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Jueves, 16 Agosto 2018

La afirmación de Robledo de que santistas y uribistas votaron unidos en el Congreso anterior es inflada

Por José Felipe Sarmiento Abella

El senador Jorge Robledo dijo que el Centro Democrático y la Unidad Nacional votaron juntos las principales leyes del periodo pasado, excepto las del Acuerdo con las Farc. Pero sí hubo más diferencias.

El senador Jorge Robledo le dijo a El Espectador en una entrevista que “si se mira cómo actuaron en el Congreso los santistas y los uribistas frente a las leyes principales, salta a la vista que, otra vez sin contar las del Acuerdo de Paz, votaron unidos”. Pero Colombiacheck hizo justamente ese ejercicio y encontró que la afirmación del congresista del Polo Democrático es inflada.

Hubo otros proyectos, aparte de los relacionados con la paz, que marcaron la distancia entre la coalición de Unidad Nacional que acompañaba al expresidente Juan Manuel Santos, y el partido Centro Democrático, liderado por su antecesor, Álvaro Uribe.

Juan Sebastián López, asesor de Robledo, dijo que su unidad de trabajo tiene un cálculo “informal” de 70 u 80 por ciento de coincidencia entre esas dos bancadas. Para demostrarlo puso cinco ejemplos: la reforma tributaria de 2016, el tratado de cooperación con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan), la ley de Zonas de Interés de Desarrollo Económico y Social (Zidres), la de salud del CD y la de contratación pública de 2018 (que llamó “ley Odebrecht”).

El exsenador uribista Alfredo Rangel, por su parte, señaló el Centro Democrático sí se opuso a otros proyectos del Gobierno en materia económica y social. Recordó también que su partido votó a favor del proyecto para reducir la cotización a salud de los pensionados, que el presidente Santos objetó con argumentos fiscales a pesar de que había sido una de sus promesas como candidato.

Así fue el tránsito por el Legislativo de esas normas, más otras iniciativas claves que se aprobaron en el periodo 2014-2018 y que no tenían que ver con el proceso de paz: el Plan Nacional de Desarrollo, los cuatro presupuestos anuales, la reforma de equilibrio de poderes, la tributaria de 2014 y el Código de Policía.

Equilibrio de Poderes

El proyecto de acto legislativo sobre el equilibrio de poderes que presentó el Gobierno en 2014 implicó el archivo de una especie de “contrarreforma” sobre el mismo tema que había presentado el Centro Democrático. Aunque el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, había anunciado coincidencias con el uribismo y se había reunido con ese partido, la Alianza Verde y el Polo para construir una iniciativa común, durante el trámite en el Legislativo empezaron a aparecer diferencias que fueron creciendo.

En los primeros debates no hubo mayores inconvenientes. En Cámara, donde el representante uribista Hernán Prada fue uno de los ponentes de la iniciativa, pasó por unanimidad con votos uribistas en comisión y luego, en plenaria, tuvo seis votos del CD a favor y dos en contra. En la comisión primera del Senado también contó con votos positivos y ponencia del Centro Democrático, esta vez a cargo de Jaime Amín. Ya en la plenaria solo un uribista votó a favor y cinco en contra.

El panorama empezó a cambiar en la primera conciliación. Ocho senadores de la colectividad uribista alcanzaron a votar a favor, mientras los representantes se decantaron en sentido contrario y pusieron nueve votos negativos y una abstención.

La segunda vuelta fue a otro precio. El expresidente Álvaro Uribe y su bancada pasaron de reconocer “el esfuerzo de la Unidad Nacional” mientras señalaban la “falta de claridad” en algunos componentes de la iniciativa, a calificar el resultado como un ‘frankenstein’, retirarse de las últimas votaciones, pedirle a la Corte Constitucional que la tumbara (igual que el senador Robledo) y ausentarse para obstaculizar su posterior reglamentación.

