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Chequeo Múltiple
Viernes, 22 Abril 2022
¿Qué tantas mentiras y verdades han dicho los candidatos sobre el medio ambiente?
Por Juan Lozada, Paola Benjumea y Sharon Mejía
En el #DíaDeLaTierra verificamos afirmaciones de los candidatos presidenciales Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, Ingrid Betancourt y Gustavo Petro sobre temas de tierras, deforestación y cultivos ilícitos.
Hoy, 22 de abril, se celebra el Día Internacional de la Tierra, una fecha que busca concientizar sobre la necesidad de cuidar nuestro planeta. Pero en el marco de las elecciones presidenciales 2022, en Colombiacheck le pusimos la lupa a las intervenciones de los candidatos sobre temas ambientales. Es así como encontramos varias afirmaciones en debates y conversatorios de los candidatos Sergio Fajardo, Ingrid Betancourt, Federico Gutiérrez y Gustavo Petro.
Sergio Fajardo
- “El Estado ni siquiera sabe cuáles son sus baldíos, que son la puerta de entrada a la deforestación”.
Íngrid Betancourt
Gustavo Petro
Federico Gutiérrez
“El Estado ni siquiera sabe cuáles son sus baldíos, que son la puerta de entrada a la deforestación”
El candidato presidencial por la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, dijo en un trino del 21 de febrero de 2022 que “el Estado ni siquiera sabe cuáles son sus baldíos, que son la puerta de entrada a la deforestación”. La misma afirmación la repitió su fórmula vicepresidencial, Luis Gilberto Murillo, en el debate vicepresidencial del 30 de marzo de 2022 que organizaron El Tiempo y Semana.
Ambos se han referido a este dato para hablar sobre sus propuestas ambientales así que en Colombiacheck decidimos verificar esta afirmación.
Primero consultamos con la campaña de Fajardo sobre la fuente de su afirmación y nos enviaron un artículo del diario El Espectador que reseña una conversación que tuvo el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea Navarro, con el contralor delegado para el sector agropecuario, Gabriel Romero. Allí el ministro de agricultura admite, como dice Fajardo, que “hoy no tenemos el dato de las hectáreas de baldíos que hay”, y añade que las razones de esto son las dificultades geográficas y la necesidad de tecnología satelital para hacer los barridos de los predios de las tierras baldías.
El ministro también se refirió al Catastro Multipropósito, un sistema de información que, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), funciona como un inventario de los bienes del territorio nacional el cual contiene la información necesaria para identificarlos. “En este momento tenemos un avance de entre el 37 y 38 % (del Catastro Multipropósito). Estamos retrasados con eso, pero trabajamos para llegar al 55 %”, señaló en la conversación.
De acuerdo con la cartilla del 2021 ‘Pensándonos los baldíos: Reflexiones colectivas sobre la reivindicación del derecho a la tierra’, del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, uno de los problemas que ha contribuido a la concentración de la propiedad rural en Colombia es la ausencia de un inventario de bienes baldíos de la Nación; que no exista este inventario causa que no haya claridad “sobre la naturaleza jurídica de la mayoría de los predios rurales de la Nación”.
El desconocimiento y la desactualización de la información sobre la tierra en Colombia ya había sido evidenciado en la sentencia T-488 del 2014 de la Corte Constitucional, en la que se señala un problema de fondo y, como lo expresa el abogado experto en derecho de tierras, Jaime Correa, esta sentencia “ha sido objeto de recomendaciones de política pública por parte de la Corte Constitucional”.
La Corte decidió revisar un caso de una persona que interpuso una demanda de pertenencia sobre un predio en Casanare, en otras palabras esta persona buscaba, por la vía legal, declararse dueño de la tierra. Aunque de esa demanda resultó una sentencia, la Oficina de Registro de Paz de Ariporo, en Casanare, se abstuvo de inscribir la sentencia en el folio de matrícula inmobiliaria del predio, alegando que este era un bien baldío.
Este caso, revisado por la Corte, sirvió para que el Alto Tribunal formulara en el numeral 7 de la sentencia una “problemática institucional y social en torno a las tierras baldías” en la que llamó la atención sobre la administración de los terrenos baldíos en el país. El primero de estos llamados de atención se trató de “la falta de información actualizada y completa por parte de la institución responsable de la administración y adjudicación de los baldíos” y, el segundo, “la excesiva concentración de las tierras”.
