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El fracturamiento social que ya está generando el fracking

¿Se podrá hacer fracking en Colombia? Es la pregunta que se hace la industria petrolera y el gobierno nacional. Mientras el debate avanza en los escenarios de decisión política, en los territorios donde podría llevarse a cabo estos proyectos la violencia arrecia contra quienes se oponen a esta técnica. 

La amenaza de muerte que recibió a través de su teléfono móvil uno de los más representativos líderes comunitarios del corregimiento El Llanito, de Barrancabermeja, despertó entre sus poco más de tres mil habitantes recuerdos y temores de una violencia que creían superada. Ocurrió a mediados de abril de 2018, semanas después de un encuentro entre la comunidad y funcionarios de la empresa petrolera Ecopetrol S.A.

La reunión tuvo lugar en el salón comunitario “Lucho Arango”, uno de los sitios más emblemáticos de este corregimiento.

Tal como lo documentó el Centro Nacional de Memoria Histórica en informe publicado en 2014,Lucho fue un hombre que en vida defendió los intereses de los pescadores de El Llanito, así como de toda la región del Magdalena Medio en el noroccidente colombiano, ante los efectos que estaban dejando obras como la construcción de la central hidroeléctrica Hidrosogamoso. Allí se consigna que el 12 de febrero de 2009, sicarios pertenecientes al grupo criminal conocido como ‘Los Rastrojos’ lo asesinaron en el barrio La Victoria del mayor puerto petrolero del país. Desde entonces, su rostro y su nombre, dibujados en vistosos colores, adornan la casa. 

Los primeros días de abril, funcionarios socializaron con la comunidad el proyecto llamado “Área de perforación exploratoria Guane A”, fruto de un convenio suscrito entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) gubernamental y la mayor empresa estatal del país para explorar y explotar yacimientos convencionales y no convencionales en un área de 5.700 hectáreas, repartidas entre El Llanito y el vecino municipio de Puerto Wilches. A este polígono se le suma también la solicitud de un área de 7.5 hectáreas para cinco sitios de captación de agua, que serían requeridos para la explotación petrolera.

Ese día el rechazo de la comunidad al proyecto extractivo fue unánime. Los líderes comunitarios manifestaron que allí, en ese corregimiento conformado por 17 veredas ubicado a orillas de la Ciénaga de San Silvestre, un humedal que Colombia está considerando proteger bajo la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, conocida como convenio internacional Ramsar, llevan extrayendo petróleo desde hace más de 30 años.

“¿Y qué nos ha dejado eso? Nada. Vivimos frente a una ciénaga, de la que se nutre Ecopetrol, pero el pueblo no tiene acueducto con agua potable. No tenemos vías, no tenemos puestos de salud”, señala el líder que, tras las amenazas recibidas, pidió omitir su nombre.  

“Esta era una comunidad de pescadores, abundaba el pescado. ¡Vaya saque ahora un pescado a ver si es capaz! Desde que comenzaron a explotar petróleo se acabó la ciénaga”, recuerda ese mismo líder quien, pese a su delicada situación, continúa liderando la oposición de la comunidad al proyecto petrolero. “Ahora, con esa propuesta de hacer fracking, que según entiendo requiere cantidades enormes de agua, ahora sí nos van a dejar sin ciénaga. Nosotros en esa reunión rechazamos la propuesta, amenazamos con hacer marchas, paros e incluso recurrir a las vías de hecho para no permitir el fracking. ¡Y cómo le parece que quince días después me llamaron a amenazarme de muerte!”

Historia repetida

El Llanito no es el único pueblo donde oponerse al fracking está generando amenazas y señalamientos.

Unos 150 kilómetros al norte de Barrancabermeja se encuentra San Martín, un pueblo cercano a los 17 mil habitantes en el vecino departamento del Cesar. En abril de 2016, cincuenta ciudadanos de muy distintos perfiles se unieron para crear la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (Cordatec), cuyo propósito fundamental es rechazar la realización de pruebas piloto de fracking en tierras sanmartinenses.

Aunque la actividad petrolera en San Martín se remonta a la década de los 70, cuando la empresa Petróleos del Norte inició operaciones en los pozos Mono Araña y Tisquirama, el pueblo solo vio modestos volúmenes de crudo. En las últimas dos décadas, la producción diaria no pasó de entre 300 y 1.400 barriles de petróleo, según cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Sin embargo, estudios de Ecopetrol de 2011 evidencian que en el llamado Valle del Magdalena Medio –donde se encuentra San Martín- los análisis de geología, geofísica e ingeniería de yacimientos estiman que hay un potencial de entre 2.400 millones y 7.400 millones de barriles de petróleo y gas técnicamente recuperables.

