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La Toma: más que un nombre, un presagio

Ni con amenazas de muerte contra sus líderes detuvieron la lucha de esta comunidad negra, asentada en el departamento del Cauca, por defender el agua y la tierra del interés de las multinacionales, del menosprecio del Gobierno y la arremetida de la minería ilegal.

La Toma, un corregimiento ubicado en el municipio de Suárez (Cauca), bien podría ser catalogado como la ‘capital mundial de las paradojas’.

Bañada por siete ríos, pero no tiene agua potable. Sus tierras albergan una hidroeléctrica, pero pagan la energía más costosa del país. Jamás se sintieron tan inseguros como cuando instalaron una base militar en su territorio. Y nunca fueron tan pobres como el día que el mundo supo que estaban llenos de oro.

Cada paradoja resume una etapa de la lucha que lleva librando esta comunidad desde hace tres décadas en el suroccidente colombiano, a la que decenas de años atrás le dieron por nombre ‘La Toma’, como si su bautizo fuera una premonición.

Desde 1851, año en el que se abolió la esclavitud en Colombia, muchos de esos negros se asentaron en el corregimiento más grande del municipio de Suárez porque sus montañas engalanadas de múltiples verdes les garantizaban tierras fértiles, los ríos Cauca y Ovejas les proveía el agua y la pesca, y allí permanecían lejos de los ojos de quienes creían que su libertad era demasiado regalo.

Durante 150 años la comunidad de La Toma jamás existió para el Estado colombiano. Sobrevivió a su suerte en las haciendas Portugalete, Honduras y Gelima, donde se dedicaron a la pesca, a las labores agrícolas o a arañar -con una batea y una barra- la tierra tras una chispa de oro. Siempre en una relación de complicidad y armonía con la naturaleza. 

Pero esta comunidad negra, conformada por 1300 familias, habría preferido continuar en el anonimato. Porque cuando se ocuparon de ellos -a mediados de los años 2000- fue porque quedaron como un obstáculo en el mapa de megaproyectos de extracción de oro del Estado.

El primer gran reto como comunidad lo tuvieron a mediados del 2004, cuando el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez otorgó a la Sociedad Kedahda S.A. un título de exploración que abarcaba 50.000 hectáreas entre los municipios de Suárez y Buenos Aires para la explotación de oro. El tamaño del área donde el Gobierno les permitía explorar era tan grande, dice la comunidad, que no se salvaba ni el cementerio de La Toma.

La Sociedad Kedahda se había registrado en Colombia un año antes y para 2007 había recibido  2 licencias de explotación y 49 contratos de concesión, según la consulta de expedientes de la Agencia Nacional de Minería, para hacer exploración en 11 millones de hectáreas en todo el país. Posteriormente, esta empresa inscrita en las Islas Vírgenes adoptó el 29 de octubre de 2007 el nombre de su principal subsidiaria, la multinacional surafricana AngloGold Ashanti (AGA), que aún conserva.

Isidoro Lucumí fue uno de los primeros empleados de la multinacional en La Toma. “Llegaron con el nombre de Kedahda y como no encontraron cabida, aparecieron como AngloGold Ashanti y empezaron a medio invertir en una carreterita y a dar incentivos. Un día le dije al geólogo jefe, ¿por qué invertimos tanto tiempo en esta zona? Me respondió que ‘La Toma está sentada sobre el oro; por eso es tan codiciada’”.

De esos primeros días recuerda la comunidad el exceso de bondad. Les dieron herramientas a los agricultores; en el inicio de la jornada escolar donaba libros a los niños; a quienes les gustaba el fútbol les compraban balones y uniformes, y a los grupos musicales les donaban los instrumentos.

“Algunos dijeron, ‘esta gente como que sí quiere el progreso’, pero otros pensamos que ‘de eso tan bueno no dan tanto’; alguna intención tienen. Ya se hablaba de un proyecto minero, escuchamos a nuestros mayores y le dijimos ‘no’ a la AngloGold”, señala Francia Márquez, una mujer que dedicó su vida a la minería ancestral y que lideró la lucha contra la minería ilegal en sus territorios. Ese esfuerzo, poniendo en riesgo su vida, le mereció en el 2018 el Premio Goldman Ambiental, considerado el Nobel verde.

Las relaciones con AngloGold Ashanti, la tercera productora de oro en el mundo, quedaron en los peores términos. En medio de esa lucha por el territorio, dicen miembros del consejo comunitario, llegaron los primeros panfletos amenazantes a sus líderes.

Las amenazas provenían de supuestos grupos paramilitares. Para entonces sembraba el terror en la región el Bloque Calima de las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) que, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, cometió 119 masacres entre 1999 y el 2004. El temor era latente.

Solo tres años atrás el Bloque Calima había ejecutado una masacre en la cercana región costera del Naya, en la que asesinaron a 27 personas, y en su recorrido desde Timba (Cauca) hasta el océano Pacífico trazó su rastro de muerte por el municipio de Suárez.

“Para nosotros fue muy duro cuando llegaron esas amenazas dándoles ocho días a los compañeros para salir del territorio. Cuando llegaron a la ciudad, sin saber qué hacer, no soportaron y a los dos meses se devolvieron. Dijeron: ‘que me maten aquí porque no me voy más de La Toma”, rememora Márquez de esa época.

Fueron días en los que esta comunidad, cuya cultura se expresa al ritmo de chirimías, torbellinos y fugas, y el sonido envolvente de violines y tambores, se encerró en silencio. Las calles del caserío en lo alto de la montaña, donde cada amanecer juguetea la neblina, eran un desierto. La recomendación era que en cada casa hubiera un teléfono con al menos un minuto para advertir algún movimiento extraño. Todos permanecían atentos.

Jairo Chará, coordinador del comité de minería y quien sobrevivió a un atentado en su vivienda el 6 de diciembre del 2006, en medio de la disputa territorial con la AngloGold, recuerda que la comunidad se organizó para autoprotegerse. “Desde entonces el que entra a La Toma debe decir de dónde viene y cuáles son sus pretensiones. Si no tiene una razón clara, la comunidad lo retiene y tiene que explicar con pelos y señales lo que vino a hacer”, dice.

Pero en La Toma no lograban contener aún los intereses de la minera de oro cuando debió abrir otro frente de lucha. Esta vez eran las pretensiones de la Empresa de Energía del Pacífico (EPSA) de ampliar otro megaproyecto que ellos también han visto históricamente como un riesgo.

La empresa española Unión Fenosa propuso desviar el río Ovejas hacia la represa hidroeléctrica de Salvajina –que fue construida sobre el cauce del río Cauca en 1986 por la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC)- con el propósito de aumentar en un 20% la capacidad de producción de energía.

“La gente dijo ‘el río Ovejas para nosotros es la vida, es la dignidad y eso no tiene valor. Ni por toda el dinero del mundo vamos a permitir que ese río se desvíe’. Así que la gente se organizó para pelear también por su río”, explica Francia Márquez. 

Aseguran varios líderes que en ese entonces la EPSA utilizó como estrategia el desprestigio de los representantes de las comunidades y los puso en riesgo en una región con fuerte presencia de grupos armados ilegales. La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), una de las organizaciones indígenas más fuertes de la región, denunció en 2005 de manera extraoficial que directivos de la represa intentaron presentar las firmas de asistencia a dos reuniones como supuesto respaldo de las comunidades negras a la desviación del río.