Plan de Desarrollo

La carta de navegación propuesta por Santos para su segundo mandato tuvo una historia similar. Tuvo ponentes del CD en los dos debates de plenaria. En la de Cámara la mayoría de la bancada apoyó la iniciativa, solo el representante bogotano Samuel Hoyos hizo parte de los tres votos negativos. Pero en la de Senado los uribistas pusieron 18 de los 20 votos en contra y la conciliación la rechazaron por completo en ambas cámaras.

Una de las voces más críticas del plan dentro del partido fue el entonces senador y actual presidente, Iván Duque, quien llegó a decir que estaba “lleno de orangutanes con sacoleva”.

 

Presupuestos

Ninguno de los cuatro presupuestos presentados por el Ministerio de Hacienda en los últimos cuatro años cayeron bien en el Centro Democrático. El partido nunca tuvo ponentes de esa bancada y sus congresistas pusieron la mayor parte de los votos en contra en casi todos los debates. En la plenaria del Senado sobre el proyecto para 2018 incluso se ausentaron.

El episodio emuló lo sucedido en la misma instancia en 2014, cuando se votaba el presupuesto de 2015. Los siete votos negativos en las comisiones económicas conjuntas habían sido del CD. Los dos representantes del partido presentes en la plenaria de Cámara se abstuvieron de votar el proyecto. Pero en la del Senado fue esta colectividad la que salvó la iniciativa después de negociar con el ministro Mauricio Cárdenas para quedarse y completar el quórum decisorio, aunque votaron en contra.

Rangel le dijo a Colombiacheck que en ese momento se tomó esa decisión porque “si (el presupuesto) no se aprobaba ahí, después (el Gobierno) lo podía sacar por decreto”. Así lo establece la Constitución.

Código de Policía

Sobre este proyecto sí aciertan Robledo y su equipo. La iniciativa, en la que el Gobierno compartió la autoría con nueve congresistas (ocho de su bancada y Claudia López, de la Alianza Verde), tuvo ponentes del uribismo que trabajaron de la mano con los del santismo durante casi todo su trámite en el Congreso.

Ese respaldo se notó en las votaciones. Por ejemplo, mientras la mayoría de la Unidad Nacional aprobó la conciliación con dos excepciones en Cámara (uno en contra y una abstención) y cuatro en Senado (todos en contra); el CD lo hizo también, pero de forma unánime.

Tratado con la Otan

El tratado de cooperación entre Colombia y la Otan fue radicado en el Congreso en 2013, cuatro meses después de su firma en Bruselas, Bélgica, cuando el Centro Democrático todavía no formaba parte de la corporación. Los tres primeros debates se dieron antes de su llegada. Les tocó solo el cuarto, en la plenaria de Cámara, y 14 representantes uribistas recién posesionados votaron a favor.

Pero la Corte Constitucional tumbó luego la ley aprobada por un error de procedimiento en el segundo debate. Esto obligó al Gobierno a presentar el texto de nuevo al Legislativo en 2015, para hacer el proceso desde cero.

Esto le permitió al CD tomar un papel más protagónico en la aprobación, como lo señaló el asesor de Robledo, porque el exrepresentante uribista Federico Hoyos fue ponente en Cámara al lado de Efraín Torres, del partido de La U. Además, desde primer debate los uribistas votaron a favor junto a los santistas. En la plenaria del Senado los únicos dos votos en contra fueron del Polo.

Ley Zidres

Este proyecto del entonces ministro del Interior (encargado de Agricultura), Juan Fernando Cristo, creó un régimen especial para fomentar el desarrollo agropecuario en áreas rurales apartadas que requieren grandes inversiones.

Robledo fue la voz principal de la oposición a la iniciativa y presentó una ponencia negativa que fue derrotada por una favorable que impulsó el santismo con el uribista Ernesto Macías, hoy presidente del Senado. En Cámara le pasó lo mismo al concepto negativo del representante verde Inti Asprilla frente al positivo de los gobiernistas y Rubén Darío Molano, del CD.