La Corte emitió una serie de órdenes estructurales que trascendieron el caso del particular que buscaba declararse dueño de un baldío en Casanare. Entre ellas ordenó al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder (hoy Agencia Nacional de Tierras), en los dos meses siguientes a proferida la sentencia, desarrollar un proceso nacional de clarificación de todos los bienes baldíos de la Nación.
En los años posteriores a la sentencia, la Corte Constitucional expidió dos autos de seguimiento, el primero de ellos es el Auto 222 del 2016 en el que se identifican algunos problemas por los que las instituciones de Gobierno no pueden cumplir con lo ordenado por la Corte. Por ejemplo, que la capacidad institucional es limitada para clarificar y recuperar los baldíos del territorio y que los informes presentados evidencian un lento avance en la realización de las metas.
El segundo es el Auto 040 de 2017, en el que se reconoce que hay deficiencias en los sistemas de información en las instituciones del Gobierno llamadas a consolidar la información catastral y de registro de predios en el país, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Superintendencia de Notariado y Registro.
Además, al hacer el seguimiento del proceso, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios criticó las falencias históricas del Incoder:
“Nació entonces sobrecargada de funciones, sin personal suficiente y muchos de sus funcionarios delinquieron asociados con el paramilitarismo hasta el 2010 para consolidar el proceso de usurpación de tierras mediante la legalización del despojo de estas a particulares, como la apropiación de baldíos de la Nación”.
Por otro lado, en el artículo 104 de la ley 1753 de 2015, o ley del Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2014-2018 quedó consignado que se promoverá la construcción del Catastro Multipropósito, un sistema de información que permitiera identificar y clarificar la información de los baldíos de la Nación a nivel físico y jurídico.
Según el DNP el Catastro Multipropósito es una política pública que busca tener “información predial actualizada rural y urbana completa y confiable” para que así se tomen mejores decisiones sobre el territorio.
En la construcción de este sistema de información participa una Mesa Interinstitucional conformada por el IGAC, la autoridad catastral en el país, la Agencia Nacional de Tierras, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR). El IGAC presentó en marzo de 2021 un boletín de prensa en el cual informó sobre el avance de esta política pública, según la institución, para esa fecha “Colombia pasó de tener el 2,25% del territorio con información catastral actualizada, al 15,39%, equivalente a 17,56 millones de hectáreas”.
Esta iniciativa también quedó consignada en el Acuerdo de Paz, que firmó posteriormente el gobierno con la antigua guerrilla de las Farc, y cuyo primer punto establece la necesidad de implementar una Reforma Rural Integral. Allí el gobierno se compromete a “poner en marcha un Sistema General de Información Catastral, integral y multipropósito, que en el plazo de 7 años concrete la formación y actualización del catastro rural y vincule el actual registro de inmuebles rurales”.
El documento Conpes 3958 del 26 de marzo de 2019, en el cual se encuentra la estrategia para la implementación del Catastro Multipropósito, y que a su vez reemplaza un antiguo Conpes, el 3859, incluye los datos a los que se refiere el ministro de agricultura, Rodolfo Zea: “se propone pasar del actual 5,68 % del área del territorio nacional con información catastral actualizada, al 60 % en 2022 y posteriormente al 100 % de cobertura en 2025, con un enfoque multipropósito, y previendo mecanismos para la sostenibilidad financiera y su actualización de manera permanente”.
En el documento se puede ver el estado de actualización catastral del país con datos del IGAC para el periodo 2012-2019:
El informe ‘Distribución de la propiedad rural en Colombia’ que publicó el 10 de marzo de 2022 la Unidad de planificación Rural Agropecuaria (UPRA), muestra también las proporciones de desactualización catastral en los municipios del país.
Sobre si el desconocimiento catastral está relacionado con la deforestación, el director científico de la oenegé Wildlife Conservation Society (WCS), Germán Forero, reconoce que “es cierto que el si el Estado no tiene bien delimitados sus baldíos, es más difícil controlar que los invadan indebidamente y se cambie el uso del suelo”.
De la misma forma, el informe del 2017 Resultados Monitoreo de la Deforestación que realizó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) señala que uno de los factores de aceleración para la deforestación es la usurpación de los baldíos de la Nación.