Aún fresco en el recuerdo está para los habitantes de La Toma el dolor por la forma en la que aseguran que les arrebataron hace tres décadas el río Cauca, el segundo más importante de Colombia y que les proporcionaba el sustento. Por eso es sensible para ellos todo lo que tenga que ver con la represa de Salvajina, construida para generar 270 mil kilovatios de energía.

Esa mole de hierro y concreto alteró por completo el cauce del río Cauca a lo largo de 31 kilómetros y elevó el nivel del agua más de cien metros por encima de las tierras ancestrales de los afrocolombianos de La Toma. Bajo 849 millones de metros cúbicos de agua quedaron sumergidas tierras, cultivos, las mejores minas y buena parte de sus tradiciones.

En la memoria del mayor Isidoro Lucumí permanece fresco el recuerdo de la impotencia que sintieron cuando fueron sacados de sus tierras con lo que hoy describen como una falsa ilusión de progreso para su comunidad.

“Cuando llegó esa gente nos cogió con los pantalones abajo. Un ingeniero decía ‘lo suyo es tanto y vale tanto’. Yo tenía un terreno de 9.720 metros y me pagaron $300.006 (pesos) y le dije al ingeniero, ¿esos 6 pesos son de qué, de dónde salen? La respuesta fue ‘usted verá si los toma o los deja. Si no los toma, se los depositamos en una cuenta sin nombre en un banco y después verá cómo los saca’. Eso fue una humillación total. Por eso no queremos más multinacionales”, dice Isidoro.

Los mayores de la comunidad aseguran que con la represa les prometieron que la obra de infraestructura más importante que se realizaba en el suroccidente colombiano en ese entonces, les traería turismo, vías, colegios, salud y calidad de vida. Esa ilusión también se hizo agua. Les vistieron el lobo con piel de oveja. 

El Grupo Celsia, propietario de la represa y perteneciente al Grupo Argos, aseguró en respuesta a una solicitud de información que: “En el momento de la construcción (de Salvajina) los compromisos se dieron entre la comunidad y el Gobierno Nacional. Los compromisos que como compañía nos corresponden hoy, son los que se definieron a partir del proceso de tutela y sentencia fallada por la Corte Constitucional a favor de los resguardos indígenas de Cerro Tijeras (Suárez) y Honduras (Morales) en el año 2014, en el que EPSA es responsable de un componente de movilidad, en articulación con las alcaldías municipales, Gobierno departamental y Nacional”.  

“Lo que dejó la Salvajina fue miseria para mi comunidad. En Suárez la gente no tiene electricidad; la energía es de una microcentral y a la gente de Estrato 1 le llega el recibo de $300 mil o $400 mil pesos (US$100 a US$130 dólares). Además tenemos ese lago y mi comunidad no tiene agua potable. La gente debe esperar a que llueva para poder tomar agua”, cuestiona Márquez.

La construcción de la Salvajina obligó el desplazamiento de más de 6.000 personas. El municipio de Suárez pasó de tener 23.500 habitantes en 1993 a 18.000 en el 2006, según el Proceso de Comunidades Negras (PCN), una de las organizaciones sociales más fuertes de los afrocolombianos a nivel nacional.

De nuevo el río Ovejas

Resistir con dignidad, impedir que se partiera la montaña para desviar el río Ovejas y detener la llegada de la AngloGold Ashanti a su territorio no cesó el interés de foráneos en sus tierras. Lo peor estaba por venir, esta vez por cuenta de la minería ilegal.  

Desde el 2004 -recuerda la comunidad- hubo escaramuzas con personas que intentaron ingresar a hacer minería en el río, pero las lograban expulsar de su territorio. Sin embargo, ese asedio de personas forasteras, usualmente llegadas del Oriente antioqueño y el Urabá chocoano, se fue haciendo más intenso al punto que desde 2010 han vivido las peores épocas que ellos recuerden.

Las amenazas contra los líderes ambientales por parte de bandas criminales como Las Águilas Negras - Nueva Generación y Los Rastrojos, todas surgidas tras la desmovilización de los paramilitares, se incrementaron desde agosto del 2009. Esa zozobra se convirtió en miedo a partir del 7 de abril del 2010 cuando hombres armados asesinaron a ocho mineros a orillas del río Ovejas. En el patio de La Toma.

Producto de ello, quienes llegan al municipio de Suárez, ubicado a más de una hora de Cali (Valle del Cauca), encuentran uno de esos cuadros que parece pertenecer a una exposición equivocada.

Lo que de lejos parece ser el bunker de una misión diplomática extraviada de Bogotá, es en realidad una humilde casa en la entrada polvorienta al pueblo, amoblada solo con una mesa de plástico y varias sillas blancas, que sirve de sede a la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC).

En su interior, un puñado de líderes discute a diario los temas que los afecta, mientras afuera los espera una caravana de camionetas Toyota último modelo, blindadas y un pequeño ejército de hombres armados de la Unidad Nacional de Protección, la agencia del Gobierno que se encarga de cuidar a las personas amenazadas.

Pero una tragedia a 40 kilómetros de La Toma les traería el nuevo lío. El 2 de mayo del 2014 hubo un derrumbe en la mina San Antonio, en el cercano municipio de Santander de Quilichao, sepultó a trece personas mientras 150 retroexcavadoras ilegales destrozaban el lecho del río Quinamayó.

Francia Márquez participó en el consejo local de seguridad que se hizo entonces para discutir sobre minería ilegal y recuerda que las máquinas se retuvieron, pero no hubo en qué transportarlas “y se fueron desapareciendo en las noches hasta que no quedó ninguna”. Una veintena de ellas fue a dar al río Ovejas, en su territorio.

“Los líderes no podíamos ni acercarnos a observar desde la montaña porque a cada uno nos pusieron un vigilante para que les diera informes de lo que hacíamos. Sabían que no estábamos de acuerdo con ese destrozo que estaban causando y de allí nacieron nuevas amenazas que por ‘oponernos al desarrollo’”, cuenta Aníbal Vega, fiscal en el Consejo Comunitario de La Toma.

Del desespero de la comunidad surgió la célebre Marcha de los Turbantes en defensa de la vida y el territorio, en noviembre del 2014, en la que 30 personas caminaron desde La Toma hasta Bogotá para pedirle al Gobierno Nacional que detuviera la destrucción del río.

Un mes después, la Fuerza Pública destruyó las retroexcavadoras y se empezó a perfilar el liderazgo de mujeres como Francia Márquez, Marilin Machado, Alexa Leonor Mina, Sofía Garzón, Yineth Balanta, Marlin Mancilla o Clemencia Fory.

Aún así, la minería ilegal llevó al Ovejas al borde de la destrucción. El ataque feroz de retroexcavadoras y mineros ilegales desbarató en varios tramos el lecho del río. Al río deformado se sumaron otras secuelas trágicas como las piscinas de cianuro y el agua envenenada con mercurio, pero sobre todo una para las mujeres.

“La fiebre del oro trajo gente de muchas partes del país que en su mayoría eran personas malas y resultó que muchas mujeres fueron violadas y a la hora de demandar, no sabíamos a quién porque no conocíamos esa gente. Hay muchas mamás, muchas mujeres en nuestro territorio que tienen hijos y que no conocen el papá”, denuncia Aníbal Vega.

Ni el mismo consejo comunitario conoce la cifra exacta de mujeres que vivieron esa situación porque no existen denuncias y presumen que otras mujeres optaron por guardar silencio frente a su situación.

