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Lunes, 22 Octubre 2018

¿Qué es una rectificación y cómo funciona?

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Dadas las recientes discusiones que se han generado entre personajes de la política nacional y que han llevado al uso de la rectificación, en Colombiacheck decidimos resolver algunas de las preguntas que giran en torno a este tema.

Hace ya varias semanas se abrió un debate público en torno a la rectificación, debido a unas afirmaciones que hizo el senador Gustavo Petro sobre el expresidente y también senador, Álvaro Uribe Vélez.

El 24 de agosto de este año, el senador Petro fue entrevistado por Vicky Dávila en su programa de la emisora La W. Allí, el excandidato presidencial dijo, entre otras cosas, que “Uribe debió haber estado preso hace tiempos por delitos de lesa humanidad”.

Unos días más tarde, el abogado Abelardo de la Espriella, representante de Uribe, interpuso una tutela de 45 páginas contra Petro al considerar que sus declaraciones fueron "calumniosas" y que con ellas se violó el derecho al buen nombre y a la honra de su representado.

Lo que buscaba la acción de tutela era hacer rectificar al senador Petro por todas sus afirmaciones. Un juez falló a favor de Uribe y Petro, el pasado 21 de septiembre, en una nueva entrevista con W Radio, dijo que "hay hechos, indicios fuertísimos, que indican que el presidente Uribe debe ser investigado por delitos de lesa humanidad ... Lo que me parece una inexactitud es decidir de antemano qué tipo de sanción o fallo debe tener la justicia. Es decir, la justicia debe ser independiente".

Estas declaraciones dejaron inconforme a Uribe, quien presentó un recurso legal para que se declarara que Petro estaba en desacato al no haber cumplido con rectificar a cabalidad. Pero el 11 de octubre otro juzgado le dio la razón a Petro, diciendo que ya había rectificado.

Todas estas decisiones generaron varios desacuerdos y confusiones desde varios lados del espectro político. Frente a esto, en Colombiacheck decidimos resolver algunas preguntas sobre la rectificación; ¿qué es?, ¿cómo se debe rectificar?, ¿quiénes deben hacerlo? y ¿quiénes pueden solicitar una rectificación?

Aquí están algunas de esas preguntas con sus respuestas. No obstante, al igual que en artículos anteriores (vea ¿Qué es el fracking? y ¿Qué son las Águilas Negras?), la idea es que a medida que vaya leyendo, nos deje las preguntas que le sigan surgiendo o ante las cuales no siente que haya tenido una respuesta clara.

¿Qué es la rectificación?

La rectificación es un derecho fundamental, garantizado por el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia.

“Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.

Consiste, básicamente, en corregir una información falsa, inexacta, equivocada o desactualizada para que sea más exacta.

¿Por qué hay que rectificar?

De acuerdo con el artículo ya citado de la Constitución, la información que se difunda debe ser veraz e imparcial. En ese sentido, una información que sea falsa, inexacta, equivocada o desactualizada debe ser corregida, de acuerdo con un informe publicado por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).

¿Cualquier persona puede pedir una rectificación?

Sí. Según Luisa Fernanda Isaza, coordinadora de defensa y atención de periodistas de la Flip, una de las garantías asociadas a la libertad de expresión es la libertad de las audiencias a recibir y acceder a información veraz.

En la práctica, cualquier persona que haya visto o escuchado información falsa, inexacta, equivocada o desactualizada en un medio de comunicación, y que considere que se viola su derecho a recibir información veraz, puede hacer una solicitud formal de rectificación, que no es más que una carta enviada a un medio en la que se le solicita que rectifique (más adelante explicaremos qué más debe contener).

Hay que tener en cuenta, que “la solicitud de rectificación, como herramienta legal, solo se les exige a los medios de comunicación”, según explica Carolina Escruceria, directora jurídica del diario El País de Cali.

¿Qué pasa si la afirmación inexacta es dicha por un personaje público, pero no a través de un medio de comunicación?

Lo que puede hacer una persona afectada por una información falsa (por ejemplo a través de una red social) es pedir al autor de la misma que se retracte de lo dicho. Y lo puede hacer a través de una acción de tutela (directamente y sin pedir solicitud de rectificación) ante la violación del derecho al buen nombre y a la honra, de acuerdo con Escruceria.

En el caso particular de lo ocurrido con Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro, la rectificación del segundo se hizo a través de acción de tutela, ya que por más de que la afirmación se haya hecho en un medio de comunicación, no la hizo un periodista.