Al final, el senador del Polo acierta en que todos los votos del partido de Uribe y la gran mayoría de los de la coalición de Santos fueron a favor de las Zidres. En consecuencia la ley salió avante sin problemas.

Saneamiento de la salud

En el primer periodo de Santos el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y siete congresistas de la bancada de Gobierno habían sacado adelante una ley estatutaria para reformar el sistema. No obstante el Centro Democrático quiso presentar su propia iniciativa para sanear sus finanzas cuando llegó al Capitolio en el cuatrienio siguiente.

Los autores fueron Uribe y seis senadores más de su partido. Uno de ellos, Honorio Henríquez, y el expresidente fueron también ponentes en primer y segundo debate. Compartieron esta función con Eduardo Enrique Pulgar, de La U, y Antonio José Correa, de Opción Ciudadana, quienes aportaron elementos de otro proyecto similar que habían presentado con otros tres congresistas de la coalición santista y uno del Mais.

Con el apoyo de las dos bancadas,el proyecto pasó sin problema por el Senado a pesar de que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, había pedido archivar la propuesta. Lo mismo en Cámara, donde el ponente del CD fue el antioqueño Wilson Córdoba, que compartió la función con tres representantes de la Unidad Nacional y uno de la Alianza Verde. Una vez más tenía razón el senador Robledo.

Ley de contratación

El proyecto del entonces ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, también fue apoyado de forma unánime por santistas y uribistas en los cuatro debates. Además, el entonces representante y ahora senador uribista Santiago Valencia fue conciliador de la iniciativa con cinco congresistas de la Unidad Nacional.

Aportes de pensionados

Aunque el proyecto fue radicado por dos congresistas liberales, partido de Gobierno, el Ministerio de Hacienda se opuso a su aprobación por falta de recursos. No obstante, durante todo su tránsito por el Legislativo contó con ponencias favorables y apoyo de todos los partidos, desde el Polo (que también había radicado una versión que se fusionó con esta) hasta el Centro Democrático.

La iniciativa pasó en ambas cámaras sin dificultad y, pese a la objeción presidencial, el Congreso se ratificó en su decisión favorable. No obstante la Corte Constitucional, encargada de decidir en esos casos, acogió los argumentos en contra que dieron el mandatario y su ministro Cárdenas, y rechazó la promulgación de la ley.

Las tributarias

Pero el único ejemplo que pone Robledo en la entrevista es “el caso de la reforma tributaria que los uribistas votaron no, pero se quedaron para hacerle el quórum a Santos. Si hubieran querido, la habrían hundido”. En otras palabras, acusó al Centro Democrático de haber hecho con esa iniciativa lo mismo que con el presupuesto para 2015 y por eso la afirmación merece una calificación aparte.

Lo primero que hay que decir es que el ministro Cárdenas logró la aprobación, no de una, sino de dos reformas tributarias en los últimos cuatro años: una en 2014 y otra en 2016. Y ambas tuvieron una férrea oposición por parte del uribismo.

Los 12 votos en contra de la primera en la plenaria del Senado fueron uribistas y los 57 por el sí habrían bastado para conformar quórum decisorio (que esté por lo menos la mitad de los integrantes de la corporación). En Cámara, casi lo mismo, fueron 119 por el sí y 19 por el no (incluyendo 14 del CD). Es decir que con este proyecto no pasó lo que dijo Robledo.

Y con el segundo la oposición de Uribe y sus copartidarios se hizo incluso más activa. No solo se manifestaron y votaron en contra desde los primeros debates a la iniciativa en la comisión tercera conjunta, sino que radicaron una ponencia alternativa. Los resultados en esa primera fase fueron de 22-3 en Cámara y 10-4 en Senado. Todos los votos en contra fueron del CD, con excepción del que puso el exsenador verde Antonio Navarro. De nuevo la ausencia de los uribistas tampoco hubiera afectado el desarrollo de la sesión.