El problema es que estos hidrocarburos aún se encuentran en lo que se conoce como roca generadora. Es decir, en una formación geológica de poca permeabilidad que almacena crudo y gas a profundidades superiores a los tres mil y cuatro mil metros. Por esta razón, este tipo de yacimientos recibe el nombre de “no convencionales” y su explotación solo es posible mediante una tecnología llamada ‘fracking’.

Dicha tecnología, que comenzó a ser usada en Estados Unidos en 1999, tiene como punto de partida el fracturamiento hidráulico, que consiste en la inyección, a muy alta presión, de ingentes cantidades agua mezclada con arena y químicos, que generan microfisuras en las rocas generadoras para permitir que el crudo –o el gas- ascienda a la superficie.

Como lo explica Óscar Vanegas, profesor de geopolítica energética de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, aunque el fracturamiento hidráulico se venía realizando desde los años 50 del siglo XX, el fracking solo fue posible cuando apareció maquinaria altamente especializada como taladros “Top Drive” y los llamados ‘motores de fondo’, que permitieron perforar la roca de manera horizontal y no vertical, como venía trabajando la industria petrolera desde hace un siglo.

“Y, hasta donde tenemos entendido, el fracking podría generar serios problemas ambientales en nuestro municipio, como la contaminación de fuentes de agua subterráneas y de cuerpos de agua como ríos, quebradas y ciénagas, así como el aumento de eventos sísmicos”, expresa Dora Stella Gutiérrez, actual presidente de Cordatec. Por ello, agrega Dora Stella, desde el mismo momento de su nacimiento, la organización ambientalista ha realizado talleres, foros, seminarios, marchas y jornadas de sensibilización contra esta técnica. Y ello les ha costado señalamientos, estigmatizaciones, amenazas de muerte y atentados contra sus vidas. 

El ataque más reciente contra un integrante de Cordatec ocurrió el pasado 23 de enero. Ese día, a la 1:00 de la tarde, un hombre disparó en repetidas ocasiones contra José Orlando Reina, reconocido activista del municipio, cuando caminaba por las calles de un céntrico sector de su pueblo, cerca de la estación de Policía. Las detonaciones motivaron la reacción de varios uniformados, quienes, en un cruce de disparos, mataron al sicario. El líder fue auxiliado y remitido al hospital del cercano municipio de Aguachica, donde varias intervenciones quirúrgicas le salvaron la vida.

 El atentado contra Reina se suma a una larga cadena de agresiones que, hasta ahora, no han dejado víctimas mortales.

En septiembre de 2017, otra de sus líderes, Jassiel Leal, estudiante de ingeniería ambiental, recibió un par de llamadas telefónicas en las que, en tono amenazante, le ordenaron que “no siguiera defendiendo lo que no le interesa”.

Dos meses antes, el 20 de julio, hombres armados irrumpieron en la casa de Crisóstomo Mancilla, también integrante de Cordatec y presidente de la junta de acción comunal de la vereda El Loro, y le propinaron varios disparos. Herido, Mancilla logró ser trasladado hasta un centro de salud donde le salvaron la vida.  

El 29 de mayo de 2017, otros dos miembros de Cordatec, Marina Medina y Jorge Eliécer Torres, quienes además fungen como presidentes de juntas de acción comunal de dos importantes barrios de San Martín, recibieron amenazas por cuenta de sus posturas negativas frente al fracking.

A lo anterior se suma la circulación, en febrero de 2017, de un panfleto firmado por las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, estructura armada que surgió en 2008 luego de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en el que amenazan de muerte a “izquierdistas, activistas de derechos humanos, líderes ambientalistas y líderes indígenas”.  

“La verdad la situación está compleja”, reconoce la presidenta de Cordatec. “Desde mediados del año pasado la UNP (Unidad Nacional de Protección) nos dio un esquema colectivo [de protección], que consiste en un carro blindado y dos escoltas, para que los integrantes de la corporación nos movilicemos. Pero la verdad es que la cosa no está fácil. Nosotros veníamos realizando unos talleres con la comunidad, explicándoles qué es el fracking y por qué es tan perjudicial para nuestro territorio, pero no hemos podido empezar este año, por la situación tan tensa como está”.

Hacer o no hacer fracking: el dilema

La discusión sobre explotar yacimientos no convencionales mediante fracking no es nueva en Colombia.

Desde los primeros años de la presente década, la industria petrolera nacional viene planteando la necesidad de recurrir a esta tecnología –que despierta fuertes resistencias entre sectores ambientalistas y políticos- para aumentar significativamente la producción de crudo y gas y, así, garantizarle al país su autosuficiencia energética.

