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El cercado
indígena

En Rondonia los indígenas se encuentran cercados. No se trata de una metáfora. Abra un mapa y busque ubicar el estado brasileño al noreste de Bolivia: décadas de deforestación convirtieron a las tierras indígenas en las últimas manchas verdes en el territorio.

En ellas nacen los ríos que recorren todo el estado. Allí están los bosques que sirven de morada para varias etnias reducidas a un centenar de sobrevivientes.

Actualmente, estas tierras son codiciadas por su madera, su minería, su “valor de mercado”. En este cerco no solo la naturaleza es amedrentada, las comunidades indígenas están acorraladas.

La apropiación de tierras a través de documentos falsos (conocida en Brasil como grilagem) y el robo de madera son los crímenes que sirven para dividir las tierras indígenas. En los territorios de los indígenas uru-eu-wau-wau existen ataques desde varios frentes.

Como si viéramos un documental sobre hordas de bárbaros asaltando Roma, en un viaje a Rondonia fuimos testigos de invasiones constantes y de amenazas a indígenas.

Imagine el juego: el tablero se llama Rondonia y el objetivo es colocar las piezas dentro de las últimas islas verdes y bosques. Las piezas son los invasores de tierras, los madereros. Ellos avanzan. Tienen el apoyo de los políticos locales, de muchos en la Cámara y el Senado. Los funcionarios públicos y representantes de la sociedad civil intentan impedir las invasiones, pero también se encuentran amenazados.

Los Karipuna y Uru-eu-wau-wau aún así luchan. Hace décadas resisten pero ahora es diferente. Con el nuevo presidente, Jair Bolsonaro, la guerra contra los territorios indígenas ya fue declarada.

El cacique consternado

En septiembre del año pasado, André desapareció. Salía a cazar en la selva con sus familiares cuando decidió constatar por cuenta propia la presencia de invasores en la tierra Karipuna. Pero no regresó.

Con el conocimiento de la entrada de madereros al territorio indígena, pensaron lo peor: el cacique se había encontrado con invasores. Jefe de la aldea Panorama, la única restante del pueblo karipuna, André ya había sufrido las amenazas por denunciar la extracción ilegal de madera y la invasión de tierras indígenas.

Durante varios días, sus primos lo buscaron en los matorrales que bordean el río Jaci Paraná. Regresaron a casa en la noche sin novedades. La mamá del cacique, Katsiká, una señora siempre conversadora y sonriente, quedó desconsolada. Su otro hijo, Adriano, también un líder dentro de los Karipuna, hacía tres meses había denunciado en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, el riesgo inminente de un ataque a los indígenas.

Al final de la tarde del tercer día, André fue encontrado. Estaba tambaleante en un barranco del río después de haber andado dentro de la selva por 72 horas, sin ningún alimento. Lo que había pasado fue un caso de desorientación. El paisaje de árboles caídos confundió al cacique, que no encontró el camino por donde había venido. Preocupado por un encuentro cara a cara con los madereros, hizo innumerables desvíos intentando llegar a casa.

Cuando André nos recibió en febrero en la aldea Panorama, nos contó sin mucho drama sobre el episodio. Para ser un hombre de 26 años, el cacique lleva un semblante serio, no muy sonriente. La responsabilidad de ser el jefe de la aldea parece pesar. “Yo ya no tengo paz interior” contó. Las amenazas comenzaron exactamente cuando él se volvió cacique, hace apenas un año. “Pensé en desistir, irme ya de aquí. Pero pensé en mi mamá y en mi familia”.

En los días de nuestra visita al territorio karipuna, salimos con André a una larga caminata para verificar si había nuevas deforestaciones dentro de la reserva. La jornada de ocho kilómetros en medio de la selva cerrada fue poco a poco resultando en unos pequeños espacios vacíos con marcaciones de árboles, antiguos campamentos de invasores.

Encontramos a la orilla de un río mudas de café sembradas hacía poco. La última vez que André anduvo por allí había sido en septiembre. Cruzamos el riachuelo y pasamos a caminar en una senda abierta por los invasores. Solo a pocos kilómetros recorridos, escuchamos un sonido intermitente de una máquina. Parecía una motosierra. La tensión se instaló y aún sin saber a qué distancia estábamos de los posibles madereros, cambiamos nuestra comunicación a señas para no hacer ruido.

Cuando llegamos al final del sendero, nos encontramos con una gran área deforestada. No había señal visible de actividad. Pero el ruido continuaba. Ya más de cerca, podíamos notar que se trataba de un camión o tractor. Era un skid, una máquina utilizada para deforestar y abrir carreteras aseguró el cacique.

Eso solo confirmaba lo que él ya sabía: que los madereros estaban abriendo una carretera más para entrar en tierra indígena y que ya se encontraban muy en el centro del territorio de 152 mil hectáreas. Al día siguiente, de regreso a la aldea Panorama, André le contó a su mamá, Katsiká, lo que había visto. Consternada murmuró: “Nuestra tierra nunca fue tan pequeña”.

El niño cacique y el tío guerrero

Bahira será cacique. Nadie sabe cuando, pero como un pequeño príncipe, su futuro está seguro: ya él fue escogido para comandar la aldea. Hoy su padre Taroba, es el cacique.

Bahira es el más joven de 4 hijos. En la aldea alto Amari, además de su padre, viven su abuela, sus tres hermanas, tíos, tías, primos, primas y un sobrino, Thallison, un bebé de un año que vive colgado cariñosamente de las piernas de los adultos.

Bahira tiene once años y en la aldea es él quien pesca. En el riachuelo de aguas espumosas que bordean las seis casas de madera hay pequeños peces llamados piabas. No solo eso: Bahira pastorea los seis toros que poseen los indígenas. Todos los días temprano, ordeña las vacas para llevar leche a sus familiares.

El futuro cacique va a la escuela, construida dentro en la aldea, al lado de un puesto de salud. Él es el único niño de su edad, aunque en otras aldeas de los uru-eu-wau-wau existan otros chicos de su edad, ellos se encuentran a kilómetros de distancia.

Seis aldeas uru-eu-wau-wau están extendidas en un territorio de 1,8 millones de hectáreas. También hay tres aldeas indígenas de la etnia amondawa, además de los tres grupos indígenas que viven en aislamiento.

El amigo más cercano de Bahira parece ser el tío Awapu. A los 28 años, como chico mayor, bromea y provoca al futuro cacique. Bromeando, el tío cambia de tono cuando habla de amenazas: Awapu fue alertado cuando confiscó una moto de un invasor dentro de tierra indígena. Un día, escuchó de un propietario vecino al territorio: “Es bueno que pares con estas cosas, eso te va a dar problemas”.

Según el tío Bahira, el consejo que siempre escuchan es “no se metan con los invasores, solo busquen a la policía”. Y de hecho ellos lo hicieron. No son pocos los delegados de la Policía Federal que comparten su número de whatsapp con los líderes indígenas.

Pero de una denuncia a una acción efectiva en contra de los invasores parece haber un largo camino. Los indígenas esperan acciones reales que, sin embargo, tardan en llegar. Por eso, Awapu y otros jóvenes líderes están casi siempre organizando rondas y misiones en áreas históricamente codiciadas por invasores.

En febrero de 2017, junto con su hermano, el cacique Taroba y otros indígenas uru-eu-wau-wau, sorprendió a dos hombres en una cabaña construida en un área recién deforestada, a solo unos kilómetros de la aldea Alto Jamari.

