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Miedo y olvido
en Saweto

Después del asesinato del líder ambiental Edwin Chota y de tres dirigentes de la comunidad Alto Tamaya-Saweto en Pucallpa por taladores ilegales, las mujeres de este pueblo asháninka en la frontera de Perú con Brasil son las que defienden los bosques. Ellas se enfrentan al crimen organizado ante el miedo de los varones de ser asesinados como sus compañeros y la débil protección del Estado que aún no concreta las mejoras de infraestructura y la ejecución de proyectos sociales que debieron cumplirse desde 2015.

A cinco años del horror que vivió Saweto, Convoca.pe, como parte del proyecto colaborativo ‘Tierra de resistentes’, llegó a este pueblo amazónico, ubicado en la región Ucayali, para conocer la lucha de estas mujeres que viven en constante peligro por defender los últimos árboles en la frontera.

Sobrevivientes

— ¿Cuánto tiempo les tomó llegar hacia Pucallpa (la capital de Ucayali)?

—Tres días, nomás (…). Día y noche hemos viajado (…) sin descansar en peque-peque –narra Julia Pérez, una mujer de 42 años de edad, parada en una de las esquinas de la Casa Comunal de Saweto con los pies descalzos.

—Era de noche, ¿no era peligroso?

—No, no teníamos miedo, la señora Ergilia, su hija, el motorista y yo, los cuatro.

—Durante el viaje, ¿se detuvieron para comer?

—Nada, después recién tuvimos apoyo para comer.

—En ese viaje, una de las viudas estaba embarazada. ¿Quién era?

—Yo, en ese tiempo tenía siete meses, me dejó su papá gestando.

— ¿Y cómo hizo para viajar hasta Pucallpa?

— Así he ido, qué se puede hacer. Cuando se quiere así se hace, nada me ha atajado.

— ¿Cómo llamó a su hijo?

—Edwin.

— ¿Como su papá?

—Sí.

Con un niño en el vientre y llena de miedo, Julia Pérez navegó el río durante tres días desde Saweto hasta la ciudad de Pucallpa luego de enterarse que mataron a su esposo Edwin Chota y a otros tres líderes comunales. Julia aún recuerda el grito de un sobreviviente de aquel episodio de horror.

— ¡Ya lo han matado al Chota, ya lo han matado a nuestro jefe!—gritó Jaime Arévalo, vocal de Alto Tamaya-Saweto, al promediar las seis de la tarde del 5 de septiembre de 2014. Él y su esposa Hilda Cushimba apenas podían respirar cuando llegaron a avisar a su comunidad que Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo, habían sido asesinados.

Julia Pérez junto a su nueva pareja y sus hijos. Foto: Anthony Quispe / Convoca.pe

Estefanía Arévalo, la hija de Hilda y Jaime, replicó el aviso a la comunidad porque su padre “estaba nervioso, no podía caminar”. Ella heredó el peso de la muerte de un hombre devastado y debía contar a las viudas el espeluznante escenario que encontraron sus padres en una quebrada a ocho horas de camino a Apiwtxa, la comunidad hermana de Saweto en Acre, Brasil.

Hilda Cushimba narró a la Fiscalía que tenía a su bebé en brazos cuando su esposo Jaime Arévalo le describió lo que había en la pendiente: huesos cerca del río Putaya con gallinazos que roían las ropas, botas y bolsas que flotaban en un pozo de agua. Asustados, decidieron regresar a Saweto por otra ruta distinta al recorrido que hicieron los cuatro dirigentes asesinados. 

“Mis suegros (…) lograron visualizar un cadáver, no precisan haber podido reconocer de quién se trataba ni la vestimenta que tenía, se asustaron y regresaron de inmediato a la comunidad”, describió Alex Ríos, yerno de Jaime Arévalo, en su testimonio a la Fiscalía de Ucayali. Él narró a las autoridades que acompañó a sus suegros a la comunidad nativa de Apiwtxa, el 29 de agosto de 2014, porque debían participar en una asamblea en esa localidad de Brasil para organizar la defensa de los bosques.

Jorge Arévalo se había adelantado a la reunión en Apiwtxa y al volver por la misma ruta para saber qué había pasado con los otros líderes de su comunidad que no llegaban, se encontró con aquella escena de espanto.

Cuando Estefanía Arévalo empezó a describir a las otras familias de la comunidad lo que vio su padre, el temor se empezó a expandir. El recuento de los hechos y las amenazas previas, apuntaron como responsables de estas muertes a los taladores ilegales que rodeaban a Saweto. Las familias comenzaron a escapar a Apiwtxa, en Brasil, y a Pucallpa, en Perú. Diana Ríos, hija de otro de los líderes asesinados y anterior pareja de Chota, mencionó que Alex Ríos, el yerno de Arévalo, nunca más regresó al pueblo “de miedo”. 

Hoy en Saweto sobreviven 29 familias, de las cuales solo 20 permanecen en esta localidad asháninka, las otras van y vienen a otros lugares por trabajo o motivos familiares, asegura Karen Shawiri López, la actual jefa de esta comunidad de 28 años de edad.

Desde el asesinato de los cuatro líderes, las mujeres encabezan la lucha de Saweto frente al tráfico de madera. La mayoría de los hombres del pueblo ha preferido dar un paso atrás por temor a que acaben con sus vidas. Por eso luego de la tragedia, Ergilia Rengifo López, viuda del asesinado Jorge Ríos, se convirtió en la primera mujer en ser elegida como jefa de esta comunidad asháninka.

En medio del desconsuelo, la primera misión de Ergilia fue liderar una comisión de viaje hacia Pucallpa, la capital de Ucayali, para denunciar la muerte de los dirigentes. “Ni tiempo para llorar había”, recuerda. Era de noche, Ergilia decidida le dijo a su hija Diana: “Tú te quedas aquí, si me pasa algo te comunicas allá en la radio, si no aparezco en cinco días”, describe Diana, mientras viste su cushma azul y se dibuja líneas rojas en su rostro frente un espejo con marco plastificado.

La comitiva liderada por Ergilia estuvo integrada por su hija mayor, Juana Ríos, viuda de Leoncio Quintisima y Julia Pérez, viuda de Edwin Chota, con siete meses de gestación. Las mujeres llegaron a Pucallpa luego de tres días: “hasta de noche viajamos, pero si llovía, dormíamos en dónde había casa”. “El primer día dormimos en la playa de Ucayina, en la madrugada escuchábamos motor [advierten que es un sonido de amenaza] y una noche después en una casa en el pueblo Nueva Amazonía Tomahao, a dos días de Saweto”, recuerda Ergilia.

Para llegar a Saweto desde Pucallpa en peque-peque, los comuneros pueden demorar tres días con el río caudaloso en periodo de lluvia y hasta siete días en época de sequía. En chalupa con un motor de 65 caballos de fuerza desde el puerto de Pucallpa, Convoca.pe hizo un viaje de 30 horas hasta la comunidad asháninka. Surcamos uno de los mayores tributarios del río Amazonas, el Ucayali, hasta navegar por sus afluentes Tamaya y Putaya, esquivando trozos de madera. A lo largo del viaje, aparecieron diferentes naves, las que transportaban gente, las que transportaban gasolina y las que transportaban la codiciada madera que sale de los bosques.

Las mujeres de la comunidad de Saweto junto a sus niños. De izquiera a derecha: Ergilia Rengifo, Teresa López y Diana Ríos. Foto: Anthony Quispe / Convoca.pe

La comitiva de Ergilia hizo esta misma ruta pero a la inversa en busca de auxilio y de una justicia que aún es dolorosamente esquiva. Hasta hoy el caso continúa en la Fiscalía de Ucayali sin que se sancione a los responsables del asesinato de los cuatro líderes de este pueblo de la Amazonía peruana, cada vez más amenazada.

