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Miércoles, 18 Enero 2017

Álvaro Uribe infla número de bandas criminales en Colombia

Por Sania Salazar

Aunque es una forma de delincuencia difícil de medir con exactitud, la Policía y la Fundación Pares calculan que es una cifra muy inferior a las 3.500 que asegura el senador.

“La paz con las Farc no es la paz de Colombia, qué van a hacer con las 3.500 bandas criminales”, preguntó el senador Álvaro Uribe, del Centro Democrático, partido opositor, a un grupo de periodistas mientras entregaba unas declaraciones en Washington en diciembre pasado.

¿3.500 bandas criminales? “Más de 3.500 bandas criminales”, aseguró la senadora del mismo partido, Paloma Valencia, en una entrevista al Diario del Huila.

La preocupación por las bandas criminales que delinquen en el país no es solo de los uribistas, es un problema sobre el que investigadores, académicos y políticos, entre otros sectores sociales, han llamado la atención, pero que se ha calculado en una cifra muy inferior a las 3.500, por lo que calificamos la afirmación de Uribe como falsa.

“Son al menos cinco estructuras criminales de alcance nacional, las cuales tienen capacidad territorial y militar para generar terror entre las comunidades y al menos 27 pequeñas bandas que operan de manera localizada”, calcula Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, en un informe titulado “Bandas criminales, el riesgo del posconflicto”.

Colombiacheck contactó telefónicamente y por medio de whatsapp a la coordinación de comunicaciones del Centro Democrático para saber la fuente de la cifra, pero no nos contestaron por ninguno de estos canales.

En sus justas dimensiones

En el informe de Pares se hace referencia, también, a información suministrada por la Policía que indica que además del clan Úsuga, los Rastrojos, las disidencias del Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia, Erpac, y las Águilas Negras esa institución ha identificado “otras 27 bandas criminales que operan en al menos 157 municipios del país”.

“De acuerdo a este diagnóstico, la situación de las Bacrim ha vuelto a su etapa inicial, cuando en 2008 se conocía de la existencia de 32 estructuras criminales en el país. Sin embargo, más allá de la multiplicidad de posibles estructuras, este diagnóstico deja en evidencia las falencias de las autoridades para entender el fenómeno de las bandas criminales y la amenaza que representan estas estructuras para la aplicación del acuerdo de paz”, explica Ávila.

El investigador explica que las Bacrim son una diversidad de estructuras criminales que pueden estar agrupadas en una misma organización como los Urabeños, el Clan Úsuga o los Rastrojos y que esa diversidad ha dificultado la comprensión del problema.

El problema no es de números

Las bandas criminales son una de las grandes amenazas para la paz en Colombia pues están ocupando los territorios que han dejado las Farc y harían lo mismo con las que deje el ELN, si prospera la negociación con ese otro grupo subversivo. Las Bacrim van detrás del control de los negocios ilegales que hay en esas zonas del país, panorama que delimita bien la nota titulada “Con las Farc afuera, otros amenazan la paz”, publicada en el diario La Patria.

“Las amenazas y la muerte a líderes de la restitución de tierras, a defensores de derechos humanos y a promotores de las negociaciones de paz, son actividades que ligan, abiertamente, a las bandas criminales con el pasado paramilitar, pero ahora sólo, en ocasiones, apelan a un discurso antisubversivo y en algunas zonas son palpables las alianzas con las Farc y el ELN”, este es, según León Valencia, de Pares, una de las conclusiones de un estudio que hicieron sobre la situación de estas organizaciones.

Además Valencia señala que sobre la presencia de estos grupos en el país hay distintas valoraciones en la Policía, la Fiscalía y las organizaciones no gubernamentales, pero que su fundación “ha detectado actividades de estas fuerzas en 275 municipios de 27 departamentos”.

“Hay, desde luego, una volatilidad enorme de estos grupos por las capturas, las muertes y las disoluciones de sus estructuras, pero lo que está plenamente demostrado es que el número y la extensión de los Bandas Criminales exceden bastante los cálculos que tiene la Fuerza Pública que registra unas 4.900 personas que integran estas organizaciones”, indica Valencia.

El momento por el que atraviesa el país exige más que nunca que se encuentre rápidamente una manera eficaz de acabar con estas bandas, estrategia que pasa, según Juan Carlos Garzón, investigador asociado de Ideas para la Paz, por llegar a un consenso sobre si son bandas criminales o paramilitares, así como por quién y cómo debe combatirse.

El pasado 11 de enero el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas insistió en que “decir que hay paramilitares es darles un reconocimiento político”. Dos días después se conoció el informe anual de la ONG Human Rights Watch en el que se asegura que la desmovilización de los paramilitares “presentó grandes falencias” y terminado el proceso “numerosos miembros permanecieron activos y se reorganizaron conformando nuevos grupos”.

“Los grupos sucesores, que con frecuencia son liderados por miembros de organizaciones paramilitares desmovilizadas, siguen cometiendo abusos generalizados como asesinatos, desapariciones y actos de violencia sexual”, asegura el informe.

Mientras el contrapunteo pesiste, los criminales siguen en lo suyo y la población afectada reclama soluciones rápidas y eficaces.

