Pasar al contenido principal

Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable

Cuestionable

Lunes, 06 Julio 2020

‘El anónimo lo asumieron dos magistrados, cada uno por su lado’: Cuestionable

Por José Felipe Sarmiento

Esta es una de las respuestas dadas por el expresidente Álvaro Uribe en su entrevista en La Silla Vacía. En Colombiacheck verificamos varias de sus afirmaciones.

-¿Cuál es su explicación de que, en este anónimo tan detallado, digan que usted es el principal benefactor de estos perfilamientos ilegales? -le preguntó León.

“ (sic) Una cosa no buena que pasó en la Corte. El 15 de mayo, no obstante que eso lo estaban investigando, lo empezó también a investigar, el mismo anónimo, otro magistrado y solamente lo comunicó a la opinión pública dos días después de que el expresidente Pastrana y yo le dimos una entrevista a una colega suya sobre la campaña Santos y Odebrecht. [...] El anónimo lo asumieron dos magistrados, cada uno por su lado” -respondió Uribe.

Aunque los hechos que relata Uribe son ciertos, las actuaciones que podrían considerarse irregulares derivan del uso del anónimo en la primera investigación más que de la apertura de la segunda. De hecho, toda la información recopilada con base en ese mensaje fue sacada del proceso antiguo y llevada al nuevo dos días antes de la entrevista, pero por motivos diferentes a la supuesta duplicidad que él critica y que fue una tesis rechazada por la mayoría de magistrados. Así que el argumento es cuestionable.

La Corte Suprema de Justicia trinó el 2 de junio que había abierto una indagación preliminar contra el senador “como posible destinatario de la información de seguimientos ilegales de inteligencia militar en 2019”. La decisión fue tomada el 15 de mayo por el magistrado Héctor Alarcón y le fue informada al señalado congresista ese mismo día, como consta en la notificación que él mismo publicó al día siguiente del anuncio público del tribunal.

Es cierto que pasaron 18 días entre la apertura y el anuncio público. También lo es que este se dio dos días después de la entrevista mencionada por el congresista del partido Centro Democrático. Uribe y el también exmandatario Andrés Pastrana fueron entrevistados el 31 de mayo por la directora de Semana TV, Vicky Dávila, sobre la supuesta relación del más reciente exjefe de Estado, Juan Manuel Santos, con la corrupta multinacional brasileña Odebrecht.

Sin embargo, no hay evidencia de que lo uno tenga que ver con lo otro. Tampoco hay plazos establecidos por ley para que este tipo de información se haga pública. De acuerdo con la penalista Diana Muñoz Castellanos, ni siquiera existe la obligación de comunicarle al procesado las decisiones de esta etapa previa a la investigación formal. A pesar de esto, el senador afectado fue notificado tan pronto se inició, como consta en el documento que él mismo compartió.

Por otro lado, el mismo anónimo sí hacía parte ya de otra investigación: la que se lleva desde 2014 por el espionaje del hacker Andrés Sepúlveda, que trabajó para la campaña del candidato presidencial uribista de ese entonces, Óscar Iván Zuluaga. Pero esa acción en el proceso no necesariamente es una irregularidad, aunque sí hubo debate al respecto.

Dos magistrados cuestionaron la decisión que tomó la sala de allegar el anónimo a dos procesos diferentes, como contó el diario El Tiempo el 10 de junio, porque consideraron que se estaba adelantando una actuación doble por los mismo hechos, lo que está prohibido por la Constitución en el marco del derecho al debido proceso. No obstante, la mayoría de la sala decidió separar los hechos que menciona el mensaje para investigarlos por aparte. Por eso, en la entrevista de La Silla, León dijo que “una [indagación] es sobre las acusaciones del hacker y la otra es sobre los perfilamientos, que aparecen en el mismo anónimo”.

Los medios de comunicación han dado a conocer el correo electrónico anónimo que llegó en diciembre de 2019 con la denuncia en el que, en efecto, se mencionan ambos casos por separado. “El señor Uribe Vélez no solo se benefició con las interceptaciones ilegales del escándalo del hacker. Durante este año, varias unidades de inteligencia y contrainteligencia militar se han dedicado a usar sus capacidades para realizar interceptaciones ilegales de comunicaciones cuyo destinatario de esas acciones al margen de la ley es el señor Uribe Vélez” (sic), se lee en el mensaje.

