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Viernes, 23 Febrero 2018

550.000 migrantes venezolanos no son 550.000 pobres

Por Karina Judex, Jhon Jairo Jácome, David Yesid Escobar, María Isabel Naranjo, Olga Behar, Offray Luna y Ana María Saavedra

El senador que encabeza la lista de La U, Roy Barreras, expresó su preocupación por el ingreso de venezolanos, pero se equivocó al comparar las cifras de migrantes de ese país con las de pobreza y desempleo. Este es el chequeo ganador de la hackatón Colombia Chequea.

En una rueda de prensa en la ciudad de Cúcuta, el pasado 16 de enero, el senador y aspirante a un nuevo periodo en el Congreso, Roy Barreras, sostuvo que “más de 500 mil migrantes [venezolanos] en cifras oficiales -que pueden ser muchos más- no solamente generan una crisis en la región, sino que alteran los indicadores de pobreza y echan atrás los indicadores sociales de empleo, nutrición e inseguridad ciudadana, desvirtuando los logros que ha tenido Colombia en los últimos años. 700 mil personas son ni más ni menos que el 10% de todos los pobres que había en Colombia en el 2010 y acrecentar esa población que está toda por debajo de la línea de pobreza, implica una atención humanitaria urgente y prioritaria”.

Esta frase fue dicha en el marco de una visita del congresista a la región, que vive, desde agosto de 2015, una crisis migratoria que inició con el cierre de la frontera por parte del presidente venezolano Nicolás Maduro, y que ha generado, a su vez, una llegada masiva de venezolanos al país, como lo han evidenciado ampliamente varios medios de comunicación.

Tras confrontar las cifras y revisar el análisis de Barreras, Colombiacheck califica su frase como Ligera, pues la comparación que hace sobre las cifras de pobreza es incorrecta y no existe suficiente sustento para afirmar que la migración venezolana está alterando los indicadores sociales.

Por un lado, la primera cifra mencionada por Roy Barreras coincide con la información que transmitió Migración Colombia en el reporte titulado Radiografía Migratoria Colombia - Venezuela, con corte a 31 de diciembre de 2017, según la cual, para esa fecha, “más de 550 mil ciudadanos venezolanos se encontraban dentro del territorio nacional”.

Inmediatamente después, el senador, quien encabeza de lista del partido de La U, eleva su cifra inicial a 700 mil personas, lo cual se puede explicar por la cantidad de venezolanos que ingresaron al país en 2017, que según Migración fue de 796 mil, de los cuales el 34% regresó a su nación natal.

El problema empieza cuando Barreras afirma que este número equivale “ni más ni menos”, que al 10 por ciento de todos los pobres que había en Colombia en el 2010. Sin embargo, teniendo en cuenta que ese año la población en el país se calculaba en 45.509.584 (según el 'Reloj del Dane') y que para dicho año, el índice de pobreza, según la misma fuente, ascendió a 13.834.913 (30,2%), el 10% de dicho total equivaldría a 1.383.491 y no a 700.000 como afirma el senador.

En materia de seguridad, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, le dijo al diario El Tiempo que “si bien durante el tiempo de cierre total de la frontera la tasa de delitos por parte de ciudadanos venezolanos era baja, una vez se dio la apertura fronteriza, se incrementó. En el 2016 fueron capturados (en Cúcuta) en actividades delictivas 316 ciudadanos venezolanos, con un incremento del 40 por ciento respecto del 2015 (226)”. En este apartado, podría decirse que la migración venezolana sí ha incidido de manera directa en un aumento de ciertos delitos de impacto en la región (porte de armas, porte de estupefacientes, hurto, homicidio).

Un problema de interpretación

Para los siguientes años, el índice de pobreza, contrario a lo afirmado por Barreras, ha disminuido. Si bien en el 2010 era de 30,2%, en el 2015 fue de 20,2 y en el 2016 de 17,8. En materia de desempleo, los índices sí aumentaron entre 2015 (8,6%), 2016 (9,2%) y 2017 (9,4%). No obstante, atribuir este incremento a la llegada masiva de venezolanos al país, es algo que, por el momento, no se puede probar.

Jhon James Mora, director del doctorado de Economía de Icesi y Coordinador de la Mesa de Empleo del Observatorio Económico y Social del Valle del Cauca, explicó que esa llegada masiva puede afectar las cifras de informalidad, pero aún no hay registros. “Se puede distorsionar el mercado laboral sobre todo en el caso de la educación porque se encuentran personas altamente calificadas en oficios como lavadores de carros o manicuristas. Pero puede ser una migración que se adapte rápidamente al mercado”.

