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Jueves, 19 Mayo 2022

Una empresa divide a los indígenas y compromete parte de la Amazonía por cien años

Por Rutas del Conflicto, Mongabay Latam y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo de La Liga Contra el Silencio

Una compañía colombiana, que dice ser filial de una firma alemana, les ha propuesto contratos de bonos de carbono al menos a ocho grandes resguardos indígenas, algunos de ellos con condiciones cuestionables que han afectado las relaciones dentro de las comunidades.

Líderes indígenas y habitantes del departamento de Vaupés cuentan que, a mediados de 2019, empleados de la empresa Waldrattung S.A.S., que se presenta como una multinacional alemana dedicada a proyectos de venta de bonos de carbono, reunieron a decenas de capitanes de varias comunidades del Gran Resguardo de ese departamento, el segundo resguardo más grande del país, en el coliseo de Mitú.

Allí comenzaron a discutir las condiciones de un posible contrato para poner en marcha un proyecto del mercado de carbono, que les permitiría recibir ingresos a cambio de preservar el bosque tropical amazónico en su territorio indígena.

Pero allí no estaban todos los habitantes del resguardo, a quienes el proyecto debería involucrar para ver la luz. Líderes indígenas –que no son necesariamente los representantes legales o las autoridades de los resguardos– señalaron a esta alianza periodística que de lo único que se enteraron fue de lo que alcanzaron a escuchar desde afuera del coliseo. Insisten en que no han visto el contrato que firmaron ese día los capitanes, como se le conoce a los líderes de cada comunidad, con la empresa, cuyo representante es el abogado colombiano Helmuth Gallego. Sienten que no hay claridad sobre los alcances del proyecto. 

“Llegaron, los reunieron y firmaron el acuerdo, no sabemos por cuántos años. No han pasado a socializar en nuestra zona; solo a recoger firmas, pero ni siquiera tenemos claro qué es lo que firma la gente”, cuenta un líder de una de las asociación indígenas del Vaupés, que pidió omitir su nombre por la sensibilidad del tema en el resguardo. Estas asociaciones son organizaciones en las que se agrupan las comunidades cercanas al casco urbano de Mitú. En Colombia, los resguardos son entidades territoriales colectivas que pertenecen a comunidades indígenas.

El proyecto de Waldrattung comprende, según la misma empresa, la totalidad del resguardo, un territorio de 3,9 millones de hectáreas de selva, donde 19 pueblos indígenas como los desana, tukano, cubeo, pisamira, piratapuyo, barasano, wanano y piapoco conviven en un verdadero mosaico pluriétnico. Visto en el mapa, el proyecto ocupa un área significativa del departamento, desde el río Papunaua en el norte hasta los límites con Amazonas en el sur. Dentro de su extensión figuran la capital, Mitú, y Yavaraté, la nariz que se adentra en territorio brasileño.

Comunidades indígenas en el río Vaupés. Por: Juan Carlos Contreras

En total, se trata de un área con ecosistemas de bosque tropical (que los ecólogos detallan como bosque denso alto de tierra firme) y algunos bosques inundables cercanos a ríos, según consta en el ‘documento de diseño de proyecto’ (o PDD) de Waldrattung, que aparece desde inicios de 2021 en el Renare, el portal del Ministerio de Ambiente donde se registran las iniciativas de mitigación al cambio climático. Aunque la empresa insiste en que el proyecto ocupa todo el resguardo, el área que aparece registrada en el Renare como “en formulación” es menor, de aproximadamente unas 2,2 millones de hectáreas. Allí viven unas 19,900 personas repartidas en 155 comunidades que corresponden a 11 de las 17 asociaciones de autoridades tradicionales indígenas (AATIs) del resguardo. 