Ellos amarraron a los invasores y les exigieron informaciones sobre quién los había enviado. En el video grabado de ese día, los dos hombres afirman que estaban allá de buena fe, ya que les habían dicho que los “lotes” estaban documentados y podían ser ocupados.

En febrero, cuando visitamos a Alto Jamari, Awapu nos llevó en una nueva ronda al lugar donde hacía dos años encontraron el campamento de ocupantes ilegales, en la parte norte de la tierra protegida. En el sendero, el indígena rápidamente notó rastros de una nueva entrada. Además de los gallos cortados con cuchillo, había botellas de agua, latas de cerveza y galones vacíos de aceite de motosierra.

El camino seguía un nuevo sendero que ya se acercaba al río Floresta, el mismo que atraviesa el pueblo. A la orilla del río, vieron también que, quién quiera que fueses quien había entrado allí, había lanzado sal en el lugar donde comen las dantas. Una forma de atraer el mamífero y otra cazar.

De regreso a la aldea, Awapu contó a su familia lo que había visto en su caminata. “Ellos están yendo cada vez más lejos”, señaló, después de mostrar en su celular las fotos del sendero abierto.

Bahira, el futuro cacique, acompañó la conversación a nuestro lado. En silencio.

El cerco

“Katziká, madre del líder André Karipuna, temió lo peor cuando el hijo desapareció en septiembre de 2018.”

Las invasiones de los territorios indígenas en Rondonia no son algo nuevo. Los pueblos que permanecieron aislados hasta los años 70, los karipuna y los uru-eu-wau-wau, viven desde entonces en constante disputa para mantener protegida su tierra.

Ambas reservas siguen siendo cuestionadas, aunque ya han sido reconocidas y ratificadas por decretos presidenciales. A nivel local, los terratenientes disputan los límites de la tierra de los indígenas argumentando, con base en documentos antiguos (o falsos), que hay errores de demarcación. A un nivel más alto, alcaldes, diputados y hasta senadores defienden las propuestas de reducción de los territorios. En común, estos dos grupos se apoyan en el discurso de que existe “mucha tierra para los indígenas”.

Datos de organizaciones de la Iglesia Católica que desde los años 1980 hacen seguimiento de los episodios de violencia en el campo, como asesinatos de líderes y amenazas a comunidades, revelan el recrudecimiento de esta lucha.

De acuerdo con el Consejo Indigenista Misionario (CIMI), desde 2016 se registraron ocho episodios de invasión para robo de madera y apertura de nuevas áreas dentro del territorio indígena karipuna. En el caso de los uru-eu-wau-wau, existen cuatro hechos de ataques registrados desde 2012.

Otra fuente de información, la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), incluyó en su base de datos el registro de una amenaza hecha contra Adriano Karipuna, el hermano de André, antiguo cacique. Él recibió en 2017 llamadas anónimas con amenazas de muerte. En abril del siguiente año, durante la 17a sesión del Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas en la sede de la ONU en Nueva York denunció: “Nuestro pueblo fue reducido a cinco personas. Hoy somos 58 con la tierra homologada desde 1998. Sin embargo, los madereros, los mineros, los agricultores y los invasores actúan de forma incansable. El gobierno brasileño no protege el territorio”

Las evidencias de esta hostilidad contra los indios también se traducen en deforestación. Un análisis utilizando los datos del Programa de Seguimiento por Satélites del Instituto Nacional de las Investigaciones Espaciales (Prodes-INPE) indica crecientes derrumbes dentro y en el entorno de los territorios. El último análisis disponible (de agosto de 2017 a julio de 2018) revela que fue el período con mas alta deforestación dentro de las tierras karipuna y uru-eu-wau-wau en los últimos diez años - 460 hectáreas y 690 hectáreas respectivamente.

Una hectárea equivale aproximadamente a un campo de fútbol.

Ampliándose el análisis a un perímetro de 10 kilómetros alrededor de los territorios la presión se vuelve más visible. Desde 2008 fueron cerca de 8400 hectáreas deforestadas en el entorno de la tierra indígena karipuna y 3060 hectáreas alrededor de la de uru-eu-wau-wau. En los últimos tres años ocurrieron las mayores extensiones de deforestación en la vía de 10 kilómetros alrededor de las dos tierras indígenas: en el 2016 fueron 1460 hectáreas; en las 2017, 1660 hectáreas; y en el 2018, 1430 hectáreas.

La apertura de carreteras para extracción de madera entre los años 2016 y 2018 en el territorio Karipuna desde una perspectiva satelital. Imágenes Sentinel 2/ESA

Uno de los ejemplos recientes de la constante disputa por las tierras indígenas es la presencia de las propiedades sobrepuestas en los límites o incluso dentro de las reservas. El Registro Ambiental Rural (CAR) es el instrumento de regularización creado por el gobierno brasileño después de la aprobación del nuevo Código Forestal en el 2012. La extensión de la propiedad, así como sus áreas de preservación permanente, son autodeclaradas.

Datos recolectados por el artículo muestran que existen 325 propiedades rurales declaradas dentro del territorio uru-eu-wau-wau. Además de lo anterior, 812 inmuebles rurales tienen intersección con ambos territorios indígenas.

Para combatir el avance de la deforestación, el Ibama (la agencia ambiental brasileña) aplica multas y abre procesos de embargo a las propiedades donde se infringió la ley ambiental. De 10.996 actuaciones ambientales registradas en el estado de Rondonia (actualizadas hasta el 15 de noviembre de 2018). 1073 están en un radio de 10 kilómetros de una de las reservas y 475 están en un radio de 3 kilómetros.

En el caso de los uru-eu-wau-wau, llama la atención el hecho de que de las 21 áreas embargadas dentro de su territorio, más de la mitad de las sanciones (14) fueron aplicada después de 2015. Una actuación de este período -auto de infracción 6944, de 16 de mayo de 2017- sirve como ejemplo del tipo de delito ambiental que es practicado por los invasores en las tierras indígenas.

La multa de R$ 414 mil reales (unos 100 mil dólares) detalla que se debe al acto de “damnificar 68,342 hectáreas de bosques nativos objeto de especial preservación, no sujetos a autorización para explotación y supresión, en el área de la reserva indígena uru-eu-wau-wau, mediante la tala”.

Estos hechos aportan un patrón que se repite en la historia de Rondonia: el robo de madera y la deforestación ilegal funcionan como táctica de apropiación de tierras. Una vez deforestadas, las tierras se valorizan y, por consiguiente, son loteadas y vendidas. A partir de eso se instalan mesas de negociación para la solución del caos de tierras y, con frecuencia, lo invasores reciben el apoyo de los políticos locales y de sus representantes en Brasilia.

En una entrevista en la capital estatal de Puerto Viejo, la procuradora Gisele Bleggi del Ministerio Público Federal en Rondonia afirmó que existen evidencias de que grupos realizan la apropiación sistemática de tierras indígenas en el estado. Sin revelar nombres, dice que personas fueron identificadas actuando para tomar las tierras en varias áreas pertenecientes a los indígenas. Aún existen casos de grupos de invasores que comparten el mismo abogado. “Lo que podemos decir es que no se trata de personas humildes en busca de tierra”, reveló.

