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Cuestionable

Lunes, 06 Julio 2020

‘El anónimo lo asumieron dos magistrados, cada uno por su lado’: Cuestionable

Por José Felipe Sarmiento

Esta es una de las respuestas dadas por el expresidente Álvaro Uribe en su entrevista en La Silla Vacía. En Colombiacheck verificamos varias de sus afirmaciones.

-¿Cuál es su explicación de que, en este anónimo tan detallado, digan que usted es el principal benefactor de estos perfilamientos ilegales? -le preguntó León.

“ (sic) Una cosa no buena que pasó en la Corte. El 15 de mayo, no obstante que eso lo estaban investigando, lo empezó también a investigar, el mismo anónimo, otro magistrado y solamente lo comunicó a la opinión pública dos días después de que el expresidente Pastrana y yo le dimos una entrevista a una colega suya sobre la campaña Santos y Odebrecht. [...] El anónimo lo asumieron dos magistrados, cada uno por su lado” -respondió Uribe.

Aunque los hechos que relata Uribe son ciertos, las actuaciones que podrían considerarse irregulares derivan del uso del anónimo en la primera investigación más que de la apertura de la segunda. De hecho, toda la información recopilada con base en ese mensaje fue sacada del proceso antiguo y llevada al nuevo dos días antes de la entrevista, pero por motivos diferentes a la supuesta duplicidad que él critica y que fue una tesis rechazada por la mayoría de magistrados. Así que el argumento es cuestionable.

La Corte Suprema de Justicia trinó el 2 de junio que había abierto una indagación preliminar contra el senador “como posible destinatario de la información de seguimientos ilegales de inteligencia militar en 2019”. La decisión fue tomada el 15 de mayo por el magistrado Héctor Alarcón y le fue informada al señalado congresista ese mismo día, como consta en la notificación que él mismo publicó al día siguiente del anuncio público del tribunal.

Es cierto que pasaron 18 días entre la apertura y el anuncio público. También lo es que este se dio dos días después de la entrevista mencionada por el congresista del partido Centro Democrático. Uribe y el también exmandatario Andrés Pastrana fueron entrevistados el 31 de mayo por la directora de Semana TV, Vicky Dávila, sobre la supuesta relación del más reciente exjefe de Estado, Juan Manuel Santos, con la corrupta multinacional brasileña Odebrecht.

Sin embargo, no hay evidencia de que lo uno tenga que ver con lo otro. Tampoco hay plazos establecidos por ley para que este tipo de información se haga pública. De acuerdo con la penalista Diana Muñoz Castellanos, ni siquiera existe la obligación de comunicarle al procesado las decisiones de esta etapa previa a la investigación formal. A pesar de esto, el senador afectado fue notificado tan pronto se inició, como consta en el documento que él mismo compartió.

Por otro lado, el mismo anónimo sí hacía parte ya de otra investigación: la que se lleva desde 2014 por el espionaje del hacker Andrés Sepúlveda, que trabajó para la campaña del candidato presidencial uribista de ese entonces, Óscar Iván Zuluaga. Pero esa acción en el proceso no necesariamente es una irregularidad, aunque sí hubo debate al respecto.

Dos magistrados cuestionaron la decisión que tomó la sala de allegar el anónimo a dos procesos diferentes, como contó el diario El Tiempo el 10 de junio, porque consideraron que se estaba adelantando una actuación doble por los mismo hechos, lo que está prohibido por la Constitución en el marco del derecho al debido proceso. No obstante, la mayoría de la sala decidió separar los hechos que menciona el mensaje para investigarlos por aparte. Por eso, en la entrevista de La Silla, León dijo que “una [indagación] es sobre las acusaciones del hacker y la otra es sobre los perfilamientos, que aparecen en el mismo anónimo”.

Los medios de comunicación han dado a conocer el correo electrónico anónimo que llegó en diciembre de 2019 con la denuncia en el que, en efecto, se mencionan ambos casos por separado. “El señor Uribe Vélez no solo se benefició con las interceptaciones ilegales del escándalo del hacker. Durante este año, varias unidades de inteligencia y contrainteligencia militar se han dedicado a usar sus capacidades para realizar interceptaciones ilegales de comunicaciones cuyo destinatario de esas acciones al margen de la ley es el señor Uribe Vélez” (sic), se lee en el mensaje.

Las actuaciones con base en el anónimo en el expediente que indaga sobre la relación de Uribe con el caso de Sepúlveda fueron iniciadas desde el día que llegó. Como contó el periodista Daniel Coronell en una columna, quien se encargó de dar las órdenes entonces fue la magistrada exmilitar Cristina Lombana. Según Coronell, ella ya había sido apartada de otro proceso contra el exmandatario por el impedimento que le genera el haber sido subordinada suya como integrante del Ejército en su gobierno.

El senador omite que toda la documentación relacionada con el mensaje se había unificado el 10 de junio, dos días antes de la entrevista de La Silla. Tampoco dice que fue sacado del expediente Sepúlveda al nuevo proceso del que está a cargo Alarcón, porque la discusión siempre estuvo en que el correo solo mencionaba el escándalo del hacker de forma tangencial, por eso algunos magistrados consideraban que no tenía relación directa con esa indagación; de modo que las acciones que el mensaje motivó en la primera indagación eran las que estaban en duda, no la apertura de la más reciente.

Además, como profundizamos en otra verificación de esta misma entrevista, el mismo día que lo referente al anónimo quedó en una sola carpeta, a Lombana le aceptaron el impedimento que había declarado en mayo en el caso del hacker, ahora en manos de César Reyes (uno de los críticos de la decisión inicial de separar los hechos), por haber aparecido como posible víctima de interceptaciones ilegales. Pero sus órdenes de diciembre le permitieron al abogado de Uribe, Jaime Granados, que también había sido jefe de la magistrada hace años, acceder a información clave sobre los allanamientos y testimonios meses antes de que se abriera la indagación actual, como reveló Coronell.

