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El fantasma
de Nankints

En 2016 una comunidad shuar en el sur de Ecuador fue desplazada, atacada y acosada judicialmente. En su territorio se instaló una minera. Dos años después, sus 32 habitantes no han podido volver a su tierra.

Cuando Sandro Chinkim regresó a su pueblo, su pueblo ya no existía. Chinkim —un padre de familia en sus 30— había salido un día antes de su comunidad, Nankints, a visitar a sus suegros que viven a apenas 100 kilómetros. “Cuando volví ya no había ninguna casa y toditas estaban enterradas. No había ninguna tabla”, dice. En Nankints —un minúsculo enclave de indígenas shuar en las estribaciones de la Cordillera del Cóndor, en el sur amazónico del Ecuador—  vivían 32 personas. Pero cuando Chinkim volvió no había rastro de ellas, ni de sus casas. Había militares, policías, y restos de madera y zinc, quizás las únicas evidencias de que antes había allí una comunidad. Era el 13 de agosto de 2016.

Cuarenta y ocho horas antes, un piquete de policías, blandiendo una orden judicial, había desalojado a la comunidad: la tierra, les dijeron, era de propiedad de la compañía minera Explorcobres S.A. y ellos la estaban invadiendo. A diferencia de su hijo, los padres de Sandro Chinkim sí estaban en Nankints.

“Les dijeron que tenían dos minutos para recoger sus cosas y salir”, dice Chinkim. “Luego tumbaron las casas, las enterraron en un hueco que cubrieron con tierra”. Ese día, el jueves 11 de agosto de 2016, las ocho familias de Nankints se refugiaron en poblaciones vecinas como San Carlos de Limón, Santiago de Pananza y Tsuntsuim. Ese día, el jueves 11 de agosto de 2016, Nankints dejó de existir. Sus breves cuatro hectáreas se convirtieron, por la fuerza del desalojo, en el campamento minero La Esperanza.

Su gente nunca más pudo volver a su tierra.

Dos años y medio después, una mañana de febrero de 2019, en lo que fuera Nankints ya no hay restos de madera y zinc. Hay siete pequeñas casas con techos plateados, en medio de ordenados caminos de tierra, rodeados por una cerca metálica de dos metros de alto reforzada con amenazantes espirales de alambre de púas.

El campamento La Esperanza está rodeado de una cerca metálica reforzada con alambre de púas. Fotografía de José María León.

Dentro de una garita de cemento, un guardia de seguridad observa desconfiado al cuatro por cuatro que cascabelea y levanta el polvo mientras pasa lento afuera del campamento del proyecto Panantza-San Carlos, que Explorcobres S.A. quiere empezar a explotar en la rica cordillera, repleta de codiciado cobre, durante unos 25 años.

No ha podido hacerlo por la resistencia del pueblo shuar. El desalojo forzado que Sandro Chinkim no vivió, pero que lo dejó sin casa y sin pueblo, era solo el inicio de los cuatro meses que le siguieron a ese jueves 11 de agosto de 2016. En ese momento comenzaría la escalada violenta de un conflicto entre minera e indígenas, que dejaría muerte, persecución, acoso judicial y desplazamiento.

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Jonathan y Steven, de seis y cuatro años, corren de arco a arco. Ríen. En el pasto que separa las casas de la cancha, una señora hala una mula que relincha. Rita —de 21 años— en cuclillas, quita con machete la hierba que rodea su casa. Una gallina cacarea.

En Tsuntsuim no hay centro de salud, ni tienda de abastos. Apenas hay una escuela para todos los niños de entre 5 y 13 años.

El jueves 11 de agosto de 2016, el día en que las ocho familias fueron desalojadas de Nankints, algunas se refugiaron en Tsuntsuim, que está a unos seis kilómetros. Alvino Pinchupá, habitante de Tsuntsuim, recuerda que “llegaron con apenas una cobija bajo el brazo. ‘Nos mandaron desalojando’ dijeron y nosotros los invitamos a que se queden aquí”. 

La noticia del desplazamiento se regó por las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, parte del territorio ancestral shuar —una de las 15 nacionalidades indígenas del Ecuador. Casi una docena de hombres, que no eran de Nankints, fueron hasta Tsuntsuim para apoyar a sus compañeros y retomar la comunidad. 

Domingo Nayash llevaba apenas un mes como síndico —la máxima autoridad administrativa— de Tsuntsuim y ayudó a planificar lo que llama “el golpe”. “Antes de lo que pasó en Nankints ya se venía hablando y protestando sobre el tema minero pero aquí alguien debía decidir y accionar”, dice Nayash —un hombre delgado, moreno, de nariz ancha y brazos fuertes— sentado en una banca de madera, bajo de un techo de zinc de donde cuelgan camisetas, pantalones y medias húmedas que acaban de ser lavadas. Los meses después del desalojo hubo asambleas, reuniones, planificaciones entre líderes de las organizaciones shuar y los hombres que se sumaron para defender su territorio.

Tras semanas de planificación, la madrugada del domingo 20 de noviembre cerca de 25 hombres salieron desde Tsuntsuim hacia el campamento La Esperanza. “Tardamos más de la cuenta porque entre nosotros había dos hombres gordos que caminaban lento. Queríamos llegar a las tres de la mañana para sorprender a los empleados, pero llegamos cuando ya estaba claro”, recuerda Nayash.

Eran las seis de la mañana cuando los shuar —algunos con lanzas, otros con explosivos, unos con escopetas— irrumpieron en el campamento minero. Entre disparos, golpes y sobre todo confusión, los trabajadores de Explorcobres S.A. y policías que lo custodiaban, se batieron en retirada. Nayash dice que el plan era quemar las casas pero alguien en el grupo sugirió no destruirlas porque podían servirles a los habitantes de Nankints quienes, según sus planes, regresarían a refundar su comunidad.

Pero el contrataque de la minera y el Estado fue total. Los shuar durmieron una noche en el campamento tomado, pero a la mañana siguiente un contingente de policías y militares, cuyo número, según Nayash, se había duplicado, los expulsó. La toma de La Esperanza duró 24 horas.

Los shuar se replegaron hasta San Carlos de Limón, un pequeño poblado de colonos e indígenas que está entre la comunidad de Tsuntsuim y el espacio donde existió Nankints.

La tarabita que conecta a Limón con las demás poblaciones. Fotografía de José María León. Durante el estado de excepción, los militares armaron sus carpas en la cancha cubierta de San Carlos de Limón. Fotografía de Braulio Gutiérrez.

A San Carlos de Limón (llamada también solo ‘Limón’) se llega de tres maneras. La más sencilla y rápida —que dura entre 3 y 4 minutos— es cruzando medio kilómetro en una tarabita a 300 metros de altura sobre el río Zamora. Los veintitantos hombres que fueron echados, nuevamente, de la ex Nankints, se refugiaron en Limón las siguientes tres semanas.

