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Martes, 19 Junio 2018

Duque, limitado para hacer “correcciones” al acuerdo de paz

Por Ana María Saavedra

Meter presos a los líderes de las Farc o quitarles la conexidad del narcotráfico con el delito político fueron algunos de los cambios que prometió el presidente electo. Sin embargo, fue más retórica que realidad porque ya hay beneficios que no se pueden echar atrás. Análisis.

El margen de maniobra que tendrá el presidente electo, Iván Duque, para modificar al acuerdo con las Farc es menor de lo que ha dicho. Su discurso de campaña inició con la promesa de recluir a los exjefes guerrilleros en “colonias agrícolas” e impedir las amnistías por narcotráfico como delito conexo a los políticos, pero en sus últimas intervenciones dio muestras de entender sus limitaciones.

El pasado domingo, en su primer discurso como presidente electo, Iván Duque dijo que no iba a hacer “trizas los acuerdos” de paz con las Farc, pero insistió en que necesitan “correcciones”.

También negó haber cambiado de posiciones “para congraciarse con el aplauso momentáneo”, pero él mismo, recién pasó a la segunda vuelta, empezó a admitir que sus posibilidades de cumplir esa promesa son menos amplias de lo que parecen.

 

Dos semanas antes de las elecciones de segunda vuelta, en una entrevista que le dio a Yamid Amat para el diario El Tiempo, Duque dijo que “la Corte Constitucional abrió una posibilidad el año pasado, en una sentencia en la que dijo que las autoridades competentes pueden hacer modificaciones”. Pero más adelante reconoció que al menos una de sus banderas, la eliminación del narcotráfico como delito conexo a los fines políticos de la guerrilla, ya no se le podría aplicar a los desmovilizados de las Farc.

Es que, desde que el exministro Fernando Londoño pidió “hacer trizas ese maldito papel” en referencia al Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, el partido Centro Democrático quedó relacionado con esa frase y una de las propuestas centrales de su candidato presidencial fue la de hacerle cambios en temas neurálgicos como la justicia transicional o la participación en política.

 

El exministro Carlos Holmes Trujillo, que pertenece al CD y trabajó en la campaña de Duque, le dijo a Colombiacheck.com que el objetivo del nuevo gobierno será darle “sostenibilidad” a lo pactado con mejoras que llenen “vacíos o inconsistencias” que le generen riesgos a los mismos acuerdos y podrían “hacer aguas” con ellos.

Por ejemplo, el exministro señaló que es necesario ponerle fin a los debates sobre el papel de la Justicia Especial para la Paz (JEP) en casos como la revisión de la extradición del exjefe guerrillero ‘Jesús Santrich’.

Justo el 12 de junio la jurisdicción transicional congeló los términos de ese proceso mientras la Corte Constitucional define el conflicto de competencias que, según la Fiscalía, tiene el nuevo sistema con la Corte Suprema.

Trujillo, que fue constituyente, aclaró los “ajustes” que propone Duque se harían por medios institucionales y partirían de un acuerdo nacional que incluya a todos los sectores políticos y sociales. Enfatizó en que “las cosas se deshacen como se hacen”, un principio fundamental del derecho. Por tanto, tendrían que pasar sus reformas por el Congreso tal como lo han hecho las iniciativas que ya están en pie, como la creación de la JEP.

El jefe del departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad ICESI, Mario Cajas, advirtió que esa ruta no es tan sencilla, incluso si el nuevo gobierno consigue las mayorías necesarias en el Congreso porque, en ese caso, “gran parte del debate se daría en la Corte Constitucional”. Las leyes y reformas que pase Duque no podrían ir en contra de las ya vigentes, incluido el “blindaje” que obliga a los tres próximos gobiernos a respetarlo “de buena fe”.

Entre tanto, el próximo mandatario ya había pedido congelar el trámite en el Congreso del proyecto de ley que pretende reglamentar los procedimientos en esa justicia, es decir, justamente llenar parte de los vacíos existentes. En efecto el Senado aprobó una proposición del CD para aplazar el trámite hasta la próxima legislatura, que empieza el 20 de julio, aunque en las próximas horas podría reconsiderar esa decisión.