Esto se puede ver si se comparan los territorios de los siguientes dos mapas. El primero es un mapa del Conpes 3958 que muestra el estado de actualización, desactualización y formación catastral en las zonas rurales del país con base en los datos del IGAC con corte al 1 de enero de 2019. El segundo es del informe de resultados Monitoreo de la Deforestación publicado en el primer trimestre del 2021, este mapa muestra los núcleos de la deforestación durante el año 2020.
Aquí es posible ver que algunos puntos de deforestación coinciden con zonas rurales del país en donde no hay información catastral o está desactualizada, por ejemplo en las zonas rurales de Arauca, Nariño, Cauca, Chocó y Guaviare.
En conclusión calificamos como verdadera la afirmación de Sergio Fajardo, quien dice que “El Estado no conoce sus baldíos, que son la puerta de entrada a la deforestación”. Este es un problema de política pública, según lo dejó ver la Corte Constitucional a través de la sentencia T-488 del 2014, asimismo, las instituciones de gobierno muestran en sus informes estadísticos que, a nivel catastral, hay una desactualización o desconocimiento de los predios de la Nación. Incluso, el actual Ministro de Agricultura admitió que el país no conoce cuáles son sus bienes baldíos.
Por último, este desconocimiento, y por lo tanto esta falta de control, causa que haya cambios en el uso del suelo como se puede ver en los informes del Ideam. Este es un fenómeno que se da, como en el caso de la sentencia que revisó la Corte, cuando particulares buscan prescribir sobre un baldío para que se les haga dueños de este.
“Zonas de la Amazonía están generando mayor CO2, principalmente por quemas y deforestación”
Ingrid Betancourt, candidata a la presidencia de Colombia por el Partido Verde Oxígeno, asistió al encuentro de primivotantes organizado por La Silla Vacía y la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, en donde un grupo de jóvenes estudiantes de distintas universidades del país hicieron algunas preguntas a los candidatos sobre sus propuestas y posiciones frente algunos temas.
Ante la pregunta “¿qué estrategias implementaría para mejorar la calidad de vida de los colombianos en materia medioambiental?”, la candidata Betancourt se refirió a la reforestación en la Amazonía como un accionar fundamental de sus políticas, pues, según ella, este territorio estaría generando actualmente más dióxido de carbono que oxígeno.
“Sabemos que la Amazonía está generando más dióxido de carbono que oxígeno, así que tenemos que hacer una política muy fuerte para resembrar el bosque nativo”, afirmó.
En Colombiacheck le pusimos la lupa a la frase dicha por Betancourt y la calificamos como verdadero pero. Aunque es cierto, según estudios recientes, la liberación de dióxido de carbono en la Amazonía ocurre en las zonas intervenidas o transformadas por el hombre, principalmente en el este, una de las zonas mayormente afectadas por quemas y deforestación.
La Amazonía, con 7,4 millones de kilómetros cuadrados, representa el 4,9% del área continental mundial y cubre extensiones de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Los 476.000 km2 de la porción colombiana representan el 6,4% del total de la región amazónica y el 41,8% del territorio nacional, conformado por los departamentos Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés.
En Colombia, la zona conservada de la Amazonía (área reconocida por sus aportes a la conservación original del entorno) ocupa 38 millones de hectáreas, de las cuales, 178 son resguardos indígenas que se sitúan en 25 millones de hectáreas y 12 parques nacionales naturales en cerca de 8 millones; otros 8 millones de hectáreas bajo la figura de zonas de reserva forestal (Ley 2 de 1959) y 8 millones más que componen la zona ya intervenida.
Zonas intervenidas en el este de la Amazonía emiten hasta mil millones de toneladas de CO2
Un estudio realizado por un equipo científico principalmente de Brasil, liderado por la investigadora experta en cambio climático Luciana Gatti, que fue publicado en la revista Nature en julio de 2021, afirma que las emisiones que emite la Amazonía ascienden a mil millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Una de las principales causas son los incendios forestales, muchos de ellos provocados para despejar la tierra y abrir paso a la ganadería; así como el incremento en la temperatura y las sequías.
Lo que se indagó fue el presupuesto de carbono de la Amazonía y los principales impulsores de su transformación en una fuente de ese elemento: “Realizamos 590 mediciones de perfiles verticales de aeronaves de concentraciones de dióxido de carbono y monóxido de carbono en la troposfera inferior en cuatro sitios en la Amazonía entre 2010 y 2018. Encontramos que las emisiones totales de carbono son mayores en el este de la Amazonía que en la parte occidental, principalmente como resultado de las diferencias espaciales en las emisiones de incendios derivadas del monóxido de carbono”.