“Vamos a hacer otro golpe más”, recuerda el síndico Nayash que dijeron los hombres que habían llegado a apoyar desde otras comunidades. Veinticuatro días después, el 14 de diciembre, los shuar volvieron a la carga contra La Esperanza. Pero esta vez el campamento lo custodiaban miles de policías y militares. El enfrentamiento fue más violento. “El tiroteo se escuchaba hasta acá”, dice Natalia Nankamai, habitante de Tsuntsuim.

El cruce de balas dejó heridos dos militares, cinco policías y dos shuar. El policía José Luis Mejía murió de un disparo que las autoridades dicen fue shuar y que los shuar dicen fue militar.

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Ese mismo miércoles 14 de diciembre, el entonces presidente Rafael Correa decretó el aumento de militares en la zona y un estado de excepción por 30 días en la provincia de Morona Santiago.

Tres días después, en las cadenas de radio y televisión que Correa daba cada sábado para informar sobre su gestión y fustigar a sus enemigos, mintió: dijo que los shuar eran parte de “un grupo armado extremadamente violento” y negó que ese espacio fuera territorio ancestral. El entonces comandante de la Policía, Diego Mejía, dijo que tenían “armas de grueso calibre”. Alvino Pinchupá y Domingo Nayash insisten en que solo tenían carabinas, dinamita y lanzas.

Para ellos, las mujeres y los niños de Tsuntsuim, esos días de diciembre de 2016 están intactos en sus mentes. Nayash estaba en San Carlos de Limón y dos días después decidió irse Tsuntsuim para avisar a los demás lo que había sucedido.

El camino entre la cabecera parroquial y la comunidad tiene trechos de un lodo profundo y atrapante, como el concreto fresco, otros son empinados, rocosos y mohosos, en medio de quebradas pronunciadas, y ríos de anacondas y piedras prehistóricas que se atraviesan por resbaladizos troncos acostados. Los comuneros tardan cerca de cuarenta minutos en recorrerlo, los afuereños pueden demorarse hasta cuatro horas.

 Nayash recuerda que mientras caminaba hacia Tsuntusim escuchaba tiroteos y los helicópteros. “Vinieron con carros blindados, con tanques de guerra destruyéndolo todo. Utilizaron tres frentes para ingresar, nos querían emboscar”.  Los militares y policías irrumpieron en varios poblados de la zona. Su objetivo era detener a los sospechosos de la muerte del policía José Luis Mejía.  

Rosa Tuits, habitante de San Pedro —una comunidad cercana a Tsuntsuim—, dice que estaba bañándose cuando empezaron a patear su puerta. “A mí eso me asustó. Por suerte yo estaba porque a las personas que no estaban les rompieron las puertas, las bisagras. En mi casa revisaron y desbarataron todo y se fueron llevando la carabina. Nosotros siempre tenemos armas porque vivimos en la selva y tenemos aves. Esa arma se llevaron”. Tuits y sus vecinos fueron parte del operativo del Ministerio del Interior que incautó armas de fuego y explosivos para analizarlas y determinar quiénes habían participado en el enfrentamiento del 14.

El entonces ministro del Interior, Diego Fuentes, publicó en su cuenta de Twitter: “Desmentimos cualquier aseveración e información de intervenciones violentas por parte de la fuerza pública”.

Los habitantes de Tsuntsuim tenían miedo. El ruido de los helicópteros, de las balas, de los drones horrorizaba a los niños. Cerca de las ocho de la noche, las 27 familias decidieron dejar su comunidad. No querían toparse a los militares y policías. “Venían los militares a tiros, se escuchaban los helicópteros bajito. Tenía que coger a los hijos. ¿Qué animales? ¿Qué cobijas? Nada. Nos fuimos sin nada y tocó dormir en la montaña. Los hijos sin merienda”, recuerda Benito Jimpikit, comunero de Tsuntsuim. Nayash dice que mucha gente salió “con la parada que tenía”.  No alcanzaron a empacar ropa, ni alimento. Nada. Esa noche y madrugada muchos no tenían ni una linterna para recorrer la espesa selva en la oscuridad. 

La mañana siguiente llegaron al Tink, otra comunidad shuar a 12,4 kilómetros (en línea recta) de Tsuntsuim, donde se refugiaron. “No sabíamos lo que iba a suceder, yo pensé que al día siguiente regresaría a ver mis cosas, a traer comida para mis hijos”, dice Nayash. Según él, tardaron cuatro meses en regresar.

Volvieron solo cuando estuvieron seguros que todos los militares habían abandonado el lugar.

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A Benito Jimpikit y otros tres comuneros les quemaron la casa. “Tenía cocineta, refri, 7 ganados, 78 pollos. Y cuando volví apenas recibí una ayuda de 25 planchas de zinc para reconstruir. Recién he empezado a recuperarme”, dice. Recuerda la noche que, a escondidas de los militares que todavía ocupaban Tsuntsuim, llegó para ver cómo estaban las cosas: era verdad, no tenía casa, no quedaba una vaca de su ganado. Volvió donde su esposa y se puso a llorar, desconsolado por todo lo que había perdido. “Lloré como cuando uno se quiere morir ese mismo rato”.

 María Luisa Utitiaj tiene 61 años, está sentada en la mesa de madera junto a su cocineta rodeada de ollas de aluminio y racimos de plátano verde. En su mano tiene el candado cerrado pegado a una bisagra que aún guarda de su puerta que los militares y policías tumbaron. Ella ya estaba refugiada en el Tink cuando ocurrió, pero dice que se comieron sus gallinas, se llevaron sus tanques de gas.  “No respetaron nada”.

Soledad Chumpik era la maestra de la escuela de Tsuntsuim. Pasaba de lunes a viernes en la comunidad y el fin de semana con su familia en Gualaquiza, una ciudad cercana. Chumpik no estuvo el día que todos los habitantes huyeron hasta el Tink, pero volvió a la comunidad dos días después. El distrito educativo le pidió que haga un informe sobre la situación de la escuela. Cuando llegó a Tsuntsuim, dice, estaba repleto de militares y policías. “Habían invadido las casas, la escuela, todo hecho desorden. En mi cuarto no estaba la comida que tenía, todo había sido utilizado por los policías, quienes ocupaban todavía mi habitación”. Esa noche, Chimpik durmió en Tsuntsuim, al día siguiente tomó fotografías de la escuela y escribió notas para el reporte que le habían pedido. 

La profesora de la escuela Soledad Chumpik y la habitante de Tsuntsuim, María Luisa Utitiaj. Fotografías de José María León.

Una mañana de febrero, en 2019, en el corredor de la escuelita de Tsuntsuim que aún dirige, Chumpik dice que cumplió con la orden que le encomendaron. “No tenía miedo de estar ahí porque yo no tenía nada que ver”. Sin embargo,  policías la detuvieron y la llevaron esposada a un retén del cantón San Juan Bosco, donde durmió una noche. “Al día siguiente me llevaron al hospital a hacerme chequeos, luego a la Unidad de Policía Comunitaria, luego a la Fiscalía”. El esposo de Chumpik se encargó del papeleo, de los abogados. Dice que en los interrogatorios le pedían que entregue la evidencia. “¿Yo qué evidencia les podía dar si no sabía nada?” 