Cada día que transcurre, el Perú pierde 427.2 hectáreas de bosques amazónicos, según el gubernamental Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Solo durante 2017, en Perú se talaron 155 mil 914 hectáreas de cobertura boscosa y según una revisión histórica del propio Serfor se ha perdido 7.7 millones de hectáreas de bosques, una cifra que equivale al 6% del territorio peruano o a toda la extensión de la región imperial del Cusco.

En Ucayali, Madre de Dios, Huánuco y Loreto se concentró el 60% de zonas deforestadas durante 2017. En estas regiones opera el millonario negocio de la minería ilegal y el tráfico de madera.

Impunidad y tráfico de madera

Los diversos indicios señalan como presuntos responsables del asesinato de los líderes de Saweto a cinco personas, entre ellos el talador brasileño Eurico Mapes. Pero el 23 de febrero de 2018, el fiscal que investigaba el caso, Julio Reátegui, solicitó sorprendentemente el archivamiento de la acusación contra cuatro de los sospechosos. Nueve meses más tarde, el 19 de noviembre de 2018, la Fiscalía Superior de Ucayali, mediante la disposición N°037, pidió rectificar el polémico pedido de Reátegui y le ordenó que designe un nuevo fiscal para que emita un nuevo requerimiento para ampliar el pedido de acusación contra los otros implicados.

Poco tiempo después, Reátegui designó a su fiscal adjunto, Otoniel Jara, para que herede el caso, es decir, a su subordinado. En respuesta, el viernes 1 de marzo de 2019, el abogado de los dirigentes asesinados, Óscar Romero, solicitó a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada anular la designación del fiscal Jara porque respondería a la misma postura de su jefe.

Para Reátegui existen indicios necesarios para acusar al talador Eurico Mapes, pero no a los otros cuatro, de nacionalidad peruana, por presunta comisión del delito homicidio calificado: Hugo Soria Flores, José Carlos Estrada Huayta, Josimar Atachi Félix y Segundo Atachi Félix.

“No tenemos elementos de prueba que los apunten. Una cosa es lo que los familiares dicen y otra cosa es que se pruebe eso, ni siquiera se puede establecer si el sujeto o los sujetos estuvieron ahí en la fecha de los homicidios”, dijo Reátegui a Convoca.pe.

Se espera que en los próximos días, el fiscal Otoniel Jara cumpla con el pedido de la Fiscalía Superior de Ucayali y amplíe la acusación contra los otros cuatro implicados en el asesinato de los líderes de Saweto.

En el camino a Saweto encontramos madera talada a orillas del río. Foto: Anthony Quispe / Convoca.pee

Mientras eso sucede en las oficinas del Ministerio Público de Pucallpa, en la frontera con Brasil las viudas de Saweto continúan viviendo en medio del bosque y el desamparo. Margoth Quispe, ex defensora del pueblo en Ucayali y directora legal del Programa Perú de la fundación estadounidense Rainforest, asegura que por medidas de seguridad y  “por recomendación del abogado”, es mejor que se mantenga en reserva para estas mujeres la situación de las investigaciones fiscales debido a que siguen viviendo “con el enemigo al lado”. Saweto está ubicada a pocos minutos de la comunidad de Putaya en donde viven los taladores ilegales acusados de asesinar a los líderes. 

Ellas saben que están en riesgo: conocieron de cerca las amenazas permanentes que recibieron los comuneros asesinados, quiénes fueron, dónde y cuándo sucedió.

“Eurico Mapes (el talador brasileño) es el único que paraba hablando, pero también pueden ser sus familiares (su padre Adeuso Mapes) y el señor (Juan Carlos) Estrada, porque él tenía su concesión (forestal) acá”, dice Ergilia Rengifo López, acompañada de Juana Pérez. Ellas son las viudas de Edwin Chota y Jorge Ríos, respectivamente.

Meses antes de ser asesinado, Edwin Chota había acusado como taladores ilegales ante las instituciones del Estado a Eurico Mapes; al representante de la empresa Eco Forestal Ucayali S.A.C, Juan Carlos Estrada Huayta, y a otras personas. Estas denuncias estaban respaldadas con fotografías de los árboles talados y la ubicación georreferenciada de estos daños al medio ambiente.

Chota estaba enfrentado de manera abierta con Eco Forestal Ucayali S.A.C. debido a que esta empresa tenía una concesión forestal superpuesta al territorio ancestral de Saweto. Como venganza, Estrada Huayta acusó a Chota de dedicarse al narcotráfico.

Los esfuerzos del líder de esta comunidad asháninka para defender el bosque llegaron a despertar el interés de las autoridades del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor) tras varios años de insistencia. Chota sabía leer, escribir y había aprendido a enfrentarse a la burocracia mediante cartas, informes y denuncias.

El 22 de mayo de 2014, Chota y otros cinco miembros de su comunidad fueron recibidos por las autoridades de Osinfor en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, como consta en diversos documentos a los que accedió Convoca.pe. Poco tiempo después, los funcionarios coordinaron con el líder de Saweto la fecha de supervisión para verificar la denuncia de tala ilegal: 15 de agosto de 2014. Al fin, Chota había sido escuchado.

Aquella vez, la supervisión comenzó con la concesión forestal de Ramiro Edwin Barrios Galván y continuó el 25 de agosto con la inspección de las actividades de Eco Forestal Ucayali en la que participó como veedor el propio Edwin Chota. La diligencia duró hasta el 29 de agosto en medio de la inseguridad y la incertidumbre. Tres días después, el 1 de septiembre, el líder amazónico fue asesinado a punta de balazos.

La última denuncia de Chota sobre la depredación del bosque se confirmó dos semanas después de su muerte. Osinfor elaboró el informe de supervisión Nº 092-2014 con fecha 17 de septiembre de 2014 en el que daba cuenta que en las inspecciones realizadas en el mes anterior se constató las actividades de tala ilegal: la desaparición de árboles de las especies tornillo, cedro, lupuna, copaiba, ishpingo, estoraque, entre otras.

En el camino a Saweto encontramos madera talada a orillas del río. Foto: Anthony Quispe / Convoca.pee

“Los hechos de aprovechamiento no autorizado (tala ilegal) son considerados graves por la cantidad de árboles movilizados y porque se afectaron las poblaciones naturales de especies protegidas por dispositivos legales específicos (cedro, ishpingo y lupuna), sin la menor posibilidad de que en el área se implementen medidas que permitan mitigar y/o resarcir los daños ocasionados al patrimonio forestal”, aparecía en el documento. Al igual que esos árboles, Chota ya estaba muerto.

“Aquella vez, yo quería saber quién mató a mi padre, quién participó, quería saber bien claro, entonces cuando yo tomé ayahuasca (una planta que genera efectos alucinógenos y que es usada en la Amazonía por sus propiedades curativas) me concentré y vi a mi padre, así igual que tú estaba parado. Se acercó a mí, me tocó y me dijo: ‘No llores, ya era para que me maten hace tiempo’. Yo le pregunté: ‘¿quiénes son?’. Él mismo dijo: ‘Señor Eurico y sus hijos estarían involucrados’. Eso no más me respondió”, recuerda Diana, la hija del asesinado Jorge Ríos.

