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El Bajo Atrato y el Darién chocoano: naturaleza cercada

 

La historia de Riociego es la misma de otras comunidades de la Cuenca del Río Salaquí y de todas las del Bajo Atrato y el Darién chocoano, en el extremo nororiental de Colombia, más cerca de la frontera con Panamá que del centro del país donde se toman las decisiones. 

Son zonas pobladas por colonos -la mayoría afrodescendientes- llegados de varios puntos del Chocó y Urabá desde los años 30 y que, con la Ley 70 de 1993, se convirtieron en territorios colectivos donde conviven cerca de varios resguardos indígenas.

Su ubicación es la principal razón de su vulnerabilidad. Aparece mencionada en las decisiones judiciales que han contribuido a la salvaguarda de sus derechos y en la exigencia para que los daños ocasionados durante las últimas cuatro décadas sean resarcidos.

Cuando en 2013 la Corte Interamericana de Derechos Humano condenó al Estado colombiano por las muertes y el desplazamiento de miles de habitantes de 23 comunidades en el marco de la Operación Génesis realizada por el Ejército nacional, aseguró que “dichas comunidades se asientan en una región de gran importancia geoestratégica en el conflicto armado, en particular para los grupos armados al margen de la ley (…) que han buscado esta región como corredor de movilidad, para tráfico de armas y estupefacientes, por lo que presionan la tala de especies nativas, procediendo a la siembra de coca, palma aceitera y banano”.

En septiembre de 2018, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) priorizó la investigación de los hechos cometidos entre 1986 y 2016 por las Farc y las Fuerza Pública en el Urabá antioqueño, el Darién chocoano y el Bajo Atrato como uno de sus primeros casos. El conflicto los atacó “en razón a su ubicación geoestratégica y la pretensión de crear polos de desarrollo en infraestructura de conexión intercontinental e interoceánica por sus rutas de acceso y corredores estrechamente asociados”, explicó el brazo judicial del sistema de justicia transicional que nació con el Acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc de 2016.

La historia después de la negociación de paz tiene el mismo escenario, dos nuevos protagonistas y a la misma comunidad en el centro: en septiembre de 2015, en momentos en que los guerrilleros de las Farc se preparaban para dejar las armas, ingresó una disidencia de los antiguos paramilitares de las AUC que se hace llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y que el Gobierno bautizó Clan del Golfo. Meses después, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tomó posición de otros territorios, desde las selvas del Baudó y las costas del Pacífico hasta las cabeceras del río Truandó.

En el Atrato, el río sujeto de derechos que atraviesa el Chocó de sur a norte, terminan las aguas de decenas de ríos, quebradas y ciénagas que conforman las cuencas del Bajo Atrato y el Darién, a donde decenas de comunidades sobreviven a las difíciles condiciones generadas por la disputa del territorio entre los grupos armados por los negocios de narcotráfico y tráfico de madera. Fotografías por: Carlos Alberto Gómez.

El Truandó es el más estratégico entre todos los afluentes del río Atrato –el más importante del Pacífico colombiano- porque es la salida fácil hacia Panamá, el Océano Pacífico y el complejo de ciénagas que interconecta todo el Bajo Atrato con el Darién y el río Atrato hacia el Atlántico. Por eso cumple ya dos años en medio del fuego.

Solo los organismos humanitarios han ingresado a la zona y la comunidad sigue bajo indefensión. Durante el último año, la Defensoría del Pueblo ha expedido cinco alertas tempranas advirtiendo sobre el riesgo para la población afro e indígena en la zona del Bajo Atrato y el Darién, pero la situación se agrava cada vez más.

“No hay forma de que una piraña entre allí”. Así explican algunos la ausencia de Gobierno, casi normalizando el dominio de los armados.  

Funcionarios de la Defensoría del Pueblo calcularon que cada semana ese organismo y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) tienen que sacar de Riosucio a una familia en situación de desplazamiento forzado por las amenazas contra su vida

El desmonte del Darién

Chocó, una región tupida y húmeda más biodiversa incluso que la selva amazónica, ha perdido en los últimos cinco años un promedio de 25 mil hectáreas de bosque. 