Entre tanto, la Cámara votará mañana una versión del proyecto con cambios y el presidente Juan Manuel Santos anunció que convocará a sesiones extras para la aprobación de la iniciativa.

Por su parte la presidenta de la JEP, Patricia Linares, declaró su “preocupación” por la tardanza que le impide a la jurisdicción trabajar a plena marcha por falta de procedimientos claros.

El argumento del uribismo es que la Corte Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre el estatuto de la jurisdicción especial aprobado en noviembre pasado, lo que generaría un “vicio” en la nueva norma. Esa norma incluye, por ejemplo, el régimen de inhabilidades para los magistrados de la JEP que, de ser avalado por el tribunal, implicaría reconfigurar su composición.

Durante la campaña, Duque insistió sobre todo en la promesa de endurecer las penas, para que haya reclusión por lo menos en colonias agrícolas para los máximos responsables de crímenes atroces en la guerrilla, como lo había propuesto en 2016 como vocero del ‘No’ a los acuerdos tras su victoria en el plebiscito que buscaba refrendarlos. Este fue uno de los cambios que se quedó por fuera de la versión final firmada en el teatro Colón de Bogotá.

También enfatizó en evitar que el narcotráfico pueda ser considerado conexo a los delitos políticos y, por tanto, amnistiable.

Aun así, en la entrevista con Amat reconoció que su modificación “no sería retroactiva”. Esto quiere decir que el tráfico de drogas sí seguirá cobijado por las amnistías para los exguerrilleros de las Farc y una eventual reforma constitucional de Duque solo aplicaría a futuros procesos, por ejemplo, con el Eln. Esto se debe a que la Constitución garantiza que la justicia aplique siempre la norma más favorable al procesado.

El exmagistrado Augusto Ibáñez recordó también que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado a favor de la conexidad del narcotráfico cuando este se usa para financiar delitos políticos, pero en contra cuando constituye una “empresa criminal”, es decir, cuando se comete con el único fin de enriquecerse. Así quedó claro, por ejemplo, cuando excluyó al narco ‘Gordolindo’ de la Ley de Justicia y Paz creada para la desmovilización de las Auc.

En la Constitucional también existe jurisprudencia que impide la conexidad de los delitos comunes, como el narcotráfico, con los políticos cuando los primeros se cometen para beneficio personal (entre otras limitaciones). Pero admite que se podría presentar legislación que cree exclusiones más claras, como las que ya hay para que los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra por su gravedad.

Sin embargo, estas ya no les afectarían a las Farc por el mencionado principio de mayor beneficio. Y lo mismo pasaría si Duque cambia las penas alternativas por otras más restrictivas de la libertad.

Aunque Ibáñez reconoce que, con independencia del debate sobre si las primeras generan o no impunidad, el punto es que ya son derechos adquiridos para los desmovilizados que se les deben respetar en el proceso judicial.

Además, como mencionó Cajas, la Corte Constitucional sí avaló que los tres próximos gobiernos deberán cumplir “de buena fe” lo pactado, aunque Duque tenga razón en que les dio un margen de interpretación sobre cómo hacerlo. Así, más que revertir lo que ya está aprobado, el próximo presidente puede acomodar los puntos pendientes por definir, como la reforma rural, las curules de la paz o las reglas de la JEP.

El problema es que son desconocidos los detalles sobre las condiciones del tribunal para esas libertades que tendría Duque frente al Acuerdo, porque la sentencia C-630 de 2017 sobre el acto legislativo que creaba ese supuesto “blindaje” todavía no ha sido publicada; solo se conoce el comunicado de la decisión.

Ibáñez coincide con Carlos Holmes en que es posible deshacer esa misma norma a través de una nueva reforma en el Congreso.

Pero Cajas aclara que el hecho de requerir una nueva iniciativa para ‘tumbar’ lo que ya respaldó la Corte demuestra que la interpretación del presidente electo sobre sus posibilidades para hacer cambios sí tiene límites y que el tribunal estaría vigilante de que se cumplan.

Aunque, la puerta a las modificaciones quedó entreabierta con la sentencia (todavía desconocida en detalle) a la que se refiere Duque, con un espacio que le podría permitir algunas intervenciones, pero insuficiente para cumplir sus más reiteradas promesas.