Edwin Chota y Jorge Ríos habían sido amenazados de muerte en diversas oportunidades. Una de esas ocasiones quedó registrada en un acta ante la Fiscalía de Ucayali en abril de 2014. El líder comunal aseguró que tras un operativo que inmovilizó la madera extraída ilegalmente por la empresa Forza Nuova E.I.R.L., su representante Hugo Soria Flores lo amenazó a él y Jorge Ríos asegurando que “un sawetino iba a morir”.

Algunos documentos del expediente fiscal al que tuvo acceso Convoca.pe echan luces sobre el trasfondo del crimen. En la disposición superior Nº 037-2018 de la Fiscalía aparece que el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, presidido por la jueza Melina Elizabeth Díaz, argumentó que “es posible que en el presente caso, los asesinatos hayan tenido como móvil el ocultamiento de un delito continuado (asesinato para ocultar otro delito), entre ellos, el tráfico ilícito de madera y toda la organización criminal detrás de ella”. Esta situación no fue tomada “en cuenta por el fiscal encargado del caso”, enfatiza la jueza.

— ¿Por qué la Fiscalía Superior ordena corregir su acusación?, le preguntamos al fiscal Julio Reátegui, a quien encontramos en Pucallpa. 

—Claro, él (el fiscal superior) considera que ahí hay un tema de autoría mediata, que hay un autor intelectual detrás, él considera que eso se puede probar, yo considero que no (…). Yo pienso que esa acusación no va llegar a ninguna parte, procesalmente hablando.

Mientras tanto en la espesura de la selva,la inseguridad para los mujeres líderes y sobrevivientes de Saweto continúa. La tala ilegal no se detiene.

La amenaza continúa

Un mapa de la pérdida de cobertura forestal al 2016, elaborado por Rainforest, reveló que una concesión forestal al norte de la comunidad, San Jorge E.I.R.L, talaba más allá de los límites de su predio.

“Hay taladores ilegales ahí, el territorio de nosotros es grande (…) Más al fondo ahí están (…) pero ellos hacen ver que por ese lado nomás están trabajando, no por acá”, advierte Karen Shawiri, la actual jefa de la comunidad y hermana de Ergilia de parte de mamá.  

Karen Shawiri, de 28 años, piel trigueña y cushma (vestimenta típica) marrón, entiende que su responsabilidad es servir a su gente, salir del pueblo solo cuando sea necesario, llegar con resultados a su comunidad, luchar por sus bosques y delegar funciones a sus demás compañeras.

—Este cargo es muy fuerte para mí (…) Tenemos que luchar para poder estar dentro de nuestra comunidad tranquilos, unidos, alegres –dice Karen.

— ¿Contra quienes tienen que luchar?

—Contra los taladores ilegales –responde para luego pedir apoyo a las autoridades–.No porque somos de la frontera ya nos van a olvidar.

Convoca.pe accedió a un mapa analizado por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) con imágenes Planet de diciembre de 2018 y febrero de 2019, que revelan puntos de deforestación y posible tala ilegal en el territorio de Saweto. Pero se requiere una visita de campo de las autoridades para conocer la dimensión de esta amenaza. A través de su oficina de Comunicaciones, Osinfor también fue consultado en reiteradas ocasiones para este reportaje sobre las últimas labores de supervisión realizadas a las concesiones forestales aledañas a la comunidad de Saweto después del asesinato de los cuatro líderes asháninkas, pero no hubo respuesta. 

La inseguridad invade el territorio de Saweto. Los nativos cuentan que el número de trabajadores en la extracción de madera es imprecisa. Algunos se aventuran a calcular que superan los 30 taladores, todos con machete o algún arma de fuego. Si los hombres de Saweto llegan a estos sectores para supervisar, prefieren ignorar situaciones sospechosas por seguridad y miedo.

“Es el temor. A veces cuando los comuneros están viendo que están talando dentro de la comunidad no dicen nada y, si uno de ellos le dice, la otra persona le contesta: ‘Ya te voy a matar, tú eres el chismoso que va a avisar allá’ [a las autoridades]”, cuenta Karen Shawiri.

Milton Vásquez tiene 25 años, es trigueño y de mediana estatura. Se sienta y escucha  en la Casa Comunal de Saweto, junto a algunos hombres que observan callados, a la junta directiva presidida por mujeres. Él es uno de los pocos varones que asumió un cargo de apoyo como presidente de la asociación de padres de familia de la escuela primaria.

Vásquez dice que a pesar de las amenazas y que apenas son unos 20 varones, cuidan el bosque. Pero al otro lado, “los taladores que vienen de Brasil son más”. “Amenazan, talan y se largan. Y cuando reclamamos ellos vienen hasta tu puerta, ya nos pueden matar. A veces buscamos qué comer, qué pescar, pero ahí en el monte, pueden hacernos una emboscada”, advierte.

Cada tres meses, cinco hombres que temen morir hacen rondas de protección del territorio de Saweto. Pero no siempre es posible. La última vez que viajaron al límite de sus terrenos fue en octubre de 2018. “No es seguido porque no tenemos gasolina. Son dos días de viaje en bote hasta el límite de nuestras tierras, caminando es una semana, y ahora para regresar es otra semana. Es lejos”, describe Vásquez. Pero además son cerca de 80 mil hectáreas de territorio que hay que vigilar.

El sonido de la maquinaria pesada que lleva los troncos producto de la deforestación ahuyenta a todos. Hasta los animales que cazan y comen los comuneros tuvieron que huir hacia bosques más seguros. “El animal se ha vuelto mañoso [prevenido], más antes eran bien mansitos como una gallina. Ahora los animales te ven, ya se quitan, corren (…) Antes aquí había bastante peces, desde que hay madereras toditos los animales se han ahuyentado, se fueron lejos”, narra Guillermo Arévalo, hermano del líder asesinado Jaime Arévalo, junto a Roger Shawiri, padre de la jefa de la comunidad, Karen Shawiri. Los hombres y mujeres de Saweto son una sola familia de sobrevivientes.

Guardianas del bosque

Es el mediodía del miércoles 6 de febrero de 2019. En la Casa Comunal de Saweto se prepara el almuerzo, se comerá sajino (cerdo salvaje) en este pueblo donde alguna vez bebió masato, comió, tendió su cama y crió a sus hijos el exjefe de la comunidad, Edwin Chota. La junta directiva y los comuneros se reúnen para conversar sobre el futuro y lo que necesitan.

Ergilia Rengifo López, una mujer de 1.60 metros de estatura, piel trigueña y cabello azabache ondulado, cuenta que por la tragedia de Saweto quedó viuda con nueve hijos. No sabe cuántos años de edad tiene porque asegura que los registradores anotaron mal su fecha de nacimiento aunque su Documento Nacional de Identidad (DNI) revela que tiene 42.

Las viudas de Saweto no abandonan su lucha, pero ello no implica estar de luto por siempre. La vida sigue. Ergilia Rengifo López tiene una nueva pareja hace dos años. Julia Pérez tiene una niña con su nuevo esposo, junto a los otros tres hijos concebidos con Edwin Chota. Lita Rojas va de viaje seguido a la comunidad de Apiwtxa donde residen sus padres. Y la última, Adelina Vargas, ahora vive en otra localidad lejana a Saweto pero en la misma región amazónica. 

A cinco años del asesinato de los líderes del pueblo, Ergilia confiesa que ese episodio doloroso le dio un impulso para buscar justicia para los suyos y concluir, sin saber leer ni escribir, las gestiones que había iniciado Edwin Chota para Saweto: el título de la comunidad y la antena para la telefonía móvil. 

Karen Shawiri dice que seguirá en el cargo hasta cuando pueda debido a que ha escuchado rumores de que quieren acabar con su vida.