Las alertas emitidas durante 2018 por el Ideam –el instituto meteorológico nacional que monitorea la deforestación- indican que los municipios de Riosucio, Bajo y Medio Baudó tienen los núcleos más avanzados de deforestación. En total, hubo alertas para 13 municipios y el 43% de la pérdida de bosque en el año se concentró durante el segundo trimestre – es decir, en esta misma época hace un año.

Edersson Cabrera, coordinador del grupo de monitoreo de bosques del Ideam, asegura que en todo el Pacífico la mayor presión se debe a la siembra de cultivos de coca y la minería criminal, pero hay también informes preocupantes sobre las consecuencias de la tala selectiva -legal e ilegal- en el Bajo Atrato.  

En 2016 se calculaba que el comercio ilegal de madera en el mundo representaba hasta 100 mil millones de dólares anuales y es culpable del 90% de la deforestación, según reportó la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (Iufro).

En Colombia, donde el problema es agudo, el Comité interinstitucional de control al tráfico de fauna y flora tomó medidas: desde diciembre de 2018, es necesario un salvoconducto para cualquier acopio, transformación, movilización o comercialización de especies.

Adicionalmente, el Ministerio de Ambiente aumentó cuatro y cinco veces el precio de la tasa por especie de las especies de árboles más vulnerables, que es un impuesto para la comercialización de la madera.

Con estas medidas se pretende es que el comercio de especies se reduzca, aunque no todos son optimistas. William Klinger, un ingeniero forestal chocoano y director del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP), cree que las nuevas medidas simplemente permitirán que los intermediarios tengan más madera.

“El error es que no tiene bases técnicas: uno debe sacarle al bosque el capital que genera interés, y en este caso es el crecimiento. Un bosque crece alrededor de 20 metros cúbicos por año y, si no se le permite crecer, el agotamiento del bosque prácticamente es irreversible”, explica.

Las cifras de Colombia como exportador de madera no son claras. El país solo aparece documentado como exportador de teca, una madera que no es considerada como tropical, en los informes de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales. Sin embargo, en las reseñas de la situación de maderas de esa misma organización  sí aparece como productor de 2.100 metros cúbicos de madera tropical en 2016.

Igual ocurre en los datos nacionales. El Centro Virtual de Negocios que hace medición independiente de los negocios internacionales,  indica que entre 2017 y 2018 salieron por el puerto Turbo 28 kilos de madera, por Barranquilla 1.382 y por Cartagena 2.444 de madera tropical, pero el informe de exportaciones del Dane (la entidad nacional de estadísticas) reporta exportaciones nulas en 2017 y 1.410 toneladas el año pasado.

Para Manuel Rodríguez Becerra, el primer ministro de Ambiente del país, en la práctica las alertas son inútiles. “Sirven como una cronología de la tragedia”, dice.

“El problema de fondo en la deforestación es la falta de control del Estado. Somos un Estado fallido en esas regiones transfronterizas”, añade.

En el Bajo Atrato y el Darién la tala indiscriminada de árboles es una herencia de la empresas madereras de los años 50. Por supervivencia para los nativos o por negocio para los traficantes, a diario caen miles de árboles que están dejando bosques sin mucho valor y con peligros inminentes por su proximidad al Parque Nacional Natural Los Katíos y el Tapón del Darién. Fotografías por: Carlos Alberto Gómez.

Los incendios de un parque

Durante la primera semana de abril de este año, en el Parque Nacional Natural Los Katíos – al extremo norte el Bajo Atrato- se quemaron 1.800 hectáreas de bosque. Lo único que pudo controlar el fuego fue un aguacero en un área protegida porque es el puente de intercambio de fauna y flora entre Centro y Suramérica.

Esto significa que muchas plantas y casi todos los mamíferos grandes que hacen parte de nuestra flora y fauna entraron a Colombia y a Suramérica por el Darién. Y lo siguen haciendo, como el jaguar que se mueve desde Centroamérica hasta Argentina.