Ante la disminución de las reservas actuales de petróleo, el debate se volvió recientemente más urgente y prioritario. De hecho, figuró en la pasada campaña electoral a la Presidencia de la República: el actual presidente Iván Duque Márquez se comprometió en Bucaramanga, el 11 de abril de 2018, que si triunfaba en los comicios presidenciales no permitiría la implementación de esta técnica.

“Tenemos ecosistemas diversos y complejos, acuíferos subterráneos de enorme riqueza y unos riesgos de mayor sismicidad por los tipos de suelos que tenemos. Por eso he dicho que en Colombia no se hará fracking”, señaló en ese momento el hoy Presidente Duque ante un grupo de académicos y estudiantes universitarios congregados en el auditorio de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

En noviembre pasado, tres meses después de asumir la Presidencia, Duque convocó una Comisión Interdisciplinaria de Expertos con el fin de estudiar las posibles consecuencias que generaría la aplicación de la técnica del fracking en el país.

La misión de esta comisión, integrada por trece académicos de diversas disciplinas que van desde la biología, pasando por el derecho, la filosofía, la economía hasta llegar a las ingenierías –civil, mecánica y de petróleos- y la resolución de conflictos interculturales, era discutir la viabilidad del fracking en el país, tras conversar con las comunidades de los territorios donde se proyecta realizar pilotos, evaluar los impactos de esta tecnología en otros países y revisar la normativa ambiental existente.

Su informe final, que los expertos entregaron al Gobierno nacional este 15 de marzo, no dio vía libre al fracking en Colombia, pero determinó que sí es posible adelantar proyectos piloto integrales que permitan profundizar el conocimiento sobre la técnica, así como sobre sus verdaderos efectos.

El documento, quizás por la heterogeneidad de sus integrantes, llegó a conclusiones aparentemente contradictorias como destacar el enorme potencial económico de los yacimientos no convencionales del país, al tiempo que advierte sobre el bajo acceso que tienen las comunidades a la información sobre los proyectos y la inexistencia de suficientes estudios sobre aguas subterráneas, riesgos de sismicidad, posible contaminación de ecosistemas y capacidad de las instituciones encargadas del control ambiental.

La comisión también hizo una serie de recomendaciones al Gobierno Duque, incluyendo divulgar a las comunidades toda la información sobre los proyectos; identificar carencias de información sobre ecosistemas, hidrogeología y sismicidad; acordar mecanismos de participación y veeduría ciudadana; construir líneas de base social; acordar manejo de riesgos de salud con pobladores cercanos a los proyectos piloto; e identificar las carencias de las instituciones responsables del control ambiental.

La industria petrolera interpretó las conclusiones de la Comisión como un llamado responsable a que el Gobierno nacional implemente la técnica en Colombia y como una refutación de los argumentos de quienes se oponen al fracking.

“Lo que dijo la Comisión es que Colombia cuenta con la regulación necesaria para desarrollar esta técnica. De hecho, es la más rigurosa y exigente a nivel internacional. Y que los posibles impactos ambientales que pueden derivarse de esta técnica son totalmente identificables y se pueden prevenir”, dice Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos (ACP) que agremia a las petroleras.

“El país tiene reservas de petróleo y gas que alcanzarían para seis años y once años, respectivamente. Son tiempos extremadamente cortos para esta industria, (por lo que) es fundamental mantener la autosuficiencia energética. También es fundamental que el país tenga excedentes de petróleo para exportar, por lo que significa para las finanzas internas”, añade Lloreda, quien también fue ministro de Educación.

¿Hay suficiente ‘oro negro’?

La importancia económica del fracking está clara. Tanto así que, según Lloreda, el 15 por ciento del petróleo y el 30 por ciento del gas a nivel mundial, se explotan mediante esta tecnología.

Ese boom, sin embargo, es divisivo en muchos países. Francia, Alemania e Irlanda prohibieron la técnica, mientras algunos estados de Australia y Estados Unidos le han puesto moratorias.

En Colombia, según Ecopetrol, hay yacimientos no convencionales en el Catatumbo de Norte de Santander, en Putumayo y en Caquetá, aunque el mayor potencial está justamente en las formaciones geológicas conocidas como La Luna y El Tablazo del Valle del Magdalena Medio y Cesar, donde justamente ha despertado temores entre la población local.

Es ahí también donde dos empresas internacionales ya cuentan con resoluciones de adjudicación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para iniciar pilotos.

Una de ellas es Parex Resources Colombia Ltda, multinacional con sede en Barbados a la que la ANH le adjudicó en 2014 un área de 61.679 hectáreas en el municipio de Cimitarra, Santander. Otra es ConocoPhillips Colombia Ventura Ltda., con sede en Islas Caimán, que obtuvo en 2015 un “contrato adicional de exploración y producción de yacimientos no convencionales de hidrocarburos” a uno que tenía desde 2009 en San Martín, Cesar.