Con la destrucción de las retroexcavadoras en el río Ovejas llegaron también las amenazas de muerte contra Francia Márquez y sus hijos, proferidas por grupos criminales que pretendían que les pagara el valor de la maquinaria incinerada por las autoridades. Francia debió salir desplazada en enero del 2015.

“Cuando uno es mujer y está asumiendo estas luchas, lo ven como un ser más débil y te pueden dañar. El mejor ejemplo es mi situación: todos mis compañeros están allá en la comunidad, pero yo soy la que no puedo estar y a mí fue la que me tocó salir huyendo con mis hijos. Yo soy la que no ha podido regresar porque no tengo garantías”, asegura Márquez, quien tras la marcha de las mujeres recibió también el Premio Nacional de Derechos Humanos, de la ONG católica Diakonia y la iglesia católica sueca.

En defensa de lo ancestral

El consejo comunitario de La Toma está convencido que las batallas que han debido librar fueron promovidas por un Estado que, antes que reconocer su territorio legalmente registrado y sus derechos colectivos como el de la consulta previa, optó por ignorarlos y ceder sus tierras para que particulares fueran tras el oro en el subsuelo.

Según la respuesta de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), la máxima autoridad ambiental en la región, a un derecho de petición enviado para este informe, en La Toma se concedieron una decena de títulos de exploración y explotación a particulares como Alonso Giraldo, Miguel Antonio Carabalí, Eusebio Lucumí y Raúl Fernando Ruiz.

También a empresas como AngloGold Ashanti y la firma canadiense Cosigo Resources, que protagonizó un sonado pleito legal en los Llanos Orientales y a la que le otorgaron un título minero en el Cauca en el 2007 a su representante legal para Colombia y Brasil, Andrés Rendle.

Un fallo histórico de la Corte Constitucional en septiembre del 2015, mediante la Sentencia C-035, evitó que Cosigo Resources pudiera explotar el oro en la zona que le había sido titulada dentro del Parque Nacional Yaigojé-Apaporis, en plena Amazonia, amparado en un derecho que le otorgó el gobierno de Álvaro Uribe posterior a la creación del área protegida y en contravía con la prohibición constitucional de hacer minería dentro de parques nacionales.

Esta misma sentencia ha abierto la puerta para que varias empresas mineras hayan convocado tribunales de arbitraje en el marco del Convenio del CIADI sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, el cual fue formulado por los Directores Ejecutivos del Banco Mundial para promover la inversión internacional.

Hasta la fecha son cinco las compañías que han solicitado arbitramento frente al Estado colombiano  que, además del deterioro de las condiciones ambientales y sociales que se describen, se ve ahora abocado a millonarias demandas que reclaman: Gran Colombia Gold Corp., Galway Gold Inc., Red Eagle Exploration Limited, Eco Oro Minerals Corp. y Glencore International A.G. and C.I. Prodeco S.A.

Sin embargo, los mayores desvelos en La Toma los ocasionó el título otorgado por el antiguo Ingeominas (cuyas labores de titulación heredó la actual Agencia Nacional de Minería), a Héctor Jesús Sarria, un personaje desconocido para los habitantes locales, para extraer oro en una extensión de 99 hectáreas en el sector de La Carolina durante diez años, contados a partir de marzo de 2006 y prorrogables hasta 2026.

El Ministerio del Interior, en un informe de comisión y verificación del 12 de junio del 2009 expidió un certificado para avalar el proyecto BFC-021 indicando que no existía población negra en 18 kilómetros a la redonda. Ese aval significaba que Sarria no tendría que realizar el proceso de consulta previa que ordena la Constitución colombiana y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de Naciones Unidas que Colombia firmó.

Después de que la comunidad de La Toma no permitió su ingreso, Sarria solicitó un amparo administrativo pidiendo retirar a las comunidades negras del territorio. Ese amparo le fue concedido en abril del 2009 y, en marzo del 2010, el Juzgado Primero del Circuito Administrativo de Popayán ordenó el desalojo de las comunidades afro.

“Cuando supe que nos iban a sacar, decidí estudiar derecho. No tenía para el transporte, ni para pagar la universidad, pero recordé que para nuestros ancestros tampoco fue fácil y gracias a ellos hoy no tenemos los grilletes”, señala Márquez, quien tras 30 años corriendo libre entre montañas y ríos, atiende esta entrevista en un pequeño apartamento que le sirve de refugio tras las amenazas en su contra.

En segundo semestre supo que los derechos fundamentales se pueden tutelar y que la consulta previa es uno de ellos. Con sus compañeros Gabino Hernández y Yair Ortiz preparó una acción de tutela que interpuso en mayo del 2010 ante el Tribunal Superior de Popayán, argumentando la violación a sus derechos a la vida digna, la consulta previa, el trabajo el debido proceso y la autonomía e integridad cultural.

La tutela fue negada en primera instancia porque La Toma supuestamente no era una comunidad negra con un título colectivo y así lo ratificó en segunda instancia la Corte Suprema de Justicia. La comunidad no se rindió y solicitó la revisión de la Corte Constitucional.

El 14 de diciembre, el máximo tribunal de la justicia colombiana revocó la decisión y tuteló los derechos fundamentales de los afros de La Toma a la consulta previa y al debido proceso. Ordenó, entre otras cosas, a Ingeominas “que se abstenga de otorgar o suspenda, según el caso, la o las licencias de explotación minera en el proyecto del señor Héctor Jesús Sarria o cualquier otro en el corregimiento La Toma de Suárez, Cauca, hasta tanto se realice, de manera adecuada, la consulta previa ordenada en esta sentencia y se expida, en su momento legal y si hubiere lugar, la licencia ambiental respectiva”.

No cesa la lucha

La comunidad de La Toma no baja la guardia y permanece atenta ante la posibilidad de cualquier intento legal o ilegal por arrasar el agua o su territorio. Lo que los mueve en la actualidad es hacer valer sus derechos y que se realice una consulta previa que dé vía a un plan de manejo ambiental (PMA) en la represa de Salvajina.

“Han pasado 35 años desde que se construyó la represa y no hay un plan de manejo ambiental. Puede pasar cualquier cosa grave con ese muro y se lleva todo lo que hay de ahí para abajo porque tampoco existe un plan de contingencia. Ahora, la EPSA empezó a hacer un remedo de PMA sin tener en cuenta los consejos comunitarios ni los resguardos indígenas”, cuenta Marilyn Machado, integrante del consejo comunitario.

“La empresa dispone de un plan de contingencia, el cual es de conocimiento de las comunidades desde el inicio del proceso de consulta previa en 2012”, respondió el Grupo Celsia, y aclaró que de acuerdo con la legislación vigente, “son las alcaldías las llamadas a liderar los planes de gestión del riesgo en los municipios.

Agrega en su comunicación, que “el plan de contingencia fue socializado con la Oficina de Gestión de Riesgo de Suárez en una reunión realizada el 9 de mayo de 2017” y que la Procuraduría Ambiental y Agraria del Cauca ha liderado unas mesas de trabajo con entidades competentes para revisar el plan de contingencia de la Central, el cual se ha venido concertando con las comunidades aguas abajo”.

La EPSA fue creada en 1995, cumpliendo con lo ordenado en la Ley 99 de 1993, que obligó a separar la regulación ambiental de negocios como la generación de energía eléctrica. Entonces la Salvajina era propiedad de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), autoridad ambiental del vecino departamento del Valle, y era administrada por la empresa Colinversiones.