Lunes, 02 Abril 2018

Duque le hereda a Uribe su pelea con las cortes

Por José Felipe Sarmiento Abella

La polémica propuesta de acabar con las cuatro cortes para crear una sola es una vieja batalla que tiene el uribismo con la justicia colombiana.

El candidato presidencial por el Centro Democrático, Iván Duque, tomó partido y apoyó la propuesta del máximo jefe de esa colectividad, el expresidente y senador Álvaro Uribe, de fusionar las cuatro altas cortes que existen en Colombia (Suprema, Constitucional, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura) y crear una sola con salas especializadas.

Esta iniciativa, que implicaría una reforma constitucional, no aparece en el programa del aspirante del CD. Sin embargo, encendió el debate tanto en círculos políticos como en medios de comunicación, ya que un grueso número de exfuncionarios del gobierno de Uribe (2002-2010) y personas cercanas al uribismo han sido procesadas y condenadas por la Corte Suprema, por una variedad de delitos que van desde corrupción hasta parapolítica y homicidio, lo que ha sido calificado por ese partido como una persecución política.

El mismo Uribe tiene investigaciones pendientes en la Corte Suprema. La más reciente, abierta por supuestamente haber manipulado testigos en un proceso de pérdida de investidura contra el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático. Además, está el expediente por su presunta responsabilidad en dos masacres ocurridas en Ituango (Antioquia) cuando era gobernador.

También hay una investigación estancada en la Comisión de Acusaciones por las interceptaciones ilegales realizadas en su gobierno contra periodistas, políticos de oposición y la misma Corte Suprema, conocidas como las “chuzadas”. Por este escándalo fueron condenados en este tribunal dos de sus directores del DAS, María del Pilar Hurtado y Jorge Noguera (quien también fue encontrado culpable de homicidio y paramilitarismo) y su secretario general Bernardo Moreno.

En esa misma corte se dieron otras condenas, por ejemplo, contra su primo Mario Uribe, exsenador parapolítico; su ministro Andrés Felipe Arias, por desviar subsidios del programa Agro Ingreso Seguro; Sabas Pretelt y Diego Palacio, también exministros, y su secretario Alberto Velásquez, por ofrecer dádivas a congresistas para conseguir la aprobación de la reelección presidencial por primera vez (la ‘yidispolítica’). La Constitucional, por su parte, ‘tumbó’ el referendo que le hubiera permitido postularse a un tercer mandato consecutivo.

 

 

 

 

 

Lo que dijo Uribe

A sabiendas de estos antecedentes, Uribe sugirió hace seis meses, en declaraciones a los medios que luego publicó en Twitter, la creación de “una sola corte de magistrados visibles, bien conocidos, (…) con una gran trayectoria”.

 

 

Chequeamos y la propuesta no está entre las que expone el candidato uribista en su página de internet. Lo más cercano que dice el folleto es la unificación de “lineamientos y criterios para la jurisprudencia de las Altas Cortes” -no de las instituciones en sí- para simplificar procesos, generar seguridad jurídica y aumentar la confianza en el sistema judicial.

Según su equipo de campaña, lo que pasa es que ese programa fue elaborado hace más de un año. “No hay un documento completo con sus propuestas actualizadas. Se está construyendo”, explicó su jefe de prensa, Jorge Quintero.

Lo único que hay al respecto en el portal, previo al debate en Estados Unidos, es una columna del congresista en el diario Portafolio del 14 de septiembre de 2017, dos semanas después del tuit de Uribe. Allí concluyó que “una reforma seria a la justicia requiere (…) que avancemos hacia una corte única, con distintas salas y un menor número de magistrados, concentrados en definir los precedentes y los lineamientos de interpretación e implementación”.

En el video del trino, el expresidente defendía su iniciativa asegurando que tuvo “dificultades con un sector de la Corte” y que fue él quien presentó denuncias por corrupción “cuando estaba en el Gobierno y esas denuncias son parte de la causa de que haya compañeros en la cárcel”. Esto, en referencia a la cercanía de algunos magistrados con el empresario italiano Giorgio Sale, acusado entonces de tener vínculos con las Auc y la mafia de su país.

 

 

 

 

 

¿Cómo se les ocurre?