Dos semanas antes, otro incendio había acabado con 200 hectáreas de bosque en la zona de amortiguamiento alrededor de este parque nacional de 72 mil hectáreas, declarado patrimonio de la humanidad por su riqueza biológica y conectado con el Parque Nacional Darién en Panamá, de 550 mil hectáreas.  

Así, durante el último verano se ha reportado un nuevo incendio cada semana.

Lo ocurrido este año hizo recordar a los expertos un incendio en 2016 que quemó 10 mil hectáreas, ocho mil de ellas de bosque, y afectó gravemente al parque nacional. Con el tiempo, las autoridades confirmaron que se trató de quemas para ampliar la frontera agrícola y para cazar tortugas.

Es una práctica que recuerda la de comienzos de los años 90 cuando los paramilitares al mando del sanguinario Carlos Castaño hicieron grandes desmontes de selva para abrir tierra para la ganadería.  

“La hipótesis más clara es que podría tratarse de ganaderos que aprovechan la estación seca para abrir tierra para sus fincas”, recuerda Rodríguez Becerra.

Las ciénagas

La tala indiscriminada afecta directamente a los cuerpos de agua, principalmente las ciénagas que sirven como reguladoras de los regímenes hídricos, porque absorben el agua cuando el río crece y la sacan cuando el río se seca. Esa inestabilidad en el circuito de las ciénagas podría ser la causa de muchas de las inundaciones que han azotado a Chocó en los últimos años.

En 2014, el grupo de estudios oceánicos de la Universidad de Antioquia hizo un estudio de la calidad del agua en los humedales del plano de inundación del río Atrato. En 18 ciénagas se detectó una baja presencia de animales, una grave señal de alarma dado que los humedales son una suerte de sala cuna para los peces, igual que los manglares: por ahí pasan, engordan, crecen y luego van a los ríos, que es cuando se producen las subiendas. 

 Por ello, explica Klinger, se ha dado pérdida de especies como los manatíes, las nutrias y las doncellas.  

Pero hay hechos que le permiten guardar esperanza, como la reaparición de una especie de pez llamado boquiancha que los investigadores consideraban extinto desde hace diez años. Luego de publicar avisos de “Se busca” por todo el Chocó, la noticia alentadora llegó de Salaquí hace un año y medio.

 “¿Es reversible? Yo creo que sí, a costos muy altos. Lo primero es recuperar las ciénagas para que el espejo aumente y lo segundo controlar las actividades forestales y la ganadería”, dice.

 La propuesta del ex ministro Rodríguez Becerra es la que impulsa desde la Gran Alianza contra la Deforestación que reúne a diversos actores de la sociedad civil: crear presión para que el Gobierno actúe y seleccionar tres o cuatro zonas críticas en orden público y sensibles en deforestación, para recuperar el control estatal, llevar bienes públicos de salud y educación y trabajar con las comunidades para frenar el desmonte. “Es complejo, pero es factible”, dice.

El motor

Fuente: Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, Unodc

“La coca es la gasolina para lograr una mayor intervención, tanto para el ganado como para la deforestación”, dice Edersson Cabrera del Ideam.

Ese combustible ya entró al Bajo Atrato y se acerca al Darién. Hasta 2017 solo unas pocas parcelas tenían pequeños cultivos de coca, lo que llaman un cuarterón. Pero llegó. Al Truandó en marzo, cuando los grupos armados autorizaron la siembra de coca, y para finales de año se replicó en todas las comunidades.

 “Nos traen la semilla, nos dan un plante, nos garantizan la compra, pero la verdad es que le vendimos el alma al diablo”, cuenta un campesino que tiene media hectárea de coca en su finca y que pidió omitir su nombre por el riesgo de seguridad que supone hablar del tema con nombre propio. 

Aún no hay reportes de 2018, pero el último censo hecho por la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (Unodc) mostró que Chocó tenía 2.611 hectáreas de coca sembradas a finales de 2017 , una cifra que apenas representa el 5% del área sembrada en Nariño (el departamento con más coca del país), pero un alarmante 44% más que en 2016. Eso muestra cómo viene creciendo rápidamente.