En plenaria del Senado fueron 43-16 con 12 uribistas en contra. En esa ocasión sí, de haberse ido, habrían dañado el quórum decisorio porque solo hubieran quedado 47 senadores y la sesión se hubiera tenido que suspender.

Pero eso no necesariamente implica que se hubiera hundido la iniciativa porque todavía tenía plazo para ser aprobada otro día, incluso el año siguiente (así fuera tardía). De hecho, las sesiones extraordinarias del Congreso habían sido ampliadas por el Gobierno justo el día anterior. Además dos congresistas del Polo y dos de la Alianza Verde también se quedaron a dar su voto negativo.

Las votaciones definitivas donde se hubiera podido hundir eran las de conciliación, que se hicieron en el penúltimo día de las extras. En Cámara fue aprobada con 96-33 (18 negativos fueron de uribistas). En Senado pasó con 52 contra 31 (incluyendo 15 uribistas en contra). Es decir que en ninguno de estos dos casos los uribistas hubieran hecho la diferencia en cuanto al quórum decisorio. Incluso Robledo también se quedó y votó en contra como ellos.

En consecuencia, el ejemplo del congresista es falso y su análisis sobre la votación similar de ambas bancadas en los proyectos ajenos al Acuerdo de Paz es inflada.

Miércoles, 01 Agosto 2018

La difícil pregunta sobre qué es la oposición

Por José Felipe Sarmiento Abella

Más que partidos tradicionales que “se hicieron los locos” desde 1991 para aprobar el Estatuto de Oposición (como tuiteó Piedad Córdoba), hubo más de una decena de iniciativas que fracasaron por falta de consenso.

Después de que el presidente Juan Manuel Santos sancionó el Estatuto de la Oposición el 9 de julio, la exsenadora Piedad Córdoba lo calificó como “democrático y saludable”. Aun así, no desperdició la oportunidad para señalar que este “nació con la Constitución del 1991, [pero] los partidos tradicionales se hicieron los locos durante 27 años porque no les convenía”.

 

 

En efecto, el artículo 112 de la Carta aprobada entonces decía que “los partidos y movimientos políticos que no participen en el Gobierno podrán ejercer libremente la función crítica frente a éste y plantear y desarrollar alternativas políticas”. Acto seguido, les reconocía a estos partidos una serie de derechos como el acceso a información oficial, el uso de medios de comunicación, la réplica ante ataques públicos y la participación en organismos electorales.

El texto también planteaba que las minorías políticas del Congreso, las asambleas y los concejos debían tener participación en las mesas directivas de esos cuerpos colegiados. Y en la última frase prometía una ley estatutaria que regularía en detalle todas esas garantías, una norma que salió apenas este año, como bien lo señaló Córdoba. No obstante, su afirmación resulta inflada porque sí hubo intentos previos de reglamentación, aunque hayan fracasado.

La reforma

El artículo constitucional en cuestión fue modificado con la reforma política de 2003. Esta especificó que, para que un partido fuera considerado de oposición, debía declararse como tal y no bastaba con estar excluido del Gobierno. Segundo, redujo las restricciones legales, que en principio aplicaban para todos los derechos mencionados, y quedaron solo para el acceso a información oficial reservada.

Otro cambio que introdujo esa reforma fue que el acceso a medios de comunicación quedó limitado a los del Estado, mientras que el texto original incluía también a los medios privados. En cambio, amplió el derecho de réplica al quitarle el complemento que lo hacía procedente solo “frente a tergiversaciones graves y evidentes o ataques públicos proferidos por altos funcionarios”. Además, fue eliminada la participación de la oposición en el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría.

Pero la promesa de expedir el estatuto se mantuvo al final del párrafo del artículo constitucional. Y, de nuevo, aunque el estatuto solo se materializó 27 años después de la Constitución y 15 después de esta reforma, sí se intentó hacerlo antes.

