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“Estoy muy preocupado por los defensores ambientales en América Latina”

“Quiero lanzar la alarma sobre la violencia incremental e intensificada contra ellos. Estoy extremadamente abrumado por el número de asesinatos y ataques, y por la falta de respuesta de los Estados ante esta situación”. 

Estas duras palabras son el inicio del informe que presentó Michel Forst, el Relator Especial sobre la situación de defensores de derechos humanos, al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2016.

La evidencia sugiere que América Latina es hoy la región más hostil del mundo para los defensores ambientales, seguida por Asia y África. Seis de los 10 países más peligrosos para líderes y comunidades que defienden el ambiente y sus tierras ancestrales citados por Forst están en nuestra región, incluyendo cinco de los siete (Brasil, Colombia, Guatemala, Perú y México) involucrados en este proyecto periodístico. 48% de las comunicaciones enviadas por el Relator Especial a gobiernos han sido por casos en la región.

Conversamos con Forst -un diplomático francés y antiguo director regional de Amnistía Internacional, de voz suave pero enérgico- sobre los riesgos para líderes ambientales en América Latina.

¿Por qué importan los defensores ambientales y cuál es su valor para la sociedad? 

Cuando comenzó mi mandato, quise reunirme con defensores para encontrar a los que estaban en mayor riesgo. Organicé una serie de consultas en las que hablé con 800 defensores de 110 países. Dos de ellas fueron en América Latina: una en Bogotá y otra en Guatemala. Inmediatamente vi que eran quienes mayor riesgo corrían: luchando por el derecho de defender su tierra, luchando contra actores poderosos como empresas, recibiendo amenazas de distintas fuentes.

Cuando vi el número de asesinatos, vi que podíamos hacer más para prevenir que siga ocurriendo. Esa es la razón por la que decidí abordar el tema y preparar un informe que presentamos a Naciones Unidas hace dos años con la idea de encontrar quiénes son esos actores, quiénes los perpetradores y cuáles los medios para protegerlos.

¿Su informe de 2016 fue uno de los primeros en llamarles ‘defensores de derechos humanos ambientales’?

En el curso de mis discusiones con ellos, vi que muchos no se consideraban como defensores. Decían ‘somos ambientalistas’, ‘somos indígenas’, ‘somos simples campesinos’, pero no conocían el concepto completo de defensor. 

Intenté explicarles por qué para mí estaban en la categoría más amplia de defensores. Ha sido increíble ver que, entre más lo discutíamos con ellos, más lo entendían y más se sentían parte de una comunidad global de defensores, algo que para mí es un elemento crucial para su protección.

Tristemente nuestro proyecto cubre cinco de los 10 países más hostiles mencionados en su informe. ¿Qué tanto le preocupa la violencia contra ellos en América Latina?

Me preocupa mucho. He hecho tres visitas oficiales invitado por Estados de la región: México, Honduras y Colombia. En cada ocasión conversé con defensores, les expliqué lo que intento lograr y por qué es importante encontrar maneras de protegerlos hablando no solo con los Estados, sino también con actores como las empresas transnacionales que operan en la región.

Veo que, más y más, estos actores quieren hablar conmigo, porque no quieren que sus nombres se nombren en un informe de la ONU. Esas mismas empresas aparecen en muchos informes, como el de la ONG Global Witness. Aún saliendo, no diría que a las empresas no les importa, pero no hay reacción oficial suya. Pueden pensar ‘Es un informe de una ONG, están sesgados’. 

¿Pero por qué un Relator de la ONU está investigando casos individuales y nombrando nombres de perpetradores? Eso les genera ansiedad y dicen que quieren hablar conmigo. Lo bueno es que otros Relatores de la ONU, como John Knox (para el ambiente) y Victoria Tauli-Corpuz (para pueblos indígenas), también están trabajando en este tipo de casos. La atención de la comunidad internacional está creciendo para respaldar a los defensores y sus comunidades.

Una de las conclusiones más duras de su informe es que los ataques están aumentando e intensificándose. ¿Lo ve en América Latina

Lo está, sí. Al hablar con víctimas y sus familias, se ve un número incremental de ataques, pero también que las empresas están encontrando nuevos medios de buscar a defensores individuales, llegando incluso hasta usar sicarios para matarlos.

Lo que más me impresiona es que en el pasado tenías una violencia generalizada en la que se podía atacar a quienes eran críticos públicos de ciertas situaciones. Ahora ves que es obvio que las empresas están atacando a los más icónicos y vocales, como Berta Cáceres (en Honduras) o Isidro Baldenegro en México, para causar temor a las comunidades y decirles ‘Aunque ellos eran reconocidos y estaban protegidos por premios prestigiosos, pudimos matarlos. Así que tengan cuidado: pueden ser asesinados igual que asesinamos a Berta y a Isidro’.