Chumpik estuvo acusada por el delito de incitación a la discordia entre ciudadanos. Mientras espera que los alumnos terminen una tarea antes de enviarlos de vacaciones por el fin de la primera mitad del año lectivo, recuerda cómo afectó a los niños la emboscada policial en la zona. Muchos quedaron traumatizados, asustados por los helicópteros, los disparos y por la huida en mitad de la noche, sin linternas, hacia el Tink.

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Ningún político nacional ha pisado Tsuntsuim. Nunca. Durante campañas electorales, algunos candidatos a la junta parroquial o a prefectos de la provincia los han visitado. Pero sus visitas no se han transformado en obras concretas. Basta recorrer el fangoso e intransitable camino hasta allí para entender que atenderlos no es una prioridad.

Quizás la última vez que recibieron algo de atención fue durante la guerra con el Perú que terminó en 1998. El territorio disputado con el vecino está muy cerca de Tsuntsuim y durante el conflicto, los shuar fueron reclutados por el ejército. Después de la guerra, sin embargo, su apoyo y contribución no fue reconocida, según indígenas de la zona.

Después del conflicto en Nankints, dice el señor sin identificarse, muchos periodistas, ambientalistas y activistas sociales llegaron. “Pero aquí estamos dos años después, todo sigue igual, no nos hemos recuperado y a nadie le importa”.

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El desalojo de Nankints para instalar el campamento La Esperanza fue en 2016, pero el proyecto minero lleva más de 10 años. Ocupa casi 42 mil hectáreas —es tres veces más grande que Miami. Según un informe de la Fundación Tiam (que vela por los derechos humanos y de la naturaleza), cuatro poblaciones —Indanza, San Miguel de Conchay, San Carlos de Limón y San Jacinto de Wakambeis— están dentro de las áreas de concesión. Otras cuatro —San Antonio, Pan de Azúcar, San Juan Bosco y Santiago de Pananza—, en el área de influencia del proyecto. Son más de 12 mil personas las que serían afectadas; 5 mil de ellas, shuar.

En el 2012, la Contraloría General del Estado auditó aspectos ambientales a la gestión de los Ministerios de Ambiente, de Energía y Recursos Naturales No Renovables y otras instituciones relacionadas al proyecto minero Panantza-San Carlos. El informe concluyó que el proyecto tiene siete irregularidades porque los Ministerios involucrados incumplieron legislaciones como el Mandato Minero o la Constitución de la República.

En concreto, según la Contraloría, el gobierno debió suspender el proyecto porque: la empresa Explorcobres S.A. superaba el número de concesiones permitidas según el mandato minero (se podían máximo 3 y tenían 4 vigentes y 7 suspendidas); está en un territorio con nacimientos y fuentes de agua; y el estudio de impacto ambiental que se hizo estaba “al margen de la legislación aplicable”.

El informe deja claro que en lo ambiental, social —e incluso económico—, el proyecto se había realizado con dudosos estándares.

Para febrero de 2019, Panantza-San Carlos estaba en etapa de exploración avanzada. Es decir, ya había hecho la etapa de prospección —para determinar si hay o no minerales en el suelo—, y la etapa de exploración —donde se abren trochas y se hacen perforaciones.  

En el Ecuador existe solo un proyecto de minería a cielo abierto que ya empezó con la explotación y no está lejos de Panantza-San Carlos, en la misma Cordillera del Cóndor donde quedaba Nankints. Está concesionado a una empresa distinta, llamada Ecuacorriente S.A., pero que es en realidad una filial del mismo conglomerado chino: lo integran las empresas estatales Tongling Nonferrous Metals —dedicada a la minería metálica— y China Railway Construction Corporation (CRCC) —dedicada a la construcción de infraestructura. Al final, los dos proyectos pretenden explotar el mismo yacimiento, que se extiende debajo de las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, y se conoce como ‘el cinturón de cobre’.

 Mirador ha llamado más la atención pública ecuatoriana por los ya visibles daños ambientales y a las comunidades aledañas. Pero se espera que Panantza-San Carlos lo doble en extensión y, por ende, en daños ambientales. No se ha hecho público quién escogió el nombre de La Esperanza para el campamento donde debe cumplirse semejante profecía, ni si sus motivaciones eran hijas del cinismo, el desprecio o la más abyecta arrogancia.

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La resistencia shuar no es nueva. En noviembre de 2006, habitantes de la comunidad shuar de Warints, también en el sur amazónico, llegaron con lanzas y escopetas hasta el campamento de la empresa canadiense Lowell Mineral Exploration y exigieron que abandonen su territorio. Tal fue la presión —incluso bloquearon la pista de aterrizaje para impedir la llegada de militares y policías— que la minera se fue.

Raúl Ankuash es uno de los líderes shuar que ha estado muy cerca de la lucha y la resistencia antiminera. Actualmente es dirigente de territorio de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (Ficsh) y dice que, desde siempre, la nacionalidad shuar ha rechazado la minería en su territorio ancestral. “Pero las empresas han generado divisiones internas dentro de la organización y siguen generando más conflictos. Aún hay una persona financiada por una empresa”, dice. Los problemas sociales han sido también la huella de la minería en el sur del Ecuador.

El conflicto con Explorcobres S.A. no es sino una nueva vuelta de tuerca de la historia. “Si no fuera por la resistencia del pueblo Shuar, el proyecto Panantza-San Carlos habría empezado hace rato”, dice Gloria Chicaiza de Acción Ecológica, una organización que defiende los derechos asociados al medio ambiente. Según Chicaiza, la victoria contra Lowell tuvo un efecto en cascada y logró que también se interrumpiera el proyecto Panantza-San Carlos cuyo campamento, hace una década, se llamaba, más francamente, Rosa de Oro. “Para los shuar estas acciones fueron una limpieza de territorio”. Fue una manera de dejar claro que querían su tierra libre de minería.

El área en la que las mineras quieren cavar profundo y a cielo abierto en el sureste del Ecuador es territorio ancestral del pueblo Shuar Arutam, conformado por unas 13 mil personas shuar. Aunque el artículo 57 de la Constitución del Ecuador reconoce los territorios indígenas ancestrales, la historia política, en especial aquella sobre tierras en la Amazonía, es más compleja.

El jueves 11 de agosto de 2016, el operativo conjunto desalojó a los habitantes de Nankints porque, según el Ministerio del Interior, era una “invasión ilegal” y los predios estaban concesionados a Explorcobres S.A. Diez años antes, en noviembre de 2006 en ese mismo espacio (hoy Campamento La Esperanza, antes Nankints) funcionaba otro campamento minero, Rosa de Oro. Los indígenas shuar se tomaron ese campamento, lo bautizaron Nankints, y ahí vivieron 10 años. La empresa que insistía en ser dueña del territorio demandó a los indígenas y en 2015, la Corte Provincial de la provincia de Morona Santiago falló a favor de la empresa sobre la posesión y uso del área de concesión minera.

Dentro de una estrecha covacha, Oswaldo Domínguez —oriundo de la provincia de Azuay y habitante de Limón por más de 50 años— muestra los testigos de perforaciones de la empresa minera Billington que hizo exploración hace más de una década. Fotografía de Isabela Ponce.