El puesto policial más cercano está ubicado en el caserío Putaya, a unos quince minutos en peque-peque, río abajo. Ahí existe una entrada que conduce a la garita de control de tránsito fluvial. Hasta este lugar llegó Convoca.pe, donde comprobó que no siempre este puesto de control está resguardado por efectivos policiales.

El puesto policial en Putaya, el más cercano a la comunidad Saweto, se encontraba desprovisto de efectivos cuando el equipo de Convoca.pe llegó al lugar. Foto: Anthony Quispe / Convoca.pe

Margoth Quispe, de la fundación Rainforest y ex defensora del pueblo en Ucayali, alertó a la Policía de esta situación. Apróximadamente a las 5 y 30 de la tarde del último miércoles 6 de febrero, los efectivos llegaron a la Casa Comunal de Saweto para dejar constancia que siempre están alertas para resguardar a los comuneros. Pero Karen Shawiri dio una versión distinta.

— ¿Los señores de la Policía les acompañan a hacer las rondas de vigilancia?

—No, no nos acompañan. Están en el puesto policial aquí cerca [quince minutos], en Putaya.

— ¿Y ellos resguardan, allá y aquí?

—No resguardan, no resguardan. ¿Acaso están en su garita de control?

— Cuando reciben amenazas, ¿ellos reciben sus denuncias?

—Sí, dicen que pasan el informe a la Fiscalía. Hace poco ha sucedido un caso, viajaré a Pucallpa para ver, para confirmar bien, para ver si están haciendo su trabajo. 

La Policía se comprometió en esa visita a colaborar todos los domingos, compartir con Saweto sus galones de gasolina para que los comuneros puedan navegar hasta los hitos de frontera y protejan sus terrenos. Ese fue el compromiso hasta el cierre de este reportaje.

El director de la Décimo Tercera Macroregión de Ucayali de la Policía Nacional del Perú, el general Miguel Fernando Lostanau Fuentes, menciona que existe personal policial haciendo labores de patrullaje las 24 horas del día. “Usamos embarcaciones de la Marina o del Ejército que puede estar en la zona, hay una presencia del Estado, en algunos lugares donde está el Ejército y la Marina pero no voy a afirmar que es un 100%”, admitió.

Margoth Quispe menciona que “el puesto policial de Putaya es la única institución que controla y resguarda la seguridad” en Saweto. Por eso es importante que cumpla con su labor. “Mientras el Estado no tenga presencia permanente en la zona de frontera cercada por el crimen organizado, esta situación de peligro para los pobladores de Saweto se va a mantener”.

La ayuda para Saweto se puso nuevamente aprueba el último 8 de abril con la desaparición de cuatro niños de la comunidad. Después de una semana los pequeños fueron encontrados por un equipo especial integrado por la Policía Nacional del Perú, los nativos y la Marina. En esos días, Saweto volvió a concitar el interés de la tribuna pública ante una posible desgracia, pero ahora todo volvió nuevamente a su estado habitual: el olvido.

La comunidad de Alto Tamaya – Saweto no está segura: tiene un territorio titulado en dos partes: de 64 mil 432.49 hectáreas de selva (título de propiedad A) y 13 mil 696.73 hectáreas (título de propiedad B), que no están totalmente resguardadas. Pero además, vive en medio de carencias y promesas incumplidas.

El plan inconcluso

“Quizá alguien tiene que morir para que nos hagan caso”, advirtió alguna vez Edwin Chota.

Y así fue. La primera semana de septiembre de 2014, la muerte de los cuatro dirigentes de Saweto fue la noticia que dio la vuelta al mundo. El caso desencadenó una reacción del entonces presidente Ollanta Humala que no se esperaba. Ergilia Rengifo recuerda que solo “después de que fueron asesinados los dirigentes, el gobierno llegó a apoyarnos, antes no”.

Ergilia recorre las construcciones que el Estado ejecutó de acuerdo a un Plan de Acción, que fue liderado por la Presidencia del Consejo de Ministros, a cargo de Ana Jara en 2014 y cuya posta tomó Pedro Cateriano en 2015.

En el Plan de Acción – Saweto, once ministerios identificaron necesidades de la comunidad nativa y se comprometieron a ayudarla desde el último semestre de 2014 hasta 2015.

 Durante nuestro recorrido, la primera construcción que resalta entre todas las que se levantaron con madera, es el tambo, cuyo presupuesto supera el millón de soles (unos 300 mil dólares) y permitirá que diversas instituciones del Estado tengan oficinas en este lugar para atender las necesidades de Saweto. Para el 2018 debió estar operativo pero Ergilia Rengifo nos muestra que el techo tiene canaletas rotas o torcidas, el piso registra rajaduras, las paredes albergan colmenas de avispas, musgo, hormigas y hasta murciélagos. El tanque de agua se está oxidando, mientras el tanque subterráneo está lleno de hierbas. Adentro del tambo, hay colchones sucios. “Lo han dejado así, no lo han terminado, peor que se ha muerto el ingeniero que estaba a cargo de la obra”, asegura Karen Shawiri, jefa de la comunidad.

Este tambo fue construido como parte de un plan de acción del gobierno para atender las necesidades de la comunidad de Saweto. Pero aún no funciona. Foto: Anthony Quispe / Convoca.pe

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), que heredó la construcción del tambo, informó a Convoca.pe que hubo “un retraso importante por el fallecimiento inesperado del supervisor de obra (por motivos ajenos al proyecto) en octubre de 2018”.

Un tambo en los sectores más alejados del país debería asegurar que los programas sociales y beneficios estatales lleguen efectivamente a las comunidades andinas o nativas. Sin embargo, en Saweto la obra está construida aún al 70 por ciento, según el Midis, por “la lejanía de la zona y a su particular condición climática y geográfica”.  

Ergilia, nuestra guía, nos lleva hacia el aguajal de la comunidad: un riachuelo del que bebe y saca agua con un plato para refrescarse la cabeza. “De aquí tomamos agua”, me dice. Al mismo tiempo, el masato (néctar tradicional) que la anciana de la comunidad, Teresa López, madre de Ergilia y Karen, contiene la mejor de las yucas maceradas sawetinas y quizá la peor muestra de un riachuelo de aguas turbias. “No siempre es limpio, pero nosotros tenemos que tomar nomás”, dice Karen.

Los “aguajales” también se usan para lavar ropa, las ollas y los platos, para asearse, para ducharse. En Saweto no existe el agua potable. Aunque en 2010, Edwin Chota logró gestionar ante la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo un tanque elevado que se conecta a dos piletas, una en el jardín de niños de la comunidad y otra pileta en el colegio de primaria, las dos se han deteriorado, se han oxidado y están con musgo. No funcionan.

“El tanque de Rotoplas hace años que tampoco funciona”, advierte Julia Pérez.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se comprometió a “reparar las dos piletas” que tiene Saweto, construir una planta de tratamiento de agua, reparar las tuberías y “adquirir un sistema de cloración para desinfectar el agua y evitar infecciones por contaminación”. Pero aún no se concreta. 

No hay luz eléctrica. Los sawetinos se acuestan al ponerse el sol, a las 7 de la noche. A veces se quedan despiertos solo para mirar los mensajes de sus celulares con baterías cargadas por el generador eléctrico alimentado con un galón de gasolina. También existen paneles solares, pero tardan entre dos a tres días para cargar un porcentaje mínimo.