El episodio mas reciente de invasión en la tierra indígena uru-eu-wau-wau ocurrió el 12 de enero de 2019. En un video grabado por los habitantes de la aldea Línha 623, un grupo de hombres aparece en una trocha abierta dentro de los límites al este de la tierra indígena. Justo a la entrada del tramo de este bosque, existe una placa de metal del órgano responsable por el cuidado a los indígenas en Brasil, la Fundación Nacional del Indio (Funai). La placa, que indica el inicio de la tierra protegida, está llena de balas.

Juruna, uno de los líderes de la etnia, acompañado de solo tres personas más de la aldea, confronta a los invasores. “Aquí no puede, no nos vamos a dejar”, dice con arco y flecha en las manos. Su interlocutor en el video afirma que las personas que están allí “quieren tierra” y pregunta cuál sería la solución. Al escuchar Juruna repetir que en la tierra indígena no podían entrar, el hombre delgado y de barba blanca lo amenaza: “Hoy estamos nosotros aquí, mañana serán más de 200 mil. Ustedes pueden esperar”.

El líder uru-eu-wau-wau reconoce aquel que lideraba el grupo: es un vecino de por lo menos tres décadas, habitante de la misma Linha 623 (la carretera que corta el asentamiento). Fuentes mencionaron que, aunque las invasiones fuesen frecuentes en el pasado, la gran diferencia está en el hecho de que los vecinos de las tierras indígenas pasaron a apoyar la organización de invasiones.

En ese mismo enero, un episodio similar ocurrió en tierra indígena karipuna. El día 20 del mes, dos habitantes de la aldea Panorama viajaban para recibir un tratamiento de salud del Gobierno Federal cuando encontraron 20 personas dentro del territorio protegido, en un área conocida como Piquiá, que queda apenas a 8 kilómetros de la aldea. Los invasores habían ocupado un puesto de vigilancia de la Funai y se rehusaron a salir del territorio. Desde entonces los indígenas dejaron de usar la carretera que da acceso a la tierra karipuna.

Tantos los indígenas como sus defensores en las ONG y en los órganos públicos de protección de los indígenas identificaron el discurso inflamatorio del nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro como una creciente amenaza a los territorios. Durante la campaña electoral, una de sus promesas fue la interrupción de los procesos de demarcación de nuevas tierras indígenas, además de la revisión de las ya existentes. Victorioso, el gobernante viene anunciando medidas que debilitan más a la Funai, transfiriendo los poderes de demarcación de tierras indígenas, antes pertenecientes al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Agricultura.

La prometedora Rondonia

Río Jaci Paraná: uno de los principales ríos que divide Rondonia y que es habitado hace siglos por los karipuna

El mariscal Candido Rondon (1865-1958) tal vez no imaginó que un siglo después de sus expediciones a las selvas de los ríos Guaporé, Mamoré y Madeira, la tierra que hoy lleva su nombre se transformaría en un experimento económico con manchas de genocidio.

Él mismo un descendiente de indígenas, fue el fundador del Servicio de Protección al Indígena (SPI) en 1910, que años más tarde daría origen a la actual institución del gobierno brasileño para los asuntos indígenas, la Funai. Después de las expediciones a finales del siglo XIX para la instalación de líneas de telégrafo y el reconocimiento de territorios brasileños fronterizos a Bolivia, el militar se quedó en el lejano oeste brasileño con el intento de contactar tribus aisladas.

Hoy Rondonia es el único estado brasileño que honra a un personaje de la historia. El territorio de los “indígenas bravos”, sin embargo, se volvió rápidamente “la puerta de entrada a la Amazonía” cuando el gobierno de Juscelino Kubitschek inició la construcción de la vía BR-364 en los años 60. Las líneas telegráficas de Rondon allanaron el camino que sería seguido por la apertura de la carretera. Este fue el principal eje de ocupación del oeste de la Amazonia brasileña durante los años 1970, cuando la política de colonización agrícola fue impulsada por el recién instalado gobierno militar y por su nuevo organismo encargado de distribuir las tierras, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra).

La llegada de los colonos significó el contacto con diversas etnias, entre ellas muchas de grupos de la familia de los Tupi-centrales o kawahib, como los parintintins, los karipuna y los uru-eu-wau-wau. Actualmente, estas etnias tienen un hecho en común: están reducidas a un centenar de personas. Entre los uru-eu-wau-wau, que también son conocidos como jupaú, o “bocas negras”, se estima una población de 85 indígenas. Por otro lado los karipuna, que también en algún momento fueron conocidos como bocas negras, por usar los mismos tatuajes de jenipapo alrededor de los labios, tuvieron una reducción más drástica. Hoy en día, apenas 58 personas habitan en una sola aldea en el río Jaci Paraná.

Los grupos kawahib (o cauaibe) ocuparon la cuenca del río Madeira y sus afluentes en el siglo XIX y comenzaron, involuntariamente, a proteger tierras de grande importancia ambiental. Ellos están en una zona de transición entre la Amazonía y el bioma del Cerrado, donde la vegetación densa se mezcla con pastos y árboles más bajos. No obstante, la característica ambiental más importante es el relieve montañoso que alberga los manantiales de todos los ríos más vitales del estado de Rondonia. Entre ellos están los mayores afluentes de tres importantes sub cuencas amazónicas, las del Madeira, el Guaporé y el Mamoré.

Los antropólogos y sertanistas (expedicionarios que se aventuraron al interior del país) que participaron en el contacto con pueblos indígenas aislados en los años 70, sabían de la existencia de un ciclo de ataques y contraataques entre indígenas y caucheros. Por eso, cuando se inició la llegada de los colonos, solicitaron a través de la Funai, la interdicción de las áreas al oeste de Rondonia, por donde deambulaban los uru-eu-wau-wau y los karipuna.

En aquel momento, el ciclo de ocupación de la Amazonía promovido por los militares y la reacción de las colonias agrícolas andaba a todo vapor. Hoy, de los 52 municipios de Rondonia, 48 surgieron a partir de asentamientos agrícolas.

La homologación de los territorios indígenas apenas ocurrió en los años 90, a través de decretos de los presidentes Fernando Collor de Melo, en el caso de los uru-eu-wau-wau en 1991, y de Fernando Henrique Cardoso, en 1998 en el caso de los karipuna. En el intervalo de 20 años -entre el pedido de interdicción y la efectiva demarcación de los territorios- la disputa entre colonos e indígenas por la tierra ya se había profundizado. Hoy continúa.

“Después de 47 años (de la creación de colonias agrícolas) estamos viviendo problemas que podrían haberse resuelto, y la cosa se fue acomodando y acomodando por tratarse de tierra indígena”, dijo un antiguo superintendente del Incra en Rondonia, Cletho Muniz Britto, al criticar a Funai en una audiencia pública el 27 de marzo de 2018 en la Comisión de Agricultura del Senado Federal. La sesión fue convocada por el ex-gobernador estatal, el senador Ivo Cassol, para debatir la conflictiva situación de la tierra entre los colonos y los indígenas uru-eu-wau-wau.

El Incra entiende que el propio gobierno se equivocó al demarcar la tierra indígena en un área que había sido decretada como asentamiento de la reforma agraria. En 1975, un decreto expropió miles de hectáreas pertenecientes a ocho plantaciones de caucho existentes en el área, sumando un total de 533,9 mil hectáreas. Parte de este territorio fue destinado al Proyecto de Asentamiento Dirigido (PAD) Burareiro, donde fueron asentadas 1500 familias.