Mario Melo es el abogado del pueblo Shuar Arutam e insiste que ese territorio le pertenece a la nacionalidad shuar. El contexto histórico es largo y complejo pero entre los factores que menciona para explicar cómo y por qué los shuar fueron “arrinconados” en su propio territorio, están la misión de los monjes salesianos y la sequía de los 60 en la Sierra sur que llevó a campesinos a ocupar tierras en la Amazonía. Un informe de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos (Inredh) menciona también que en la década de los 70 hubo un proceso de colonización impulsado por el entonces Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) “que adjudicó tierras ancestrales shuar a colonos como si aquellas no existieran”.

Melo explica que el Estado, a pesar de que sabía que la zona era territorio ancestral indígena, concedió títulos de propiedad a campesinos. “La gente de la Sierra llegó con otra mentalidad, para ellos la propiedad colectiva no tiene significado entonces pedían legalizar a su nombre, individual, dos, tres hectáreas. Eran pequeñas y aisladas lo cual no parecía preocupante para los shuar”. Pero todo cambió cuando los campesinos vendieron esos títulos a las empresas mineras. Desde 1998 empezó la prospección en la Cordillera del Cóndor, un área que antes estaba en disputa, era zona de guerra (tres años antes, el Ecuador y el Perú habían mandado a pobres soldados a darse tiros no muy lejos, a las riberas del río Cenepa), y estaban vetadas las actividades civiles.

Según Melo, los campesinos vieron una oportunidad de negocio: le pedían al Estado las escrituras a cambio de cultivar pronto la tierra y, una vez que tenían los papeles, los vendían a las compañías.

“La empresa es dueña de esa tierra pero esa transacción realmente no fue legítima. Si vas hacia atrás, vas a encontrar un momento en que hubo una adjudicación de alguna organización estatal. Ese es el inicio del despojo de los Shuar”, dice Verónica Potes, abogada especialista en derechos indígenas.

Varias de esas escrituras que los colonos vendieron a las mineras incluye el territorio del campamento La Esperanza. La empresa Explorcobres S.A. tiene títulos de 150 hectáreas pero la concesión que el Estado ecuatoriano le entregó es de casi 42 mil. Esas hectáreas de diferencia le pertenecen al pueblo Shuar Arutam que, desde la última década del siglo XX, ha hecho trámites y seguido procesos para que el Estado le entregue titulaciones de un territorio que, en teoría, la Constitución del Ecuador reconoce que le pertenece.

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El 12 de febrero de 2019, la sala de prensa de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en Quito, estaba llena de reporteros y camarógrafos. En la mesa rectangular, el abogado Mario Melo, acompañado de líderes y dirigentes shuar, empezó la rueda de prensa y anunció que el pueblo Shuar Arutam interpondrá una acción de protección —un mecanismo jurídico para proteger los derechos humanos— contra el proyecto Panantza-San Carlos. Dijo que el principal argumento es que el Estado incumplió el derecho constitucional a la consulta previa, libre e informada, un requisito indispensable en todo proyecto extractivo en el Ecuador. Un compromiso que el país también adquirió cuando firmó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de Naciones Unidas. En zonas de explotación, consiste básicamente en consultar a los habitantes de pueblos indígenas si permiten, o no, que se extraiga recursos en sus territorios.

Cuando el gobierno de Rafael Correa se dio cuenta que se había atravesado a sí mismo un palo en el molino extractivo en la Constitución escrita por ellos mismos, crearon modelos de consultas de papel. En otros casos, fueron directamente obviadas. Según Melo, en el caso de Panantza-San Carlos, se está irrespetando la identidad cultural de los pueblos indígenas. “Adicionalmente, a través de actos violentos ocurridos en el 2016 se atentó contra el derecho a la vida digna y a la integridad”.

Cinco días después de la rueda de prensa, en la parroquia San Carlos de Limón, en Morona Santiago, Claudio Washikiat, un shuar que es dirigente de territorio de la Conaie, que lleva marcas rojas pintadas en zigzag en sus pómulos, habla en una asamblea de las comunidades shuar de Morona Santiago sobre la acción de protección.

 La asamblea se celebra en un centro comunitario que tiene una cancha multideportiva de cemento. Tiene, también, un escenario en una de las cabeceras, un techo curvo de zinc y unas pocas gradas pintadas de amarillo y verde, los colores de la provincia, y que son como una metáfora de la cordillera del cóndor: bosque y mineral.

En ese mismo lugar, dos años antes, los militares armaron sus carpas y vivieron allí los 30 días que duró el estado de excepción. Ahora en cambio, está sembrada de sillas plásticas blancas y la gente que asiste quiere saber, entre otras cosas, qué pasará con la explotación del territorio que consideran legítimamente suyo.

Nankints no es la única comunidad shuar que se resiste a la minería. La nacionalidad indígena ha manifestado en más de una ocasión que quiere libre su territorio de extracción.

Desde el escenario, hablan Washikiat, Vicente Tsakimp —presidente del Pueblo Shuar Arutam—, un secretario que lleva el orden del día, y otros dos dirigentes Shuar. La mayor parte del diálogo es en su lengua. Mujeres y hombres participan en largas intervenciones. El secretario que modera pide que hagan propuestas concretas. “¿Pero vamos a recuperar el territorio?”, pregunta una de las asistentes, luego de que le explican para qué sirve la acción de protección.

Es una pregunta que nadie se atreve a contestar.

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Tres días antes de la asamblea en Limón, la noche del 14 de febrero de 2019 Claudio Washikiat —la cara redonda de gestos duros, un aire de superioridad sobre los mestizos, y un liderazgo consolidado en su pueblo— llegó a Tsuntsuim desde Quito. No había vuelto a la comunidad desde diciembre de 2016, después de que el policía muriera y que el presidente Correa declarase el estado de excepción.

El síndico Domingo Nayash, el comunero Alvino Pinchupá y su esposa María Natalia Nankamai lo reciben con alegría. En 2016, Washikiat era vicepresidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (Ficsh). Cuando estalló el conflicto, en noviembre, fue uno de los hombres que llegó para intentar recuperar Nankints, y era uno de los buscados por policías y militares cuando rozaban las pequeñas comunidades shuar con helicópteros y patrullas. “Ese día te desapareciste, creímos que te habían matado o te habías muerto”, le dice Nayash.

Washikiat, termina de comer un caldo de armadillo que le han ofrecido como bienvenida y se levanta de la mesa para contar lo que nadie en Tsuntsuim sabía hasta entonces. Recuerda los helicópteros volando bajo, los carros blindados, los tanques, la emboscada. Dice que cuando se sintió acorralado, se lanzó por el barranco lleno de árboles que acaba en el río Zamora, de donde sale y llega la tarabita que conecta a Limón con el resto de comunidades y parroquias.