Vista del interior del tambo que muestra su estado de abandono. Foto: Anthony Quispe / Convoca.pe

Obtener luz por doce horas cuesta caro: medio bidón de gasolina te permite cargar con el generador eléctrico cuatro celulares con mucha suerte. Cada gota de gasolina es como cada gota de agua, se cuida con recelo en la comunidad. El precio por galón de gasolina llega a costar 35 soles (10.7 dólares) si viene de Putaya, a pesar de ser una población vecina. Solo en Pucallpa puede comprarse a 10 soles (3 dólares) el galón pero eso implica tres días de viaje, en promedio.

De acuerdo con el compromiso del Ministerio de Energía y Minas, se debería haber instalado unos 1,000 sistemas fotovoltaicos en las viviendas comunitarias, con una inversión referencial de un millón de dólares en todo el distrito de Masisea, donde se ubica Saweto. Pero hasta ahora eso no sucede. Los hombres, mujeres y niños de la frontera se acuestan temprano porque en la comunidad la única fuente de luz es el sol y, por hoy, ya se apagó.

Regresar descalzos por la noche es peligroso. La jefa Karen Shawiri acaba de pincharse con una astilla en la planta del pie. El dolor perdurará durante la noche pero no hay tabletas de ibuprofeno en la comunidad, apenas una caja de enalapril de 10 miligramos para la hipertensión que se mantiene en la alacena llena de musgo oscuro del único establecimiento de salud de Saweto. 

El puesto promotor de salud sobrevive a la lluvia y las termitas. “Si queremos atendernos ante alguna emergencia tenemos que ir a la posta de salud de Putaya, aquí no podemos”, asegura Ergilia Rengifo. Pero Saweto lleva una relación tensa con esta comunidad vecina: de acuerdo con testimonios de los pobladores, los implicados en el asesinato de los cuatro líderes ambientales viven o tienen vínculos con ese caserío.

El Ministerio de Salud planteó el mejoramiento del equipamiento y mobiliario del puesto de salud de la comunidad, además de la ejecución de siete campañas de salud entre 2014 y 2015, con un presupuesto referencial de 112 mil soles (unos 34 mil dólares). Pero el problema aún persiste. Los comuneros de Saweto tienen que viajar durante 15 minutos en peque-peque hasta las orillas de Putaya o, si el caso es mucho más grave, navegar tres días hasta Pucallpa en época de lluvia.

 Los ancianos de la frontera mencionan que es necesario un puesto de salud en Saweto. Guillermo Arévalo sufre de una extraña enfermedad que le hace temblar todo el brazo. “La otra vez me agarró fuerte, estoy tomando vitaminas para eso”, cuenta. 

Casi anochece en esta comunidad asháninka. El sol se va apagando esta tarde del miércoles 6 de febrero mientras Julia Pérez amamanta a la última de sus hijas y le sopla delicadamente sus cabellos castaños. Viste una camiseta celeste que contrasta con el polo blanco de su pequeña. Ambas andan descalzas, van a todas partes juntas. A Julia no le da miedo defender los bosques, pero le preocupa el futuro de sus hijos Tsonkiri, Edwin, Luz y el de Kitoniro, hijo de Edwin Chota y Diana Ríos.

—¿Kitoniro está bien?

 —Sí, de vez en cuando viene, me visita y juega con sus hermanitos –responde Julia.

Los niños y jóvenes que juegan al fútbol se divierten antes con los últimos rayos del sol. A un lado camina con sus botas Kitoniro de 12 años, vestido con una bermuda jean y un polo verde. Tiene la cabeza rapada, la piel tostada y la sonrisa amplia como su padre.

—Kitoniro, ¿sabes que tu papá es como un héroe?

—Sí.

—¿Quieres ser como tu papá?

—No.

—¿Por qué?

—Quiero ser ingeniero.

Kitoniro aún no conoce la dimensión de la lucha que terminó por extinguir la vida de su padre, Edwin Chota. Él y su familia han aprendido a sobrevivir, a estar de pie y resistir, como los últimos árboles de la frontera. 

* Este reportaje multimedia en tres idiomas y el desarrollo de los aplicativos contaron con el apoyo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), la Unión Europea y la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación.

“Decía que nos iba a matar”

Viajar a comienzos de año a las comunidades indígenas del Bajo Amazonas, en la triple frontera con Leticia y Tabatinga, ciudades de Colombia y Brasil, te obliga a desplazarte todo el tiempo en ‘peque peques’, esas pequeñas embarcaciones rústicas que navegan a diario la cuenca amazónica. Las lluvias elevan el nivel de los ríos, nuevas cochas aparecen y es el mejor momento del año para conocer los bosques inundables de la Amazonía peruana.

Para llegar a la casa de Pablo García tuvimos que navegar, sin exagerar, por las calles de la comunidad. Los parantes de su casa estaban hundidos bajo el agua y de un salto desembarcamos en mitad de la escalera. Pablo nos esperaba listo para salir a patrullar. Unas botas de jebe altas, un jean gastado, un estuche de celular colgando del cinturón, un pequeño bolso negro que lleva cruzado de lado a lado —como si se esmerara en que nada le reste movilidad— y ese entusiasmo pegajoso que contagia a su entorno. 

Quizá por ese optimismo y la valentía para encarar los temporales, los habitantes de Buen Jardín lo hicieron apu de la comunidad en el período anterior. Hoy el cargo está en manos de otro tikuna pero Pablo García, desde el puesto de secretario que ocupa ahora, se involucra en todas las decisiones y tareas de Buen Jardín. El respeto y la atención con la que lo escuchan, es el de una autoridad que sigue aún vigente.

Lo primero que hizo al vernos fue contarnos que habían detectado, hacía dos días, un nuevo parche de deforestación: 30 hectáreas de las 1771 que posee la comunidad, sembradas con cultivos ilegales.

“Eso no había y ahora todito está cocal, nosotros no sembramos coca casi. Es territorio de Buen Jardín”, indica Pablo.

La deforestación no pasa más desapercibida para Pablo ni para los otros monitores. Hoy conocen muy bien los límites de su territorio y no solo porque lo patrullan, sino porque lo vieron por primera vez en un mapa satelital. Cada día, con sus celulares y una aplicación que les permite recibir las alertas, salen a revisar potenciales incursiones en sus bosques. 

Esa mañana nos guiaron hacia uno de los parches que más les preocupa. La embarcación avanzaba lentamente por un caño, sorteando los árboles, los troncos, atravesando los rayos de luz que penetraban suavemente a través del dosel del bosque. Seis personas a bordo de un ‘peque peque’ navegando por la selva inundable de la comunidad.

Media hora después desembarcamos, caminamos 10 minutos, hasta que el verde claro de las hojas de coca empezó a envolvernos. Pablo sacó sus lentes de lectura y junto a Camila Flores, Miguel Rivera y Enoc Chanchari empezaron a identificar el punto. El GPS indicaba que estábamos a pocos metros del parche pero el agua se convirtió en un obstáculo. Los monitores sacaron un drone, que han aprendido a usar con la ayuda de Rainforest Foundation —fundación estadounidense que los ha capacitado en el uso de esta y otras tecnologías— y lo encendieron para mostrar el desbosque. 

 El drone se elevó sobre las copas de los árboles y de pronto apareció en la pantalla del celular un cuadrante totalmente pelado. Los palos tirados en el suelo contrastaban con la vegetación abundante de la zona y con los sembríos de cacao de la comunidad. Una isla de tierra en medio de un verde intenso. Calculan que han perdido 300 metros cuadrados más de bosque.

Cuando recibieron la primera alerta, a mediados de 2018, fueron de inmediato a investigar el área. 