Cálculos de las organizaciones de derechos humanos que trabajan en la zona indican que el 80% de la población ya tiene alguna siembra de coca, la mayoría obligada.

En el Bajo Atrato chocoano, paralelo al río Salaquí se está construyendo una carretera ilegal. Los analistas del Ideam la localizaron con las imágenes satelitales con que detectan los focos de deforestación y dieron la alerta. . Las gráficas muestran tres momentos: 2017 cuando la obra no había comenzado, noviembre de 2018 cuando se inició y enero de 2019 cuando ya había avanzado 14 kilómetros.

La vía en medio de la selva

Una línea amarilla, de color más claro que la que representa un río, llamó la atención de los analistas del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Ideam.

La identificaron durante el procesamiento de imágenes del satélite PlanetLabs la convirtieron en coordenadas y la monitorearon durante varias semanas. El diagnóstico: ya existe una vía ilegal adyacente al río Salaquí, en el margen occidental del río Atrato, que se adentra en el bosque.  

Entre el 1 de noviembre de 2018 y el 2 de enero de este año avanzó 14 kilómetros, algo así como un  kilómetro cada cuatro días. A ese ritmo, en un año podría ser una vía de 90 kilómetros.

La alerta fue inmediata porque así comenzó la construcción de la Marginal de la Selva, una vía largamente anticipada por el Gobierno para unir Guaviare con Caquetá que ilegales se les adelantaron en abrir en medio de la selva amazónica. Hoy ya corre peligrosamente cerca del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, uno de los mayores tesoros naturales de Colombia y recién declarado patrimonio de la humanidad.

La zona de Riosucio donde corre la vía es selvática y, aunque no es una reserva natural ni está en la zona de amortiguamiento de un parque nacional, es poco probable que alguna autoridad ambiental otorgue permisos para una construcción de este tipo.

Los cálculos de los analistas indican que se trata de una vía que bien podría ocupar entre tres y cuatro metros de ancho, lo que permitiría el paso de un vehículo 4x4 y, si siguiera las rutas que hoy utilizan los traficantes de personas y droga, podría convertirse en la apertura del Tapón del Darién.

Aunque hoy está archivado, el proyecto para construir una vía que una a Centro con Suramérica fue bautizado hace décadas con el nombre de Transversal de las Américas e incluye un trazado de 62 kilómetros que no toca directamente Los Katíos, pero sí “incluye obras en las zonas aledañas al Parque generando presión sobre los territorios vecinos y el área protegida”, según el Atlas.

El problema es que el Darién es muy rico en diversidad biológica pero también muy frágil. “Ese camino, como cualquier otro legal o ilegal, lleva colonización y genera deforestación”, dice el ex ministro Manuel Rodríguez Becerra, añadiendo que lo único que lo ha conservado es que los panameños no tienen interés en esa obra.

Los estudios del Ideam parecen darle la razón: el 72% de la deforestación del país está ubicada a menos de ocho kilómetros de una vía.

Hay un acelerado proceso de construcción de vías ilegales, cuyo origen “es la ocupación de los espacios abandonados por las Farc que termina convertida en proyectos para mover armas, coca, madera, migrantes, oro, tropas o cualquier otra mercancía”, dice Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), que ha venido siguiendo el tema en la Amazonia.

Las consecuencias sobre la biodiversidad, las comunidades locales y en general el patrimonio colectivo, explica Botero, son enormes porque “los corredores de movilidad hoy se instalan con mano de obra local, muchas veces a la fuerza, otras con la reivindicación política y otras simplemente pagada”.

En el caso de la vía en Salaquí, no se trata de una amenaza sencilla. La posibilidad de la apertura del Tapón del Darien significaría una pérdida irreparable pues cortaría la conectividad de Mesoamérica, lo que sería tan grave como perder la conectividad entre los Andes y la Amazonía.  

“Es la tragedia clásica que pasa en el mundo tropical porque llega una carretera y viene la explotación mas básica y burda de la biodiversidad, que es carne y madera”, dice el biólogo Esteban Payán, director en Colombia de la Fundación Panthera que vela por la conservación de la ruta del jaguar en el continente.