“La producción en el Magdalena Medio se podría incrementar en por lo menos 250 mil barriles por día. Además, se generarían importantes beneficios en materia de generación de empleo y demanda de bienes y servicios en las zonas donde se llevaría a cabo la actividad”, nos respondió un vocero de Ecopetrol.

Si bien no hay estimativos de cuánto podría beneficiar el fracking a las finanzas del país, Ecopetrol subraya que, solo en 2018, transfirió a la Nación 23,1 billones de pesos en dividendos (8,2 billones de pesos), impuestos (8,8 billones de pesos) y regalías (6,1 billones de pesos). Además, señala que, ese mismo año, contrató bienes y servicios a más de 6 mil empresas en los territorios donde desarrolló su operación, por 10,4 billones de pesos, y generó 34,805 empleos indirectos.

De ahí la expectativa de las empresas de que el Gobierno nacional dé luz verde a los pilotos de fracking. “Ecopetrol S.A ha propuesto desde hace dos años la realización de pilotos controlados de fracking, con veeduría de las comunidades, los entes territoriales y las autoridades regulatorias, para poder aplicar la tecnología y conocer, en prueba práctica, cuáles son sus efectos reales”, explica su vocero.

Riesgos ambientales y sociales

Desafortunadamente, en aquellas zonas donde se llevarían a cabo estas pruebas pilotos de fracking se disparó la violencia contra los líderes ambientalistas a quienes les preocupa la técnica.

Así lo documentó el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, la entidad estatal que monitorea riesgos de violación a los derechos humanos en todo el país.  

“Los líderes sociales y comunitarios que en los últimos meses han sido objeto de amenazas, hostigamientos y agresiones en el departamento del Cesar pertenecen a organizaciones sociales, especialmente campesinas, que desarrollan (entre otras) las siguientes actividades: 1) defensa del territorio; 2) oposición al modelo de desarrollo extractivista así como a los daños ambientales causados a los ecosistemas como consecuencia de la expansión de la minería y la agroindustria”, dice en Informe de Riesgo 040-16 A.I del 28 de noviembre de 2018.

La situación que padecen actualmente los integrantes de Cordatec, la organización ambientalista de San Martín, es una de las que más preocupa al SAT de la Defensoría.

“Varios dignatarios de la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas –Cordatec, en razón a las jornadas de resistencia pacífica que adelantaron por varios días a partir del 7 de septiembre de 2016 a la utilización de la técnica de la fracturación hidráulica conocida como fracking, para la extracción de petróleo realizadas en Cuatro Bocas, jurisdicción de San Martín, han sido objeto de reiteradas amenazas”, dice el mismo informe. 

Una advertencia similar hizo la Defensoría del Pueblo para Barrancabermeja, considerada la capital petrolera de Colombia por ser sede de la principal refinería del país.

En Alerta Temprana No. 076-18 de noviembre del 2018, el Ministerio Público aseveró que el desarrollo de nuevos proyectos de exploración y producción petrolera coincidía con el aumento de las amenazas contra líderes ambientalistas, dirigentes comunales y defensores de derechos humanos en los municipios del Magdalena Medio santandereano. Ejemplo de lo anterior, señaló de la Defensoría, fueron las amenazas proferidas contra líderes de los corregimientos Ciénaga de Opón, La Fortuna y El Llanito de Barrancabermeja.

Todos ellos tienen en común vivir en zonas donde se perfilan proyectos de explotación de yacimientos convencionales y no convencionales. Ese incremento en las intimidaciones podría estar relacionado, argumenta el SAT de la Defensoría, con el interés de grupos criminales presentes en la región por obtener recursos mediante la cooptación de contratos de bienes, personal y servicios requeridos por las empresas petroleras para el desarrollo de sus labores.

“Grupos armados ilegales, entre ellos las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ han implantado prácticas de hostigamiento, intimidación, cooptación de líderes comunales que instalan diálogo directo con las empresas contratistas de Ecopetrol. Ello porque está de por medio el relacionamiento para el suministro de personal y la financiación económica para la estructura criminal a través de los contratos de bienes y servicios que requieren estas empresas para la ejecución de obras”, concluye la Defensoría en su Alerta Temprana 076-18.

En particular, el organismo público llamó la atención sobre la situación de Óscar Sampayo y Óscar Yesid Blanco, dos reconocidos barranqueños que, por circunstancias distintas, terminaron erigiéndose como los más férreos opositores al fracking y abanderados de la protección del ambiente y el agua.