Al hacer una búsqueda en Google de la frase dicha por la candidata presidencial, encontramos con otro artículo científico realizado por 30 científicos y publicado el 11 de marzo de 2021 por la editorial Frontiers, que ha sido compartido por varios medios de comunicación.
El estudio encontró que, en el bosque de la Amazonía, se están liberando más gases que atrapan el calor (dióxido de carbono) de los que almacenan las plantas y el suelo. Se espera que este efecto crezca.
Sin embargo, a diferencia de lo que afirma Betancour, el artículo sostiene que esta liberación corresponde a las zonas intervenidas por el hombre, debido a que numerosos estudios (1, 2, 3) catalogan la rápida tasa de deforestación y degradación forestal, como la fuente principal de liberación de CO2 y el balance neto de carbono de la región.
“Prácticamente, todos los cambios antropogénicos identificados han aumentado o se espera que aumenten las emisiones de CO2 de la Cuenca (...) Las principales fuentes a corto plazo incluyen la combustión y la deforestación asociadas con la conversión a la agricultura, las industrias de extracción o las represas. Si bien los incendios encendidos directamente con fines de deforestación históricamente han sido el principal impulsor de las emisiones relacionadas con incendios, los incendios que atraviesan los bosques afectados por la sequía son cada vez más dominantes y se espera que aumenten”, refiere el artículo.
Riesgo ante la captación de carbono de la selva amazónica
Según el estudio de Frontiers, debido al tamaño del reservorio total de la Amazonía, incluso los cambios proporcionalmente pequeños en la absorción o pérdida representan grandes cantidades netas en los cambios en el intercambio de CO2 con la atmósfera.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 62% de los sumideros de carbono en la vegetación están localizados en bosques tropicales de baja altitud. En los trópicos, el carbono que está en sumideros superficiales varía entre 60 y 230 toneladas de carbono por hectárea (ton C/ha) en bosques primarios, y entre 25 y 190 ton C/ha en bosques secundarios.
En bosques tropicales, los sumideros de carbono en el suelo varían entre 60 y 115 ton C/ha, mientras que en otros sistemas de uso del suelo, tales como los agrícolas o ganaderos, los sumideros en el suelo son considerablemente pequeños.
Sin embargo, un estudio de 2015 de 16 investigadores encabezados por el director científico del Centro de Expertos en Cambio Climático de Escocia, Pete Smith, sobre los ciclos biogeoquímicos y la biodiversidad como impulsores clave de los servicios ecosistémicos proporcionados por los suelos, afirma que la reserva de carbono del suelo es vulnerable a la pérdida del mismo catalizada por el uso de la tierra y el cambio climático, lo que también puede afectar la biodiversidad del suelo.
Desde Colombiacheck consultamos con Santiago Duque, biólogo y docente del Laboratorio de Manejo y Gestión de Humedales del Instituto Amazónico de Investigaciones (Imani) de la Universidad Nacional, quien afirmó que “entre más áreas geográficas de la cuenca se transforme, por ejemplo, con la reforestación de otro tipo de estructuras vegetales, cultivos, entre otros, al no tratarse del bosque amazónico original, la captura de CO2 será más baja, lo que conlleva a que este gas de efecto invernadero siga incrementando en la atmósfera y contribuyendo al calentamiento global”.
Por su parte, los científicos y autores de un estudio sobre “Saturación asincrónica de sumideros de carbono en bosques tropicales africanos y amazónicos”, publicado en la revista Nature, estiman que la selva tropical podría pasar de ser un sumidero de carbono a una fuente de carbono que libera más CO2 del que puede contener en 2035 y advierten que podría traer consecuencias para las políticas destinadas a estabilizar el clima de la Tierra.
El artículo científico de Frontier afirma que la mayor proporción de carbono del suelo se almacena en los 50 centímetros superiores y disminuye geográficamente a lo largo de un gradiente de edad y evolución del suelo desde el oeste hasta el este de la Amazonía, pero convertir los bosques en pastoreo de alta intensidad o pastos introducidos y pastos degradados, reduce el almacenamiento de materia orgánica del suelo en los 30 cm superiores en - 20 %, y la mayor parte del carbono se respira como dióxido de carbono o se erosiona hacia las vías fluviales.