¿Las medidas preventivas que toman los países de la región son completamente insuficientes o inefectivas?

No diría eso. Diría que mitigan o reducen los riesgos que enfrentan los defensores. Pero, para mí, está claro que pese a que tenga cuatro escoltas, un chaleco a prueba de balas o un carro blindado, si quieres matar a alguien siempre encontrarás la manera de hacerlo.  

Para países como Colombia, México o Honduras estos mecanismos son una manera de mostrar que los defensores están bajo protección. Pero si hablas con las víctimas o sus familias, te cuentan cómo los escoltas no quieren trabajar en lugares en donde no pueden llevar vidas normales, cómo no reciben sus viáticos y rehúsan prestar la protección, cómo los carros blindados no logran andar en las carreteras donde transitan los defensores y quedan desamparados.

Esos medios son una manera de protegerlos hasta cierto nivel, pero aún así estamos viendo un aumento en los asesinatos.

¿Diría que la impunidad facilita que los perpetradores actúen?

Sí, las altas tasas de impunidad facilitan los ataques contra defensores. En América Latina se ve que, de cada cien asesinatos, tienes investigaciones quizás en cinco y solo dos llegan a la justicia. En la mayoría de los casos son solo los autores materiales: quienes están detrás de bambalinas y activan a los sicarios -los autores intelectuales- jamás son llevados a la justicia.

Los fiscales generales suelen decir que están haciendo hasta lo imposible. Y les digo, “Puede ser, pero ¿qué pasó con el autor intelectual?”. Nunca tienen una respuesta. En muchos casos, esas cabezas son empresas, en colusión con actores como senadores, parlamentarios o ministros. 

¿Ve que comunidades indígenas son especialmente vulnerables a estos ataques? 

Diría que sí, porque la tierra -los bosques, los lagos, las montañas- suelen pertenecer a estas comunidades ancestrales. Y estos son los lugares donde ves a muchas empresas operando, en ocasiones con la complicidad de los Estados.

Cuando hablas con estas comunidades, cuentan que aunque el derecho a la consulta previa es reconocido legalmente en muchos países, no todos son invitados o las empresas encuentran maneras de dividirlos para ganar el respaldo de una supuesta mayoría que dice ‘sí’ a un proyecto, aún cuando si investigas la mayoría real diría ‘no’.

Usted suele decir que en muchos países -y probablemente incluye a América Latina- hay cierta tensión entre una planeación económica impulsada por materias primas y la visión de largo plazo que tienen las comunidades locales de sus entornos.

Ese es parte del problema y no tenemos una solución. Para mí, una comunidad claramente debe tener el derecho de decir ‘No, no queremos a esta empresa’.

Tenemos ejemplos concretos de los dilemas que trae la posibilidad de que las comunidades digan ‘no’ a proyectos. Hubo una empresa italiana en África -no diré ningún nombre- con la que discutimos la importancia de una mayor transparencia y de tener un protocolo para consultar una parte significativa de la población afectada por el proyecto. Enviaron mediadores a explicar los beneficios potenciales, pero al final del día la comunidad local dijo ‘no’. La empresa dijo “Debemos respetar esta decisión” y se retiró. ¿Qué sucedió? Una empresa china llegó, que resultó ser mucho más peligrosa para la comunidad. Parte del dilema es cómo podemos llegar a empresas que no son partes de sistemas como el de la OCDE y encontrar maneras de traerlas a la discusión más amplia de cómo respetar mejor los derechos de las comunidades.

Dada esta situación, ¿cómo pueden estos países incentivar un ambiente más sano para los defensores?

Estamos intentando encontrar recomendaciones que sean útiles a los Estados y tenemos algunos que ya están haciendo más para controlar el comportamiento de las empresas y asegurar que no causan daños en los países donde operan.

Uno de los casos más icónicos es el de Canadá, cuyas empresas están entre los actores más peligrosos en América Latina. Pero también ves al nuevo gobierno canadiense tomando medidas nuevas para controlarlas: tienes unos lineamientos que permiten a las embajadas hablar con los defensores, con un capítulo específico dedicado a las empresas que operan fuera. No son mandatorios, pero son alentadores. Y ves a compañías intentando cambiar sus comportamientos y establecer protocolos para consultar más ampliamente y en profundidad a las comunidades afectadas por proyectos.

Canadá también decidió establecer un mecanismo nuevo: ahora tienen un Personero especial para el empresariado responsable cuya misión es recibir quejas de indígenas, campesinos y comunidades locales afectadas por empresas canadienses afuera. Es algo que debemos monitorear, pero es un esfuerzo de un país por ser más efectivo.