“Nos hemos ido hasta donde estaba el lindero y encontramos a un invasor que vive en Bellavista”, narra Pablo García. Cuenta que lo encararon, que le dijeron que traerían a las autoridades, pero el invasor “no paraba de amenazarnos, decía que nos iba a matar”.

Como no se movía de su territorio y las amenazas continuaban, Pablo García y Jorge Guerrero, el apu de Buen Jardín, fueron a conversar con el apu de la comunidad tikuna de Bellavista de Callarú, cuyo territorio colinda con el suyo.

“Nosotros no queremos que ustedes se metan más a nuestro territorio y deterioren nuestro monte. Ya hasta ahí, párale. Si tienen esa chacra, cultívale esa chacrita, pero ya no me estés rompiendo monte. Nuestro territorio se va a volver pampa”, señala Pablo que le dijeron al apu de Bellavista y que este aceptó frenar el problema.

Pero Pablo volvió a Buen Jardín con muy pocas esperanzas, sobre todo porque antes de entrar a la reunión lo amenazaron de nuevo. 

“Sabes qué, Pablo, ahorita te van a agarrar, te van a amarrar y te van a dar tu bruta paliza. Yo le digo: ¿Por qué me van a agarrar y dar mi bruta paliza? ¿Acaso yo estoy metiéndome en el territorio de ustedes? Yo no me estoy metiendo, pero ustedes sí se han metido y nosotros tenemos que ver ese problema”. Así recuerda Pablo García esa escena que permanece fresca en su memoria.

Tampoco olvida las últimas palabras que le dijeron antes de entrar a la reunión: “Vamos a colgarlos”.

Los habitantes de Buen Jardín no se cansan de repetir, casi como un mantra, que en Bellavista el narcotráfico sigue presente.

Cuando en el 2014, el Proyecto Especial Corah —a cargo de la erradicación de cultivos ilícitos en todo el territorio peruano—entró a operar en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, en el Bajo Amazonas, erradicó una extensión de 1816 hectáreas de coca. Ese año no llegaron a Bellavista de Callarú. Pero un año más tarde, en el 2015, la intervención fue mucho más grande y se eliminaron 13 805 hectáreas de coca en la provincia y solo en Bellavista 1426 hectáreas distribuidas en 795 parcelas. Las campañas de 2014 y 2015, según el último informe de monitoreo de cultivos de coca de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), redujeron los cultivos ilícitos en el Bajo Amazonas a 370 hectáreas, pero en el 2017 se registró una resiembra e incremento importantes que bordean hoy las 1823. A esta cifra hay que sumarle, además, las plantaciones de coca del último año.

“La mayor concentración del cultivo se ha encontrado en las localidades de San José de Cochiquinas, Alto Monte, San Pablo, Cushillococha, Bellavista y Erene”, detalla el informe de Unodc. Según la agencia de Naciones Unidas, la producción de coca estaría “articulada” al mercado colombiano por dos factores: “la ausencia de secaderos” en esta zona de Perú, lo que hace suponer que la hoja de coca se procesa en “verde” (como se acostumbra en Colombia) y la cercanía a la frontera colombiana.

Esto coincide con lo señalado por fuentes policiales destacadas en la zona. Estas señalaron, en una conversación con Mongabay Latam, que son ciudadanos colombianos los que inyectan dinero en las comunidades peruanas del ‘Trapecio Amazónico’ para que siembren coca y luego comprarles la totalidad de su cosecha.

Pablo García y el apu Jorge Guerrero sostienen que en Bellavista los ven como informantes del servicio de inteligencia, de la división de narcóticos, a pesar que les han explicado y más de una vez que no reportan a la policía, que solo están interesados en cuidar su bosque.

Por amenazas como esta y por los antecedentes de Bellavista, Pablo García está convencido de que en el espacio recién deforestado pronto aparecerán cultivos de coca.

Buscamos al apu de Bellavista, Teodoro Ayde Lozano, para preguntarle sobre estas acusaciones. "Nosotros hemos solicitado una ampliación de territorio. Luego de esa ampliación, en realidad es Buen Jardín quien estará invadiendo el terreno de Bellavista", respondió.

“Lo que denuncia Buen Jardín es que en esa zona están sembrando coca”, le contamos. “Nada, solo yuca, nada más”, responde tajante el apu. “Aquí no pasa nada, la gente trabaja bien”, continúa. La entrevista se realiza dentro de su casa y él no deja de mirar constantemente hacia la calle. Durante los 30 minutos de la conversación, pasaron por lo menos tres ciudadanos colombianos, saludándolo.  “Antes sí había problemas, pero ahora todo está tranquilo”, finaliza.

Las coordenadas, sin embargo, no mienten: ese bosque le pertenece a Buen Jardín de Callarú.

La llegada de un fiscal

A fines de 2018, el apu de Buen Jardín recibió una visita inesperada en la comunidad. Un grupo de colombianos quería conversar con él.

 -Había muchos colombianos que me decían: ¡Ya pues apu, te doy tanto, consigue terreno! Eso fue en el mes de octubre de 2018.

-¿Lo asustó?

-Sí, por eso tampoco he aceptado. No les he aceptado para que hagan la destrucción y siembren coca. Me querían dar plata. No, les he dicho.

Hartos de las presiones y amenazas, los habitantes de Buen Jardín tomaron una decisión: llevarle la evidencia reunida a un fiscal (punto georreferenciado, fotografías y videos). El presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) los ayudó a canalizar su denuncia, la misma que llegó a las manos de Alberto Yusen Caraza, fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Loreto. 

El fiscal Caraza llegó a Buen Jardín de Callarú a comienzos de febrero de este año, acompañado por miembros de la policía nacional. No encontraron al invasor en el lugar, pero recorrieron el bosque y registraron imágenes de la deforestación con la ayuda de un drone. En una entrevista con Mongabay Latam, el fiscal de la FEMA de Loreto dijo que detectaron también “una zona de peligro a 200 metros, por la presencia de cultivos de coca”.

El fiscal Alberto Caraza llegó, en febrero de este año. a Buena Jardín de Callarú para confirmar la denuncia presentada por la comunidad. Foto: Rainforest Foundation.

Tras confirmar la deforestación y reconocer la presencia de cultivos ilícitos, el fiscal ambiental habló de la seguridad en la zona. 

“En la zona hay un problema de seguridad personal, es una zona cocalera que siempre está resguardada por gente armada”, señaló Caraza, quien agregó que no es la única denuncia de este tipo que han recibido este año.

Los habitantes de Buen Jardín no saben qué más hacer y ahora, además, tienen que lidiar con las 30 hectáreas de coca que han aparecido recién en su territorio. 

“Están talando hasta ahora. Yo no sé cómo lo vamos a solucionar, tendré que ir con el apu a conversar, con los de Bellavista, para que ya no estén avanzando más por aquí”, cuenta Pablo García, quien sabe muy bien que con cada visita pone en riesgo su vida.

“Aquí no podemos hablar abiertamente lo que es la mafia, no podemos hablar. Si nos vamos a denunciar a la policía, la misma policía te vende. ¿En qué forma? Van a avisarle a ellos. Tú te vas a hacer una compra por Tabatinga (Brasil), por allá, y te desaparecen”, confiesa con resignación Pablo. 

En Bellavista, lejos del miedo que infunde en los habitantes de Buen Jardín, se respira un aire de impunidad. En el pequeño puerto de este centro poblado se observan lanchas de gran motor aparqueadas, restaurantes, bodegas y comercios muy bien surtidos, como en ninguna otra de las comunidades tikuna del área. Los testimonios que pudimos recoger señalan que todos los días llegan colombianos y peruanos de distintas partes para trabajar como 'raspachines', como se les conoce a los que realizan la cosecha de la hoja de coca, o para operar en los laboratorios de procesamiento instalados dentro de la comunidad, lejos del núcleo del centro poblado.