Luego de enviada la acción de tutela, el juez que la recibió decidió que Petro debía rectificar lo que dijo.

¿Qué debe tener en cuenta quien envía una solicitud de rectificación?

La solicitud de rectificación debe ser dirigida directamente al periodista o al medio de comunicación que difundió la información que el afectado considere que es falsa, inexacta, equivocada o desactualizada.

Debe ser concreta y señalar específicamente qué frases son inexactas, de acuerdo con la sentencia T-260 de 2010 de la Corte Constitucional. Pues “es imposible hacer una rectificación sin saber en específico qué información transmitida no cumple con el requisito de veracidad o imparcialidad”, dice el informe de la Flip.

Además, la solicitud debe hacerse de manera oportuna, en el menor tiempo posible después de la publicación, según la sentencia T-681 de 2007 de la Corte Constitucional.

Si se trata de una información publicada en internet, en la sentencia T-725 de 2016, la Corte Constitucional sostuvo que, cuando los medios de comunicación mantienen publicada en Internet información desactualizada de manera indefinida, se violan los derechos al buen nombre y a la honra de las personas involucradas. Esto quiere decir que la facultad de hacer solicitudes de rectificación se mantiene mientras la información continúe disponible en internet, según el informe de la Flip.

Ahora bien, si las afirmaciones publicadas son en relación a hechos concretos, de acuerdo con la jurisprudencia (sentencia T-262 de 2007 de la Corte Constitucional), quien solicita la rectificación es quien tiene que presentar las pruebas para sustentar que la información es inexacta.

“Pero si la información publicada es indefinida, es decir, si el medio de comunicación hace una afirmación genérica que no tiene un hecho concreto y que no justifica la información, es el medio quien debe probar cómo llegó a esas afirmaciones”, explica Isaza.

Esto no significa, sin embargo, que el medio de comunicación tenga que revelar sus fuentes (la reserva de la fuente es una garantía constitucional inviolable). “Lo que el medio debe hacer es señalar en su respuesta cuáles son los hechos concretos que motivan las afirmaciones indefinidas”, dice el informe de la Flip.

Ahora bien, de acuerdo con Isaza, la solicitud de rectificación es un requisito de procedibilidad cuando la información está publicada en medios de comunicación (decreto 2592 de 1991). Lo que quiere decir que se debe pedir obligatoriamente la solicitud de rectificación antes de recurrir a cualquier otro mecanismo legal.

Pero cuando se trata de información publicada por personas que no son medios de comunicación, no es necesario enviar una solicitud de rectificación previa a una acción de tutela, como ya explicamos.

¿Qué pasa si no se rectifica?

Si después de que una persona envía a un medio de comunicación una solicitud de rectificación este no rectifica, lo que puede hace el solicitante es poner una acción de tutela.

Luego de que se pone la tutela contra el medio de comunicación, o contra el personaje que dio la información inexacta, el juez decide si el medio o la persona debe rectificar, cómo hacerlo y bajo qué condiciones.

Y si definitivamente no se hace la rectificación luego de la acción de tutela, entonces el juez puede imponer medidas de “persuasión” a través de multas o arrestos. “O puede iniciar una investigación por fraude a resolución judicial”, según explica Isaza.

¿Quién decide si se debe rectificar?

En el caso de solicitudes de rectificación que lleguen a los medios, cada medio de comunicación decide qué disposición tomar frente a la solicitud.

Si surge por una tutela, bien sea porque el medio se negó a rectificar a través de la solicitud, o porque la tutela la recibe un particular (como en el caso de Petro), es el juez que falla la tutela el que decide si debe haber rectificación.

¿Cómo se hace una rectificación?

Lo que dice el informe de la Flip es que la Corte Constitucional ha establecido algunos parámetros que deben cumplirse a la hora de hacer una rectificación.

1. La rectificación debe hacerse por el mismo medio y el mismo periodista.

2. La rectificación debe tener un despliegue e importancia similar al de la publicación original.

Por ejemplo, si la nota salió en radio en un horario prime time, la rectificación deberá hacerse en el mismo horario (esto fue lo que ocurrió con el caso de Petro y Uribe). Si la nota fue portada de un periódico, la rectificación también deberá serlo en primera plana, aunque no necesariamente ocupando toda la portada. Lo importante es que la rectificación tenga el mismo impacto que tuvo la información original.