Con esta información desde Colombiacheck calificamos como verdadera pero la frase de la candidata presidencial, Ingrid Betancourt en la que afirma que “Amazonía está generando más dióxido de carbono que oxígeno”, pues, como lo hemos explicado con base en algunos estudios, esto ocurre principalmente en las zonas intervenidas por el hombre bajo acciones como incendios y deforestación, principalmente en la zona este del territorio.
“Una fumigación de una hectárea con glifosato vale más o menos 350 millones de pesos, hoy”
El candidato presidencial por la coalición Pacto Histórico, Gustavo Petro, afirmó en un conversatorio de la Universidad de los Andes del 21 de septiembre de 2021, que “una fumigación de una hectárea con glifosato vale más o menos 350 millones de pesos, hoy”. Lo dijo cuando la moderadora del conversatorio les pidió a los candidatos que respondieran sí o no a la siguiente pregunta: “¿en su gobierno reanudaría la aspersión aérea con glifosato?”.
En Colombiacheck consultamos con su equipo de prensa cuál era la fuente de esta afirmación pero no obtuvimos respuesta.
Para verificar esta afirmación del candidato por el Pacto Histórico, es necesario tener en cuenta, como lo advierte el experto en política de drogas y director de C-Análisis, Daniel Rico, que en Colombia la aspersión con glifosato fue suspendida en el año 2015 y, por tanto, Petro “está haciendo una afirmación como si hasta hace poco se hubiera asperjado, y hace más de siete años no se asperja”.
En efecto, en mayo de 2015, el Consejo Nacional de Estupefacientes suspendió en Colombia la aspersión aérea con glifosato con una votación 7-1 a favor de la decisión. En octubre de 2015, se conoció que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ordenó, a través de la resolución 1214 de 2015, la suspensión de la aspersión aérea con glifosato, teniendo en cuenta el auto A073 del 2014 de la Corte Constitucional, en el cuál se resalta el principio de precaución.
Este principio apunta a que un factor transversal, como la aspersión aérea con glifosato, puede causar un grave impacto en el medio ambiente y la salud de las comunidades que habitan en los territorios.
El gobierno del presidente Iván Duque intentó, a través de decretos como el 380 del 12 de abril de 2021, reanudar la aspersión de cultivos de uso ilícito en el país, pero la Corte Constitucional tumbó este intento. En su decisión, argumentó que no se habían tenido en cuenta los derechos fundamentales de las comunidades al debido proceso, la participación y la consulta previa.
Costo de fumigación por hectárea
Según el informe del 2020 ‘Fumigación con glifosato en Colombia: efectos, costos y alternativas’, de la organización consultora en derechos humanos Elementa y la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (FESCOL), fumigar una hectárea de hoja de coca en Colombia cuesta 72 millones de pesos.
Este dato, publicado en el informe, lo entregó la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Presidencia, en una respuesta de octubre de 2018 a un derecho de petición que remitió la Cámara de Representantes. Desde el Congreso, le pedían a la institución “discriminar costos de aspersión aérea, erradicación manual y los demás utilizados”.
En la respuesta se lee que, desde el 2005 hasta el 2014, se invirtieron 23 millones de pesos por hectárea en erradicación forzosa manual y 72 millones de pesos por hectárea en fumigación aérea.
En el documento también se relacionan los costos totales de los métodos de erradicación forzosa y los comparan con los costos estimados de erradicación por medio de la sustitución de cultivos.
Paula Aguirre, abogada y analista de Elementa, afirma que la cifra de 72 millones que citan en el informe de su organización es la más reciente disponible y observa que no ha sido posible acceder a nuevas cifras sobre los costos de la aspersión con glifosato.
Esta cifra se repitió en una audiencia pública del 7 de marzo de 2019 sobre el uso del glifosato en Colombia, que convocó la Corte según lo establece el auto de seguimiento A387 del 2019, para verificar el cumplimiento de la sentencia T-236 del 2017.