A la expectativa

Pese a las amenazas, casi todos los líderes contra el fracking sostienen que continuarán oponiéndose a la técnica.

En El Llanito de Barrancabermeja no descartan hacer plantones, paros cívicos y marchas, para proteger la Ciénaga de San Silvestre, que consideran la vida y alma de su pueblo.

En San Martín, continúan con su resistencia frente a las pruebas piloto. De hecho, luego de varias reuniones y audiencias públicas que sostuvieron a lo largo de 2018 integrantes de Cordatec y funcionarios de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la entidad decidió suspender temporalmente, mediante los Autos 6117 del 9 de octubre de 2018 y 6445 del 23 de octubre del mismo año, dos licencias ambientales otorgadas a la petrolera ConocoPhillips Colombia Ventura Ltda.

Según la entidad del Gobierno que vela por las licencias ambientales, los estudios de impacto ambiental –en sus palabras- “no satisfacen lo requerido por la autoridad ambiental” pues “no cumplen con los términos de referencia para la explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales”.

“Ese fue como un pequeño logro para nosotros”, dice Dora Stella Gutiérrez, actual presidente de Cordatec, “pero igual, es una suspensión temporal. Al pueblo, la empresa sigue ingresando maquinaria a (vereda) Cuatro Bocas, donde está el pozo Pico Plata 1. Y la verdad, no sabemos qué están haciendo allá”.

Para los ambientalistas, la discusión sobre el fracking no debería circunscribirse únicamente al potencial económico del subsuelo, sino a la riqueza natural de su superficie.

“Si se acaba el petróleo, ¿se acaba la vida en Barrancabermeja? Creo que no y creo que es el momento de pensar en hacer el tránsito a energías limpias, renovables”, sostiene Sampayo.

Entre tanto, Dora Stella, quien forjó una próspera carrera como comerciante de abarrotes en San Martín, asevera que el petróleo no será la salvación económica de su pueblo.

“Hace como tres años llegó esta empresa petrolera al pueblo con sus trabajadores y contratistas ¿Subieron nuestras ventas desde entonces? No. Por el contrario, ya tenemos problemas de prostitución y robos. Con el fracking será peor, acabarán con el agua y con la tierra y nos tocará entonces irnos para otro pueblo porque aquí ya no habrá vida”, dice Dora Stella.

El desmonte del Darién

Chocó, una región tupida y húmeda más biodiversa incluso que la selva amazónica, ha perdido en los últimos cinco años un promedio de 25 mil hectáreas de bosque. 

Las alertas emitidas durante 2018 por el Ideam –el instituto meteorológico nacional que monitorea la deforestación- indican que los municipios de Riosucio, Bajo y Medio Baudó tienen los núcleos más avanzados de deforestación. En total, hubo alertas para 13 municipios y el 43% de la pérdida de bosque en el año se concentró durante el segundo trimestre – es decir, en esta misma época hace un año.

Edersson Cabrera, coordinador del grupo de monitoreo de bosques del Ideam, asegura que en todo el Pacífico la mayor presión se debe a la siembra de cultivos de coca y la minería criminal, pero hay también informes preocupantes sobre las consecuencias de la tala selectiva -legal e ilegal- en el Bajo Atrato.  

En 2016 se calculaba que el comercio ilegal de madera en el mundo representaba hasta 100 mil millones de dólares anuales y es culpable del 90% de la deforestación, según reportó la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (Iufro).

En Colombia, donde el problema es agudo, el Comité interinstitucional de control al tráfico de fauna y flora tomó medidas: desde diciembre de 2018, es necesario un salvoconducto para cualquier acopio, transformación, movilización o comercialización de especies.

Adicionalmente, el Ministerio de Ambiente aumentó cuatro y cinco veces el precio de la tasa por especie de las especies de árboles más vulnerables, que es un impuesto para la comercialización de la madera.

Con estas medidas se pretende es que el comercio de especies se reduzca, aunque no todos son optimistas. William Klinger, un ingeniero forestal chocoano y director del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP), cree que las nuevas medidas simplemente permitirán que los intermediarios tengan más madera.

“El error es que no tiene bases técnicas: uno debe sacarle al bosque el capital que genera interés, y en este caso es el crecimiento. Un bosque crece alrededor de 20 metros cúbicos por año y, si no se le permite crecer, el agotamiento del bosque prácticamente es irreversible”, explica.

Las cifras de Colombia como exportador de madera no son claras. El país solo aparece documentado como exportador de teca, una madera que no es considerada como tropical, en los informes de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales. Sin embargo, en las reseñas de la situación de maderas de esa misma organización  sí aparece como productor de 2.100 metros cúbicos de madera tropical en 2016.