Ahí empezó una lista larga de propietarios nacionales y extranjeros. Del Estado pasó a la estadounidense Houston Industries y a la venezolana Electricidad de Caracas, quienes a su vez cedieron su participación accionaria a la empresa española Unión Fenosa en el 2000 y luego a Gas Natural Fenosa. 

El control actual lo tiene Colener S.A.S., sociedad que pertenece en un 100% a Colinversiones S.A y que hoy tiene entre sus accionistas a Inversiones Argos S.A., con su generadora de energía Celsia, y a la Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera. Ambas pertenecen al Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), uno de los más grandes del país.

Sin embargo, no ha prosperado el diálogo con ninguna de las empresas, dice la comunidad.

No obstante, las directivas de EPSA aseguraron que con el consejo comunitario de “La Toma, se está adelantando la fase de formulación de acuerdos  asociados a las medias que harán parte del PMA (Plan de Manejo Ambiental) de la operación y mantenimiento de la Central Hidroeléctrica Salvajina, la cual inició en abril del 2018”.

Aseguró la empresa que la consulta previa con los consejos comunitarios ha tenido una inversión de $2.802 millones de pesos, cerca de US$950.000 dólares, y que se han hecho inversiones voluntarias en La Toma, entre el 2017 y 2018, por $881 millones de pesos, aproximadamente US$300.000 dólares.  

“Aquí hubo una reunión para hablar de consulta previa y llegaron los directivos de la EPSA escoltados por camionetas llenas de militares y todos decíamos, ‘¿qué pasó si es que nosotros no somos unos delincuentes?”, recuerda Machado. 

Antes de ampararle esos derechos, el Estado colombiano instaló en 2013 una base militar en predios de la comunidad de La Toma. De repente empezaron sus tierras a figurar en los mapas de estrategia militar con el rótulo de ‘zona roja’.

Un documento del 2013, dice la comunidad, señala que fue mediante un convenio entre el Ministerio de Defensa, EPSA y la minera Anglo American, que se instaló una base de la Brigada 29 del Ejército en La Toma.

Ese ‘dolor’, como ellos llaman a la ironía de que una base militar sea la única presencia permanente de las instituciones del Estado en su territorio, ha quedado plasmado en varias canciones tocadas al ritmo del lamento de las cuerdas de los violines, ese instrumento europeo que los esclavos aprendieron a fabricar artesanalmente para imitar las fiestas de sus amos. 

Canciones representativas como ‘Mi compadre no se va’, compuesta por Sabino Lucumí, representante legal del consejo comunitario y que logró el segundo lugar en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez en el 2013, el más emblemático del Pacífico colombiano.

“Esta es una canción que no solo expresa el sentir nuestro en La Toma, sino que nos sentimos muy orgullosos porque otras comunidades también la han tomado como himno y como fuente de reflexión porque debemos proteger el oro y el territorio”, señala Eliomar Lucumí, compositor e integrante del grupo musical Cañabrava.

“Míralo bien compadrito mira, mira lo que vas a hacer…

El territorio de La Toma, lo vamos a proteger…

Contra multinacionales que nos quieren desplazar

Y de las transnacionales no nos dejamos sacar

Explotemos nuestro oro de forma tradicional

Nos respeten la cultura y que nos dejen en paz”.

“Los territorios donde hemos construido comunidad y recreado nuestra cultura no fueron un regalo; les costó a nuestros mayores muchos años de trabajo y sufrimiento en las minas esclavistas”, reitera Márquez.

Entre tanto Jairo Chará, quien además toca la guitarra en el grupo Cañabrava, sentencia que, “el tomeño va a esgrimir hasta la última gota de su sangre por defender el territorio”.

Cerca de 40 años lleva la comunidad de La Toma, en el norte del Cauca, resistiendo el embate de la minería ilegal, los intereses económicos de las multinacionales y el menosprecio de un Gobierno que, para otorgar títulos mineros en sus tierras, certificó hace una década que en este territorio ancestral no hay presencia de comunidades negras en 18 kilómetros a la redonda.

Historia repetida

El Llanito no es el único pueblo donde oponerse al fracking está generando amenazas y señalamientos.

Unos 150 kilómetros al norte de Barrancabermeja se encuentra San Martín, un pueblo cercano a los 17 mil habitantes en el vecino departamento del Cesar. En abril de 2016, cincuenta ciudadanos de muy distintos perfiles se unieron para crear la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (Cordatec), cuyo propósito fundamental es rechazar la realización de pruebas piloto de fracking en tierras sanmartinenses.

Aunque la actividad petrolera en San Martín se remonta a la década de los 70, cuando la empresa Petróleos del Norte inició operaciones en los pozos Mono Araña y Tisquirama, el pueblo solo vio modestos volúmenes de crudo. En las últimas dos décadas, la producción diaria no pasó de entre 300 y 1.400 barriles de petróleo, según cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Sin embargo, estudios de Ecopetrol de 2011 evidencian que en el llamado Valle del Magdalena Medio –donde se encuentra San Martín- los análisis de geología, geofísica e ingeniería de yacimientos estiman que hay un potencial de entre 2.400 millones y 7.400 millones de barriles de petróleo y gas técnicamente recuperables.

El problema es que estos hidrocarburos aún se encuentran en lo que se conoce como roca generadora. Es decir, en una formación geológica de poca permeabilidad que almacena crudo y gas a profundidades superiores a los tres mil y cuatro mil metros. Por esta razón, este tipo de yacimientos recibe el nombre de “no convencionales” y su explotación solo es posible mediante una tecnología llamada ‘fracking’.

Dicha tecnología, que comenzó a ser usada en Estados Unidos en 1999, tiene como punto de partida el fracturamiento hidráulico, que consiste en la inyección, a muy alta presión, de ingentes cantidades agua mezclada con arena y químicos, que generan microfisuras en las rocas generadoras para permitir que el crudo –o el gas- ascienda a la superficie.

Como lo explica Óscar Vanegas, profesor de geopolítica energética de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, aunque el fracturamiento hidráulico se venía realizando desde los años 50 del siglo XX, el fracking solo fue posible cuando apareció maquinaria altamente especializada como taladros “Top Drive” y los llamados ‘motores de fondo’, que permitieron perforar la roca de manera horizontal y no vertical, como venía trabajando la industria petrolera desde hace un siglo.

“Y, hasta donde tenemos entendido, el fracking podría generar serios problemas ambientales en nuestro municipio, como la contaminación de fuentes de agua subterráneas y de cuerpos de agua como ríos, quebradas y ciénagas, así como el aumento de eventos sísmicos”, expresa Dora Stella Gutiérrez, actual presidente de Cordatec. Por ello, agrega Dora Stella, desde el mismo momento de su nacimiento, la organización ambientalista ha realizado talleres, foros, seminarios, marchas y jornadas de sensibilización contra esta técnica. Y ello les ha costado señalamientos, estigmatizaciones, amenazas de muerte y atentados contra sus vidas. 

El ataque más reciente contra un integrante de Cordatec ocurrió el pasado 23 de enero. Ese día, a la 1:00 de la tarde, un hombre disparó en repetidas ocasiones contra José Orlando Reina, reconocido activista del municipio, cuando caminaba por las calles de un céntrico sector de su pueblo, cerca de la estación de Policía. Las detonaciones motivaron la reacción de varios uniformados, quienes, en un cruce de disparos, mataron al sicario. El líder fue auxiliado y remitido al hospital del cercano municipio de Aguachica, donde varias intervenciones quirúrgicas le salvaron la vida.

 El atentado contra Reina se suma a una larga cadena de agresiones que, hasta ahora, no han dejado víctimas mortales.

