golpearon y luego subieron a un bus con rumbo desconocido, una suerte similar a la que corrieron otros líderes. Lo dejaron en una población cercana y escapó, junto a otros indígenas, al reencuentro de la marcha.

Los episodios tristes continuaron después de la marcha de 64 días, que logró paralizar el proyecto carretero. Recibió amenazas de muerte, sufrió intentos de atropellos en las calles de Trinidad, intentaron sobornarle y, lo peor, sufrió el secuestro de una de sus hijas. Eso fue en 2015 y derrama lágrimas al recordar. Fue la prueba más dura que, incluso, lo llevó a abandonar su lugar de residencia. Devolvieron a su hija, de 13 años, tres días después con signos de tortura y con mensajes dirigidos a él: debería dejar el movimiento indígena, le amenazaban.

"No puedo trabajar. Me dieron muerte civil. En cualquier parte se dan cuenta quién soy y me dicen que lo sienten y que no pueden recibirme por temor al Gobierno. Los que defendemos el medioambiente lo hacemos porque así lo manda la Constitución, porque es nuestro hábitat. Nuestro territorio es nuestra casa grande", relata.

De Trinidad se marchó a Santa Cruz a buscar mejor vida. Poco después el dueño de la fábrica donde trabajaba lo echó por presiones del Gobierno. "Se enteraron que yo estaba trabajando en Santa Cruz y el dueño viene y me dice que tengo que abandonar el trabajo, que no era su decisión, pero que personeros del Gobierno llegaron a su oficina para decirle que perderían contratos con el Estado si me mantenía", cuenta.

Regresó a Trinidad a la casa de un familiar, donde instaló un dormitorio precario. Vive sus días buscando trabajo, pero a la vez estudia derecho. Dice que no dejará la resistencia y que, por más que le manden mensajes con sobornos, no los aceptará.

Marcial Fabricano Noe

Flagelado por su gente y sufrió persecución política

Es un veterano dirigente indígena moxeño trinitario que no se cansa de resistir. Lideró la primera marcha indígena de tierras bajas en Bolivia en 1990.

Sereno y con voz firme, Fabricano no deja de mencionar a Dios en sus declaraciones. Es creyente y dice que el Señor lo acompaña en esta lucha, que data de años atrás. Lo que a él le duele más es haber sido agredido por el gobierno de un presidente indígena, como Evo Morales. Tras lidiar con muchos mandatarios de derecha y neoliberales, Fabricano dice que tuvo más acuerdos con ellos que con el actual jefe de Estado boliviano.

Los últimos diez años la pasó mal. La persecución que sufre evita que pueda encontrar un trabajo. Vive de la agricultura y de charlas que brinda en universidades. Sufrió amenazas de muerte y actos insultos en las calles. Asegura que los que le llaman o quienes lo atacan provienen del entorno de Morales. Al mandatario boliviano lo conoció en 1990 cuando éste era dirigente cocalero y Fabricano defendía su territorio de colonos campesinos que querían ingresar. Con Morales firmó un acuerdo delimitando los ingresos, pero al final –según cuenta- el actual presidente boliviano no respetó lo dicho. Hoy, en el sur del Tipnis los colonizadores están cultivando la hoja de coca, que por lo general es desviada al negocio del narcotráfico.

En 2009, cuando sufrió el flagelo en su propia comunidad. El Gobierno de Morales dividió a su organización y la parte que apoyaba al mandatario boliviano lo torturó con 38 azotes, por no alinearse a las políticas que impulsaba el partido oficialista.

"Hubo amenazas para que me calle. Lo más grave fue en 2008 y 2009. Esa época sufrí un castigo, un vejamen. Ahora perdí la vergüenza y me llevó al castigo del flagelo por mis propios hermanos, mis propios parientes. En una reunión, el Gobierno utilizó a nuestra estructura para atacarme y hacerme algo que no tiene nombre: me flagelaron solo por no estar a su lado", relata.

Marquesa Teco Moyoviri

No puede encontrar trabajo por su resistencia

Es experta en artesanía. Realiza sombreros tejidos a mano con paja. Sobrevive con los ingresos de esa ocupación, aunque admite que es muy poco para mantener a su familia. Como ella, su esposo también no puede encontrar un trabajo, ya que son activistas de la defensa del Tipnis. Marquesa sufrió, según relata, persecución por parte de los grupos afines al Gobierno de Evo e incluso intentaron desalojarla de su sede, ya que ella representa a las mujeres de la reserva ecológica. Además, revela que la administración de Morales mandó a representantes del Ministerio Público a su comunidad con la intención de arrestarla, pero no lograron porque no hallaron culpabilidad.     