Igual ocurre en los datos nacionales. El Centro Virtual de Negocios que hace medición independiente de los negocios internacionales,  indica que entre 2017 y 2018 salieron por el puerto Turbo 28 kilos de madera, por Barranquilla 1.382 y por Cartagena 2.444 de madera tropical, pero el informe de exportaciones del Dane (la entidad nacional de estadísticas) reporta exportaciones nulas en 2017 y 1.410 toneladas el año pasado.

Para Manuel Rodríguez Becerra, el primer ministro de Ambiente del país, en la práctica las alertas son inútiles. “Sirven como una cronología de la tragedia”, dice.

“El problema de fondo en la deforestación es la falta de control del Estado. Somos un Estado fallido en esas regiones transfronterizas”, añade.

En el Bajo Atrato y el Darién la tala indiscriminada de árboles es una herencia de la empresas madereras de los años 50. Por supervivencia para los nativos o por negocio para los traficantes, a diario caen miles de árboles que están dejando bosques sin mucho valor y con peligros inminentes por su proximidad al Parque Nacional Natural Los Katíos y el Tapón del Darién. Fotografías por: Carlos Alberto Gómez.

Los incendios de un parque

Durante la primera semana de abril de este año, en el Parque Nacional Natural Los Katíos – al extremo norte el Bajo Atrato- se quemaron 1.800 hectáreas de bosque. Lo único que pudo controlar el fuego fue un aguacero en un área protegida porque es el puente de intercambio de fauna y flora entre Centro y Suramérica.

Esto significa que muchas plantas y casi todos los mamíferos grandes que hacen parte de nuestra flora y fauna entraron a Colombia y a Suramérica por el Darién. Y lo siguen haciendo, como el jaguar que se mueve desde Centroamérica hasta Argentina.

Dos semanas antes, otro incendio había acabado con 200 hectáreas de bosque en la zona de amortiguamiento alrededor de este parque nacional de 72 mil hectáreas, declarado patrimonio de la humanidad por su riqueza biológica y conectado con el Parque Nacional Darién en Panamá, de 550 mil hectáreas.  

Así, durante el último verano se ha reportado un nuevo incendio cada semana.

Lo ocurrido este año hizo recordar a los expertos un incendio en 2016 que quemó 10 mil hectáreas, ocho mil de ellas de bosque, y afectó gravemente al parque nacional. Con el tiempo, las autoridades confirmaron que se trató de quemas para ampliar la frontera agrícola y para cazar tortugas.

Es una práctica que recuerda la de comienzos de los años 90 cuando los paramilitares al mando del sanguinario Carlos Castaño hicieron grandes desmontes de selva para abrir tierra para la ganadería.  

“La hipótesis más clara es que podría tratarse de ganaderos que aprovechan la estación seca para abrir tierra para sus fincas”, recuerda Rodríguez Becerra.

Las ciénagas

La tala indiscriminada afecta directamente a los cuerpos de agua, principalmente las ciénagas que sirven como reguladoras de los regímenes hídricos, porque absorben el agua cuando el río crece y la sacan cuando el río se seca. Esa inestabilidad en el circuito de las ciénagas podría ser la causa de muchas de las inundaciones que han azotado a Chocó en los últimos años.

En 2014, el grupo de estudios oceánicos de la Universidad de Antioquia hizo un estudio de la calidad del agua en los humedales del plano de inundación del río Atrato. En 18 ciénagas se detectó una baja presencia de animales, una grave señal de alarma dado que los humedales son una suerte de sala cuna para los peces, igual que los manglares: por ahí pasan, engordan, crecen y luego van a los ríos, que es cuando se producen las subiendas. 

 Por ello, explica Klinger, se ha dado pérdida de especies como los manatíes, las nutrias y las doncellas.  

Pero hay hechos que le permiten guardar esperanza, como la reaparición de una especie de pez llamado boquiancha que los investigadores consideraban extinto desde hace diez años. Luego de publicar avisos de “Se busca” por todo el Chocó, la noticia alentadora llegó de Salaquí hace un año y medio.

 “¿Es reversible? Yo creo que sí, a costos muy altos. Lo primero es recuperar las ciénagas para que el espejo aumente y lo segundo controlar las actividades forestales y la ganadería”, dice.

 La propuesta del ex ministro Rodríguez Becerra es la que impulsa desde la Gran Alianza contra la Deforestación que reúne a diversos actores de la sociedad civil: crear presión para que el Gobierno actúe y seleccionar tres o cuatro zonas críticas en orden público y sensibles en deforestación, para recuperar el control estatal, llevar bienes públicos de salud y educación y trabajar con las comunidades para frenar el desmonte. “Es complejo, pero es factible”, dice.