3. La rectificación debe hacerse en un término razonable a partir de la solicitud.

4. El medio o periodista debe reconocer expresamente que se equivocó.

Y según Escruceria, se debe hacer sin ningún calificativo. Por ejemplo, poner en la rectificación que se está haciendo “porque me toca” o “porque un juez me lo ordenó” no se puede hacer.

¿Las opiniones también se rectifican?

No. La Corte Constitucional en la sentencia T-213 de 2004 ha dicho que la opinión no se rectifica. “No importa qué tan ácida o harta pueda resultar, la opinión es un concepto subjetivo que no se puede rectificar porque es un sentimiento del que opina”, explica Escruceria.

“Lo que sí se puede rectificar son los hechos verificables que sustentan una opinión”, dice la coordinadora de la Flip.

 

Martes, 16 Abril 2019

Explicador: Cuántos son los casos de ‘falsos positivos’

Por José Felipe Sarmiento

No hay una cifra unánime. La cantidad de víctimas depende de la fuente a la que se le pregunte. Además, se ha confundido con la de ejecuciones extrajudiciales. Le contamos las diferencias.

Ya pasaron casi 11 años desde que estalló el escándalo de los llamados “falsos positivos” en Soacha, Cundinamarca, en el que jóvenes desaparecidos en ese municipio fueron asesinados y presentados por el Ejército como guerrilleros muertos en combate en Ocaña, Norte de Santander. Ahora, se sabe que los ‘falsos positivos’ fueron un fenómeno mucho mayor, que abarcó diferentes regiones del país. Sin embargo, todavía no existe una cifra unánime sobre el número de casos y de víctimas.

Para la muestra basta revisar el auto con el que la Justicia Especial para la Paz (JEP) abrió el caso 003 en julio de 2018. La Sala de Reconocimiento de la jurisdicción transicional citó datos del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), que registró 1.741 víctimas de 1984 a 2011; de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), una agrupación de organizaciones sociales, que contó 1.257 de 2002 a 2014; así como datos de la Fiscalía, que dio cuenta de 2.248 muertes entre 1988 y 2014.

¿Qué son ejecuciones extrajudiciales?

Las ejecuciones extrajudiciales son “todos los actos y omisiones representativos de Estado que constituyan una violación al reconocimiento general del derecho a la vida encarnado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos” y otros tratados internacionales. Son ilegales por definición, de modo que no incluyen las sentencias a muerte dictadas por juicios justos. Esto se desprende del mandato del relator especial de la ONU para este tema, establecido por primera vez en 1982.

Es decir que el asesinato de civiles para hacer pasar a las víctimas como bajas en combate es apenas una forma muy específica de ejecución extrajudicial. El término también cubre, por ejemplo, los homicidios selectivos de líderes sociales y políticos o las muertes provocadas por exceso de fuerza en protestas. De hecho, el Estado no siempre es el perpetrador. Un informe del relator especial de la ONU para este asunto, Brace Waly Ndiaye, en 1995, por ejemplo, les adjudicó a las guerrillas y sus milicias urbanas la autoría del 30 por ciento de esas ejecuciones.

Este tipo de ejecuciones en Colombia empezaron a preocupar a la comunidad internacional desde la década de 1990. En 1992, Ndiaye dijo que un “gran número de muertes fueron causadas por el empleo excesivo y arbitrario de la fuerza por agentes estatales”. Entre los casos a los que se refería había masacres de poblaciones y asesinatos de líderes políticos o sociales que el Ejército consideraba colaboradores de la guerrilla.

En 1993, el mismo relator le pidió explicaciones al gobierno de César Gaviria por varias decenas de casos. Al año siguiente visitó el país y en el informe al respecto, que presentó en 1995, denunció que en Arauca se estaba presentando la estrategia de encubrimiento que mucho más tarde pasaría a ser conocida como los ‘falsos positivos’. Estos casos “llamaron la atención” de la alta comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Louis Arbour, en 2005 y para 2006 ya eran considerados una modalidad mayoritaria.

¿De dónde salió el término ‘falsos positivos’?

El término ‘falsos positivos’ surgió apenas en 2006. Era utilizado para referirse a los montajes de atentados por parte de agentes del Estado para culpar de su planeación a grupos armados ilegales y cobrar los réditos de su desactivación, sobre todo en los días previos a la segunda posesión presidencial de Álvaro Uribe. El fiscal general de ese entonces, Mario Iguarán, también utilizaba la expresión en se sentido.