"Hemos sufrido mucho en esta lucha por defender nuestra casa grande que es el Tipnis. Como mujer sufrí mucho, fui amenazada, me dijeron que no era del lugar y los grupos afines al MAS nos desconocen. Pidieron que nos desalojen de nuestro territorio. Como dirigente sufrí un intento de desalojo de la sede de las mujeres indígenas. Hemos sufrido mucho, en mi comunidad el Gobierno mandó a fiscales para meternos presos solo por causa de la resistencia. Mi hijo mayor sufrió persecución, lo ocultaron y lo atraparon", relata Teco.    

La dirigente baja la cabeza tras admitir que la dirigencia del Tipnis está dividida. Es más, dice que ahora ya son pocos los que están en la oposición de la carretera que impulsa el Gobierno. Teco quiere reorganizar la dirigencia, pero admite que es difícil por la falta de recursos económicos.

Benigno Noza Semo

Persecución política por denunciar obras fantasmas

Benigno es un tipo directo. No da vueltas al momento de hablar. Va sin miedos y acusa al Gobierno de Morales de anunciar obras fantasmas en su comunidad: Nueva Galilea, al norte del Tipnis. Esa denuncia la hizo en 2017 y hasta ahora sufre persecución política. No puede quedarse en un lugar sin recibir amenazas. Y no solo él, también su familia.

Agarra un viejo folleto de propaganda gubernamental. En ese material se ven fotografías de infraestructuras que, supuestamente, la administración de Morales construyó. Se ven una escuela y viviendas sociales. Noza dice que no hay nada y que ahora recién se está construyendo un pequeño colegio. Quería trabajar ahí como albañil, pero le negaron.

"Después de hacer esa denuncia en Trinidad, no puedo encontrar trabajo. Donde vaya me dicen que es mejor no contratarme porque les puede perjudicar. Solo dije la verdad: en mi comunidad no había obras, toda esa propaganda era fantasma y querían engañar a la población", lamenta.

El dirigente indígena va de un lugar a otro. Recibe amenazas de su propia comunidad, donde la mayoría se volcó a favor de la línea política de Evo. Noza siente que a veces rema solo y contra la corriente, pero aun así no baja la guardia y va directo. "Alguna vez le dije en su cara (al ministro Juan Ramón Quintana, político muy allegado a Evo Morales) que deje en paz a mi territorio y se lo volvería a decir", sentencia.

Félix Cayuba Yuco

Su comunidad quedó abandonada

Es el corregidor de la comunidad Trinidacito, al norte del Tipnis. Siente que la resistencia que viene realizando hace años perjudica el desarrollo de su pueblo, que ahora está abandonado de cualquier iniciativa gubernamental. No sufrió amenazas ni ataques directos, pero el ver a su comunidad abandonada pesa mucho más.

"El Gobierno no llega acá porque es una comunidad de resistencia a la carretera. A nosotros no nos favorece en nada ese camino, pasa muy lejos de acá. Por eso nos oponemos y por eso nos abandonan. Eso duele más que uno propio reciba ataques directos o familiares, ya que ver a tus hermanos sin trabajo, a los niños sin estudiar y a la gente sin agua y luz, duele mucho más", dice.

Trinidacito es una de las pocas comunidades que resiste contra la carretera en medio del Tipnis. Esa lucha le costó prácticamente el abandono gubernamental. La población no tiene agua potable, energía eléctrica, alcantarillado y el acceso a la salud es precario. No hay médicos. Para Cayuba, esa soledad es una amenaza.

Roberto Noza Temo

Amenazado desde 1990

Para el veterano dirigente que participó de la primera marcha indígena en 1990, vivir amenazado se convirtió en una costumbre. Desde ese logro las amenazas no pararon, pero lamenta que en un Gobierno llamado popular e indígena siga esa forma de persecución.

"El Gobierno actual siempre nos estuvo metiendo cosas. Este territorio está amenazado por muchas cosas. Anularon una ley que no nos hace dueños de nuestro territorio. Pero aun así seguiremos luchando para que nuestros hijos y nietos tengan su territorio natural. No estamos en contra de las cosas buenas que hace este Gobierno, pero seguiremos con la lucha. Como no hubo frutos en esta comunidad, el último castigo fue sacarnos a los médicos y enfermeros. Todo esto por defender nuestro territorio”, resalta.

El dirigente ve como un castigo el abandono gubernamental a las comunidades que se oponen a la carretera. Noza insiste en que esa resistencia le afectó en conseguir trabajos en ciudades capitales, pero también eso perjudicó a sus familiares, que se vieron afectados por no acceder al derecho a laborar.