La Funai, entre tanto, apoyando los pedidos de sus antropólogos y sertanistas, que habían atestiguado la muerte de dos indígenas por enfermedad y conflictos, decidió la creación del territorio a través de una norma en 1978, tres años después de que los asentamientos del Incra fueran creados. Pero los documentos de la entidad prueban que la prohibición en la misma área destinada a asentamientos había sido proclamado en 1974. Por lo tanto, antes de que el Incra creara Burareiro.

Así, 105 familias fueron afectadas por la superposición con las tierras indígenas. El litigio entorno a esta área abrió un frente de invasión. El Incra, en desacuerdo con la Funai, siguió emitiendo títulos de propiedad de lotes dentro de la Tierra Indígena. Basta con comparar los datos de los antiguos lotes creados con las solicitudes de Catastro Ambiental Rural y la actual deforestación al norte de la tierra indígena uru-eu-wau-wau para notar la similitud de los polígonos.

En la sesión liderada por el senador Ivo Cassol en marzo de 2018, el abogado Ermogenes Jacinto de Souza, representante de los asentamientos del municipio de Jorge Teixeira, presentó una solicitud para el desmembramiento de un área de 52 mil hectáreas en tierras indígenas. “Si usted hiciera una comparación de seiscientos y tantos indígenas, o que haya mil indios por cada 2 millones de hectáreas, darían dos mil hectáreas para cada indígena”, dijo mientras promovía la reducción del territorio étnico.

Carta enviada por el diputado federal Lúcio Mosquini del PMDB de Rondônia al presidente de FUNAI en febrero de 2018 solicitando información sobre la posible reducción de la tierra indígena Uru-Eu-Wau-Wau

Esta misma solicitud fue respaldada un mes antes por el diputado federal Lúcio Mosquini del MDB de Rondonia a través del Oficio 110 de su gabinete, enviado el día 15 de febrero de 2018 al presidente de la Funai. En el documento, el parlamentario requirió una posición del órgano indigenista sobre la posibilidad de reducción de 52.600 mil hectáreas de la tierra uru-eu-wau-wau. Un mes después, en la audiencia pública, él defendió su punto de vista: “La Funai debería flexibilizar el área antropizada (en la tierra indígena)”

Cuando estábamos en Rondonia, en la ciudad de Jaru, en la circunscripción electoral de Mosquini, pedimos a sus asesores una entrevista con el diputado. Él no nos pudo atender. Sin embargo, su asesor parlamentario Sigmar Rodrigues Nunes afirmó en una conversación por teléfono que no existe hasta el momento, por parte del parlamentario, una proposición legislativa para la reducción de la reserva indígena.

En el Congreso, los senadores reclamaron al presidente de Funai, el general Franklimberg Ribeiro de Freitas, la demora del órgano en solucionar los conflictos con los colonos. En esa época, durante el gobierno del presidente Michel Temer, el general afirmó que el órgano sería incapaz de revisar los límites creados por decreto presidencial. Por la Constitución, las tierras indígenas homologadas por el Presidente solo pueden ser revisadas a través de un proyecto de ley aprobado en el Congreso nacional.

Recientemente, Freita fue mantenido por Jair Bolsonaro en la presidencia de Funai.

En la línea de frente

El cacique André Karipuna, de apenas 26 años. Heredó el cargo y las amenazas de su hermano Adriano por denunciar el robo de madera y el grillete de tierras.

Después de 35 años viviendo en Rondonia, el fraile Volmir Bavaresco aún mantiene su acento gaucho (del sur de Brasil). Poco acostumbrado a la charlatanería, el monje dominicano de barba larga y largo cabello canoso es el coordinador regional del Consejo Indigenista Misionario (CIMI) en Rondonia. Después de años de trabajar en otros frentes del estado, acogió la defensa de los karipuna. Desde 2016 coordina acciones con los indígenas de esta etnia.

“Nuestra percepción es, si los karipuna caen, cae toda la protección de las tierras indígenas en Rondonia y quién sabe en Brasil”, alerta. El CIMI, organización de la Iglesia Católica fundada en 1972, está desde su inicio la primera línea de  los conflictos con indígenas ocasionados por la colonización de la Amazonia.

Además de la organización católica, Greenpeace está ayudando a los indígenas. A través de un proyecto llamado “Todos los ojos en el Amazonas” está monitoreando nuevas áreas de deforestación en tierras indígenas a través de sobrevuelos e imágenes satelitales.

La iniciativa de pedir ayuda al CIMI y a Greenpeace partió del propio pueblo indígena. Según el cacique André, la solicitud surgió en el momento en que ellos, los karipuna, se sintieron más aislados, sin tan siquiera el apoyo de la Funai. En la percepción del líder karipuna, en los años recientes el órgano federal los abandonó. En los últimos cinco años, el presupuesto de la fundación disminuyó de cerca de 757 millones de reales (200 millones de dólares) a 597 millones de reales (157 millones de dólares).

Aunque también originado por el conflicto con antiguos asentamientos, la amenaza a los karipuna es distinta de los uru-eu-wau-wau. Las invasiones en años recientes se deben a la extracción de madera, que a su vez requiere la apertura de carreteras ilegales dentro del territorio.

El frente de la destrucción se concentra al oeste de la tierra indígena, en el distrito de Uniao Bandeirantes. Originalmente una zona dedicada a la extracción maderera sustentable, Uniao Bandeirantes tuvo 10 serrerías con licencias al comienzo de su ocupación, a inicios del año 2000. No obstante, terminó prevaleciendo la explotación ilegal. Maderas extraídas de la tierra karipuna pasaron a abastecer las serrerías vecinas.

Los formularios y planos de manejo autorizados por el gobierno del estado de Rondonia no son asequibles al público. Al contactar a la Secretaría de Desarrollo Ambiental (Sedam) del estado, afirmó que los datos referidos a las autorizaciones no podrían ser enviados.

El Ministerio Público Federal, sin embargo, solicitó mediante una acción civil pública en julio de 2018 una auditoría de los planos de manejo vigentes en el entorno de la tierra indígena karipuna. hasta el cierre de este reportaje, ni los mismos procuradores habían recibido los datos sobre los planos del manejo de Uniao Bandeirantes

Otra preocupación es el surgimiento de pleitos sobre la tierra karipuna. Es posible encontrar en internet una serie de videos en el que el representante de la empresa de ingeniería Amazon Gel, Ediney Holanda da Silva, en encuentros con productores rurales de Uniao Bandeirantes, detalla procedimientos para la obtención de documentos de posesión de tierra en territorio indígena.

Según él, se trata de “algo grande” que tiene gente poderosa por detrás. “Las personas que critican no saben que las autoridades están de nuestro lado”, dice, alertando a su público que los grupos de Whatsapp de Bandeirante deben ser más discretos. “Veo a un hombre posteando fotos de pedazos de madera, y el hombre ni sabe que está siendo monitoreado por la Policía Federal”. (Vea el video acá).

A pesar de participar en reuniones como principal representante de la empresa, Ediney no figura como socio. Una búsqueda del registro de Amazon Gel en la Secretaría de Hacienda de Rondonia revela que la empresa con número tributario 26.244.487/0001-41 funciona con sólo un socio, Cristiane Gomes da Silva.

Habilitada para realizar servicios de ingeniería civil, no hay en el registro autorización de Amazon Gel para realizar servicios de topografía, medición de tierras y georreferencia por satélites. Estas son generalmente las capacidades requeridas para la regularización de tierras.