Fue allí donde Diana Rodríguez Franco, en ese entonces subdirectora de la ONG Dejusticia, contradijo una cifra del entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien le había dicho a los magistrados de la Corte que fumigar una hectárea de coca costaba 2 millones de pesos. Rodríguez dijo que, según el documento de respuesta del derecho de petición, la aspersión con glifosato para una hectárea de cultivos de uso ilícito costaba 72 millones de pesos.
Diana Rodríguez, de Dejusticia, dio una cifra de la dirección de drogas que dice que fumigar vale 72 millones por hectárea. Apenas terminó de hablar Emilio Archila fue a buscarla. ¿Le estará preguntando por la cifra? pic.twitter.com/5mb5DHGAOg
— La Silla Vacía (@lasillaenvivo) March 7, 2019
Como lo reportaron El Espectador y La Silla Vacía, el exconsejero para la estabilización, Emilio Archila, le pidió la renuncia a Claudia Salcedo, quien para ese momento era la directora para la Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Presidencia. Salcedo fue la funcionaria que respondió el derecho de petición utilizado por Dejusticia en la audiencia.
También en la audiencia, el exministro de Salud del gobierno Santos, Alejandro Gaviria, quien para ese momento ya no era funcionario público, sostuvo que la fumigación vale 70.000 dólares por hectárea y anotó que hay estudios que afirman que “para erradicar una hectárea de manera permanente hay que fumigar 30 y la resiembra es muy alta”. Esta fue la cifra más alta que se dio en la audiencia.
Para Daniel Rico la cifra de Petro es la más alta que ha escuchado, que está incluso por encima de la de Gaviria, por eso añade que “lo importante para hacer las estimaciones es (tener en cuenta) cuáles costos se incluyen y cuáles no”, algo que no es posible ver en la respuesta oficial de Presidencia al derecho de petición. Allí no hay una discriminación de los costos, solamente se limitan a decir lo que cuesta fumigar una hectárea de coca.
Asimismo, Rico aclara que este monto contempla una serie de costos directos como “el glifosato, los pilotos y las aeronaves, que pueden estar alrededor de 30 o 40 millones de pesos”. Pero señala que estos no son los únicos elementos que representan un costo sino que hay otros más importantes como la seguridad en terreno y el desplazamiento de la fuerza pública, que a su vez tiene otras funciones, no solamente velar por la seguridad del equipo de fumigación.
En una columna de la Revista Semana llamada “¿Por qué no se sabe cuánto cuesta la aspersión aérea?”, publicada en 2019, Rico lamentó que el gobierno no haya explicado la brecha entre la cifra del ministro Botero y la estimación que dio a conocer la funcionaria de la Presidencia.
Por su parte, Beatriz Ramos, investigadora del Centro de Estudios de Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes (Cesed), indica que la diferencia significativa entre las estimaciones puede explicarse porque no se tiene en cuenta la distinción entre fumigar una hectárea y erradicar una hectárea de cultivos de coca.
Según el estudio de los investigadores Sandra Rozo, Daniel Mejía y Pascual Restrepo, On the Effects of Enforcement on Illegal Markets: Evidence from a Quasi-experiment in Colombia de noviembre del 2015, para erradicar una hectárea de cultivo de coca es necesario fumigar 33 más todos los años. Además, dice el estudio, “es muy probable que los cultivos de coca se desplacen a otros lugares por las campañas de fumigación, lo que causa que la cifra de 33 hectáreas sea la estimación mínima”.
Por estos elementos que presentamos, calificamos como falsa la afirmación de Gustavo Petro quien dice que “una fumigación de una hectárea con glifosato vale más o menos 350 millones de pesos”, las cifra oficial más reciente del costo de fumigación de una hectárea es mucho menor y, además, no es posible determinar cuál es el costo de fumigación actualmente teniendo en cuenta que esta medida se suspendió hace más de siete años por orden de la Corte Constitucional.
“La mayor parte de la deforestación hoy, la generan las estructuras criminales para cultivos ilícitos”
Durante el debate de los precandidatos de la coalición Equipo por Colombia, realizado el 15 de febrero de 2022 por Hora 20 de Caracol Radio, el candidato presidencial Federico ‘Fico’ Gutiérrez, ante la pregunta de una ciudadana sobre ¿cuál es su estrategia para frenar la deforestación en la selva del Amazonas?, respondió: “la deforestación básicamente hoy la generan las estructuras criminales, aquí hay que proteger todas estas zonas. Quienes más han deforestado básicamente han sido las organizaciones criminales para todo lo que tiene que ver con siembra de droga y ahí tiene que intervenir el Estado”.