También tienes países como Francia o Gran Bretaña que han pasado leyes sobre debida diligencia, otra tendencia hacia encontrar medios más efectivos para proteger a los defensores.

¿Está viendo nuevos patrones en agresiones o de actores? ¿Está evolucionando la situación de alguna manera

Es complejo, pero no veo nuevos actores. Están los mismos patrones: por ejemplo, de empresas contratando compañías de seguridad privada y a veces incluso a la policía local, para que les cuide, algo que termina siendo colusión entre intereses privados y públicos.

Estamos haciendo cosas nuevas para presionar a estos actores. Una de ellas, que para mí ha sido muy efectiva, es usar los mismos medios que con los Estados: cuando se nos informa de la posible implicación de empresas en ataques contra defensores, les envío lo que llamo una carta de alegatos en la que simplemente hago preguntas. Les digo “He sido informado de que en tal lugar su empresa puede haber estado involucrada en un ataque a un defensor. ¿Podría por favor clarificar por escrito estas cinco preguntas” y luego ambas se hacen públicas. Dado que estas compañías no quieren ver sus nombres mencionadas en un informe, les ves enviando cientos de páginas de información a través de sus abogados y pidiendo una reunión conmigo.

En mi próximo informe, que presentaremos en Ginebra, nombraré algunas empresas para presionarlas y mostrarle a otras que les podría suceder.

¿Ha enviado muchas de estas cartas en América Latina? 

Ha sido uno de los principales destinos, sí. Lo que quiero ver es que haya cambios. De hecho, envío cuatro cartas: una al gobierno del país de donde es la empresa, una a la sede principal de la empresa, otra al gobierno local y otra a la empresa operando allí. Es una manera de ejercer presión sobre muchos actores al tiempo.

¿Qué se puede hacer cuando esa violencia sucede en lugares donde hay proyectos financiados, en parte o por completo, por instituciones financieras internacionales? 

Estamos hablando también con esas agencias como el Banco Mundial o regionales como el Banco Interamericano de Desarrollo. Vemos que varias de ellas son realmente receptivas a nuestras comunicaciones e incluso se han retirado de proyectos que habían decidido financiar, citando que el Estado en cuestión no estaba respetando las provisiones del acuerdo de financiación. Es algo que nos permite hacer palanca.

¿Están entonces modificando sus políticas y elevando sus estándares a la hora de seleccionar proyectos y asignarles fondos? 

Sí, es el caso de la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial: estamos discutiendo con todos qué podemos hacer juntos para ser más efectivos.

Una cuestión que hemos discutido es cómo proteger a los delatores que pueden revelar información, por ejemplo, sobre colusión entre parlamentarios o ministros y esas empresas. Sobre todo con los delatores dentro de las instituciones que reciben información, quieren hacerla pública y podrían enfrentar represalias de esos actores.

Hemos hablado de empresas legales, pero muchos actores ilegales asociados a negocios ilícitos como la minería o la tala también atentan contra líderes ambientales.

Es algo que se ve en muchos países de América Latina y que, por ejemplo, le recomendé al Gobierno colombiano mirar. No he hecho ninguna investigación en actores ilegales, porque mi enfoque está en las empresas transnacionales. 

¿Ve factores de optimismo en América Latina para los defensores?

En cada país se ven soluciones, desarrolladas bien sea por los propios Estados, por instituciones individuales estatales o por otros actores como ONG locales, organizaciones internacionales o embajadas.

Para ser más concreto, en el caso de Colombia me ha impactado el trabajo hecho por la

Defensoría del Pueblo, una institución robusta que -las comunidades locales lo dicen- es el lugar donde pueden buscar apoyo o información, o denunciar ataques. En México, hay una fuerte Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que también es un actor crucial para los defensores. Por eso, cuando veo instituciones débiles en países como Honduras, intento empujar al Estado a fortalecerlas, que es la manera de apoyar a los líderes.

Una parte importante de América Latina comienza a implementar el Acuerdo de Escazú, un pacto regional que incluye varias provisiones clave para líderes ambientales. ¿Es optimista que las cosas pueden mejorar?

Mucho. He impulsado a los Estados a ratificar este nuevo instrumento. En Colombia, cuando estuve de visita oficial, esta fue una de mis recomendaciones porque el país no es parte aún del acuerdo regional.

Aún es muy temprano, pero es una manera de ejercer presión en los Estados y debemos hacer seguimiento a la manera cómo implementan y cumplen con sus provisiones. Estamos buscando que más países lo firmen y que más actores se involucren.

Esta entrevista, que fue condensada y editada para mayor claridad, se realizó en Bogotá en diciembre de 2018.

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