“Ya no es un cazador que tiene una pistola, mata una danta y la lleva al hombro o arrastrada. En el momento en que entra una moto o una camioneta, ya pueden echar 20 dantas, pueden tener una nevera que les permite conservar la carne, llevar una motosierra, hacer un campamento, matar una tonelada de carne de monte sin que se pudra y volver a salir”, explica.

Todo esto, explican los expertos, causa la fragmentación de los ecosistemas. Esto significa que no hay una matriz donde los animales puedan moverse libremente por los puntos cardinales, sino que se levanta una barrera y con ello las poblaciones se separan de un lado a otro.

“Los animales no están dispuestos a cruzar la carretera, simplemente porque es abierta. Por ejemplo, una boruga o una guartinaja no se exponen a caminar por cinco metros abiertos porque un jaguar se los puede comer. O los osos perezosos pierden la capacidad de reproducirse porque no van a buscar a las hembras al otro lado de la carretera”, explica Payán.

A largo plazo, se genera una segregación genética de lado y lado.

Los jaguares, objeto principal de estudio de Payán, serían los primeros en desaparecer por la caza generada por miedo o para alimento de otros animales. Pero también hay especies como las mariposas que son más sensibles a los cambios en su entorno y pueden extinguirse.

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También afecta a Los Katíos porque podría perderse el efecto de conservación efectiva, que solo se logra con una zona de amortiguamiento donde los animales no tengan contacto alguno con el mundo exterior.  

Hay un peligro adicional y poco analizado a primera vista: los coyotes. Se trata de un mamífero controlado en Estados Unidos y que no ha pasado a Suramérica porque son animales que no entran a la selva pero ya están a 20 kilómetros  del Tapón del Darién.

Pueden convertirse en una plaga, Como explica Payán, “en el momento que haya un camino se van a venir y va a haber una invasión biológica de coyotes que nos va a cambiar completamente la dinámica de la fauna en América del Sur porque se trata de un animal muy adaptable que anda de noche, de día. Es un animal generalista: es decir, se come lo que sea, entonces va a llegar a comer de todo”.

“Es una cascada de efectos ecológicos”, concluye Payán.

Adicionalmente, según Botero, la fragmentación de ecosistemas claves asociados a zonas de bosque en resguardos indígenas, comunidades negras, reservas forestales o parques nacionales, es cada vez mayor y se asocia con la presencia de actividades ilegales se multiplican los impactos ambientales y sociales en estas poblaciones que son más vulnerables.

Donde esas carreteras coinciden con fronteras internacionales o grandes áreas boscosas generalmente hay un gran atractivo para el desarrollo de actividades ilegales y ese es el mayor temor con la vía del Salaquí. Un analista de seguridad que investiga temas de narcotráfico, que pidió omitir su nombre porque sus análisis son considerados confidenciales, teme que pueda tratarse del inicio de un círculo de producción de cocaína.

Las rutas utilizadas hoy no son tan rentables pues tienen pasos peligrosos que retrasan las entregas hasta una semana o son inaccesibles. Por eso la droga llega a las inmediaciones de Bahía Solano, en el Pacífico chocoano, desde donde se exporta la cocaína. 

Esta hipótesis cobra sentido al constatar el aumento en los cultivos ilícitos, que dan pie a una producción de cocaína que necesita un acceso terrestre hacia los puntos de embarque fuera de Colombia. Además, los organismos de inteligencia tienen información sobre el aumento de la cuota de exportación de cocaína en el golfo de Urabá, en el Caribe chocoano, por cuenta del posicionamiento de los mexicanos en Nariño.

“Lo que podría pasar es que estén haciendo su modelo de negocio: ustedes siembran, nosotros operamos unos laboratorios, procesamos la hoja y mientras tanto trabajamos en la vía para tener un camino expedito para sacar la droga”, dice el analista.

Más allá de los desastrosos efectos que esta dinámica ilegal tendría en los ecosistemas vitales del Bajo Atrato y el Darién quedan las consecuencias para la población que desde hace cuarenta años se convirtió en víctima de los intereses económicos de actores ilegales.

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