Washikiat estuvo escondido durante meses porque tenía en su contra una denuncia por el asesinato del policía Mejía. Al igual que él, Rosa Tuits y un comunero mestizo de Limón llamado Oswaldo Domínguez fueron procesados como sospechosos de ese homicidio. A diferencia de Washikiat, Rosa Tuits y Oswaldo Domínguez no estuvieron en el campamento La Esperanza el 14 de diciembre cuando murió Mejía.

Según la Fiscalía General del Estado el caso del asesinato de Mejía está aún en investigación previa. Después de un mes de enviar un pedido información respondieron, vía correo electrónico, que se formularon cargos en contra de Oswaldo Domínguez, Rosa Tuits y Claudio Washikiat. Pero luego se emitió dictamen abstentivo para Tuits y Washikiat, y se sobreseyó a Domínguez. La información enviada es la misma que está en el sistema público del Consejo de la Judicatura.

El tiroteo, los helicópteros y el desplazamiento de los habitantes de Tsuntsuim durante cuatro meses no fueron las únicas formas de violencia que sufrió la gente de la zona. 43 personas —entre Shuar y mestizos— fueron acusadas de asesinato, 22 de ataque o resistencia, 10 de intimidación, 10 de incitación a la discordia entre ciudadanos, 4 de robo, 3 de abigeato, 2 de receptación, 2 de daño al bien ajeno, 1 de hurto y 1 de tenencia de armas.

Las acusaciones —como las que enfrentaron Tuits y Domínguez— se dieron en un contexto político en el que cualquiera que resistía o protestaba era denunciado. Según listas elaboradas por la Conaie, la Ecuarunari (la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, que reúne a los pueblos indígenas de la Sierra) y varias organizaciones de derechos humanos,  desde enero de 2009 a diciembre de 2018 más de 200 personas fueron judicializadas durante protestas o manifestaciones en las que reclamaban, entre otras cosas, un territorio libre de minería.

En el Ecuador, la criminalización de la protesta fue la violencia más recurrente que sufrieron los defensores de territorio durante la última década.

El 6 de marzo de 2019 el abogado Mario Melo presentó la acción de protección que había anunciado veintidós días antes. El lunes 25 la acción fue rechazada. “El juez oralmente dijo que no se había hecho consulta pero que no se había probado que al no consultar, se les causó daño”, dice Melo y agrega que van a apelar la decisión.

Mientras en Quito las organizaciones que apoyan la lucha del pueblo Shuar se reúnen, elaboran informes, mapas sobre la pérdida del territorio y análisis sobre el impacto de la minería, Benito Jimpikit sigue viviendo en su finca porque aún no reúne lo suficiente para construir una casa nueva en Tsuntsuim.

Aún hay shuar que viven escondidos con el peso de una acusación de asesinato en su contra. Las familias de Tsuntsuim siguen lamentando la pérdida de sus escasas pertenencias. Y las 32 personas desplazadas no han podido regresar a su territorio, Nankints.

Sandro Chinkim, uno de los 32 habitantes violentamente desplazados, todavía habla con amargura. “El día que nos desalojaron, desde ese momento, nos quedamos sin tierra. Toda mi familia tuvo que buscar un refugio. Lo perdí todo. Hasta ahora me recupero”.

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Viajó a Coca, la ciudad donde está el cuartel general de la Cuarta División del Ejército del Ecuador que patrulla toda la Amazonía, a pedir hablar con el general que la comandaba. Durante una semana fue todos los días a tocar la puerta a preguntar por un general cuyo nombre ya no recuerda. Le daban respuestas de cajón, para evitar la visita. Que estaba en Gualaquiza, al sur, que lo habían llamado a Quito sus superiores, que había regresado pero que había salido enseguida a Macas, cerca de la frontera con el Perú. “Dígale que la señorita Patricia Gualinga lo está buscando”, le repetía a los cadetes que la atendían, algo desconcertados por sus pantalones de cuadros y sus camisetas amarradas al ombligo. “Anótele el mensaje, por favor”, les decía y se iba, y volvía al día siguiente, a repetir el mismo ejercicio. Hasta que terminó por quebrar la voluntad militar. “Quizá solo me recibió por curiosidad de saber quién era esta chica que lo iba a buscar todos los días”, dice Gualinga, con una sonrisa a medias, como recordando las dimensiones de su atrevimiento.

Cuando se le plantó al general, no solo le pidió un helicóptero, sino que le dijo que fuese el más grande que tuvieran: un Mil MI-171, de fabricación rusa. “No sé con qué ángel habré ido ese día, o de qué humor habrá estado el general, que me dijo que bueno, y que él también iría”. Una semanas después, la ministra Rocío Vásquez, una vegetariana que no pudo comer la carne que le ofrecieron, visitó Sarayaku, junto a militares y asesores. Cuando el helicóptero aterrizó, levantando un polvo ancestral y amarillo, lo primero que la Vásquez pidió fue hablar con la señora Gualinga, que había organizado la travesía. Cuando le señalaron a la jovencita de pantalones a cuadros y camiseta pupera, hizo una cara como la de los conscriptos a cuya puerta tocaba Patricia Gualinga pero no dijo una sola palabra. Comió lo que pudo, bailó, tomó chicha y se fue. Tres meses más tarde, llamó a la joven sarayaku para ofrecerle dirigir todo el Ministerio de Ambiente en la Amazonía ecuatoriana.  

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Patricia Gualinga le dijo que no a la Ministra. “Me daba miedo”, dice. Luego vinieron las épocas tumultuosas de la crisis bancaria y la caída del presidente Jamil Mahuad. El Ecuador era un país en soletas, en el que ocho de cada 100 habitantes (que sumaban más de un millón) se habían ido, por todos los medios posibles, legales e ilegales, arriesgando la vida para buscarse una mejor en países como España, Italia y Estados Unidos. 

Con una industria bancaria diezmada, en la que el 70% de todos los bancos del país quebraron, sin un aparato productivo en marcha y en pleno proceso de dolarización (antes de exiliarse para siempre en Boston, Mahuad había ordenado la muerte de la moneda nacional, el sucre, que sería reemplazado por el dólar estadounidense, a razón de uno por cada 25 mil devaluados sucres), al Ecuador solo le quedaba ofrecer, a quien quisiera pagarlas, las materias primas que producía sin mayor esfuerzo. Entre ellas, la mayor de todas, el petróleo.

A Mahuad lo sucedió su vicepresidente, un dicharachero abogado llamado Gustavo Noboa, que navegó la crisis con bandera de bonachón. Durante su gobierno, Rocío Vásquez, la vegetariana ministra que había convocado a la jovencita de pantalones a cuadros al servicio público, volvió al Ministerio de Turismo, y volvió a llamar a la joven mujer sarayaku, con la oferta intacta.

Patricia lo consultó con su familia. Sus hermanos le dijeron que sería una responsabilidad demasiado grande. “Yo estaba asustada: ¿cómo iba a hablar en público?”, dice. “Yo no sabía bien cómo era la estructura del Estado, ni cómo funcionaba”. Dudó. Sin embargo, su padre, uno de los chamanes más respetados de la comunidad, le dijo que aceptara el cargo, que había visto que le iría muy bien.