Finalmente, asegurar que los 700.000 venezolanos que el senador cree que han entrado al país van a engrosar directamente la “población que está toda por debajo de la línea de pobreza”, significa desconocer que muchos de ellos también han llegado a invertir en el país y a ubicarse en el mercado laboral, cifras que, por el momento, no se pueden precisar.

Otro de los analistas consultados, Ronald Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, indicó que “sin lugar a dudas el gran número de ciudadanos venezolanos y de colombo-venezolanos que han llegado al país tienen una serie de demandas en salud y educación y esto si genera una afectación y va a ser un peso en los sistemas sociales. Pero no es un efecto que se refleje en los indicadores inmediatamente y no se puede decir que todos los indicadores vayan a ser negativos. No se les puede responsabilizar de la crisis que vive actualmente Colombia. Y tampoco se puede decir que los 550.000 venezolanos entren a formar parte de los pobres”.

Los periodistas que desarrollaron este chequeo durante la hackatón Colombia Chequea intentaron contactar al senador para conocer su respuesta frente a los datos que encontraron, pero en ese momento no hubo respuesta de su parte. Sin embargo, por redes sociales sí mostró interés en el tema, una vez terminado el ejercicio, que consistió en múltiples chequeos express realizados en una tarde de arduo trabajo. Aquí la conversación:

 

 

* Este chequeo fue el que resultó ganador durante la hackatón Colombia Chequea, que organizaron Consejo de Redacción y Colombiacheck el pasado 16 de febrero, en alianza con Datasketck, Chicas Poderosas, Hacks/Hackers y la MOE; gracias al apoyo de la Universidad Javeriana, National Endowment for Democracy, AGEIH y Google Colombia. El trabajo contó con el acompañamiento y edición de Colombiacheck.
Martes, 22 Mayo 2018

La acusación de María Fernanda Cabal a Fajardo

Por James Estiven Alzate

La senadora uribista acusó al candidato de la Coalición Colombia de haber quebrado a Antioquia y denunció una investigación de la Procuraduría por un contrato en ese departamento. Encontramos la investigación en proceso, pero no las pruebas de la supuesta quiebra.

La actual carrera por la Presidencia ha estado marcada por acusaciones que han ido subiendo de tono entre los candidatos, en los debates y, sobre todo, entre simpatizantes de las diferentes campañas en redes sociales. La más frecuente contra el candidato de la Coalición Colombia, Sergio Fajardo, es la de la supuesta bancarrota en la que dejó a Antioquia.

A ese señalamiento se sumó la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, pero le añadió datos sobre una investigación en la Procuraduría, a los cuales les hicimos seguimiento.

En su blog, la parlamentaria publicó un artículo titulado De matemáticos y contratistas en el que se despachó, no solo contra Fajardo, sino también contra Antanas Mockus, luego de su importante resultado en las elecciones legislativas de marzo, cuando fue el segundo senador electo más votado, después de Álvaro Uribe Vélez.

Por su parte, al candidato presidencial lo acusó de tener varias investigaciones por irregularidades en la contratación durante su periodo como gobernador y contribuir así a dejar el departamento en quiebra.

“Las causas de las investigaciones contra Fajardo involucran irregularidades contractuales multimillonarias. Un contrato por $5.600 millones suscrito con Ingecom S.A.S. para el viaducto de La Ceja – Abejorral, tuvo siete adiciones sin justificación técnica que hizo que la obra terminara costando $37.000 millones. No en vano, el actual gobernador ha afirmado que Fajardo dejó a Antioquia camino a la bancarrota.”

En parte, la senadora tiene razón. El contrato fue adjudicado a Ingecom S.A.S. para dicha obra por un valor de $5.640 millones, a un plazo de 7 meses a partir del 24 de julio de 2012. Luego tuvo ocho adiciones por $31.526 millones y 23 meses que, según el documento de apertura de investigación en la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal “desbordan la finalidad de la urgencia manifiesta, con la cual se pudo haber impedido acudir a un procedimiento de selección, que de acuerdo con las obras ejecutadas y su cuantía, podría ser una licitación pública”.

Además, el ente de control presume que la Gobernación pudo haberse saltado una de las condiciones que impone la ley para la contratación pública, respecto a que no se pueden adicionar los contratos en más del 50% de su valor inicial. Lo mismo consideró con respecto a las seis adiciones que se le hicieron al contrato de interventoría de la obra.