La fusión de las Cortes planteada por el Centro Democrático, generó múltiples rechazos por parte de otros candidatos, como el del partido Liberal, Humberto de la Calle, quien tildó de retroceso la iniciativa y un golpe a los derechos de la gente. El candidato dijo que de prosperar esta reforma se pondría bajo amenaza la acción de tutela, uno de los principales logros de la constitución de 1991.

 

 

 

 

A pesar de la avalancha de críticas, Duque defendió la propuesta de unificación de las Cortes, señalando que esta ya había sido propuesta por una comisión de expertos que precisamente fue conformada en 2009 por el entonces presidente Álvaro Uribe.

“No se trata de imponer el criterio de un presidente, sino de abrir un debate. Hay que recordar una cosa: primero, esa es una propuesta que viene desde la Comisión Bonivento; la Corporación Excelencia en la Justicia ha hablado muchas veces de ella y muchos países de América Latina tienen corte única, es más, muchos países del mundo también la tienen”, dijo.

Al revisar el informe final de la Comisión de Expertos de Reforma a la Justicia, que encabezó el exmagistrado José Alejandro Bonivento con otros reconocidos juristas, además de Excelencia en la Justicia, en ninguna parte del documento se recomendaba unificar los tribunales. Por el contrario, lo que planteaba era que las Cortes debían trabajar de forma complementaria para que sus posiciones fueran más uniformes y evitar los “choques de trenes”.

La Comisión sugirió una estructura en la que se mantuvieran tres de las cuatro altas cortes: la Suprema, la Constitucional y el Consejo de Estado. Pero proponía reemplazar el Superior de la Judicatura por un órgano de gobierno unificado de la rama (lo que se intentó hacer con la fallida Reforma de Equilibrio de Poderes del gobierno Santos, que se cayó casi toda en el examen de constitucionalidad).

La Corporación Excelencia en la Justicia, en su cuenta de Twitter, le ha quitado piso a algunas de las críticas y ha reconocido virtudes de la propuesta. Pero también advirtió que un cambio de este tipo requeriría la convocatoria de una asamblea constituyente y señaló que, por la necesidad de crear salas especializadas por temas, no reduciría el número de magistrados ni su burocracia.

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el modelo?

Transformar el sistema de justicia colombiano a una corte única tiene sus precedentes y dificultades. En una columna publicada en Ámbito Jurídico en 2017, la hoy decana de Derecho de la Universidad de los Andes, Catalina Botero Marino, explicaba los inconvenientes de pasar a un modelo de ese tipo.

La abogada constitucionalista sostenía que había dos sistemas extranjeros de corte única: el estadounidense, que es un tribunal con pocos magistrados, y el venezolano, que cuenta con salas especializadas y es el más parecido a la propuesta que lanzó el candidato del CD.

El estadounidense, según explicaba Botero, está basado en una justicia federal en la que cada estado cuenta con su propio sistema judicial, en el que se resuelven la mayor parte de los casos. Ese es el caso, explicó en otro trino la semana pasada, de la mayoría de países del mundo con corte única.

 

 

En cuanto a los países vecinos, la investigadora Carolina Villadiego Burbano, directora del área de sistema judicial del tanque de pensamiento DeJusticia, en el libro de 2016 ‘La reforma a la justicia en América Latina’, explicó que “las reformas al gobierno judicial en la región usualmente implicaron la adopción de consejos de la judicatura/magistratura encargados de distintas funciones”.

De modo que, aunque no siempre se consideren cortes, en muchos países sí existen entidades como el Consejo Superior o la todavía naciente Comisión de Disciplina de Colombia.

También señala que “las reformas encaminadas a generar un tribunal (constitucional) independiente y diferenciado de los demás sectores judiciales han sido distintas en la región” por el número de magistrados y las funciones que ejercen. Entre 16 países, siete tienen una corte especializada en esta jurisdicción como acá; nueve, no. Pero de estos últimos, cuatro son federados como Estados Unidos: Argentina, Brasil, México y Venezuela.

Así, la propuesta de Duque, de la que falta conocer más detalles, resulta basada en una recomendación que nunca existió y acomoda otros argumentos para dar el debate en defensa de la idea original de su jefe político, el expresidente Uribe.