Y todo fue bien hasta que empezó a salir mal. Al principio, la ministra Vásquez le dio autoridad y recursos a Gualinga. La oficina del Ministerio de Turismo en el Puyo dejó de ser una oscura oficina relegada a un edificio sin brillo ni personal. Pero, por la misma época, Noboa, el jefe de Vásquez, autorizó que se cumpliera con la concesión del territorio sarayaku a la petrolera argentina Compañía General de Combustible (CGC). “A nosotros el Estado y las petroleras nos ha dicho terroristas desde los 70, cuando yo era chico”, dice Eriberto Gualinga, “pero todo se intensificó en el 2002”. La concesión se había hecho seis años antes, en los cuales varias veces la petrolera había querido ingresar al territorio sarayaku, donde estaba el 65% de las 200 mil hectáreas que CGC tenía permiso —estatal, pero no ancestral— de explorar y explotar. El contrato no había sido consultado con el pueblo sarayaku, pero en 2002, el Estado necesitado, ofreció todas las garantías para que la corporación argentina reiniciara sus trabajos de exploración en una tierra ajena.  

Fue una época de división para Sarayaku: algunos dirigentes cedieron a los cantos de sirena corporativos y la resistencia comenzó a resquebrajarse. Otros, se mantuvieron en su posición inamovible. Decidieron que podrían encontrar en Patricia una aliada para la causa del pueblo Sarayaku. “Ella era una persona conocida. Había trabajado en la radio, había pasado por la Universidad Andina y había estado en el ministerio. Tenía mucha credibilidad”, dice Eriberto Gualinga. Tres líderes históricos del pueblo Sarayaku, Marlon Santi, José Gualinga y Heriberto Viteri, fueron a hablar con la directora provincial del Ministerio de Turismo para pedirle que dejara las huestes estatales y volviera a su pueblo a encontrarse con su destino. “Fue una decisión difícil”, recuerda ella.

Había hecho una carrera, era la mano derecha de la ministra en la región, había ganado autoridad y experiencia. Al mismo tiempo, los puestos estatales son efímeros hijos de la volatilidad de la política. “Pero había algo cierto”, dice Gualinga, desde el café donde habla, en Puyo, mirando por entre el entreverado de caña guadua y helechos que cuelgan y caen sobre un cartel que muestra a un grupo de mujeres amazónicas declaradas en resistencia, donde ella aparece en el centro. “Si algo tiene uno siempre, si algo uno va a tener siempre, es su pueblo. Así que decidí irme con mi pueblo, el pueblo Sarayaku”. 

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Cuando el Estado y la petrolera arremetieron, el pueblo Sarayaku se paralizó. “Se suspendió todo, la educación, la salud, el trabajo en la tierra. La única tarea en que estábamos concentrados era la defensa”, recuerda Eriberto Gualinga. La comunidad se organizó en campamentos de paz a lo largo de las trochas que unen las 135 mil hectáreas de tierra Sarayaku. “No había tiempo ni energías para nada más. Aunque sea de la selva, la selva te consume: defenderla desde dentro te cuesta toda tu energía”, dice el documentalista. Fue un tiempo revelador para los más jóvenes de Sarayaku: “nos conectamos con los líderes históricos”, dice Eriberto, “los vimos, los conocimos, salimos con ellos a las playas y la selva, aprendimos de ellos”. Gente como su padre Sabino, su madre Corina Montalvo, sus tíos, la familia Viteri, y otros líderes asumieron el rol legendario de los guardianes del territorio.

Fue en esa época de crisis en que Patricia comenzó su trabajo de la defensa sarayaku. Sin ser formalmente una dirigente, lideró la comunicación y las relaciones con el mundo mestizo, incluido Estado y petrolera. “La pregunta que me hacía era: ¿a quién acudimos, si la justicia en Ecuador no respondía?” Su rol se centró en lograr que los medios nacionales y las radios de Quito se interesaran por lo que pasaba en la Amazonía.  “Patricia es un puente que conecta un mundo con otros múltiples mundos”, dice Viviana Krsticevic, directora de Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), con sede en Washington. Esa conexión lograría la simpatía y empatía de gentes de todo el planeta con la causa común de los sarayaku.

“Las cosas tienen que ser por algo”, reflexiona, a veinte años vista, Gualinga. “En el Ministerio yo estaba en un trabajo que me gustaba, pero lo mejor fue que luego me sirvió para la lucha sarayaku”. Gualinga logró el interés mediático, que produjo, a su vez, un interés internacional por lo que sucedía. Su paso por el Estado, la academia y los medios le había dejado lecciones no solo de comunicación, sino de gestión. “Aprendí algo que en el mundo indígena no está muy interiorizado: los papeles”. En el mundo indígena, eminentemente oral, el valor de la palabra es supremo. “En el mundo mestizo, la palabra no alcanza”, reflexiona. 

El pueblo Sarayaku se enfrentaba a un Estado prepotente en una sociedad (la ecuatoriana) que aún carecía de conciencia ambiental marcada, y que, en cambio, conservaba un marcado desprecio —e ignorancia— de la vida de los pueblos ancestrales. La pelea no iba a ser sencilla.

Pero como en todo conflicto, en el cálculo de costos y sacrificios, hubo un intento de resolver sobre la mesa el pleito. El gerente de la petrolera CGC llamó a los representantes del pueblo Sarayaku a una reunión. Los citó en un elegantísimo hotel de Quito. Los sarayaku habían estado más de tres semanas en Quito, intentando frenar la maquinaria extractiva. “Ya no teníamos plata, ni para comer, queríamos regresarnos al Puyo, pero aún tenía reuniones pendientes, entonces no nos podíamos regresar”.

Cansados y hambrientos, fueron a la reunión con la petrolera, que estaba dispuesta a vencer por seducción. “Muy amables, como acostumbran ser, nos ofrecieron comida y bebida abundante”, recuerda Patricia Gualinga, que para entonces aún no cumplía 30 años. “Yo en el fondo sabía que eso era una trampa, así que solo acepté un vaso de agua”. El gesto hizo que sus compañeros resistieran también la pantagruélica tentación petrolera. En un momento de la reunión, Gualinga recuerda que tomó la palabra y habló con franqueza: “No van a entrar a nuestro territorio”, les dijo a los petroleros argentinos. “Ahí mostraron su verdadero rostro. El gerente, de apellido Soldati, me gritó ‘Usted es una niña caprichosa, el gobierno nos ha dado los bloques y puede militarizarlos y lo va a hacer’”. No habría armisticio posible. La guerra —una guerra desigual— estaba declarada. 

Las escaramuzas se intensificaron en 2003. El gobierno de Gustavo Noboa había terminado. Las elecciones presidenciales las ganó Lucio Gutiérrez, el exmilitar que había dado el golpe de Estado que derrocó a Jamil Mahuad. Con él, llegó una gabinete ministerial decidido a la explotación petrolera. El aparato estatal se puso en movimiento para cumplir las promesas hechas a CGC —y a muchas otras compañías de petróleos, minas y maderas. Patricia Gualinga organizaba entrevistas en medios para los dirigentes, organizaba a las mujeres, conseguía aliados internacionales y fondos para financiar la resistencia.