Ese mismo día, Gutiérrez publicó en su cuenta de Twitter: “La mayor parte de la deforestación hoy, la generan las estructuras criminales para cultivos ilícitos. Tenemos que proteger estas zonas. No se trata solo de detenerla, tenemos que empezar a implementar la reforestación”.
La mayor parte de la deforestación hoy, la generan las estructuras criminales para cultivos ilícitos. Tenemos que proteger estas zonas. No se trata solo de detenerla, tenemos que empezar a implementar la reforestación. 🇨🇴🇨🇴💪🏻#FicoPresidente @Hora20 @CaracolRadio
— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 16, 2022
En Colombiacheck decidimos verificar si es cierto que “la mayor parte de la deforestación hoy, la generan las estructuras criminales para cultivos ilícitos”. Intentamos conocer cuál era el sustento de la afirmación de Gutiérrez a través de su equipo de comunicaciones, pero al momento de la publicación de este chequeo no habíamos obtenido respuesta.
La deforestación es la tala intencionada de árboles en áreas boscosas. De acuerdo con los resultados del monitoreo de deforestación del año 2020 y el primer trimestre de 2021, realizado por el Ideam, la superficie de bosque en Colombia en 2020 era de 59,7 millones de hectáreas de bosque natural y el 66% está en la Amazonía.
Durante 2020 se talaron 171.685 hectáreas de bosque, lo que representa un incremento del 8% en comparación con 2019, año en el que Colombia perdió 158.894 hectáreas de bosque. El 70% de la deforestación se concentró en cinco departamentos (cuatro de ellos amazónicos): Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo y Antioquia.
Entre las principales causas de la deforestación, según el informe del Ideam, están la praderización (conversión de áreas de bosques por pastos) para acaparamiento de tierras, malas prácticas de ganadería extensiva, infraestructura de transporte no planificada, cultivos de uso ilícito, extracción ilícita de minerales, tala ilegal y la ampliación de la frontera agrícola en áreas no permitidas.
Sobre los cultivos ilícitos, el informe destaca que el censo de cultivos de coca del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) en 2020 fue de 143.000 hectáreas y que 12.939 hectáreas (el 7,45% de la deforestación total nacional) han sido deforestadas directamente debido a los cultivos de coca y que el 22,4% (38.449 hectáreas) se encuentra a menos de 1 km de los cultivos de coca.
En el artículo ‘5 razones por las que la deforestación en Colombia ha incrementado’, publicado por InSight Crime en julio de 2021, analizan las principales actividades que promueven la deforestación en Colombia y mencionan los cultivos ilícitos en tercer lugar. También destaca las cifras dadas sobre deforestación por el Ideam en 2020.
“Putumayo y Antioquia se cuentan entre los departamentos más afectados por la siembra de cultivos ilícitos en Colombia. En 2020, Antioquia registró un incremento de 27,5 por ciento de hectáreas afectadas por sembrados de coca en comparación con 2019, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD) . Entre tanto, Caquetá y Putumayo siguen enfrentando los cultivos ilícitos pese a las campañas de erradicación durante la cuarentena por la pandemia de COVID-19”, indica el artículo.
Por otra parte, la investigación ‘¿Los cultivos de coca causan deforestación en Colombia?', del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, realizada por Camilo Erasso y María Alejandra Vélez, señala que en Colombia no existe un único responsable de la deforestación y que “las causas o motores son heterogéneos y varían según el periodo y la región analizada”.
Entre las causas que menciona están los cultivos de uso ilícito, que de forma directa generan la tala de coberturas boscosas (generalmente bosques primarios) y quema indiscriminada de estos. Además, afectan las condiciones fisicoquímicas del suelo y contaminan los recursos hídricos debido a los abundantes insumos que estos requieren en zonas selváticas de suelos poco productivos.
“Los cultivos de coca también inciden indirectamente en la destrucción de los bosques al perforar la matriz boscosa y permitir la llegada de otras actividades productivas con mayor impacto directo. Por ejemplo, la construcción de vías y pistas clandestinas, y la aceleración de la transformación de bosque a agricultura y/o ganado con el fin de legitimar sus actividades y lavar activos”, dice la investigación.