Nelson Bispo dos Santos: preso en el 2017 acusado de vender lotes dentro de la tierra uru-eu-wau-wau

La venta o la facilitación de tierras dentro de los territorios indígenas es una actividad común en Rondonia. En Ariquemes, la segunda ciudad más grande del estado, encontramos a Nelson Bispo dos Santos. Bahiano de nacimiento, criado en Minas Gerais, está desde hace tres décadas en la tierra de Rondón. En el 2017, él y otras 19 personas fueron detenidas en la Operación Jurerei de la Policía Federal que investigó la venta de lotes dentro de la tierra indígena uru-eu-wau-wau.

Según las investigaciones, Santos, a través de la organización que coordinaba, la Asociación de los Productores Rurales de la Comunidad Curupira, estaba incentivando la invasión de tierras protegidas. Una de las pruebas fue encontrada en el celular de uno de los ocupantes aprehendidos por los indígenas dentro de la reserva en el 2017. En un video filmado en enero por él mismo, Santos aparece en un discurso exhortando a que los propietarios rurales “se apropien y cuiden sus lotes”.

A la espera de una sentencia, Bispo vive en un barrio residencial de Ariquemes, donde cumple prisión domiciliar. Utiliza una tobillera electrónica. En una tarde del día 22 de febrero, nos recibió para una entrevista y nos mostró los documentos que justifican, en su opinión, el derecho a la tierra dentro del territorio indígena. Uno de ellos es exactamente un documento del Catastro Ambiental Rural, por más de 4000 hectáreas, autodeclarado dentro del territorio Uru-eu-wau-wau.

De acuerdo con información de la Policía Federal, la asignación de lotes era el modus operandi de una banda que estaba acorralando a los indígenas. Las ventas de lotes son una fachada para la deforestación. En las fiscalizaciones ya fueron encontrados lotes desde 1500 a 2000 reales (550 para la deforestación) por fanegada (cerca de 24 metros cuadrados), un precio ínfimo comparado con el valor de la tierra en la región. Allí el precio de la fanegada es por lo menos 20 veces mayor - de 20 mil a 40 mil reales.

Si existe alguien que no les cree el cuento de los títulos de tierra es Joao Alberto Ribeiro, 61 años, actual jefe del Parque Nacional Pacaás Novos, un área de 765 mil hectáreas que está sobrepuesta en el territorio indígena. En sus acciones de fiscalización -que ocurren cada 15 días- el funcionario público ya encontró tres veces mapas con los planos de lotes que suman 60 mil hectáreas dentro de la tierra indígena. “Eso es cosa de un profesional”, señala.

El ejemplo citado por él como un peligroso precedente en Rondonia es el Bosque Nacional del Buen Futuro. El área que una vez tuvo 280 mil hectáreas y sufrió un ataque masivo por madereros, pasó a tener 97,3 mil hectáreas. Hubo fallas del Ibama al no mantener una fiscalización a la altura. Se instalaron villas y hasta aserraderos dentro de la reserva. En el 2008, en la época del gobierno Cassol, un escándalo legislativo entre el gobierno estatal y federal permitió la reducción de esa área de conservación, validando la tesis de que quienes ocupan ilegalmente la tierra en algún momento pueden asegurar su posesión.

“Y así viene en dominó”, dice Ribeiro en referencia a las constantes invasiones ocurridas en áreas de conservación y tierras indígenas en el estado. Como fray Vomir Bavaresco y la procuradora Giselle Bleggi, él cree en una acción concertada para la invasión de tierras en áreas protegidas en Rondonia.

Una característica común encontrada por todos los aliados de los indígenas y funcionarios públicos responsables de defenderlos con quien conversamos es que ellos también se sienten amenazados. Joao Alberto tiene casos cinematográficos de como salió de las emboscadas armadas por los madereros. La situación llegó a tal punto que los fiscales del Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBIo) no pueden utilizar más el puesto de fiscalización en las proximidades del parque. “Son varias las amenazas, genéricas y específicas. La gente se entera por terceros”, dice.

Ivaneide Bandeira, fundadora de la ONG Kanindé, que hace dos décadas defiende asuntos indígenas y ambientales en el estado de Rondonia, no duda de que la situación se ha deteriorado con el ascenso de Bolsonaro al poder. Según ella, los invasores se sienten “empoderados”.

Ella define su situación como extremadamente frágil. Relata que el mismo día en el que hicimos la entrevista, se había encontrado con un grupo de indígenas que la alertaron para que no usara una camiseta de fútbol con el logo de Karindé. “Actualmente somos un objetivo”, lamenta.

Con las manos sobre un mapa que muestra los límites del territorio uru-eu-wau-wau, Neidinha (como es conocida) explica que el avance por los dos lados de la tierra protegida es “problemática”, ya que en el centro de la tierra indígena existen tres pueblos aislados. “Es una tierra rica y tiene muchísima gente queriendo acabar con ella”, dice.

Sin embargo, si desde que inició la colonización de Rondonia los conflictos alrededor de las tierras indígenas parecen incesantes, ¿cuál sería la diferencia bajo el nuevo gobierno de Bolsonaro? “La gran diferencia ahora es que la invasión está yendo hacia arriba de la aldea”, dice la activista.
Pocos días antes del cierre de este reportaje, recibimos informaciones de la ONG de Neidinha, Kanindé, sobre nuevas invasiones, ocurridas a lo largo de marzo y principios de abril. Es decir, justo después de nuestra visita. Esta vez, las entradas ocurrieron en la Linha C5 cerca de la aldea Alto Jamari, al norte de la tierra indígena. La aldea de Bahira y su tío Awapu.
En un vídeo publicado el día 02 de abril, los propios invasores hablan en 400 familias instaladas en la tierra indígena. Dos días después, agentes de la policía militar ambiental hicieron acción de emergencia con sobrevuelo y búsquedas en el área. Se encontró el barracón de una asociación aún desconocida en invasiones anteriores. Hasta el momento, los invasores no fueron retirados y no hubo acción del gobierno federal.

Este reportaje recibió el apoyo de Rainforest Journalism Fund a través del Pulitzer Center for Crisis Reporting.

Una olla a presión

Sant’ana Júnior también fue atacado directamente por WPR - São Luís Gestión de Puertos y Terminales. La empresa lo acusó de actuar contra el puerto en nombre de la Universidad Federal y exigió la apertura de un proceso administrativo contra el profesor. La institución fue amenazada con un proceso (imagen abajo) en caso de que no fuesen “impedidas tales prácticas abusivas e ilegales”.

FRAGMENTO DE LA DENUNCIA DE LA WPR CONTRA EL PROFESOR HORACIO ANTUNES DE SANT'ANA JÚNIOR, ENCAMINADA A LA UNIVERSIDAD FEDERAL DEL MARANHÃO EN FEBRERO DE 2018.

(Sobre la hipótesis de la Universidad Federal de Maranhão de dejar de atender lo solicitado en esta notificación, lo que no se cree que vaya a ocurrir, la WPR enfatiza que tomará las medidas judiciales pertinentes contra todos los involucrados, sea por acción deliberada o sea por omisión irresponsable). Fragmento de la denuncia de la WPR contra el profesor Horácio Antunes de Sant’ana Júnior, dirigida a la Universidad Federal de Maranhão en febrero de 2018.