En medio del debate por ese escándalo, el senador Gustavo Petro, en ese entonces integrante del Polo Democrático, denunció que los puntajes de evaluación de resultados por ‘positivos’ en el Ejército se estaban traduciendo en muertes de inocentes y no solo en montajes de atentados. “Falsos positivos del ejército dejan varios muertos”, fue el titular de Caracol Radio. Es la relación más antigua que Colombiacheck encontró entre esos asesinatos y la expresión tan conocida hoy en día.

Este significado definitivo solo tomó fuerza dos años más tarde. El caso de Soacha fue el que partió la historia. “¿Falsos positivos mortales?”, se preguntaba la revista Semana en septiembre de 2008. También a partir de entonces empezó la confusión de los términos.

El reportaje contaba “750 investigaciones por ejecuciones extrajudiciales”. Desde el año anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había reportado 726 y Acnudh había dicho que “en la mayoría de estos casos, repitiendo el patrón de años anteriores, las víctimas de los homicidios fueron presentadas como integrantes de grupos guerrilleros o de otros grupos armados ilegales abatidos en combate”.

La CCEEU reconoce en uno de sus informes sobre el tema que, “a pesar del origen periodístico de esta noción [la de ‘falsos positivos’], la cual fue inicialmente rechazada como imprecisa por organizaciones de derechos humanos y de víctimas, ha entrado con fuerza en el lenguaje de organismos internacionales, especialmente en los informes preliminares de la Fiscalía de Corte Penal Internacional que la incluye como unas de las categorías de los crímenes objeto de su observación en el caso colombiano”.

La CPI, Acnudh, la CIDH y los relatores especiales la ONU Philip Alston (que visitó el país en 2009) y Christof Heyns han reportado múltiples cifras desde entonces. En la mayoría de los casos se han basado en los datos de la Fiscalía, aunque también han citado a la Coordinación y al Cinep, entre otras fuentes menos frecuentes.

¿Cuántos son, según la Fiscalía?

El informe que la Fiscalía le entregó a la JEP se refiere a “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. Según el título (pues el contenido es reservado), esa es la definición de ‘falso positivo’ en la que se basó la entidad para elaborar el documento en el que contó 2.248 víctimas.

Pero en años anteriores la Fiscalía ha reportado cifras muy distintas, que han sido citadas y utilizadas sobre todo por organismos internacionales, incluso para hacer sus propios cálculos. Además, la citada publicación de la CCEEU ya había identificado al menos dos definiciones diferentes del concepto por parte de la Fiscalía en 2016. De hecho, los términos usados en cada informe también varían.

Acnudh calculó 3.000 víctimas en 2011 con base en el número de investigaciones que llevaba el ente acusador y los procesos activos, teniendo en cuenta que un “número incierto” permanecía en la Justicia Penal Militar (JPM). Cuatro años después planteó un estimado de 5.000 a partir de “cifras no exhaustivas” de su Unidad de Derechos Humanos. Pero en su informe de este año se quedó con el dato que esta le dio a la justicia transicional.

También partiendo de la Fiscalía, la CIDH habló en 2009 de 1.155 posibles víctimas; en 2010, de 2.103 “personas protegidas” presuntamente asesinadas por la Fuerza Pública; en 2016, de 4.475 “ejecuciones extrajudiciales” (las organizaciones sociales decían que eran 5.993) y en 2017 retrocedió a “3.185 víctimas únicas y 645 víctimas clasificadas como personas no identificadas” de “falsos positivos”, datos tomados del balance final de Eduardo Montealegre como fiscal general.

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), en su informe preliminar de evaluación sobre Colombia en 2012, también retomó datos de la entidad que hablaban de 2.896 posibles víctimas en los casos que entonces estaban bajo investigación; en 2015, de más de 3.000 casos y en 2016, de 4.190 víctimas. La ONG Human Rights Watch (HRW), entre tanto, había citado la cifra de 3.700 casos en 2014, algunos con más de una víctima.

Ante la diversidad de números con el mismo origen, Colombiacheck le consultó a la Fiscalía las razones de la variación, en especial con relación al informe entregado a la JEP. La respuesta de la Unidad de Derechos Humanos de la entidad, según su jefe de prensa, Luis Antonio Páez, fue que los datos de este último trabajo “no son comparables” con los de años anteriores. “Una cosa es la administración pasada y otra es este documento que se hizo ahora, que ya tiene una información muchísimo más detallada”, explicó.