Además, señala que en una investigación realizada a nivel municipal concluyen que “los cultivos de coca no fueron significativos al explicar la deforestación entre 1990 y 2005 a nivel nacional, pero sí lo fueron a un nivel regional para el Caribe y el Orinoco”.
Asimismo, dice que la cercanía a nuevas parcelas de coca y una mayor proporción de área sembrada con coca solo aumentaron la probabilidad de deforestación en el sur de Colombia entre 2002 y 2007. “Sin embargo, para el total de municipios y durante este mismo periodo, ni la erradicación ni el cultivo de coca predijeron las tasas de deforestación del país. Lo anterior muestra que el proceso de deforestación en Colombia no es homogéneo; depende de diferencias regionales y de las distintas etapas de desarrollo socioeconómico de estas”.
Por último, afirman que, “si bien la cercanía a las plantaciones de coca exhibió una relación positiva con la deforestación entre 2000 y 2010 a nivel grilla, su poder explicativo, al excluir esta y otra variable de conflicto armado, solo generó una pérdida del 3% en la capacidad predictiva del modelo completo (78% de precisión), lo que denota su poca relevancia”.
En conclusión, según la investigación, “parece que la expansión de la coca en sí misma es una señal de la frontera agrícola: la coca es un síntoma, no la causa última de la deforestación”.
También revisamos el informe ‘Bosque y coca: un camino para la acción’, un análisis del cultivo de coca como motor de deforestación en el contexto del Desarrollo Alternativo y REDD+, en las regiones Amazonía y Catatumbo (2005-2014), realizado por la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) y la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y Delito (UNODC).
Este estudio se realizó en Colombia en estas dos regiones Catatumbo y Amazonía por dos características: la presencia histórica de cultivos ilícitos de coca y las coberturas de bosque natural amenazado. Estas zonas, según el estudio, comprenden un área total de 21’442.425 hectáreas, correspondientes al 19% del área continental del territorio colombiano.
Dicho estudio concluye que entre 2005 y 2015, en las regiones de la Amazonía y Catatumbo, se deforestaron 19.769 hectáreas para el establecimiento de cultivos de coca; así mismo, la degradación fue de 30.567 hectáreas. Los resultados indicaron que para el establecimiento de este tipo de cultivos se afectó de forma directa 50.336 hectáreas de bosque y de forma indirecta (deforestación asociada al cultivo de coca) 327.193 hectáreas.
“Respecto a los datos registrados por el Ideam sobre deforestación nacional, la pérdida de bosque por el establecimiento de cultivos de coca representa el 3% de la deforestación total, entre tanto el 42% de la deforestación total estimada en las dos regiones obedece a la deforestación asociada a los cultivos de coca, relacionada con el establecimiento de actividades concomitantes de este cultivo”, dice el estudio.
También señala que identificaron dos tipologías de agentes de deforestación: directos e indirectos, los primeros correspondientes a cultivadores de coca de subsistencia y extensivos, los cuales se diferencian principalmente por el tamaño del lote sembrados y los segundos se clasificaron en inversionista ausentista del cultivo de coca y grupos al margen de la ley.
Igualmente, concluye que “la afectación del bosque por cultivos de coca tiene un ciclo estrechamente relacionado con el proceso de ruralización dado que la consolidación de características mínimas de desarrollo, comercialización de productos, construcción de infraestructura y conformación y titulación de fincas, motiva la venta masiva de tierras y el desplazamiento de los campesinos hacia los frentes de colonización donde la coca es generalmente el primer cultivo comercial que se establece para soportar económicamente el desarrollo de otras actividades. Este desplazamiento está direccionado hacia áreas de bosque dentro o cerca de la frontera de colonización; de esta forma, entre el 40% y el 60% de la afectación del bosque de las dos regiones analizadas, se ubicó en grillas de colonización, principalmente en áreas de ampliación del límite de intervención y puntas de colonización”.
Por todo lo anterior, en Colombiacheck calificamos como cuestionable lo dicho por el candidato Federico Gutiérrez sobre que la mayor parte de la deforestación hoy, la generan las estructuras criminales para cultivos ilícitos porque si bien los cultivos ilícitos son una de las causas de la deforestación en el país, no son la principal.
Además, de acuerdo con los estudios e investigaciones sobre este fenómeno se ha podido determinar que las causas de la deforestación no son homogéneas, sino que varían según la región y el periodo analizado.