Para constatar estas sospechas, la Procuraduría abrió, el 16 de diciembre de 2015, una investigación disciplinaria contra Sergio Fajardo -exgobernador de Antioquia-, Mauricio Valencia -exsecretario de Infraestructura de Antioquia-, Rafael Nanclares -exsecretario (e) de Infraestructura de Antioquia-, y Gabriel Jaime Trujillo Ochoa -interventor-. El proceso está actualmente en etapa probatoria, según la herramienta de consulta en línea de la Procuraduría General.

Al final, el viaducto La Ceja — Abejorral, terminó costando $37.166.671.654 y fue entregado en marzo de 2015.

Si bien el hoy precandidato presidencial Sergio Fajardo no tiene antecedentes ni en la Procuraduría, ni en la Contraloría, ni en la Policía; el entonces secretario de Infraestructura de Antioquia, Mauricio Valencia Correa, sí presenta antecedentes en la Procuraduría. Fue suspendido por 8 meses pero no por este proceso del viaducto La Ceja – Abejorral. Tras su suspensión fue reemplazado por Rafael Nanclares, quien tampoco presenta antecedentes.

Luis Pérez, actual gobernador de Antioquia, en su discurso de posesión dijo que recibía un departamento camino a la bancarrota y de ahí se han generado videos, artículos y noticias falsas en redes que dan por cierta esta información y la exageran, como contó recientemente Colombiacheck.

Sergio Fajardo se ha defendido de estas acusaciones diciendo que todo fue una jugada política de Pérez para desprestigiar su tarea como mandatario y se sustenta en el fallo de la Procuraduría Delegada para la Economía y Hacienda Pública que considera que “en los hechos investigados, es muy probable que la conducta del gobernador electo —Luis Pérez—, en el proceso de empalme, a raíz de las declaraciones que dio en la Asamblea Departamental, en otros escenarios públicos, y ante la presión, haya sembrado el temor en los comercializadores de los productos de la FLA (Fábrica de Licores de Antioquia) de ser afectados en sus contratos de distribución en el futuro inmediato, fue lo que determinó el incumplimiento de las cuotas pactadas con ellos, para el año 2015, y en tal virtud amerita el inicio de una investigación disciplinaria en su contra; sin embargo, como el gobernador electo no ostenta la calidad de servidor público en ese momento, no puede ser objeto de investigación disciplinaria”. En el fallo absuelve a Fajardo y a su entonces secretaria de Hacienda, María Eugenia Escobar.

En conclusión, la afirmación de la senadora Cabal es engañosa porque, si bien existe una investigación por el caso que ella menciona, por una parte, el proceso aún no ha concluido y no desprende de allí un acto de corrupción; y por otra parte, no se puede afirmar que por ese contrato o por el de la FLA se dejó al departamento de Antioquia en quiebra.

 

Las investigaciones de los otros candidatos

En aras de ampliar la información, aprovechamos la herramienta de consulta de la Procuraduría e investigamos en qué procesos actuales del ente de control se encuentran implicados todos los candidatos:

- Sergio Fajardo: dos procesos, uno en recolección de pruebas y otro en espera de cierre.

- Gustavo Petro: cinco procesos; dos investigaciones disciplinarias en recolección de pruebas, uno en indagación preliminar, otro en estudio preliminar y un último en el que se está evaluando la apertura de investigación.

- Germán Vargas: un proceso en estudio preliminar.

- Humberto de la Calle: ningún proceso abierto.

- Iván Duque: ningún proceso abierto.

 

Tip: haz clic aquí para ver un video sobre las herramientas de rastreo de datos en Internet que usamos para este artículo.

 

* James Estiven Alzate: Estudiante de periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Participó en el proyecto “Laboratorio de verificación de datos”, de Colombiacheck, con el apoyo de Facebook, Deutsche Welle Akademie y la Pontificia Universidad Javeriana. Este artículo fue desarrollado con el acompañamiento y edición de Colombiacheck.

Conozca la ruta del chequeo
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    Frase: “Las causas de las investigaciones contra Fajardo involucran irregularidades contractuales multimillonarias. Un contrato por $5.600 millones suscrito con Ingecom S.A.S. para el viaducto de La Ceja – Abejorral, tuvo siete adiciones sin justificación técnica que hizo que la obra terminara costando $37.000 millones. No en vano, el actual gobernador ha afirmado que Fajardo dejó a Antioquia camino a la bancarrota.”

    Autor de la frase: María Fernanda Cabal

    Fuentes consultadas y expertos: Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la Nación, Policía Nacional de Colombia, campaña de Sergio Fajardo (no respondió)

    Contexto: La frase fue publicada en el blog personal de la senadora en un artículo titulado De matemáticos y contratistas.

    Calificación de la afirmación: Engañosa