¿Cuántos son, según las organizaciones sociales?

La CCEEU también comparó las diversas definiciones que el Cinep, Alston, la CIDH, Acnudh y la CPI habían hecho de esa modalidad de crimen hasta 2016 y aclaró su diferencia con la categoría general de las ejecuciones extrajudiciales. El resultado fue su propia descripción de ‘falsos positivos’:

“Homicidios intencionales e ilegítimos llevados a cabo por agentes estatales, presentados y registrados por la fuerza pública como resultados positivos en el marco de operativos militares y operaciones policiales de control del orden público, haciendo pasar a dichas personas como si hubieran muerto en combate o enfrentamientos con la fuerza pública, o en otros casos como si fueran miembros de organizaciones ilegales. Bajo este concepto también podrían ser considerados los casos de personas muertas fuera de combate, asesinados en estado de indefensión o rematados luego de haber sido heridos, y que por esa circunstancia, eran ya personas protegidas por la normatividad humanitaria, pero que fueron presentados falsamente como si hubieran muerto en combate, legalizando su muerte como un resultado exitoso de las operaciones militares”.

Pero mientras la JEP afirmó, al abrir el caso, que en la base de datos que le suministró la CCEEU aparecen 1.257 víctimas, el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de esta organización, Alberto Yepes, señaló que “pudo haber un error de digitación” porque “nosotros no dimos esa cifra”. Por el contrario, insistió en que van cerca de 6.600 víctimas como mínimo.

En cuanto al Cinep, en su banco de datos están registradas al menos 1.741 víctimas de ‘falsos positivos’ desde los ochenta hasta 2011, según el auto de la JEP. Ese año, su revista Noche y Niebla publicó el especial ‘Deuda con la humanidad 2’, dedicado a este tipo de casos. Este contiene una cronología con los 951 que había contabilizado hasta entonces, algunos con más de una víctima.

Su coordinador, el padre Javier Giraldo, los definía como “una modalidad específica del crimen de ejecución extrajudicial, en la cual se utiliza un mecanismo ficticio para obviar la antijuridicidad del acto, recurriendo a la única circunstancia en que la eliminación de vidas humanas puede evadir su condición de acto punible: cuando se mata en medio de un combate o enfrentamiento armado, enfrentando a otro actor armado que está atentando simultánea y positivamente contra la propia vida; en otros términos, cuando se mata ‘en legítima defensa’”.

No obstante, la CCEEU advierte en su análisis de definiciones que el Cinep “incluye también casos no directamente relacionados con el conflicto armado, aunque aquí el elemento determinante es que hubieran sido falsamente presentados y ‘legalizados’ como muertos en enfrentamientos con agentes estatales”. Pone como ejemplos los homicidios de Cristian Cabrera y Sócrates Osorio, asesinados por la Policía en 2015 y acusados respectivamente de ser un ladrón y un traficante de drogas que habían disparado contra los agentes.

¿Pueden ser 10.000?

Como ya se vio, incluso las estimaciones más pesimistas luego del escándalo a duras penas llegaron a las 5.000 víctimas. Pero Yepes afirma que sí podrían ser 10.000, porque en las cuentas de la CCEEU “faltan los N.N. y casos que nunca fueron investigados por la justicia ordinaria, que están en la Justicia Penal Militar”.

La cifra llegó a los titulares de medios como la emisora Blu Radio y el portal Pulzo en 2018, luego de que el diario británico The Guardian la sacó del libro ‘Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010’, escrito por el coronel (R) de la Policía y sociólogo Ómar Rojas con el historiador Fabián Benavides. La obra les atribuye el dato a “proyecciones de expertos y victimarios” al tiempo que cita otras cuentas mucho más bajas de la misma CCEEU (5.763) y la Fiscalía (4.475).

El supuesto papel encubridor de la JPM que justifica el escandaloso cálculo ha sido negado por el Estado. Por ejemplo, ante la CIDH en 2015, el Gobierno desestimó las denuncias de organizaciones sociales que demandaron la ampliación del fuero penal militar porque permitió el paso a esa jurisdicción de expedientes contra la Fuerza Pública por homicidio. El entonces embajador ante la OEA, Andrés González, sostuvo que entre ellos no había casos de ‘falsos positivos’.

¿Ya dejaron de ocurrir?