En septiembre de 2017, otra de sus líderes, Jassiel Leal, estudiante de ingeniería ambiental, recibió un par de llamadas telefónicas en las que, en tono amenazante, le ordenaron que “no siguiera defendiendo lo que no le interesa”.

Dos meses antes, el 20 de julio, hombres armados irrumpieron en la casa de Crisóstomo Mancilla, también integrante de Cordatec y presidente de la junta de acción comunal de la vereda El Loro, y le propinaron varios disparos. Herido, Mancilla logró ser trasladado hasta un centro de salud donde le salvaron la vida.  

El 29 de mayo de 2017, otros dos miembros de Cordatec, Marina Medina y Jorge Eliécer Torres, quienes además fungen como presidentes de juntas de acción comunal de dos importantes barrios de San Martín, recibieron amenazas por cuenta de sus posturas negativas frente al fracking.

A lo anterior se suma la circulación, en febrero de 2017, de un panfleto firmado por las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, estructura armada que surgió en 2008 luego de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en el que amenazan de muerte a “izquierdistas, activistas de derechos humanos, líderes ambientalistas y líderes indígenas”.  

“La verdad la situación está compleja”, reconoce la presidenta de Cordatec. “Desde mediados del año pasado la UNP (Unidad Nacional de Protección) nos dio un esquema colectivo [de protección], que consiste en un carro blindado y dos escoltas, para que los integrantes de la corporación nos movilicemos. Pero la verdad es que la cosa no está fácil. Nosotros veníamos realizando unos talleres con la comunidad, explicándoles qué es el fracking y por qué es tan perjudicial para nuestro territorio, pero no hemos podido empezar este año, por la situación tan tensa como está”.

Hacer o no hacer fracking: el dilema

La discusión sobre explotar yacimientos no convencionales mediante fracking no es nueva en Colombia.

Desde los primeros años de la presente década, la industria petrolera nacional viene planteando la necesidad de recurrir a esta tecnología –que despierta fuertes resistencias entre sectores ambientalistas y políticos- para aumentar significativamente la producción de crudo y gas y, así, garantizarle al país su autosuficiencia energética.

Ante la disminución de las reservas actuales de petróleo, el debate se volvió recientemente más urgente y prioritario. De hecho, figuró en la pasada campaña electoral a la Presidencia de la República: el actual presidente Iván Duque Márquez se comprometió en Bucaramanga, el 11 de abril de 2018, que si triunfaba en los comicios presidenciales no permitiría la implementación de esta técnica.

“Tenemos ecosistemas diversos y complejos, acuíferos subterráneos de enorme riqueza y unos riesgos de mayor sismicidad por los tipos de suelos que tenemos. Por eso he dicho que en Colombia no se hará fracking”, señaló en ese momento el hoy Presidente Duque ante un grupo de académicos y estudiantes universitarios congregados en el auditorio de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

En noviembre pasado, tres meses después de asumir la Presidencia, Duque convocó una Comisión Interdisciplinaria de Expertos con el fin de estudiar las posibles consecuencias que generaría la aplicación de la técnica del fracking en el país.

La misión de esta comisión, integrada por trece académicos de diversas disciplinas que van desde la biología, pasando por el derecho, la filosofía, la economía hasta llegar a las ingenierías –civil, mecánica y de petróleos- y la resolución de conflictos interculturales, era discutir la viabilidad del fracking en el país, tras conversar con las comunidades de los territorios donde se proyecta realizar pilotos, evaluar los impactos de esta tecnología en otros países y revisar la normativa ambiental existente.

Su informe final, que los expertos entregaron al Gobierno nacional este 15 de marzo, no dio vía libre al fracking en Colombia, pero determinó que sí es posible adelantar proyectos piloto integrales que permitan profundizar el conocimiento sobre la técnica, así como sobre sus verdaderos efectos.

El documento, quizás por la heterogeneidad de sus integrantes, llegó a conclusiones aparentemente contradictorias como destacar el enorme potencial económico de los yacimientos no convencionales del país, al tiempo que advierte sobre el bajo acceso que tienen las comunidades a la información sobre los proyectos y la inexistencia de suficientes estudios sobre aguas subterráneas, riesgos de sismicidad, posible contaminación de ecosistemas y capacidad de las instituciones encargadas del control ambiental.

La comisión también hizo una serie de recomendaciones al Gobierno Duque, incluyendo divulgar a las comunidades toda la información sobre los proyectos; identificar carencias de información sobre ecosistemas, hidrogeología y sismicidad; acordar mecanismos de participación y veeduría ciudadana; construir líneas de base social; acordar manejo de riesgos de salud con pobladores cercanos a los proyectos piloto; e identificar las carencias de las instituciones responsables del control ambiental.

La industria petrolera interpretó las conclusiones de la Comisión como un llamado responsable a que el Gobierno nacional implemente la técnica en Colombia y como una refutación de los argumentos de quienes se oponen al fracking.

“Lo que dijo la Comisión es que Colombia cuenta con la regulación necesaria para desarrollar esta técnica. De hecho, es la más rigurosa y exigente a nivel internacional. Y que los posibles impactos ambientales que pueden derivarse de esta técnica son totalmente identificables y se pueden prevenir”, dice Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos (ACP) que agremia a las petroleras.

“El país tiene reservas de petróleo y gas que alcanzarían para seis años y once años, respectivamente. Son tiempos extremadamente cortos para esta industria, (por lo que) es fundamental mantener la autosuficiencia energética. También es fundamental que el país tenga excedentes de petróleo para exportar, por lo que significa para las finanzas internas”, añade Lloreda, quien también fue ministro de Educación.

¿Hay suficiente ‘oro negro’?

La importancia económica del fracking está clara. Tanto así que, según Lloreda, el 15 por ciento del petróleo y el 30 por ciento del gas a nivel mundial, se explotan mediante esta tecnología.

Ese boom, sin embargo, es divisivo en muchos países. Francia, Alemania e Irlanda prohibieron la técnica, mientras algunos estados de Australia y Estados Unidos le han puesto moratorias.

En Colombia, según Ecopetrol, hay yacimientos no convencionales en el Catatumbo de Norte de Santander, en Putumayo y en Caquetá, aunque el mayor potencial está justamente en las formaciones geológicas conocidas como La Luna y El Tablazo del Valle del Magdalena Medio y Cesar, donde justamente ha despertado temores entre la población local.

Es ahí también donde dos empresas internacionales ya cuentan con resoluciones de adjudicación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para iniciar pilotos.

Una de ellas es Parex Resources Colombia Ltda, multinacional con sede en Barbados a la que la ANH le adjudicó en 2014 un área de 61.679 hectáreas en el municipio de Cimitarra, Santander. Otra es ConocoPhillips Colombia Ventura Ltda., con sede en Islas Caimán, que obtuvo en 2015 un “contrato adicional de exploración y producción de yacimientos no convencionales de hidrocarburos” a uno que tenía desde 2009 en San Martín, Cesar.

“La producción en el Magdalena Medio se podría incrementar en por lo menos 250 mil barriles por día. Además, se generarían importantes beneficios en materia de generación de empleo y demanda de bienes y servicios en las zonas donde se llevaría a cabo la actividad”, nos respondió un vocero de Ecopetrol.