Los intentos fallidos

Desde 1993, según la exposición de motivos del proyecto de ley estatutaria que dio origen a la norma que acaba de firmar Santos, se intentó aprobar en 11 intentos diferentes. Los primeros vinieron de partidos opositores o alternativos.

El senador de la Unión Patriótica (UP) Manuel Cepeda presentó el primer proyecto en 1993. La representante de la Alianza Democrática M-19 por el Atlántico, Janeth Suárez, radicó otro en 1995. Ambos fracasaron.

Pero los partidos tradicionales también intentaron aprobar un estatuto de la oposición, con los mismos resultados. Tres de esas iniciativas surgieron del Partido Liberal, una de esas del gobierno de Ernesto Samper.

El ministro del interior de 1995, Horacio Serpa, trató sin éxito de pasar una. Otro intento liberal fue el de la representante vallecaucana Yolima Espinosa, quien radicó otra propuesta en 1993 y repitió en 1997. La senadora liberal Viviane Morales también fracasó con la propuesta que presentó en 1998. Ese año el partido incluso se unió con Cambio Radical, cuando esta colectividad estaba recién creada, para poner sobre la mesa otra alternativa de estatuto y tampoco funcionó.

Otros proyectos surgieron de acuerdos entre partidos alternativos y tradicionales. Fue el caso del que planteó el senador Jimmy Chamorro por el partido Compromiso Cívico Cristiano (C4) en 1996, que se unió con otra iniciativa similar de la representante Espinosa. Lo mismo fue el de una propuesta que 80 congresistas de diferentes bancadas prometieron apoyar en 2004. Pero ni así consiguieron la aprobación. Chamorro hizo su segundo intento, también fallido, en 1997.

La propuesta perdida más reciente fue la de la senadora Elsa Gladys Cifuentes, del Partido de La U, en 2008. En esa ocasión fue ella misma quien retiró la iniciativa cuando apenas empezaba su trámite en el Legislativo.

La pregunta difícil

Para el politólogo Yann Basset, profesor de la Universidad del Rosario, la causa de esta serie de fracasos es más compleja que el planteamiento de Córdoba. Para el académico, una de las principales razones es la “falta de claridad” sobre el concepto mismo de oposición. “Eso ha dificultado un consenso sobre el tema”, asegura.

La pregunta por la definición de la oposición fue incluso una de las principales discusiones en torno al proyecto recién aprobado. Por ejemplo, para algunos sectores, la oposición se limita a los partidos políticos que se declaran públicamente en contra del Gobierno de turno. Otros pretendían que las garantías aprobadas cobijaran también a movimientos y organizaciones sociales de base.

Pero además, Basset recuerda que Colombia tiene un patrón histórico de escasa o nula oposición, incluso desde antes del Frente Nacional (el acuerdo entre liberales y conservadores para repartirse el poder entre 1958 y 1974 para darle fin a la violencia interpartidista de mediados del siglo XX). Los presidentes han gobernado con grandes coaliciones en el Legislativo frente “pequeñas minorías, (...) que no son lo mismo que oposición”, explicó el docente.

Advirtió que, de hecho, en los países donde sí hay una oposición más desarrollada, no existen estatutos al respecto. Pero reconoció que lo que busca esta ley, entre otras cosas, es precisamente darles garantías a ciertos grupos políticos “para que no los maten”, debido al antecedente que existe con el exterminio de la Unión Patriótica (UP), partido político nacido de los acuerdos de paz entre el Gobierno de Belisario Betancur y las Farc en 1984 al que le asesinaron más de 3.000 integrantes y simpatizantes.

Basset explicó que fueron esos “debates interminables” sobre qué debería considerarse oposición los que demoraron casi tres décadas la creación del estatuto, “más que un gobierno totalmente cerrado” a aprobarlo.