Patricia Gualinga fue a buscar ayuda legal a quien quisiera dársela. Así conoció a Mario Melo, uno de los abogados que defendería a Sarayaku ante la arremetida petrolera - estatal. “Junto a otro lideresa, Cristina Gualinga, llegaron para solicitar apoyo legal frente a la invasión que estaban sufriendo”, recuerda Melo.

En paralelo, en la selva, el hostigamiento escaló. En enero de 2003 en Jatún Molino, una comunidad aledaña al territorio Sarayaku, se denunció una agresión a un grupo sarayaku que viajaba en canoas por el río Bobonaza. Desde la orilla, les dispararon.  

Después, denunció el pueblo Sarayaku ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), les cerraron el paso por el río, la principal vía de comunicación que tienen. A finales de ese mes, soldados del Ejército y personal de seguridad de CGC detuvieron a los dirigentes Elvis Fernando Gualinga, Marcelo Gualinga, Reinaldo Gualinga y Fabián Grefa, y, según denunciaron, los torturaron: fueron atados de pies y manos, los vendaron y los tiraron al suelo, donde los dejaron una hora. A Grefa lo obligaron a arrodillarse junto a un fusil y le tomaron fotos “aparentemente con el objeto de acusarlo de portar armas”, según un documento de la Corte Interamericana.

Fueron transportados por los soldados en un helicóptero de la compañía petrolera a una base de la CGC y entregados a miembros de seguridad de la petrolera, quienes también los habrían torturado. Unos días después, uno de los campamentos de paz del pueblo Sarayaku habría sido atacado con armas de fuego. Al momento del asalto, había 60 indígenas. Días después, dos niñas de 12 años habrían sido secuestradas por una patrulla del Ejército que iba a acompañada de personal de seguridad de CGC. Según documentos de la Corte Interamericana, “antes de ser liberadas, las niñas fueron objeto de abusos deshonestos”.

En mayo, la Comisión otorgó las medidas cautelares al pueblo Sarayaku, pero el hostigamiento no cesó. Por el contrario, el Estado dijo, según una respuesta enviada a la Comisión, que “los pobladores de Sarayaku habían amenazando a comunidades vecinas y que el Comando IV de Amazonas habría iniciado un operativo de seguridad para evitar ‘actividades delincuenciales’ por parte de los indígenas”. Además, dijo que se estaban utilizando las medidas cautelares para evitar que ciertas personas sean puestas a disposición de la justicia ordinaria, y que muchas de las alegaciones hechas por el pueblo sarayaku en su solicitud eran exageradas o falsas. Gualinga recuerda que el general Oswaldo Romero, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador (la máxima autoridad militar del país), fue en un helicóptero a decirles que era mejor que se rindieran. “De lo contrario, militarizarían el pueblo”. Los soldados y oficiales militares que llegaron con él pertenecían a la cuarta división del ejército, aquella que, alguna vez, en un tiempo no tan lejano, le habían prestado un helicóptero a Patricia Gualinga para que transportara a una ministra entusiasta. Las cámaras de Eriberto grabaron la incursión.   

La confrontación escaló hasta que en 2005, durante una marcha del pueblo Sarayaku, fueron agredidos en el camino hacia el Puyo. “Iban vestidos de trabajadores petroleros”, recuerda Patricia, “la petrolera le dio todos los insumos para el ataque”. Era un viernes, y no había autoridad que se hiciera responsable de lo que ocurría. “Sacamos 10 vuelos de gente herida”, dice Gualinga. “Había gente desaparecida, decían que mi hermano menor, el último, había caído al río”. Esa noche no durmió.

Como el resto de los líderes sarayaku, estaba angustiada. Pero en un momento de claridad, Patricia escribió a los abogados que los representaban ante la Comisión Interamericana en Washington. “Les mandé un SOS urgente a la gente del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Al día siguiente la Corte intervino: ese mismo día la comisión había mandado un pedido de medidas de protección para el pueblo sarayaku”, evoca. El Estado no podía continuar con sus acciones contra el pueblo —ni permitir a la petrolera ingresar al territorio— sarayaku, a riesgo de tener que pagar millonarias indemnizaciones o de generar aún más evidencia en el caso que se discutía en la Corte. Durante siete años, hasta que se sentenció el caso, en 2012, las medidas protegieron a Sarayaku.

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En 2010, Patricia Gualinga estaba en trabajando en Lima, como asesora en la Comunidad Andina de Naciones (CAN), cuando uno de los dirigentes del pueblo sarayaku, Franco Viteri, la llamó. “Me dijo que necesitaban una mujer fuerte para ser dirigente”. En los pueblos indígenas del Ecuador, cada pueblo tiene una dirigente de mujeres. “Pero en nuestro pueblo no tenía mucha fuerza”. Gualinga asumió el cargo recién en 2011. “Solo ahí me di cuenta que nunca había sido formalmente parte de la dirigencia, que me había pasado haciendo cosas sin tener ningún cargo formal”. Habían pasado diez años desde que había salido de las oficinas ministeriales para dedicarse a la defensa de su pueblo.  

El proceso ante la Corte Interamericana había avanzado, y estaba en las etapas previas a que se resolviera. En 2012, Gualinga participó de la audiencia final. Mucho había cambiado desde la victoria de 2005. En 2007, un joven economista llamado Rafael Correa, cuya única experiencia política había sido dirigir por seis meses el Ministerio de Economía del Ecuador, había arrasado en las elecciones presidenciales con la promesa de “refundar la Patria”. Había ganado trepado en una plataforma de organizaciones de izquierda, con el apoyo de ambientalistas e indígenas. Correa había prometido que no explotaría el petróleo del parque Yasuní y había incluido en la nueva Constitución del Ecuador, aprobada en 2008, un innovador conjunto de derechos para la naturaleza.  

Pero muy pronto, su gobierno giró hacia el extractivismo. Fue perdiendo a sus aliados medioambientales e indígenas. Se peleó con su mentor, el economista y activista de la naturaleza Alberto Acosta. Fue intolerante con la prensa, virulento con sus detractores. Hizo grandes carreteras y megaproyectos de energía. Sus enemigos lo acusaban de permitir la corrupción, de ser alérgico a la fiscalización; sus seguidores eran capaces de justificarle todo.  

Correa reprimió la protesta social, en especial aquella ligada a la oposición a la extracción petrolera y minera. Llamó “infantiles” a los ambientalistas que, como Acosta, se oponían a la extracción. La criminalización de la defensa de los territorios indígenas se intensificó. José Serrano, quien fuera uno de los abogados del pueblo Sarayaku en sus casos ante la Comisión y la Corte Interamericana, se unió al gobierno de Correa. “Era una persona a la que le teníamos mucho cariño y aprecio”, recuerda Gualinga, “por eso nos dolió tanto cuando vimos cómo cambio y cómo empezó a perseguirnos”.

Serrano se convertiría en el todopoderoso ministro del Interior del gobierno correísta. Bajo su mando estaba la policía que reprimía y apresaba a gente que, antes, había sido su defendida.