Si bien no hay estimativos de cuánto podría beneficiar el fracking a las finanzas del país, Ecopetrol subraya que, solo en 2018, transfirió a la Nación 23,1 billones de pesos en dividendos (8,2 billones de pesos), impuestos (8,8 billones de pesos) y regalías (6,1 billones de pesos). Además, señala que, ese mismo año, contrató bienes y servicios a más de 6 mil empresas en los territorios donde desarrolló su operación, por 10,4 billones de pesos, y generó 34,805 empleos indirectos.

De ahí la expectativa de las empresas de que el Gobierno nacional dé luz verde a los pilotos de fracking. “Ecopetrol S.A ha propuesto desde hace dos años la realización de pilotos controlados de fracking, con veeduría de las comunidades, los entes territoriales y las autoridades regulatorias, para poder aplicar la tecnología y conocer, en prueba práctica, cuáles son sus efectos reales”, explica su vocero.

Riesgos ambientales y sociales

Desafortunadamente, en aquellas zonas donde se llevarían a cabo estas pruebas pilotos de fracking se disparó la violencia contra los líderes ambientalistas a quienes les preocupa la técnica.

Así lo documentó el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, la entidad estatal que monitorea riesgos de violación a los derechos humanos en todo el país.  

“Los líderes sociales y comunitarios que en los últimos meses han sido objeto de amenazas, hostigamientos y agresiones en el departamento del Cesar pertenecen a organizaciones sociales, especialmente campesinas, que desarrollan (entre otras) las siguientes actividades: 1) defensa del territorio; 2) oposición al modelo de desarrollo extractivista así como a los daños ambientales causados a los ecosistemas como consecuencia de la expansión de la minería y la agroindustria”, dice en Informe de Riesgo 040-16 A.I del 28 de noviembre de 2018.

La situación que padecen actualmente los integrantes de Cordatec, la organización ambientalista de San Martín, es una de las que más preocupa al SAT de la Defensoría.

“Varios dignatarios de la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas –Cordatec, en razón a las jornadas de resistencia pacífica que adelantaron por varios días a partir del 7 de septiembre de 2016 a la utilización de la técnica de la fracturación hidráulica conocida como fracking, para la extracción de petróleo realizadas en Cuatro Bocas, jurisdicción de San Martín, han sido objeto de reiteradas amenazas”, dice el mismo informe. 

Una advertencia similar hizo la Defensoría del Pueblo para Barrancabermeja, considerada la capital petrolera de Colombia por ser sede de la principal refinería del país.

En Alerta Temprana No. 076-18 de noviembre del 2018, el Ministerio Público aseveró que el desarrollo de nuevos proyectos de exploración y producción petrolera coincidía con el aumento de las amenazas contra líderes ambientalistas, dirigentes comunales y defensores de derechos humanos en los municipios del Magdalena Medio santandereano. Ejemplo de lo anterior, señaló de la Defensoría, fueron las amenazas proferidas contra líderes de los corregimientos Ciénaga de Opón, La Fortuna y El Llanito de Barrancabermeja.

Todos ellos tienen en común vivir en zonas donde se perfilan proyectos de explotación de yacimientos convencionales y no convencionales. Ese incremento en las intimidaciones podría estar relacionado, argumenta el SAT de la Defensoría, con el interés de grupos criminales presentes en la región por obtener recursos mediante la cooptación de contratos de bienes, personal y servicios requeridos por las empresas petroleras para el desarrollo de sus labores.

“Grupos armados ilegales, entre ellos las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ han implantado prácticas de hostigamiento, intimidación, cooptación de líderes comunales que instalan diálogo directo con las empresas contratistas de Ecopetrol. Ello porque está de por medio el relacionamiento para el suministro de personal y la financiación económica para la estructura criminal a través de los contratos de bienes y servicios que requieren estas empresas para la ejecución de obras”, concluye la Defensoría en su Alerta Temprana 076-18.

En particular, el organismo público llamó la atención sobre la situación de Óscar Sampayo y Óscar Yesid Blanco, dos reconocidos barranqueños que, por circunstancias distintas, terminaron erigiéndose como los más férreos opositores al fracking y abanderados de la protección del ambiente y el agua.

A la expectativa

Pese a las amenazas, casi todos los líderes contra el fracking sostienen que continuarán oponiéndose a la técnica.

En El Llanito de Barrancabermeja no descartan hacer plantones, paros cívicos y marchas, para proteger la Ciénaga de San Silvestre, que consideran la vida y alma de su pueblo.

En San Martín, continúan con su resistencia frente a las pruebas piloto. De hecho, luego de varias reuniones y audiencias públicas que sostuvieron a lo largo de 2018 integrantes de Cordatec y funcionarios de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la entidad decidió suspender temporalmente, mediante los Autos 6117 del 9 de octubre de 2018 y 6445 del 23 de octubre del mismo año, dos licencias ambientales otorgadas a la petrolera ConocoPhillips Colombia Ventura Ltda.

Según la entidad del Gobierno que vela por las licencias ambientales, los estudios de impacto ambiental –en sus palabras- “no satisfacen lo requerido por la autoridad ambiental” pues “no cumplen con los términos de referencia para la explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales”.

“Ese fue como un pequeño logro para nosotros”, dice Dora Stella Gutiérrez, actual presidente de Cordatec, “pero igual, es una suspensión temporal. Al pueblo, la empresa sigue ingresando maquinaria a (vereda) Cuatro Bocas, donde está el pozo Pico Plata 1. Y la verdad, no sabemos qué están haciendo allá”.

Para los ambientalistas, la discusión sobre el fracking no debería circunscribirse únicamente al potencial económico del subsuelo, sino a la riqueza natural de su superficie.

“Si se acaba el petróleo, ¿se acaba la vida en Barrancabermeja? Creo que no y creo que es el momento de pensar en hacer el tránsito a energías limpias, renovables”, sostiene Sampayo.

Entre tanto, Dora Stella, quien forjó una próspera carrera como comerciante de abarrotes en San Martín, asevera que el petróleo no será la salvación económica de su pueblo.

“Hace como tres años llegó esta empresa petrolera al pueblo con sus trabajadores y contratistas ¿Subieron nuestras ventas desde entonces? No. Por el contrario, ya tenemos problemas de prostitución y robos. Con el fracking será peor, acabarán con el agua y con la tierra y nos tocará entonces irnos para otro pueblo porque aquí ya no habrá vida”, dice Dora Stella.

El desmonte del Darién

Chocó, una región tupida y húmeda más biodiversa incluso que la selva amazónica, ha perdido en los últimos cinco años un promedio de 25 mil hectáreas de bosque. 

Las alertas emitidas durante 2018 por el Ideam –el instituto meteorológico nacional que monitorea la deforestación- indican que los municipios de Riosucio, Bajo y Medio Baudó tienen los núcleos más avanzados de deforestación. En total, hubo alertas para 13 municipios y el 43% de la pérdida de bosque en el año se concentró durante el segundo trimestre – es decir, en esta misma época hace un año.

Edersson Cabrera, coordinador del grupo de monitoreo de bosques del Ideam, asegura que en todo el Pacífico la mayor presión se debe a la siembra de cultivos de coca y la minería criminal, pero hay también informes preocupantes sobre las consecuencias de la tala selectiva -legal e ilegal- en el Bajo Atrato.  

En 2016 se calculaba que el comercio ilegal de madera en el mundo representaba hasta 100 mil millones de dólares anuales y es culpable del 90% de la deforestación, según reportó la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (Iufro).

En Colombia, donde el problema es agudo, el Comité interinstitucional de control al tráfico de fauna y flora tomó medidas: desde diciembre de 2018, es necesario un salvoconducto para cualquier acopio, transformación, movilización o comercialización de especies.