Carmen Guasebe Noe

Sus hijos afectados por la ausencia de educación

Es la líder femenina de la comunidad Trinidacito. Su peor preocupación es ver a sus hijos con escasa educación. En ese poblado las clases no empiezan a tiempo y la enseñanza no llega a nivel superior. Eso obliga, dice, a que muchas familias migren a ciudades capitales. A su vez, esa migración conlleva a la desaparición de los pueblos, a pesar del compromiso gubernamental de llevarles educación.

“Vino el ministro Juan Ramón Quintana a prometer. Nos hizo la promesa de construir una escuela, pero ahora no hay nada. Nos prometen todo. Ya no confiamos en la gente que llega, porque solo son promesas. Acá la escuela está hecha por nuestras manos, como muchas obras. Pero además no tenemos acceso a la comunicación, no tenemos internet, a pesar de que llegaron a instalar un telecentro”, reclama, firme en su creencia de que la resistencia a la carretera provocó que el Gobierno deje a un lado las demandas de su comunidad.

Catalina Moye Yubanure

Su hermana fue hostigada en su trabajo

No puede creer que la defensa de su territorio haya afectado la vida de su familia. Catalina Moy Yubanure vive en la comunidad Trinidacito y su hermana, enfermera de profesión, en Trinidad, la capital del Beni. Su familiar trabaja en un hospital público administrado por la Gobernación de ese departamento en manos del partido de Morales. Está amenazada con el despido porque Catalina apoya la lucha contra la carretera.

“Tengo mi hermana que es enfermera y por las amenazas del Gobierno casi perdió el trabajo. Le dijeron que si no está a favor del Gobierno la iban a despedir. Además, le dijeron que si yo sigo en la resistencia también sería echada. Es la única hermana profesional y ella ayuda económicamente a la familia. Nos ayuda con dinero, pero si pierde el trabajo nos perjudicaría”, relata.   

Ve que el Gobierno abandonó a su comunidad porque se resisten al proyecto. “Nuestra comunidad es triste, no tenemos nada, eso es doloroso”, remata.

Ruth Alipaz

Llevó la voz de los indígenas a Naciones Unidas

Es orgullosa de sus raíces uchupiamonas, una de las 36 naciones indígenas reconocidas en la Constitución de 2009 con la que Bolivia dejó de ser república y se convirtió en Estado Plurinacionalidad. Pese que desde el Gobierno la han tildado de formar parte de la minoría que se opone al desarrollo y de negarle su condición de indígena, ella no cesa en su lucha.

Tampoco la amilanan 'las trabas' del sistema de impuestos a su emprendimiento en observación de aves y proyectos ecoturísticos, que se han traducido en la hipoteca de su vivienda. Ella va de frente y sin miedo. "Cuando las puertas se cierran en Bolivia, ¿qué queda? Salir donde podemos ser escuchados. Por eso en abril de 2018 acudimos a las Naciones Unidas para denunciar la violación a nuestros derechos como pueblos indígenas", dice.

Es miembro de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Quiquibey y Tuichi, organización que aglutina 17 comunidades de indígenas mosetenes, chimanes, esse ejas, lecos, tacanas y uchupiamonas. Resume que su lucha contra la construcción de las hidroeléctricas “borrarán del mapa el territorio de seis naciones indígenas, es por el derecho a existir”.

Teme que 5 mil nativos serán desplazados de sus territorios “para ser extinguidos físicamente junto con nuestra cultura y nuestros idiomas”.

Alex Villca Limaco

Su identidad indígena cuestionada por tener una maestría

"Ríos para la vida, no para la muerte". Es la máxima de la lucha contra las hidroeléctricas de este joven indígena uchupiamona que se ha convertido en guardián del Madidi.

Ser defensor del medioambiente en Bolivia es complicado, dice, "por la persecución, el amedrentamiento, la descalificación y los intentos por acallar a quienes se constituyen en voces de resistencia".

Cuenta que gente afín al gobierno de Morales lo ha calificado de todo. Por ejemplo, señala, de recibir dinero de ONG para oponerse a las hidroeléctricas, de ser un 'agente del imperio' o de la derecha, pero el colmo -dice- fue "ser desconocido como indígena por haber estudiado una maestría e impulsar el ecoturismo en su territorio". Dice que los ataques no quedaron en descalificativos públicos o en redes sociales, sino que llegaron hasta su familia y que incluso amenazaron con cerrarle sus emprendimientos.

Cuando se le pregunta de dónde provienen estas amenazas, no lo duda: "del Gobierno", dice. Para él, un indígena sin educación, ni conocimientos y que acepte lo que se determina en el poder es el perfil que prefieren los tomadores de decisiones.

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