Lunes, 16 Octubre 2017

El conflicto ha dejado 139 miembros del Ejército desaparecidos

Por Sania Salazar

La cifra es de miembros del Ejército desaparecidos en actos del servicio y la trinó el Comandante del Ejército. Habría un subregistro por falta de denuncias.

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas el pasado 30 de agosto el Comandante del Ejército Nacional, general Alberto José Mejía, recordó en un trino a los 139 miembros de esa institución desaparecidos en actos del servicio.

 

 

Luego de consultar varias fuentes, Colombiacheck califica la afirmación como aproximada, pues encontramos una cifra ligeramente mayor, pero sobre todo, porque hay información que indica que hay un subregistro de estos casos.

Consultamos a la oficina de prensa del Ejército para tener precisión acerca de lo que quiso decir el general, pero al momento de publicar esta nota no hemos recibido respuesta de la pregunta formulada el pasado 3 de octubre.

En la página web del Ejército encontramos un par de notas al respecto, en las que indican que actualmente hay “139 desaparecidos entre oficiales, suboficiales, soldados y personal civil al servicio de la Fuerza”. Además, la primera desaparición forzada de un miembro de esa institución se registró el 12 de marzo de 1997.

Consultamos a la Unidad de Víctimas, donde nos explicaron que trabajan con la Fuerza Pública en la depuración de esas cifras, por lo que no son públicas todavía. Además, nos explicaron que han pedido tener mucho cuidado con las cifras que sea han conocido públicamente porque esos datos están en proceso de verificación.

José Espejo Muñoz, coronel retirado y asesor de comunicaciones de la Fundación Dignidad Respeto y Honor, (que trabaja con miembros activos y retirados de las Fuerzas Militares y de Policía heridos en combate y sus familias) asegura que los desaparecidos son 141, dos más de los que señala el comandante del Ejército, pero también aclaró que hay un subregistro, porque muchas familias no denunciaron los hechos.

Espejo Muñoz se basa en cifras de la Unidad de Víctimas y dice que, en total, son 147 desaparecidos sumando al Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, 266 sumando a la Policía.

“Las circunstancias de las desapariciones en la mayoría de casos se han dado en desarrollo de operaciones militares y a causa de acciones perpetradas por las organizaciones al margen de la ley Farc, ELN y Autodefensas, que han retenido y desaparecido a estos integrantes del Ejército sin volver a dar señales de vida de ellos”, indica la nota del Ejército.

Espejo Muñoz indicó que muchas de las desapariciones se registraron mientras los militares estaban de civil, de permiso o de vacaciones. Además, indicó que se registraron desapariciones de civiles que trabajaban con las Fuerzas Militares, como conductores o secretarias, de militares mientras desarrollaban labores de inteligencia y de militares en combate.

Según el Ejército, la mayoría de las desapariciones se han registrado en Antioquia, Caquetá, Putumayo, Santander, Meta y Chocó. Además, que 1998 fue el año en el que más uniformados desaparecieron, seguido por 2000 y 2004.

¿Qué dice el DIH sobre desaparición forzada?

Juan Manuel Bravo, asesor jurídico del Comité de la Cruz Roja en Colombia, explicó que el Derecho Internacional Humanitario, DIH, no prohibe el delito de desaparición forzada, pero sí tiene normas que buscan prevenirlo y que en el caso de este delito no se diferencia entre civiles y combatientes.

“Me refiero a normas relacionadas con la obligación que está prevista en el DIH que tienen los combatientes de registrar los datos personales de los capturados del bando enemigo y, en lo posible, de informar a la familia del detenido o al grupo enemigo que se tiene esa persona retenida”, indicó

Bravo precisó además, que las partes en conflicto están obligadas a que cuando los combatientes mueren, sean del mismo bando o del enemigo, están obligado a buscarlos, recoger los muertos en combate y darles un tratamiento digno, que implica, entre otras cosas, sepultar el cuerpo y registrar los datos para poder informar en algún momento al enemigo, o a la familia, sobre ese muerto. “El registro de los desaparecidos tiene la única motivación de evitar las desapariciones”.

El asesor del CICR recordó que el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, tipifica la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad, aunque no lo considera crimen de guerra.

Espejo Muñoz dice que esperan que la verdad que se comprometió a contar la exguerrilla de las Farc sirva para saber qué pasó con muchos de esos miembros del Ejército, y militares y policías en general, pues aunque en estas fuerzas hay oficinas encargadas de hacerle seguimiento a los casos y de ayudar en la gestión de acciones que lleven a encontrarlos, siente que ha faltado esfuerzo del Estado para encontrarlos.

Pero en la columna de opinión titulada En el Día Internacional del Desaparecido, Rodrigo Uprimny, Director de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional, le llama la atención a la sociedad en general sobre la magnitud de esta tragedia "la dimensión de la desaparición forzada en Colombia es tan escandalosa que debería haber producido movilizaciones ciudadanas masivas para exigir el castigo a los responsables y el esclarecimiento de la suerte de los desaparecidos. Sin embargo, no ha sido así" y continua "en general los familiares de los desaparecidos han tenido que enfrentar solitariamente su angustia y su dolor infinitos, debido a la indiferencia o incluso hostilidad de las autoridades y de muchos colombianos".