Adicionalmente, el Ministerio de Ambiente aumentó cuatro y cinco veces el precio de la tasa por especie de las especies de árboles más vulnerables, que es un impuesto para la comercialización de la madera.

Con estas medidas se pretende es que el comercio de especies se reduzca, aunque no todos son optimistas. William Klinger, un ingeniero forestal chocoano y director del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP), cree que las nuevas medidas simplemente permitirán que los intermediarios tengan más madera.

“El error es que no tiene bases técnicas: uno debe sacarle al bosque el capital que genera interés, y en este caso es el crecimiento. Un bosque crece alrededor de 20 metros cúbicos por año y, si no se le permite crecer, el agotamiento del bosque prácticamente es irreversible”, explica.

Las cifras de Colombia como exportador de madera no son claras. El país solo aparece documentado como exportador de teca, una madera que no es considerada como tropical, en los informes de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales. Sin embargo, en las reseñas de la situación de maderas de esa misma organización  sí aparece como productor de 2.100 metros cúbicos de madera tropical en 2016.

Igual ocurre en los datos nacionales. El Centro Virtual de Negocios que hace medición independiente de los negocios internacionales,  indica que entre 2017 y 2018 salieron por el puerto Turbo 28 kilos de madera, por Barranquilla 1.382 y por Cartagena 2.444 de madera tropical, pero el informe de exportaciones del Dane (la entidad nacional de estadísticas) reporta exportaciones nulas en 2017 y 1.410 toneladas el año pasado.

Para Manuel Rodríguez Becerra, el primer ministro de Ambiente del país, en la práctica las alertas son inútiles. “Sirven como una cronología de la tragedia”, dice.

“El problema de fondo en la deforestación es la falta de control del Estado. Somos un Estado fallido en esas regiones transfronterizas”, añade.

En el Bajo Atrato y el Darién la tala indiscriminada de árboles es una herencia de la empresas madereras de los años 50. Por supervivencia para los nativos o por negocio para los traficantes, a diario caen miles de árboles que están dejando bosques sin mucho valor y con peligros inminentes por su proximidad al Parque Nacional Natural Los Katíos y el Tapón del Darién. Fotografías por: Carlos Alberto Gómez.

Los incendios de un parque

Durante la primera semana de abril de este año, en el Parque Nacional Natural Los Katíos – al extremo norte el Bajo Atrato- se quemaron 1.800 hectáreas de bosque. Lo único que pudo controlar el fuego fue un aguacero en un área protegida porque es el puente de intercambio de fauna y flora entre Centro y Suramérica.

Esto significa que muchas plantas y casi todos los mamíferos grandes que hacen parte de nuestra flora y fauna entraron a Colombia y a Suramérica por el Darién. Y lo siguen haciendo, como el jaguar que se mueve desde Centroamérica hasta Argentina.

Dos semanas antes, otro incendio había acabado con 200 hectáreas de bosque en la zona de amortiguamiento alrededor de este parque nacional de 72 mil hectáreas, declarado patrimonio de la humanidad por su riqueza biológica y conectado con el Parque Nacional Darién en Panamá, de 550 mil hectáreas.  

Así, durante el último verano se ha reportado un nuevo incendio cada semana.

Lo ocurrido este año hizo recordar a los expertos un incendio en 2016 que quemó 10 mil hectáreas, ocho mil de ellas de bosque, y afectó gravemente al parque nacional. Con el tiempo, las autoridades confirmaron que se trató de quemas para ampliar la frontera agrícola y para cazar tortugas.

Es una práctica que recuerda la de comienzos de los años 90 cuando los paramilitares al mando del sanguinario Carlos Castaño hicieron grandes desmontes de selva para abrir tierra para la ganadería.  

“La hipótesis más clara es que podría tratarse de ganaderos que aprovechan la estación seca para abrir tierra para sus fincas”, recuerda Rodríguez Becerra.

Las ciénagas

La tala indiscriminada afecta directamente a los cuerpos de agua, principalmente las ciénagas que sirven como reguladoras de los regímenes hídricos, porque absorben el agua cuando el río crece y la sacan cuando el río se seca. Esa inestabilidad en el circuito de las ciénagas podría ser la causa de muchas de las inundaciones que han azotado a Chocó en los últimos años.

En 2014, el grupo de estudios oceánicos de la Universidad de Antioquia hizo un estudio de la calidad del agua en los humedales del plano de inundación del río Atrato. En 18 ciénagas se detectó una baja presencia de animales, una grave señal de alarma dado que los humedales son una suerte de sala cuna para los peces, igual que los manglares: por ahí pasan, engordan, crecen y luego van a los ríos, que es cuando se producen las subiendas. 

 Por ello, explica Klinger, se ha dado pérdida de especies como los manatíes, las nutrias y las doncellas.  

Pero hay hechos que le permiten guardar esperanza, como la reaparición de una especie de pez llamado boquiancha que los investigadores consideraban extinto desde hace diez años. Luego de publicar avisos de “Se busca” por todo el Chocó, la noticia alentadora llegó de Salaquí hace un año y medio.

 “¿Es reversible? Yo creo que sí, a costos muy altos. Lo primero es recuperar las ciénagas para que el espejo aumente y lo segundo controlar las actividades forestales y la ganadería”, dice.

 La propuesta del ex ministro Rodríguez Becerra es la que impulsa desde la Gran Alianza contra la Deforestación que reúne a diversos actores de la sociedad civil: crear presión para que el Gobierno actúe y seleccionar tres o cuatro zonas críticas en orden público y sensibles en deforestación, para recuperar el control estatal, llevar bienes públicos de salud y educación y trabajar con las comunidades para frenar el desmonte. “Es complejo, pero es factible”, dice.

El motor

Fuente: Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, Unodc

“La coca es la gasolina para lograr una mayor intervención, tanto para el ganado como para la deforestación”, dice Edersson Cabrera del Ideam.

Ese combustible ya entró al Bajo Atrato y se acerca al Darién. Hasta 2017 solo unas pocas parcelas tenían pequeños cultivos de coca, lo que llaman un cuarterón. Pero llegó. Al Truandó en marzo, cuando los grupos armados autorizaron la siembra de coca, y para finales de año se replicó en todas las comunidades.

 “Nos traen la semilla, nos dan un plante, nos garantizan la compra, pero la verdad es que le vendimos el alma al diablo”, cuenta un campesino que tiene media hectárea de coca en su finca y que pidió omitir su nombre por el riesgo de seguridad que supone hablar del tema con nombre propio. 

Aún no hay reportes de 2018, pero el último censo hecho por la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (Unodc) mostró que Chocó tenía 2.611 hectáreas de coca sembradas a finales de 2017 , una cifra que apenas representa el 5% del área sembrada en Nariño (el departamento con más coca del país), pero un alarmante 44% más que en 2016. Eso muestra cómo viene creciendo rápidamente.

Cálculos de las organizaciones de derechos humanos que trabajan en la zona indican que el 80% de la población ya tiene alguna siembra de coca, la mayoría obligada.

En el Bajo Atrato chocoano, paralelo al río Salaquí se está construyendo una carretera ilegal. Los analistas del Ideam la localizaron con las imágenes satelitales con que detectan los focos de deforestación y dieron la alerta. . Las gráficas muestran tres momentos: 2017 cuando la obra no había comenzado, noviembre de 2018 cuando se inició y enero de 2019 cuando ya había avanzado 14 kilómetros.