El expresidente presenta como una posible irregularidad vigente un debate jurídico en el que solo una minoría de dos magistrados defendía su posición y que, en todo caso, ya se había superado. Además, lo que denuncia como un posible perjuicio en realidad le permitió tener acceso incluso a los nombres de posibles informantes en su contra con antelación a la apertura de la investigación definitiva, por medio de la inclusión del anónimo en otra con la que no estaba claramente relacionado.

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Domingo, 05 Marzo 2017

“Lo acordado con las Farc permite que muchos casos ya fallados sean considerados por la JEP”

Por Sania Salazar

La frase de Diego Palacio, exministro de Protección social de Álvaro Uribe es cierta, lo que hay que aclarar es que esa revisión se limita solo a casos relacionados con el conflicto. En el caso de los fallos de la Corte Suprema de Justicia, como el de Palacio, hay una restricción adicional.

El exministro de Protección social, Diego Palacio Betancourt, condenado por el delito de cohecho en el famoso caso conocido como la Yidispolítica, aseguró que si veía garantías se acogería a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Hay voces que dicen que podría hacerlo y otras que critican la intención porque dicen que es forzado relacionar su caso directamente con el conflicto armado.

¿Pero el Acuerdo Final entre Gobierno y Farc permite que la JEP revise casos resueltos?

“Jurídicamente, lo acordado con las Farc permite que muchos de los casos ya fallados sean considerados por la JEP”, le dijo Palacio Betancourt a la Revista Semana en una entrevista.

Después de revisar documentos y contrastar fuentes Colombiacheck califica la afirmación como aproximada, porque es cierto que habrá una sección de revisión de sentencias, pero hay restricciones, es decir, revisarán casos muy puntuales relacionados con el conflicto armado.

Colombiacheck revisó el Acuerdo Final y encontró que el Tribunal para la Paz tendrá una “sección de revisión de sentencias, con la función de revisar las proferidas por la justicia, de conformidad con lo establecido en el numeral 58. A petición del sancionado, recibirá los casos ya juzgados por órganos jurisdiccionales o sancionados por la Procuraduría o la Contraloría, siempre que no vayan a ser objeto de amnistía o indulto”.

Pero en el numeral 58, literal C, dice que “la Corte Suprema de Justicia será la competente para la revisión de las sentencias que haya proferido. Únicamente para quienes hubieran sido condenados teniendo en cuenta la definición de quiénes son combatientes según el DIH, podrá solicitarse la revisión de las anteriores sentencias ante la Sección de Revisión de la JEP”.

Palacio cumple una condena de seis años de cárcel ratificada, precisamente, por la Corte Suprema de Justicia por ofrecerles dádivas a Yidis Medina y a Teodolindo Avendaño, en ese entonces congresistas, para que votaran a favor de la reelección presidencial. Esa reforma constitucional la impulsó el Gobierno de Álvaro Uribe, quien buscaba la posibilidad de su reelección. Finalmente la reforma se aprobó y Uribe fue elegido por segunda vez consecutiva como Presidente.

Sería entonces la Corte Suprema la encargada de revisar el fallo, pero es claro que a Palacio no lo condenaron por un delito relacionado con la calidad de combatiente, así que esa precisión del numeral 58 sería un obstáculo para las pretensiones del exministro.

En la entrevista Palacio argumenta que la relación de su caso con el conflicto armado es la justificación de la reelección de Álvaro Uribe. “Lo que se reeligió con él fue la seguridad democrática, que fue concebida como una política de Estado para acabar con las Farc. Ese argumento de partida demuestra que en mi caso entrar a la JEP es posible”, aseguró.

 

Opiniones

Enrique Santiago, asesor jurídico de las Farc, en conversación con RCN Radio, dijo que si los hechos por los que condenaron a Palacio y a otros interesados en someterse a la JEP están relacionados con el conflicto, la jurisdicción sería competente, “por el contrario, si estos hechos no tienen relación directa o indirecta con el conflicto, la jurisdicción no será competente, quién va a decidir esto, pues la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, los jueces de esta jurisdicción, cuando esté funcionando, examinarán las solicitudes de comparecencia”.

Santiago resaltó que le parece sumamente interesante que estas personas tengan una voluntad de ofrecer una verdad detallada, completa y exhaustiva, que es el requisito esencial para comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero añadió: “también les digo que la Jurisdicción está diseñada para que aquel que no ofrezca esa verdad completa y exhaustiva no pueda optar a las sanciones que se contemplan. “Si alguien tuviera en la cabeza simplemente acudir a la JEP para intentar obtener una rebaja de condena que le hubiera puesto la jurisdicción ordinaria, francamente, tendría muy poco éxito”, sentenció.

El Acuerdo Final es claro en que una de las funciones de la sección de revisión del Tribunal para la Paz es “a petición del condenado, revisar las sentencias proferidas por la justicia por: variación de la calificación jurídica conforme a lo establecido en el numeral 19; por aparición de nuevos hechos que no pudieron ser tenidos en cuenta con anterioridad; o cuando surjan pruebas no conocidas o sobrevinientes no conocidas al tiempo de la condena, todo lo anterior por conductas cometidas con ocasión del conflicto y en relación con este, o con la protesta social, siempre que se cumplan las condiciones del Sistema”.

Quienes cumplan algunas de estas características podrán aspirar a que revisen su caso, la pregunta que queda es si Palacio logrará que la JEP revise su caso y cuáles serán las consecuencias para el proceso si eso pasa, pues sería un precedente para que bajo argucias legales muchos otros quieran beneficiarse.