Vistas de la comunidad de Bellavista de Callarú registradas con dificultad porque existe resistencia de parte de los habitantes cuando ven personas fotografiando. Foto: Vanessa Romo.

Los pocos indígenas que viven aún en Bellavista prefieren no contradecir el estilo de vida del resto de los pobladores, porque muchos de esos colombianos y peruanos se han quedado a vivir en la comunidad. “La población está creciendo, hay extranjeros que vienen a vivir aquí y que se quedan con los mismos tikunas”, cuenta Leonel Ayde, teniente alcalde de este lugar. 

El paso de la erradicación por aquí tuvo el mismo camino que en el resto del ‘Trapecio Amazónico’, ya que luego de la intervención del Corah y ante el fracaso de los cultivos alternativos, la resiembra de la hoja de coca escaló. “Por aquí la mayoría de la gente se dedica a eso porque no hay otra alternativa”, cuenta Leonel. Se refiere a los indígenas. “Sembramos la coca para sobrevivir, porque si esperamos el resultado del cacao, ¿hasta cuándo?”, dice.

Solicitamos una entrevista con la Policía Nacional del Perú, a través de su Dirección de Comunicación e Imagen Institucional, para conocer cómo controlan la violencia y las actividades ilegales en esta zona de frontera, pero hasta el cierre de esta publicación no recibimos respuesta alguna.

Para Tom Bewick, director para Perú del proyecto Rainforest Foundation, que ha equipado con tecnología a 36 comunidades indígenas de Loreto —entre ellas Buen Jardín —, los monitores ambientales que viven en la zona son vulnerables por la labor que realizan para conservar sus bosques.

“Lo importante para nosotros es que el Estado implemente acciones para proteger a los defensores ambientales indígenas que se ponen al frente para proteger sus bosques", señala.

Bewick explica que por el trabajo que realizan, que choca con los intereses de los actores ilegales de la zona, los monitores son vistos como un peligro. Por eso resalta la necesidad de llevar un registro de las amenazas y de reunir más evidencia para entregársela a las autoridades. “Creo que van a recibir más amenazas porque están trabajando para cuidar, para conservar su territorio”, concluye.

“A los sapos, los matamos”

Isaac Witancor y Leidi Valentín patrullan cada tres días su territorio guiados por las alertas de deforestación que reciben en sus celulares. Los dos viven en la comunidad tikuna de Nueva Galilea y tienen que enfrentar un reto enorme: conservar más de 2787 hectáreas de bosque.

Entre 2001 y 2017, según los reportes de Rainforest Foundation, la comunidad perdió más de 682 hectáreas de bosque por la incursión de invasores para desmontar la selva.

Isaac recuerda que hace seis meses, durante uno de sus monitoreos, se toparon con un grupo de colombianos tumbando los árboles de Nueva Galilea. “Tumbaron e hicieron una finca de cacao, plátano y sobre todo puro ilícito”, dijo el joven monitor de 23 años, quien asegura que diez personas, entre hombres y mujeres, andan rondando todo el tiempo el territorio de la comunidad.

“Vienen y se instalan ahí, arman un campamento y ahí están trabajando. Nosotros nos vamos a avisar, para que no toquen más el monte virgen, y hacemos ese trabajo para que no haya más invasores”, explica preocupado.

Leidi Valentín, la única monitora mujer de la comunidad, también lamenta la pérdida del bosque, pero sobre todo porque es testigo de cómo las aves, sajinos, huanganas y sachavacas se han ido alejando de la comunidad. Esos gritos que tanto disfruta de los animales, solo puede oírlos ahora cuando se interna en sus tareas de patrullaje en el monte.

Al igual que su compañero, Leidi ha detectado cultivos ilegales en su territorio.

- ¿Qué es lo que están sembrando?

-Ellos lo que están sembrando es coca.

-¿No es peligroso?

-Nosotros vamos a ese punto pero no están ahí, están lejos de la finca. Ahorita se escuchan rumores de que nosotros damos información, ellos amenazados nos tienen. A mis compañeros sí les dijeron que ellos son ‘sapos’ —soplón o delator— que cualquier rato nos puede pasar algo, que eso no está bien porque nosotros damos información.

Ser un monitor ambiental en una zona golpeada por el narcotráfico te vuelve vulnerable. Pero para esta joven de 19 años, obsesionada con cuidar los bosques de Nueva Galilea, el peligro no la amilana.

Tampoco a Darwin Isuiza, el mayor de todos los monitores ambientales de Nueva Galilea, quien es consciente de los peligros que enfrentan durante los patrullajes.

“Ahí está la dificultad que estoy analizando, a veces dicen que uno está ‘sapo’, eres un sapo porque tienes el GPS, porque podemos pasar la voz. Así me están diciendo”, cuenta Darwin, quien evalúa hoy la posibilidad abandonar su trabajo de monitor. “Me pueden hacer algo ahí”.

Los habitantes de la comunidad tikuna de Nueva Galilea se mueven, inevitablemente, en un territorio gris. Si bien tienen claro que quieren conservar sus bosques y que les gustaría vivir de una economía legal, hasta ahora no han encontrado un mercado estable para el cacao que producen. No tienen a dónde llevarlo y no tienen un comprador, sin tomar en cuenta que una buena parte termina pudriéndose, como aseguran, porque el Estado solo los ayudo a manejar los cultivos.

Vistas de la comunidad de Bellavista de Callarú registradas con dificultad porque existe resistencia de parte de los habitantes cuando ven personas fotografiando. Foto: Vanessa Romo.

Eso los obliga, como lo cuentan las autoridades de la comunidad, a trabajar por lo menos dos veces al mes como ‘raspachines’ de hoja de coca. En una aparente paradoja, luego invierten parte del dinero que ganan en sus cultivos de cacao.

Lo primero que nos dice Artemio cuando le preguntamos por sus cultivos de cacao es: “Nosotros nos sentimos en crisis”. Por seguridad no quiere revelar más detalles de su identidad, pero nos cuenta que está harto de que el Estado los obligue a cuidar su cacao, que los llenen de abono y que no les den ayuda alguna para sobrevivir. “Necesitamos dinero para sacar el cacao y para hacerlo tenemos que trabajar en la coca”, confiesa apenado.

Esta es la ironía de la realidad que les toca vivir: para mantener sus plantaciones de cacao, tienen que ir a ‘raspar’ a las de coca.

Aunque Nueva Galilea trata de mantener a los invasores y los cultivos ilegales fuera de su territorio, en los últimos años sienten que están perdiendo la batalla y, en el camino, arriesgando sus vidas.

Edinson Ney es el teniente gobernador de la comunidad, es colombiano y llegó hace más de diez años tras casarse con una mujer tikuna de Nueva Galilea. Durante el tiempo que lleva ahí, confiesa que ha visto muchas cosas: desde la erradicación hasta el auge del narcotráfico.

Hoy narra lo difícil que es enfrentarse a quienes invaden sus bosques.

“Son personas que tienen plata las que han llegado dos a tres años atrás y han agarrado poder aquí. Hoy en día uno va, les dice algo y responden: ‘A los sapos les matamos’. Yo no me animo de ir por allá, ya no me da ganas de ir”, narra Ney, para quien la situación es cada vez más complicada. Unos días antes de esta entrevista —menciona— mataron a alguien en el monte.

“La semana pasada hubo una muerte allá, dentro de Nueva Galilea, entre colombianos. El que mató era nativo, de Bellavista”, indica.