La vía en medio de la selva

Una línea amarilla, de color más claro que la que representa un río, llamó la atención de los analistas del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Ideam.

La identificaron durante el procesamiento de imágenes del satélite PlanetLabs la convirtieron en coordenadas y la monitorearon durante varias semanas. El diagnóstico: ya existe una vía ilegal adyacente al río Salaquí, en el margen occidental del río Atrato, que se adentra en el bosque.  

Entre el 1 de noviembre de 2018 y el 2 de enero de este año avanzó 14 kilómetros, algo así como un  kilómetro cada cuatro días. A ese ritmo, en un año podría ser una vía de 90 kilómetros.

La alerta fue inmediata porque así comenzó la construcción de la Marginal de la Selva, una vía largamente anticipada por el Gobierno para unir Guaviare con Caquetá que ilegales se les adelantaron en abrir en medio de la selva amazónica. Hoy ya corre peligrosamente cerca del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, uno de los mayores tesoros naturales de Colombia y recién declarado patrimonio de la humanidad.

La zona de Riosucio donde corre la vía es selvática y, aunque no es una reserva natural ni está en la zona de amortiguamiento de un parque nacional, es poco probable que alguna autoridad ambiental otorgue permisos para una construcción de este tipo.

Los cálculos de los analistas indican que se trata de una vía que bien podría ocupar entre tres y cuatro metros de ancho, lo que permitiría el paso de un vehículo 4x4 y, si siguiera las rutas que hoy utilizan los traficantes de personas y droga, podría convertirse en la apertura del Tapón del Darién.

Aunque hoy está archivado, el proyecto para construir una vía que una a Centro con Suramérica fue bautizado hace décadas con el nombre de Transversal de las Américas e incluye un trazado de 62 kilómetros que no toca directamente Los Katíos, pero sí “incluye obras en las zonas aledañas al Parque generando presión sobre los territorios vecinos y el área protegida”, según el Atlas.

El problema es que el Darién es muy rico en diversidad biológica pero también muy frágil. “Ese camino, como cualquier otro legal o ilegal, lleva colonización y genera deforestación”, dice el ex ministro Manuel Rodríguez Becerra, añadiendo que lo único que lo ha conservado es que los panameños no tienen interés en esa obra.

Los estudios del Ideam parecen darle la razón: el 72% de la deforestación del país está ubicada a menos de ocho kilómetros de una vía.

Hay un acelerado proceso de construcción de vías ilegales, cuyo origen “es la ocupación de los espacios abandonados por las Farc que termina convertida en proyectos para mover armas, coca, madera, migrantes, oro, tropas o cualquier otra mercancía”, dice Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), que ha venido siguiendo el tema en la Amazonia.

Las consecuencias sobre la biodiversidad, las comunidades locales y en general el patrimonio colectivo, explica Botero, son enormes porque “los corredores de movilidad hoy se instalan con mano de obra local, muchas veces a la fuerza, otras con la reivindicación política y otras simplemente pagada”.

En el caso de la vía en Salaquí, no se trata de una amenaza sencilla. La posibilidad de la apertura del Tapón del Darien significaría una pérdida irreparable pues cortaría la conectividad de Mesoamérica, lo que sería tan grave como perder la conectividad entre los Andes y la Amazonía.  

“Es la tragedia clásica que pasa en el mundo tropical porque llega una carretera y viene la explotación mas básica y burda de la biodiversidad, que es carne y madera”, dice el biólogo Esteban Payán, director en Colombia de la Fundación Panthera que vela por la conservación de la ruta del jaguar en el continente.

“Ya no es un cazador que tiene una pistola, mata una danta y la lleva al hombro o arrastrada. En el momento en que entra una moto o una camioneta, ya pueden echar 20 dantas, pueden tener una nevera que les permite conservar la carne, llevar una motosierra, hacer un campamento, matar una tonelada de carne de monte sin que se pudra y volver a salir”, explica.

Todo esto, explican los expertos, causa la fragmentación de los ecosistemas. Esto significa que no hay una matriz donde los animales puedan moverse libremente por los puntos cardinales, sino que se levanta una barrera y con ello las poblaciones se separan de un lado a otro.

“Los animales no están dispuestos a cruzar la carretera, simplemente porque es abierta. Por ejemplo, una boruga o una guartinaja no se exponen a caminar por cinco metros abiertos porque un jaguar se los puede comer. O los osos perezosos pierden la capacidad de reproducirse porque no van a buscar a las hembras al otro lado de la carretera”, explica Payán.

A largo plazo, se genera una segregación genética de lado y lado.

Los jaguares, objeto principal de estudio de Payán, serían los primeros en desaparecer por la caza generada por miedo o para alimento de otros animales. Pero también hay especies como las mariposas que son más sensibles a los cambios en su entorno y pueden extinguirse.

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También afecta a Los Katíos porque podría perderse el efecto de conservación efectiva, que solo se logra con una zona de amortiguamiento donde los animales no tengan contacto alguno con el mundo exterior.  

Hay un peligro adicional y poco analizado a primera vista: los coyotes. Se trata de un mamífero controlado en Estados Unidos y que no ha pasado a Suramérica porque son animales que no entran a la selva pero ya están a 20 kilómetros  del Tapón del Darién.

Pueden convertirse en una plaga, Como explica Payán, “en el momento que haya un camino se van a venir y va a haber una invasión biológica de coyotes que nos va a cambiar completamente la dinámica de la fauna en América del Sur porque se trata de un animal muy adaptable que anda de noche, de día. Es un animal generalista: es decir, se come lo que sea, entonces va a llegar a comer de todo”.

“Es una cascada de efectos ecológicos”, concluye Payán.

Adicionalmente, según Botero, la fragmentación de ecosistemas claves asociados a zonas de bosque en resguardos indígenas, comunidades negras, reservas forestales o parques nacionales, es cada vez mayor y se asocia con la presencia de actividades ilegales se multiplican los impactos ambientales y sociales en estas poblaciones que son más vulnerables.

Donde esas carreteras coinciden con fronteras internacionales o grandes áreas boscosas generalmente hay un gran atractivo para el desarrollo de actividades ilegales y ese es el mayor temor con la vía del Salaquí. Un analista de seguridad que investiga temas de narcotráfico, que pidió omitir su nombre porque sus análisis son considerados confidenciales, teme que pueda tratarse del inicio de un círculo de producción de cocaína.

Las rutas utilizadas hoy no son tan rentables pues tienen pasos peligrosos que retrasan las entregas hasta una semana o son inaccesibles. Por eso la droga llega a las inmediaciones de Bahía Solano, en el Pacífico chocoano, desde donde se exporta la cocaína. 

Esta hipótesis cobra sentido al constatar el aumento en los cultivos ilícitos, que dan pie a una producción de cocaína que necesita un acceso terrestre hacia los puntos de embarque fuera de Colombia. Además, los organismos de inteligencia tienen información sobre el aumento de la cuota de exportación de cocaína en el golfo de Urabá, en el Caribe chocoano, por cuenta del posicionamiento de los mexicanos en Nariño.

“Lo que podría pasar es que estén haciendo su modelo de negocio: ustedes siembran, nosotros operamos unos laboratorios, procesamos la hoja y mientras tanto trabajamos en la vía para tener un camino expedito para sacar la droga”, dice el analista.

Más allá de los desastrosos efectos que esta dinámica ilegal tendría en los ecosistemas vitales del Bajo Atrato y el Darién quedan las consecuencias para la población que desde hace cuarenta años se convirtió en víctima de los intereses económicos de actores ilegales.

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