Ante ese Estado se enfrentaba el pueblo sarayaku en la audiencia de 2012. Los abogados de los sarayaku le dieron tres roles a Patricia Gualinga. “Yo sería la testigo principal, quien haga la petición final a la Corte y la traductora de los otros testigos”. Otra vez, el tamaño de la tarea parecía descomunal. “Era demasiada responsabilidad en mi espalda”. Gualinga no debía solo preparar a los testigos y prepararse para su testimonio ante la Corte: debía, además, conseguir los fondos que permitiesen que una delegación de más de 50 mujeres sarayaku pudiesen ir a la audiencia, en la sede de la Corte, en San José de Costa Rica. “En algún momento, me sentí enferma. Pero al final pude dar todo lo que di en la Corte Interamericana”. El abogado Melo dice que “Patricia siempre fue un pilar en la defensa”.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (el CEJIL, con sede en Washington) también fue parte de la defensa legal de Sarayaku. Viviana Krsticevic, su directora ejecutiva, dice que las luchas como las de Sarayaku nunca son de una sola persona, sino de comunidades enteras. “En estas luchas colectivas, la capacidad de potenciar los movimientos de líderes como Patricia Gualinga ha sido esencial”.

Tras años de resistencia, en junio de 2012, la Corte condenó al Estado ecuatoriano. El rostro de Patricia Gualinga, la torre de la dignidad sarayaku, apareció retratado en medios de todo el mundo.

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La gran victoria que significó la condena en la Corte Interamericana fue reemplazada por la persecución que el Estado del Ecuador emprendió contra un grupo de mujeres amazónicas que se autoconvocó en 2013 para oponerse a la undécima ronda petrolera —un proceso de licitación de campos petroleros sin explotar, y en el que estaban interesadas compañías de lugares tan disímiles como Chile y Bielorrusia.

La primera marcha fue organizada por Gualinga. Eran solo mujeres Sarayaku caminando hacia Quito. Durante 15 días, Patricia habló en todas las radios y estaciones de televisión que le dieron espacio. “Al final de la última entrevista, en la radio Cristal, mi voz se iba apagando en la hasta que me quedé una semana sin hablar”.

Varias mujeres de otras nacionalidades —shiwiar, sapara, waorani, shuar y achuar— se unieron al movimiento. Así nacieron las Mujeres Amazónicas, que agrupa a mujeres indígenas que siguen un solo precepto: la tierra no se negocia, solo se defiende. Ese año, le entregaron un manifiesto a Rafael Correa, ya en la fase final de su metamorfosis hacia el extractivismo. “Nos dijo que vayamos a Panacocha a ver la ciudad del milenio, el pobre decía cosas disparatas, decía que cambiaríamos de opinión al ver esa ciudad. Obvio que no nos conocía”.

Correa había logrado mermar la credibilidad de la dirigencia indígena, conformada básicamente por hombres. La emergencia de las Mujeres Amazónicas le dio un nuevo contradictor, uno femenino, que lo cuestionaba en una clave menos viril, una frecuencia que Correa no dominaba. “Eso lo pagaríamos muy caro”, dice Gualinga.

Las mujeres amazónicas se convocaron para, en noviembre, plantarse al pie del Ministerio de Hidrocarburos, donde se hacían las negociaciones. “Hubo un incidente: salió el bielorruso y la gente le persiguió, acusándolo de dañar nuestro territorio, Correa utilizó eso para ponernos una denuncia a varias personas —entre ellas yo, Margoth Escobar, Nema Grefa, y otras mujeres y dirigentes”. La acusación era terrorismo y sabotaje. En mayo de 2017, Correa dejó el poder en manos de su partidario, Lenín Moreno, con quien no tardaría en enemistarse en medio de acusaciones de traición y sedición. Las mujeres amazónica, sin embargo, permanecieron.

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Ese mismo año, Patricia también dejó su cargo. “Pensé que, por fin, iba a tener una vida de tranquilidad”. Le habían ofrecido la presidencia del pueblo sarayaku y ella, una vez más en su vida, había dicho que no. “No podía: mi papá tiene 95 años y mi mama 85, había pasado todo el tiempo en la lucha, mi esposo también al vaivén de mis procesos”. Casi treinta años después, la joven funcionaria entusiasta se había convertido en un símbolo de la resistencia: “la admiro por su lucha incansable no sólo por su pueblo, sino por todos los pueblos”, dice Margoth Escobar, otra de las mujeres amazónicas perseguidas por su oposición a la extracción de recursos en la Amazonía ecuatoriana. Mario Melo, el abogado Sarayaku, cree que Gualinga es el rostro de una lucha más grande: “es una mujer honesta, tremendamente comprometida”, dice Melo, “que se ha convertido en una lideresa entre los pueblos indígenas del mundo”.

Pero a tres décadas de la lucha, Patricia Gualinga pensaba que lo justo era dedicarse a su familia. Los vaivenes de la política partidista la habían llevado a ser candidata a cargos de elección popular dos veces. Dos veces perdió. “No sirvo para la demagogia, ni para abrazar a todo el mundo, ni sonreírle a todo el mundo, ni para decir las cosas a medias”. Su hermano Eriberto, con una sonrisa de lado, lo confirma: “Mi hermana es un mujer temperamental, no en el mal sentido”. Dispuesta a darse un respiro del trajín, decidió retirarse de la vida pública.

“Y sí viví unos meses de tranquilidad, hasta que enero de 2018, a la una de la madrugada, me rompieron los vidrios de mi casa a pedrada, gritándome que la próxima volverían a matarme”, dice.  

Gualinga estaba en shock. “Se suponía que debía esperar estas cosas en la dirigencia, no ya fuera”, dice. Pero luego se dio cuenta que se acercaba el lanzamiento de nuevas rondas petroleras y la apertura de nuevos bloques. No importa quién esté en el gobierno, las petroleras siempre están en el poder.    

Hasta hoy, no se sabe quién fue. Lo único que sabe Patricia Gualinga es que el ataque reagrupó a las mujeres amazónicas que se habían unido en 2013. Se juntaron en el mismo café de El Puyo donde siempre se han reunido, que es de la familia de otra activista perseguida por gobiernos y petroleras, Margoth Escobar. Dijeron que no las iban a amedrentar. “No nos conocen. No me conocen”, dice Gualinga. Unas semanas después le fue entregado el premio Brote Activismo Medioambiental del Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias, que en ediciones anteriores reconoció el trabajo de otras activistas como Berta Cáceres, Ikal Angelei y Ruth Buendía.

 Esa mañana de febrero de 2019, El Puyo, como hace medio siglo, vive y muere en la paradoja del petróleo, la gran victoria pírrica del progreso del Ecuador, que llegó al absurdo de pasear a su primer barril de crudo en un desfile militar, como si fuese el héroe nacional. Patricia Gualinga habla con la misma voz dulce, severa con la que le ha hablado a petroleros, ministros y cortes internacionales, y dice, como revelando un secreto: “Cuando mayor peligro hay es cuando más lúcida estoy”.

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