Aunque son menos, la CCEEU y el Cinep siguen denunciando la ocurrencia de nuevos casos de ‘falsos positivos’. La comunidad internacional dice que las ejecuciones extrajudiciales todavía son un problema en Colombia, pero con nuevas modalidades. En todo caso la continuidad del fenómeno es otro tema de debate entre las fuentes.

A finales de marzo pasado, La Liga contra el Silencio publicó un reportaje sobre un posible caso ocurrido apenas tres semanas antes en el sur de Bolívar. Murió un joven de 18 años. Según la comunidad, fue por disparos del Ejército contra las personas que estaban en una cancha de fútbol y al fallecido lo habían acusado luego de ser guerrillero. Las Fuerzas Militares dijeron que los civiles habían quedado en medio del fuego cruzado en un enfrentamiento contra el ELN y que la víctima mortal, José Sánchez, nunca fue presentada como baja del grupo armado ilegal.

El informe más reciente de Acnudh sostiene que hubo 11 posibles casos de ejecuciones extrajudiciales en 2018 (seis fueron a manos de la Policía y cinco, del Ejército); también, que estas prácticas se han reportado ya por tres años consecutivos en Arauca y Norte de Santander. El Gobierno respondió con una carta, revelada por el noticiero CM&, en la que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, le asegura a la alta comisionada Michelle Bachelet que “cuatro de los cinco hechos ocurrieron durante combates y los muertos portaban fusiles y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares”.

En años anteriores, esa oficina de la ONU había dicho que los atentados contra la vida de civiles por parte de la Fuerza Pública persistían como problema en general. Sin embargo, aseguraba que no había recibido nuevas denuncias con las características de los ‘falsos positivos’ sino que habían surgido nuevas modalidades (ver línea de tiempo).

La CCEEU y el Cinep, en cambio, han denunciado la continuidad del fenómeno. La primera lo hizo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2016, cuando reportó que en 2015 había habido 65 ejecuciones extrajudiciales, incluyendo 16 ‘falsos positivos’.

El Cinep, en el banco de datos de su revista Noche y Niebla, ha registrado 64 casos posteriores a su cronología de 2011, que han dejado 173 víctimas. En el más reciente murieron Silvia Juvenal y Jefferson Monroy, el 27 de mayo de 2018 en La Montañita, Caquetá. Es el ‘falso positivo’ número 848 desde 2001 y van al menos 1.044 desde 1984 en los anales de esta organización.

¿Qué se espera de la JEP en este caso?

La competencia de la JEP es sobre los casos ocurridos antes de la firma del Acuerdo del Teatro Colón. Cualquier posible ‘falso positivo’ después de noviembre de 2016, como los que denuncian el Cinep y la CCEEU, está fuera de su alcance. Pero si en algo están de acuerdo todas las fuentes es en que el periodo más crítico fue el gobierno Uribe, en especial entre 2004 y 2008, y así lo expresó también la Sala de Reconocimiento al abrir el proceso.

La jurisdicción ya ha acreditado a más de 30 víctimas para intervenir en él. Además, hasta finales de febrero, 55 militares ya habían comparecido ante la JEP por los hechos del caso 003. Entre ellos el general (R) Mario Montoya, comandante del Ejército durante los años con mayor cantidad de ‘falsos positivos’ y señalado por el director de HRW, José Miguel Vivanco, de tener “una carrera militar marcada” por esa práctica desde que estuvo al frente de la Cuarta Brigada y la Primera División.

La representante legal de las Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo), Jacqueline Castillo, tiene dudas sobre la intención de los comparecientes de contribuir a la verdad. Sin embargo, asegura que “con uno solo que hable, todos empiezan a caer”.

El investigador Gabriel Ignacio Gómez, docente de la Universidad de Antioquia y doctor en Estudios de Justicia, coincide con ella en la importancia de la colaboración. “El hecho de que haya confusión en las cifras es un síntoma de lo delicado que es el problema. La dificultad de estos casos es de orden probatorio, es decir, la documentación y el soporte. Las declaraciones de los agentes de la Fuerza Pública serían muy valiosas para el esclarecimiento de la verdad”, concluye.

Según la vocera de Mafapo, “si las cosas se dieran a través de la JEP, las cifras podrían aumentar muchísimo más”. ¿Cuánto? “Más de los 10.000 casos”, pronostica con base en la cantidad de cuerpos que las integrantes de la organización han visto como N.N. en las fosas de donde han podido recuperar los restos de sus hijos, asesinados por el Estado para presentarlos como bajas legítimas. Por ahora, hay que esperar.