La universidad se encogió de hombros ante las amenazas. Por otro lado, investigando en redes sociales, la WPR encontró combustible para acusar a un defensor público y a un juez estatal de actuaren coordinadamente con entidades civiles en defensa de la comunidad del Cajueiro. El defensor público recibía y dirigía las denuncias de los habitantes, mientras que el juez hacía seguimiento de las mismas en la judicatura estatal. Ambas partes están alejadas del caso.

Mientras tanto, la balanza del Tribunal de Justicia de Maranhão sigue pesando contra los habitantes locales. En una decisión favorable al terminal privado, el juez Lourival Serejo describió a São Luís como una ciudad con un “evidente perfil portuario”. Ya en un pedido del Ministerio Público Federal, para que la licencia del puerto fuese debatida en audiencias públicas y para que fuese aclarada la posesión de las tierras donde avanza la obra, fue archivada sin ninguna evaluación. El área es disputada entre la comunidad local y las empresas.

Cuestionado por el reportaje, el gobierno de Marañón admitió que está otorgando licencia al puerto sin una definición en cuanto a la posesión de las tierras. “El gobierno del Estado señala que el caso está pendiente de diversas acciones judiciales (...) en donde se discute, entre otros, el derecho de posesión y propiedad del inmueble en disputa. Compete al Poder Judicial decidir sobre la posesión del inmueble”, dice en un comunicado a la Secretaría de Comunicación Social y Asuntos Políticos del Gobierno del Maranhão (consultar aquí el comunicado).

Para el Ministerio Público Federal, ninguna licencia podría ser emitida sin un golpe de mazo de juez en cuanto a la propiedad del territorio. “La propiedad formal del área por los habitantes locales no fue tenida en cuenta en el proceso de licencia. La invisibilidad sobre los derechos de la población alimenta el conflicto agrario. Ese es el aspecto más grave del proceso de licencia”, señala el procurador de la República en Maranhão, Alexandre Soares.

Tan grande atropello de procedimientos legales no sorprende a Marco Antônio Mitidiero Júnior, doctor en Geografía y profesor de la Universidad Federal de Paraíba. Para él, desde el período colonial (1500 - 1822) hasta ahora la violencia física o simbólica siempre fue la principal mediadora de los conflictos por tierras en el Brasil, y no una actuación ajena del Estado o del poder judicial. "Si hay una disputa entre un gran terrateniente de tierras improductivas y un colectivo de campesinos que quieren en ellas producir, la justicia pienza siempre como el hacendero o el empresario", dijo el investigador de conflictos agrarios.

Tierra de tantos dueños

El Maranhão no es distito del resto de la Amazonia, donde el caos agrario multiplica los títulos de las tierras y permite que oportunistas saquen de sus bolsillos documentos garantizando lotes desde la época de las "sesmarias" - grandes porciones del territorio dedicadas a la agricultura y a la ganadería en el Brasil colonial. Un caldo de cultivo que amenaza el futuro de los que no tienen poder económico o político.

Claro contraste con el escenario que Massinokou Alapong encontró en el Cajueiro a mediados del siglo XIX. La negra traída de Costa de Oro (hoy Ghana, en África) tanto encanto ha visto en aquel escenario de selva y mar que allí construyó el Terreiro de Egipto (plaza de Egipto). Aún reclamado por la selva, el lugar sigue siendo de referencia para las religiones africanas. Abrigó a muchos fugitivos del látigo de la esclavitud. De vez en cuando, el son de los tambores aún allí resuena.

Las actividades regulares en la plaza llegaron a la década de 1960. La iglesia Evangélica llegó un poco antes. Hoy, casi todos los habitantes de Cajueiro están relacionados a esa religión. Se dedicaron siempre a la agricultura, la pesca y a la extractivismo. Costumbres que allí cultivaron o cargaron de diferentes regiones de Maranhão y de otros rincones del país.

Arreglando la atarraya en el balcón de su hogar, Carlos Augusto Barbosa (62) cuenta que el acceso a las playas se complicó y que la cantidad de peces disminuyó con la obra del puerto. Atendiendo al llamado de familiares, llegó a la región a comienzos de los años ochenta. Migró del municipio de Guimarães, ubicado a 200 kilómetros de allá. “Antes, aquí en el Cajueiro teníamos peces y playa cerca de la gente. Desde hace años la situación solo empeora. Nadie nos apoya”, alega.

Mismo con raíces arraigadas en la historia, la permanencia de los habitantes en el lugar sigue sobre la cuerda floja. Siguen invisibles en proyectos dibujados por los gobiernos y sector privado. La brasileña Suzano, una de las mayores productoras de celulosa y papel del mundo, tuvo planes para un puerto en la misma ubicación. Una voz de aliento vino en 1998, cuando la posesión colectiva del territorio por los habitantes locales fue reconocida por el gobierno estatal.

En esa época, Marañón era nuevamente comandado por Roseana Sarney, hija del ex-presidente José Sarney. Parte de una familia con fuerte influencia en la política estatal y federal, fue elegida gobernadora en 1994 y 1998. Asumió el gobierno más una vez en el 2009, sustituyendo al gobernador destituido Jackson Lago. Al año siguiente, fue reelegida. Sin embargo, renunció en los últimos días de 2014, alegando problemas de salud.

El mandato acabó en manos del presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado estatal Antonio Arnaldo Alves de Melo (MDB), ya que el vice-gobernador también había renunciado. En la víspera del Año Nuevo, Melo publicó un decreto quitándole el Cajueiro de sua habitantes y concedió una primera licencia para la implantación del megapuerto privado. En ese mismo período, casi veinte casas en la comunidad fueron demolidas por matones.

Uno de los primeros actos del próximo gobernador de Marañón, Flávio Dino (PCdoB), fue revocar la desapropiación del territorio de Cajueiro. En la balanza, sopesaron los conflictos ya evidentes entre la comunidad y los empresarios y la necesidad de más estudios sobre los impactos socioambientales de la implantación del puerto.

A comienzos de 2015, representantes del gobierno estatal escucharon a los habitantes y a las entidades civiles, y participaron de reuniones en la comunidad. En mayo del siguiente año, Dino garantizó a la viceprocuradora general de la República, Deborah Duprat, que buscaría soluciones para el conflicto. En la práctica, fueron promesas inocuas.

“El gobierno de Maranhão se volvió cómplice de todas las irregularidades y crímenes cometidos en el Cajueiro y pasó a cargar en su espalda la responsabilidad de todo el desastre ambiental y social que el emprendimiento ya provocó y que continúa provocando”, evalúa el profesor e investigador Horácio Sant’ana Júnior, de la Universidad Federal de Maranhão.

A pesar de la posesión colectiva concedida en 1998 a los habitantes del Cajueiro, las tierras donde el puerto es construido fueron compradas por la WPR - São Luís Gestión de Puertos y Terminales en el período electoral de 2014, en una negociación con la BC3 HUB Multimodal Industrial. Esa pertenece a Helcimar Araújo Belém Filho (49), abogado y vicepresidente de Desarrollo Operacional del Consejo Directivo del Consejo Consejo Regional de Contabilidad de Maranhão, y a Carlos César Cunha (64), dueño del Club CB450, casa de fiestas populares en la Villa Embratel, en la periferia de São Luís. Sus nombres están vinculados a empresas habilitadas a la compra y venta de tierras, operación de puertos, minería, generación de energía y manejo maderero.