Las actuaciones con base en el anónimo en el expediente que indaga sobre la relación de Uribe con el caso de Sepúlveda fueron iniciadas desde el día que llegó. Como contó el periodista Daniel Coronell en una columna, quien se encargó de dar las órdenes entonces fue la magistrada exmilitar Cristina Lombana. Según Coronell, ella ya había sido apartada de otro proceso contra el exmandatario por el impedimento que le genera el haber sido subordinada suya como integrante del Ejército en su gobierno.

El senador omite que toda la documentación relacionada con el mensaje se había unificado el 10 de junio, dos días antes de la entrevista de La Silla. Tampoco dice que fue sacado del expediente Sepúlveda al nuevo proceso del que está a cargo Alarcón, porque la discusión siempre estuvo en que el correo solo mencionaba el escándalo del hacker de forma tangencial, por eso algunos magistrados consideraban que no tenía relación directa con esa indagación; de modo que las acciones que el mensaje motivó en la primera indagación eran las que estaban en duda, no la apertura de la más reciente.

Además, como profundizamos en otra verificación de esta misma entrevista, el mismo día que lo referente al anónimo quedó en una sola carpeta, a Lombana le aceptaron el impedimento que había declarado en mayo en el caso del hacker, ahora en manos de César Reyes (uno de los críticos de la decisión inicial de separar los hechos), por haber aparecido como posible víctima de interceptaciones ilegales. Pero sus órdenes de diciembre le permitieron al abogado de Uribe, Jaime Granados, que también había sido jefe de la magistrada hace años, acceder a información clave sobre los allanamientos y testimonios meses antes de que se abriera la indagación actual, como reveló Coronell.

El expresidente presenta como una posible irregularidad vigente un debate jurídico en el que solo una minoría de dos magistrados defendía su posición y que, en todo caso, ya se había superado. Además, lo que denuncia como un posible perjuicio en realidad le permitió tener acceso incluso a los nombres de posibles informantes en su contra con antelación a la apertura de la investigación definitiva, por medio de la inclusión del anónimo en otra con la que no estaba claramente relacionado.

Falso Falso Falso Falso Falso Falso Falso Falso

Falso

Lunes, 31 Agosto 2020

Expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Álvaro García, no fue quien estuvo a cargo del caso ‘Santrich’

Por Laura Castaño Giraldo

La sala encargada del proceso judicial del exguerrillero ‘Jesús Santrich’ es la Sala Especial de Instrucción y el magistrado García hace parte de la Sala de Casación Civil.

Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar la detención domiciliaria del expresidente y exsenador Álvaro Uribe, algunos usuarios de redes sociales mostraron su inconformidad al respecto a través de comparaciones con el caso del exguerrillero y miembro de la disidencia de las Farc, Seuxis Paucias Hernández, alias ‘Jesús Santrich’, a quien la Corte le concedió libertad porque consideró que quienes ordenaron su captura (luego de ser señalado de haber cometido un delito de narcotráfico después de haber firmado el acuerdo de paz) “no tenían competencia para su aprehensión y legalización”.

Muestra de ese sinsabor es una publicación que adjunta un collage de imágenes de Santrich y de un juez, acompañado de un texto que dice: “Se busca magistrado corrupto. Presidente de la Corte Suprema de Justicia dice que no cometió ningún error en el caso Santrich, porque no tenía argumentos para dictar orden de captura”. 

La publicación ha sido compartida más de 300 veces y, entre los comentarios que la acompañan, hay quejas sobre la falsedad del contenido, así que en Colombiacheck decidimos poner manos a la obra y verificarlo. 

Lo primero que hicimos fue una búsqueda inversa en Google para saber quién es la persona de la foto y nos dimos cuenta de que se trata del magistrado Álvaro Fernando García Restrepo, que es actualmente presidente de la Sala de Casación Civil, no presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como indica la publicación. De hecho, ese cargo lo ocupó desde abril de 2019 hasta la elección de su reemplazo Jorge Luis Quiroz en marzo de 2020. 

Acto seguido hicimos una búsqueda avanzada en Google con el fin de encontrar pruebas de que García, en algún momento, hubiera dicho que “no cometió ningún error en el caso Santrich, porque no tenía argumentos para dictar orden de captura”, que es lo que se sugiere en la imagen que circula en Facebook, pero no obtuvimos resultados que coincidieran con esas supuestas declaraciones. 