El motor

Fuente: Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, Unodc

“La coca es la gasolina para lograr una mayor intervención, tanto para el ganado como para la deforestación”, dice Edersson Cabrera del Ideam.

Ese combustible ya entró al Bajo Atrato y se acerca al Darién. Hasta 2017 solo unas pocas parcelas tenían pequeños cultivos de coca, lo que llaman un cuarterón. Pero llegó. Al Truandó en marzo, cuando los grupos armados autorizaron la siembra de coca, y para finales de año se replicó en todas las comunidades.

 “Nos traen la semilla, nos dan un plante, nos garantizan la compra, pero la verdad es que le vendimos el alma al diablo”, cuenta un campesino que tiene media hectárea de coca en su finca y que pidió omitir su nombre por el riesgo de seguridad que supone hablar del tema con nombre propio. 

Aún no hay reportes de 2018, pero el último censo hecho por la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (Unodc) mostró que Chocó tenía 2.611 hectáreas de coca sembradas a finales de 2017 , una cifra que apenas representa el 5% del área sembrada en Nariño (el departamento con más coca del país), pero un alarmante 44% más que en 2016. Eso muestra cómo viene creciendo rápidamente.

Cálculos de las organizaciones de derechos humanos que trabajan en la zona indican que el 80% de la población ya tiene alguna siembra de coca, la mayoría obligada.

En el Bajo Atrato chocoano, paralelo al río Salaquí se está construyendo una carretera ilegal. Los analistas del Ideam la localizaron con las imágenes satelitales con que detectan los focos de deforestación y dieron la alerta. . Las gráficas muestran tres momentos: 2017 cuando la obra no había comenzado, noviembre de 2018 cuando se inició y enero de 2019 cuando ya había avanzado 14 kilómetros.

La vía en medio de la selva

Una línea amarilla, de color más claro que la que representa un río, llamó la atención de los analistas del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Ideam.

La identificaron durante el procesamiento de imágenes del satélite PlanetLabs la convirtieron en coordenadas y la monitorearon durante varias semanas. El diagnóstico: ya existe una vía ilegal adyacente al río Salaquí, en el margen occidental del río Atrato, que se adentra en el bosque.  

Entre el 1 de noviembre de 2018 y el 2 de enero de este año avanzó 14 kilómetros, algo así como un  kilómetro cada cuatro días. A ese ritmo, en un año podría ser una vía de 90 kilómetros.

La alerta fue inmediata porque así comenzó la construcción de la Marginal de la Selva, una vía largamente anticipada por el Gobierno para unir Guaviare con Caquetá que ilegales se les adelantaron en abrir en medio de la selva amazónica. Hoy ya corre peligrosamente cerca del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, uno de los mayores tesoros naturales de Colombia y recién declarado patrimonio de la humanidad.

La zona de Riosucio donde corre la vía es selvática y, aunque no es una reserva natural ni está en la zona de amortiguamiento de un parque nacional, es poco probable que alguna autoridad ambiental otorgue permisos para una construcción de este tipo.

Los cálculos de los analistas indican que se trata de una vía que bien podría ocupar entre tres y cuatro metros de ancho, lo que permitiría el paso de un vehículo 4x4 y, si siguiera las rutas que hoy utilizan los traficantes de personas y droga, podría convertirse en la apertura del Tapón del Darién.

Aunque hoy está archivado, el proyecto para construir una vía que una a Centro con Suramérica fue bautizado hace décadas con el nombre de Transversal de las Américas e incluye un trazado de 62 kilómetros que no toca directamente Los Katíos, pero sí “incluye obras en las zonas aledañas al Parque generando presión sobre los territorios vecinos y el área protegida”, según el Atlas.

El problema es que el Darién es muy rico en diversidad biológica pero también muy frágil. “Ese camino, como cualquier otro legal o ilegal, lleva colonización y genera deforestación”, dice el ex ministro Manuel Rodríguez Becerra, añadiendo que lo único que lo ha conservado es que los panameños no tienen interés en esa obra.

Los estudios del Ideam parecen darle la razón: el 72% de la deforestación del país está ubicada a menos de ocho kilómetros de una vía.

Hay un acelerado proceso de construcción de vías ilegales, cuyo origen “es la ocupación de los espacios abandonados por las Farc que termina convertida en proyectos para mover armas, coca, madera, migrantes, oro, tropas o cualquier otra mercancía”, dice Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), que ha venido siguiendo el tema en la Amazonia.

Las consecuencias sobre la biodiversidad, las comunidades locales y en general el patrimonio colectivo, explica Botero, son enormes porque “los corredores de movilidad hoy se instalan con mano de obra local, muchas veces a la fuerza, otras con la reivindicación política y otras simplemente pagada”.