Hace casi una década, Belém Filho se acercó de consultores de Brasil, Suiza y Reino Unido, los cuales plasmaron en el papel el proyecto Atlántico Ecuatorial. Una empresa del mismo nombre fue creada en la municipalidad de Nova Lima, estado de Minas Gerais, por Belém Filho y Willer Hudson Pos, ex presidente de la Fundación del Medio Ambiente de Minas Gerais. Él también fue director del Instituto Minero de Gestión de Aguas y actuó en el conglomerado británico Anglo American, uno de los mayores grupos de minería del mundo.

Según lo planeado, un área semejante a 1200 campos de fútbol, absorbiendo la región del Cajueiro, será cubierta con patios de contenedores, terminales para tractomulas y trenes, y un puerto. El proyecto también está conectado con la extracción de hierro en el estado de Tocatins. “La mejor oportunidad de negocios con un alto retorno de la inversión”, dice una presentación del emprendimiento (consultar aquí). Después de explicarle por teléfono a Belem Filho nuestro interés en entrevistarlo sobre la obra del puerto, no atendió más a nuestras solicitudes hasta la conclusión del reportaje.

El nombre de César Cunha figura en otro conflictos involucrando posesión de tierras en la capital de Maranhão, en varios procesos judiciales y hasta en informes de operadoras de puertos en la región. Una de las comunidades presionadas por él para dejar el lugar donde viven fue Camboa dos Frades, cercana al Cajueiro y vecina de una termoeléctrica que abastece una gran parte del estado.

“Él llegó diciendo que era dueño de las tierras, que iría a pagar por nuestro bienes. Muchas personas vendieron y salieron, pero hasta ahora no recibieron lo negociado. No podemos instalar energía, ni abrir una calle o una parcela. No hay nadie a quién pedir auxilio, es solo a puerta cerrada”, dice Maria do Ramo Coelho Santos (44), ex-presidente de la Asociación de Habitantes de Camboa dos Frades.

Según estudios publicados por profesores y alumnos de Geografía de la Universidad Federal del Maranhão, los primeros habitantes llegaron a Camboa dos Frades alrededor del año 1920. En un informe de la Empresa de Administración Portuaria del Maranhão, gestora del vecino Puerto de Itaquí - uno de los más grandes del país -, las tierras de Cunha suman más de 240 hectáreas en la región. “Compré (tierras en la localidad) en 1975”, dijo a la reportaje el dueño del Club CB450. En aquella época él tenía 20 años de edad.

Un posible esquema que involucra la falsificación de documentos para la posesión de tierras de las comunidades rurales de São Luís es investigado desde hace más de 2 años. Para avanzar, la indagación necesita del apoyo de órganos estatales de los poderes ejecutivo y judicial. “Incluso con títulos precarios sobre gran parte del territorio, debería valer la usucapión para asegurar la permanencia de las comunidades en los territorios donde tradicionalmente viven”, dijo una fuente del gobierno de Maranhão, que prefirió no ser identificada para no verse perjudicada profesionalmente.

Unidos por el puerto

Además de la confusión en cuanto a la propiedad de las tierras y a las repetidas denuncias de agresiones contra los habitantes locales, la obra del puerto en el Cajueiro está relacionada con empresas investigadas por fraude y corrupción.

De acuerdo con la operación Greenfield, disparada por la Policía Federal en 2016 para investigar fraudes en fondos de pensiones, en aquel tiempo la WPR - São Luís Gestión de Puertos y Terminales y la contratista paulista WTorre eran de un mismo grupo controlado por el empresario Walter Torre Júnior. La Greenfield ata su nombre a siete empresas con las mismas iniciales WPR, incluida la implicada en el nuevo puerto de São Luís. La WTorre también está vinculada a proyectos de edificios comerciales, astilleros, plazas de montadoras de vehículos y al Allianz Parque, el estadio del Palmeiras, campeón brasileño de fútbol en 2018.

Investigaciones sobre crímenes financieros y desvío de recursos públicos de la operación Lava Jato - iniciada hace 5 años, también por la Policía Federal - apuntan a que WTorre habría recibido R$ 8 millones (US$ 4,6 millones) en sobornos para que la constructora OAS venciese en una licitación pública, quedándose con una obra para Petrobras. La estatal brasileña actúa en 25 países en actividades de producción, refinamiento, venta y transporte de petróleo, gas natural y derivados.

Walter Torre Júnior y WPR también son investigados por la 8a Jurisdicción Criminal de São Luís, justamente por crímenes ambientales relacionados con la obra del puerto en el Cajueiro, que fueron denunciados por el Ministerio Público de Maranhão. En la lista, se encuentran la muerte de animales silvestres y la destrucción de la selva y los manglares en áreas protegidas por la legislación federal y fuera de los límites autorizados por los órganos públicos.

Buscando siempre el apoyo político para sus negocios, WTorre invirtió casi R$ 10 millones (cerca de US$ 2,6 millones) en las elecciones de 2010 y 2014, patrocinando candidatos de todas las regiones del país. Flávio Dino recibió de las empresas una de las mayores donaciones individuales en su victoriosa campaña de 2014 - más de R$ 250 mil (US$ 64 mil) -, posteriormente tras el aporte de empresas de gas, minería y de construcción civil. Casi 40% de los recursos de la campaña de Dino fueron gracias a esos sectores. El restante vino de su partido político.

En el año siguiente, el financiamiento privado de las campañas electorales fue prohibido por el Tribunal Supremo Federal, quien vio en la práctica una válvula de escape para la corrupción. Las elecciones en Brasil cuentan ahora con donaciones de ciudadanos, recursos públicos y un fondo partidario, financiado también con recursos privados.

Ex juez federal, Dino es el primero y hasta ahora el único gobernador del Partido Comunista de Brasil (PCdoB) en el país. Asumió su primer mandato alimentando las expectativas de acercamiento con los movimientos sociales y de rompimiento con décadas de dominación política del estado por las familias Sarney, Lobão y Murad. En sus primeras entrevistas como gobernador electo, prometió una “revolución democrática burguesa” y un “choque de capitalismo” para Maranhão, uno de los estados recordistas nacionales en pobreza y violencia en el campo.

Dicho y hecho, el gobernador no se ha reservado adulaciones políticas para atraer inversiónes privadas al estado. Participó de la firma del acuerdo entre China Communications Construction Company y WPR - São Luís Gestión de Puertos y Terminales para la construcción del puerto en el Cajueiro. Respaldado por secretarios del gobierno, empresarios brasileños y chinos, también celebró, hace una año, la inauguración de las obras del terminal privado.

Según el profesor de la Universidad Federal de Maranhão Horácio Sant’ana Júnior, la presencia del gobernador en ceremonias de empresarios dejó claro que los derechos de la comunidad no serían considerados. Según él, desde entonces el gobierno oculta debajo del tapete las agresiones a los habitantes, las irregularidades en el proceso de licencia, los crímenes ambientales y la turbia compra de tierras para la obra.

“La empresa pasó de actuar con mucha más libertad, avanzó en la deforestación, prosiguió con el derrumbe de casas y con los intentos de chantajear a los habitantes que quieren permanecer en el territorio. El gobierno de Maranhão es cómplice de las irregularidades y crímenes, y carga a sus espaldas con la responsabilidad por todo el desastre ambiental y social que ese emprendimiento que ya provocó y que continúa provocando. Los habitantes fueron abandonados a su suerte”, constata el investigador.