La violencia se ha instalado en sus bosques, allí donde temen hoy ir a patrullar. Una situación de la que quisieran huir, pero a la que se ven obligados a volver para sobrevivir.

“Cuando uno se va, se va una semana completa. Y cuando queremos, toca ir con la mujer, con los hijos, con todo toca ir, porque allá hay desayuno, almuerzo y cena. Y aquí cuando no hay comida, allá dan comida. Yo agarró a mis hijos y los monto al bote, hasta los perros comen allá”, dice sin sentir vergüenza. Edinson cuenta que por la arroba de hoja de coca recolectada les pagan 0.70 centavos de sol (menos de un dólar). Un niño de 11 años puede ganar alrededor de 29 soles diarios (8 USD), una mujer 56 soles (16 USD) y los hombres 105 soles diarios (31 USD).

Deja pasar unos segundos, nos mira a los ojos y agrega: “No hay nada más que dé plata aquí. Usted póngase a pensar, seriamente: si no fuera por coca, desaparecería todas las casas que hay en la zona, lanchas. Si no hubiera coca, no habría nada. El gobierno acá no da nada”.

Los olvidados de la frontera

Sara, una mujer tikuna que nos pide ocultar su nombre real por seguridad, recuerda con mucha nitidez el día que llegó la erradicación a Cushillococha. Eran las 7 de la mañana y el sonido del altoparlante retumbó en la casa de sus moradores. El mensaje era claro y directo: ha llegado el ejército, hay que enfrentarlos.

“Toda la comunidad se alzó, éramos 300 personas. Niños, jóvenes, adultos, abuelos, todos. Yo no sabía qué iba a pasar, agarré a mi bebe y llegué. Los jóvenes empezaron a enfrentarse con la policía. Llegaron los Corah detrás. No hubo tanto herido, pero mucho enfrentamiento, golpe, intercambio de palabras. Le decíamos que no es justo que nos hagan esas cosas, que nosotros vivimos de eso”, narra Sara, quien recuerda sobre todo los rostros de desesperación de la gente.

Ella, como la mayoría de tikunas de Cushillococha, temía la llegada de la crisis. “¿Por qué nos hacen eso si somos el pueblo más olvidado de todos?”, se preguntaba esta maestra.

Ella recuerda que al año llegó Devida —institución del gobierno a cargo de la estrategia nacional de lucha contra las drogas— y el Pedicp —un proyecto del Ministerio de Agricultura que trabaja en el desarrollo integral de la cuenca del río Putumayo.

Ambas instituciones, según los entrevistados, propusieron los mismos proyectos a todas las comunidades: sembríos de cacao o de yuca, este último para producir ‘fariña’ (una harina en pequeños granos). Todos recuerdan la intervención de la misma forma: la llegada de los promotores a las comunidades, las capacitaciones, la gran cantidad de abonos que les dejaron y la ausencia de alimentos.

“Lo que pasó con Devida es que ellos trajeron bastante material para trabajar: abonos, bombas, implementación”, explica el teniente gobernador de Nueva Galilea, para quien hasta ahí todo estaba bien. “Lo que ellos no imaginaban —las comunidades— es que alimentos no venían en esa implementación, todo el mundo se enteró que no había comida para trabajar. Entonces en ese momento, todo el mundo entró en crisis”.

Para Pablo García de Buen Jardín, la pobreza en los distritos de frontera es inmensa. Él sobrevive vendiendo sus plátanos, yuca y el cacao que ha aprendido a procesar artesanalmente. Lo muele en casa y arma pequeñas bolas de chocolate que luego vende en Tabatinga. Tiene hoy tres hectáreas de cacao en producción, pero reconoce que no es suficiente.

“Con la plata se hace plata, pero si no hay plata, ¿cómo vas a hacer plata? Vivimos toda la vida en este estado en el que estamos, queremos progresar pero no hay quién nos apoye. Hacemos chacra, hacemos de todo, pero… ¿el comercio?”. Esa es la pregunta que se hacen todos.

Buscamos a Devida para preguntarles sobre la intervención y sobre cómo tienen planeado atender las necesidades de las comunidades indígenas de los distritos de Ramón Castilla y Yavarí, pero se negaron a dar una entrevista. 

El silencio de Devida contrasta con las declaraciones del ministro del Interior, Carlos Morán, quien hace una semana confirmó que se realizarán acciones de interdicción en el Trapecio Amazónico desde este mes hasta octubre. “Vamos a erradicar 6200 hectáreas”, indicó escuetamente en el marco de un conflicto social por el inicio de las erradicación de coca en un poblado al sur del Perú. No obstante, según fuentes en el distrito de Ramón Castilla, la tensión ante la inminente llegada del Corah se ha reactivado, como la que existió cuando llegó por primera vez. 

El General PNP Víctor Rucoba, director del Proyecto Especial Corah —que depende del Ministerio del Interior del Perú—, señala a la par de la erradicación debe ingresar Devida, pero los recursos no son suficientes. Tampoco tienen, explica, “la capacidad operativa para hacernos seguimiento [Devida]. Es más difícil”.

La página web de Devida, sin embargo, indica que su estrategia avanza muy bien en al menos 15 comunidades indígenas del Bajo Amazonas. Se anuncia el desarrollo de cadenas de producción de fariña, desarrollo comunal, formación de líderes, fortalecimiento de capacidades, asesoramiento técnico y mucho más. Precisamente figuran las tres comunidades nativas que mencionamos en este reportaje. Sin embargo, las transformaciones no las notan los habitantes de las comunidades, ni tampoco eran evidentes cuando este medio las visitó.

“Hay personas que están dedicadas al sembrío de cacao y haciendo su ‘yucal’ pero no resulta nada”, menciona Sara. Ella tiene un hermano que luego de la erradicación se dedicó por completo al cacao. Tres hectáreas tiene ahora, pero para Sara “por gusto lo ha hecho. Lo que salió, se pudrió, porque Devida no compra. Ahora ha empezado a sembrar coca nuevamente desde hace un año”.

Lorenzo Vallejos, jefe de asuntos ambientales de Unodc para Perú y Ecuador, precisa que la planificación es la base para un desarrollo alternativo exitoso y la investigación la mejor herramienta para este fin. “Una manera real de cómo hacer retroceder la actividad cocalera es conociendo qué tipo de productos o servicios pueden ser competitivos para migrar de la economía cocalera a una economía lícita, partiendo de estudios de aptitud del suelo o de herramientas como la ZEE (Zonificación Ecológica y Económica), e inclusive mediante la elaboración de planes de negocio”, señala.

Solo si el Estado ofrece salidas viables y sostenibles, añade, las comunidades pensarán en dejar la coca, incluso arriesgándose a ganar menos. “Saben que bajo una estructura legal, no estarán preocupados pensando en que las autoridades erradicarán sus parcelas haciéndoles perder dinero”.

En Buen Jardín de Callarú, Nueva Galilea y otras comunidades indígenas tikuna, el olvido se ve en los detalles: postas de salud inexistentes y —si las hay— sin medicinas, escuelas con tres profesores que enseñanen un mismo salón cinco grados distintos, servicios básicos que no se atienden, la dependencia de una economía ilícita para sobrevivir a la pobreza, la falta de confianza en las autoridades, el narcotráfico y muchas vidas pendiendo de un hilo. Con todo en contra, sin ver una oportunidad cercana y con las amenazas caminando cerca de ellos, así, un grupo de monitores ambientales insiste en conservar el bosque, esa selva que se rinde cada día frente al sonido de una motosierra para reemplazarla después por cultivos de coca.

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