En el caso de la vía en Salaquí, no se trata de una amenaza sencilla. La posibilidad de la apertura del Tapón del Darien significaría una pérdida irreparable pues cortaría la conectividad de Mesoamérica, lo que sería tan grave como perder la conectividad entre los Andes y la Amazonía.  

“Es la tragedia clásica que pasa en el mundo tropical porque llega una carretera y viene la explotación mas básica y burda de la biodiversidad, que es carne y madera”, dice el biólogo Esteban Payán, director en Colombia de la Fundación Panthera que vela por la conservación de la ruta del jaguar en el continente.

“Ya no es un cazador que tiene una pistola, mata una danta y la lleva al hombro o arrastrada. En el momento en que entra una moto o una camioneta, ya pueden echar 20 dantas, pueden tener una nevera que les permite conservar la carne, llevar una motosierra, hacer un campamento, matar una tonelada de carne de monte sin que se pudra y volver a salir”, explica.

Todo esto, explican los expertos, causa la fragmentación de los ecosistemas. Esto significa que no hay una matriz donde los animales puedan moverse libremente por los puntos cardinales, sino que se levanta una barrera y con ello las poblaciones se separan de un lado a otro.

“Los animales no están dispuestos a cruzar la carretera, simplemente porque es abierta. Por ejemplo, una boruga o una guartinaja no se exponen a caminar por cinco metros abiertos porque un jaguar se los puede comer. O los osos perezosos pierden la capacidad de reproducirse porque no van a buscar a las hembras al otro lado de la carretera”, explica Payán.

A largo plazo, se genera una segregación genética de lado y lado.

Los jaguares, objeto principal de estudio de Payán, serían los primeros en desaparecer por la caza generada por miedo o para alimento de otros animales. Pero también hay especies como las mariposas que son más sensibles a los cambios en su entorno y pueden extinguirse.

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También afecta a Los Katíos porque podría perderse el efecto de conservación efectiva, que solo se logra con una zona de amortiguamiento donde los animales no tengan contacto alguno con el mundo exterior.  

Hay un peligro adicional y poco analizado a primera vista: los coyotes. Se trata de un mamífero controlado en Estados Unidos y que no ha pasado a Suramérica porque son animales que no entran a la selva pero ya están a 20 kilómetros  del Tapón del Darién.

Pueden convertirse en una plaga, Como explica Payán, “en el momento que haya un camino se van a venir y va a haber una invasión biológica de coyotes que nos va a cambiar completamente la dinámica de la fauna en América del Sur porque se trata de un animal muy adaptable que anda de noche, de día. Es un animal generalista: es decir, se come lo que sea, entonces va a llegar a comer de todo”.

“Es una cascada de efectos ecológicos”, concluye Payán.

Adicionalmente, según Botero, la fragmentación de ecosistemas claves asociados a zonas de bosque en resguardos indígenas, comunidades negras, reservas forestales o parques nacionales, es cada vez mayor y se asocia con la presencia de actividades ilegales se multiplican los impactos ambientales y sociales en estas poblaciones que son más vulnerables.

Donde esas carreteras coinciden con fronteras internacionales o grandes áreas boscosas generalmente hay un gran atractivo para el desarrollo de actividades ilegales y ese es el mayor temor con la vía del Salaquí. Un analista de seguridad que investiga temas de narcotráfico, que pidió omitir su nombre porque sus análisis son considerados confidenciales, teme que pueda tratarse del inicio de un círculo de producción de cocaína.

Las rutas utilizadas hoy no son tan rentables pues tienen pasos peligrosos que retrasan las entregas hasta una semana o son inaccesibles. Por eso la droga llega a las inmediaciones de Bahía Solano, en el Pacífico chocoano, desde donde se exporta la cocaína. 

Esta hipótesis cobra sentido al constatar el aumento en los cultivos ilícitos, que dan pie a una producción de cocaína que necesita un acceso terrestre hacia los puntos de embarque fuera de Colombia. Además, los organismos de inteligencia tienen información sobre el aumento de la cuota de exportación de cocaína en el golfo de Urabá, en el Caribe chocoano, por cuenta del posicionamiento de los mexicanos en Nariño.

“Lo que podría pasar es que estén haciendo su modelo de negocio: ustedes siembran, nosotros operamos unos laboratorios, procesamos la hoja y mientras tanto trabajamos en la vía para tener un camino expedito para sacar la droga”, dice el analista.

Más allá de los desastrosos efectos que esta dinámica ilegal tendría en los ecosistemas vitales del Bajo Atrato y el Darién quedan las consecuencias para la población que desde hace cuarenta años se convirtió en víctima de los intereses económicos de actores ilegales.

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