Área protegida bloqueada

Otra campaña beneficiada por la WTorre fue la de José Sarney Filho, hermano de la ex-gobernadora Roseana Sarney. Los R$ 300 mil (US$ 77 mil) donados por la empresa fueron el mayor aporte que el candidato recibió del sector privado en la campaña de 2014. Asumió su noveno mandato como diputado federal al año siguiente, por el Partido Verde del Maranhão.

Después de ser nombrado ministro de Medio Ambiente por el ex-presidente Michel Temer, se sumó al coro contrario a la creación de una reserva extractiva que cubriría hasta 16 mil hectáreas de selva y una decena de comunidades, incluida la del Cajueiro.

“Por lo que estoy viendo, el Gobierno del Estado está en contra, la alcaldía está en contra, los senadores están en contra. Ya indiqué estudios, pero en este caso tenemos que escuchar a todos y en momentos de crisis, como este, no podemos cortar con el crecimiento de Marañón. No estoy de acuerdo del modo en que está siendo constituida esa reserva, voy a indicar al ICMBio que examine ese asunto”, mencionó el ministro en una reunión en la Federación de Industrias del Estado de Marañón, en Junio de 2016.

El ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad es responsable de la creación y gestión de los parques nacionales y de otras áreas protegidas federales. En una reserva extractiva, las reglas permiten que comunidades convivan con ambientes preservados. El modelo es fruto del trabajo de caucheros como Chico Mendes. El líder contra el avance del latifundismo en la Amazonía fue asesinado a tiros con escopeta en 1988, en el estado de Acre.

Los habitantes de Cajueiro esperan desde 2003 la creación de la Reserva Extractiva de Tauá Mirim, donde podrían ser asentados y mantener su modo de vida. Ellos son indemnizados y deslocados individualmente para la construcción del puerto, despedazando lo que un día fue una comunidad. Muchos aceptaron indemnizaciones por los lotes y las casas, enfrentando un futuro lejos de la selva y distante del mar.

“Las indemnizaciones son una expectativa de mejora de vida, pero sin embargo, el dinero se acaba y muchas personas no saben vivir fuera de aquí. Sin estudios, las mujeres trabajarán como aseadoras y los hombres terminarán en el alcohol”, dice Lucilene Raimunda Costa (61). Ella vive en Cajueiro hace más de dos décadas, pero frecuenta la comunidad desde cuando tenía 5 años.

Para el diputado estatal Wellington do Curso (PSDB), una solitaria voz crítica del gobierno de Flávio Dino en la Asamblea Legislativa, la reserva extractiva mitigaría los impactos del megapuerto sobre la selva y las personas. No obstante, él no ve perspectiva para el futuro del Cajueiro, pues la voz de quien resiste al exterminio de la comunidad no resuena en los órganos que deberían velar por sus derechos.

“Las personas son desplazadas para un lugar completamente distinto de donde nacieron o vivían de la pesca o la agricultura. ¿De qué vivirán? No tienen empleo, no tienen jardines infantiles, no tienen escuela, no tienen calidad de vida. Miseria, criminalidad, violencia, prostitución y tráfico de drogas acostumbran a acompañar el futuro de poblaciones desplazadas a la fuerza”, protesta.

De los ex gobernadores de Maranhão, Jackson Lago dio luz verde a la reserva extractiva, mientras que Roseana Sarney dijo no a la área protegida. Hasta ahora, el Ministerio Público Federal espera un desempate del gobierno de Flávio Dino sobre el futuro de Tauá Mirim.

Los estudios para su creación están listos y su diseño desvió el sítio del puerto Brasil-China, pero esta área se enfrenta con planes para la construcción de más infraestructura logística y de transportes, y hasta de una base de la Marina. También hay presión política para convertir casi toda la isla de São Luís en una zona industrial. Cansadas de esperar, las comunidades declararon la reserva creada, en el 2015. La medida no tiene efecto legal o práctico pero aumenta el clamor de aquellas poblaciones por la permanencia en el territorio tradicional.

“Las comunidades tienen derecho a una respuesta del Poder Público, pero el escenario es desfavorable para la reserva, ya que la protección del ambiente y de las comunidades está sometida a un juego de fuerzas completamente desigual. Esas poblaciones están sub representadas en el aspecto político ante empresas que tienen una gran capacidad de influencia, sin olvidar la del Gobierno de Maranhão, que habla en nombre de esos intereses empresariales”, analiza Alexandre Soares, procurador de la República en Maranhão.

Según el comunicado enviado por el Gobierno Estatal, “todas las previsiones que competen al poder público estatal están siendo tomadas, considerando la importancia de la inversión, al igual que la seguridad de los habitantes del área, la preservación del medio ambiente y el respeto a la etnia y al ejercicio de los cultos de las religiones de origen africano”. También afirma que en “relación a las denuncias señaladas por la comunidad, el Gobierno de Estado reitera el pleno acompañamiento por parte de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos y Participación Popular, en reuniones y audiencias públicas realizadas para el diálogo con la población local”.

Un tablero global

De acuerdo con el diputado estatal Wellington do Curso (PSDB), ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Asamblea Legislativa de Maranhão, las crisis como la que asombra a la comunidad del Cajueiro podrían tener otro desenlace si la legislación fuese respetada y si la población fuese escuchada desde la planeación para la ocupación del territorio por emprendimientos privados apoyados por el Poder Público.

“Nadie está en contra del desarrollo, desde que ocurra de forma ordenada y sustentable. Si la obra del puerto hubiera sido precedida por un amplio debate, no habría sido forzada por la garganta de la sociedad y de la comunidad local. São Luís y el Maranhão no necesitan crecer dándole la espalda al futuro de las personas”, dice.

Al mismo tiempo, Marco Antônio Mitidiero Júnior, de la Universidad Federal de Paraíba, defiende que no se pueden desprender las agresiones sociales y ambientales registradas en el Cajueiro de las crecientes inversiones de la “especulación financiera global” en la producción de soya, carne, hierro y otros commodities agropecuarios y minerales en Brasil.

“Tales inversiones van en contra de la vida y de los derechos de las comunidades campesinas, quilombolas (descendientes de esclavos), ribereñas e indígenas, considerándolos como obstáculos a ser desplazados de donde viven con violencia, con la participación del Estado y del poder judicial”, explica.

Según Mitidiero, la preocupación sobre una influencia desmedida del poderío económico internacional en el destino de las comunidades rurales brasileñas creció con la llegada a la Presidencia de la República del extremista Jair Bolsonaro. Elegido en el 2018, Bolsonaro ha estructurado un gobierno militarizado, opuesto al respeto del modo de vida de las poblaciones rurales e indígenas y aún más abierto al ideal de sectores retrasados del agronegocio.

En sus discursos, Bolsonaro prometió que “no habrá un centímetro para más delimitación” de tierras indígenas, que esa población será integrada a la sociedad urbana y que tendrán sus tierras abiertas a la minería y la agricultura. También comparó a los indígenas en sus reservas con animales en zoológicos y afirmó que los quilombolas no sirven “ni para procrear”.

“Todo (en el nuevo gobierno) apunta a una mayor concentración y apropiación de los territorios, con la supresión de los derechos de indígenas, quilombolas y de la conservación de la naturaleza, abriendo más espacios a los mercados internacionales de tierras y commodities”, señala el investigador de la Universidad Federal de Paraíba.

Las fotos utilizadas en el reportaje de Maranhão son de "Ingrid Barros", de "Aldem Bourscheit", de "Reprodução de Redes Sociais e CRC/MA", de "CCCC" y de "Fiema". El video, reproducción de "Debate Luta"

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