Los dos datos anteriores dan pie para calificar la publicación como falsa porque ni Quiroz (actual presidente de la CSJ), ni García (expresidente de la CSJ) se han referido al caso ‘Santrich’ de esa manera. Sin embargo, profundizaremos en el contexto de la situación para que todo quede más claro.

Para empezar, hay que precisar que, como explicamos en este chequeo, la decisión de dejar en libertad a ‘Jesús Santrich’ fue tomada, según la providencia judicial, por la Sala de Casación Penal de la CSJ, bajo la ponencia del magistrado Eugenio Fernández y las firmas de Eyder Patiño, José Franciso Acuña, Eugenio Fernández, Luis Antonio Hernández, Patricia Salazar y Luis Guillermo Salazar. 

En ningún momento el magistrado García figuró en el proceso y la razón de ello es que él pertenece a la Sala de Casación Civil, no a la Sala de Casación Penal, que fue la que tomó las riendas de la situación judicial de ‘Santrich’ y remitió su caso a la Sala Especial de Instrucción de la CSJ. 

El caso ‘Santrich’

Pero este fue un proceso de ires y venires. En el chequeo que mencionamos unas líneas más arriba hicimos un recorrido por el caso Santrich, que podemos resumir de la siguiente manera: 

En abril de 2018, la Fiscalía lo capturó y lo acusó de cometer un delito de narcotráfico después de haber firmado el acuerdo de paz. La captura se dio, según un comunicado del ente acusador, luego de una solicitud de extradición que hizo una Corte del Distrito de Nueva York.

Así fue como Santrich llegó a la cárcel La Picota, donde no duró mucho tiempo, pues el 15 de mayo de 2019, la Justicia Especial para la Paz (JEP) ordenó su liberación porque consideró que “con las pruebas aportadas no se puede evaluar la conducta atribuida a Hernández Solarte ni tampoco determinar la fecha precisa de su realización”.

Pero la dicha le duró poco a Santrich. El día de su liberación (17 de mayo), la Fiscalía lo capturó otra vez bajo el argumento de nuevas pruebas. Sin embargo, el 28 de mayo, el Consejo de Estado resolvió mantener su investidura como congresista, lo cual llevó a la CSJ a restablecer su libertad por su condición de aforado constitucional (es decir que goza del derecho de ser juzgado por un tribunal distinto al que le correspondería a un ciudadano común), que hace que su caso sea competencia directa de la Sala de Casación Penal. 

Esta Sala delegó, como mencionamos anteriormente, las diligencias a la Sala Especial de Instrucción de la CSJ, que, en medio de su investigación, ordenó la captura de Santrich por no haber llegado a la indagatoria para la que estaba citado el 9 de julio de 2019 y la dirigió tanto a las autoridades nacionales como a la Interpol “para activar el trámite de publicación de notificación roja”, que “es una solicitud a fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar”.

Hasta ahora, Santrich sigue siendo un prófugo de la justicia colombiana, pero cabe anotar que, contrario a lo que dice la publicación de Facebook que estamos chequeando, la CSJ sí ordenó su captura, pero lo hizo cuando el exguerrillero incumplió la responsabilidad que tenía como parte de su proceso judicial.

Sobre esa situación, el magistrado García (que en ese entonces era presidente de la CSJ) le dijo a RCN Radio que el tribunal "fue burlado por la forma como actuó el señor Santrich. Sin embargo, eso no nos hace arrepentir sino pensar en que somos una Corte que respeta los derechos". Y en una entrevista en Blu Radio dijo que “fue una decisión motivada y una decisión de ley”.

Además, en RCN habló sobre los señalamientos (como el de la imagen de Facebook) que han aparecido respecto a la decisión de la Corte de no haber ordenado, desde un principio, la captura de ‘Santrich’: "Él había manifestado estar comprometido con la paz y con el país (...) La Corte esperaba que compareciera, por lo que debíamos abundar en garantías y reconocerle todos los derechos".

Con esto, insistimos, a pesar de que García se pronunció sobre el caso ‘Santrich’, que no fue él el encargado de determinar el rumbo de la libertad y de la situación judicial del exguerrillero.