Esta no es la primera vez que Waldrattung llega a la Amazonía colombiana para proponer a las comunidades este tipo de proyectos. Su forma de hacerlo parece seguir un patrón, según la información recabada por la alianza periodística de Mongabay Latam, Rutas del Conflicto, Clip y La Liga Contra el Silencio. Contactan a los capitanes y otros líderes indígenas, les proponen contratos para preservar el bosque y vender bonos de carbono durante lapsos que varían entre los 30 y los 100 años. Las condiciones, según organizaciones sociales y abogados, pueden poner en desventaja a los pobladores indígenas, encargados de proteger los bosques de sus territorios. 

En total, existen 14 fichas de proyectos promovidos por Waldrattung en la plataforma Renare. Además del Gran Resguardo del Vaupés y otro con los Nukak, hay fichas para proyectos futuros en los resguardos amazónicos de Bachaco Buenavista, Bajo Río Guainía y Río Negro, Carrizal, Corocoro, Cuenca Media y Alta del Río Inírida (Cmari), Cumaral Guamuco, Laguna Niñal y Mirití Paraná, además del Unido U’wa en la cordillera de los Andes. La mayoría aparece como en una fase temprana de factibilidad o planeación. Cinco -incluidos Cmari, Bajo Río Guainía y Río Negro y Gran Resguardo del Vaupés (al que corresponden tres fichas distintas en el Renare)- figuran como en formulación, lo que significa que cuentan ya con contratos con las comunidades y documentos de diseño de proyecto, así como el respaldado de un estándar de certificación que los avala (en todos los casos con la metodología de la empresa colombiana Cercarbono). Aparentemente también buscó a otras comunidades amazónicas más, como la de Taraira, en la punta sur del Vaupés, que –según otra investigación periodística– declinó la oferta.

En el cerro Tubay de Mitú  habitan 17 asociaciones indígenas que integran el Gran Resguardo del Vaupés. Por: Juan Carlos Contreras  

Estos proyectos buscan preservar bosques fundamentales para mitigar la crisis climática global, invirtiendo el dinero recaudado por la venta de bonos de carbono en las comunidades que los habitan. Los bonos son comprados por empresas que buscan neutralizar el impacto ambiental causado por su actividad productiva. Cada bono suele compensar la emisión de una tonelada de dióxido de carbono, uno de los gases de efecto invernadero que propicia el cambio climático. En Colombia existen proyectos con comunidades afrodescendientes y campesinas, y resguardos indígenas. Estos últimos son los más buscados para estas iniciativas porque cuidan las zonas más extensas de selva.

Llamados Redd+, los proyectos tienen su origen en un mecanismo internacional creado por la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para reducir las emisiones producidas por la deforestación y la degradación de los bosques. En ese proceso buscan vincular a las comunidades con empresas, para mejorar la calidad de vida de quienes habitan y protegen los ecosistemas que regulan el clima de todo el planeta. En Colombia, estos proyectos vienen creciendo rápidamente desde que, en 2017, el gobierno de Juan Manuel Santos permitió a cualquier empresa comprar bonos y reducir el monto que deben pagar por los combustibles fósiles que usa del impuesto nacional al carbono. 

El más grande de éstos, en el resguardo de Selva de Matavén entre Vichada y Guainía, fue señalado el año pasado por otra investigación periodística de estar usando una tasa de deforestación distinta a la oficial de Colombia para la Amazonia, por lo que estaría mostrando un riesgo de tala aún mayor al de la realidad. Eso, por lo tanto, le permitiría inflar sus resultados. 

Las propuestas de Waldrattung

Esta alianza periodística constató que Helmuth Gallego y su empresa han propuesto proyectos de bonos de carbono a comunidades indígenas en cuatro de los seis departamentos colombianos del bioma amazónico (Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas); así como en Vichada, en la Orinoquia, y Boyacá en los Andes. La empresa ha ofrecido contratos a comunidades que, independientemente de esos acuerdos, preservan más de 50 mil hectáreas de la Amazonía colombiana y la zona del piedemonte, en los límites de Arauca y Boyacá.  (Escuche la entrevista completa a Helmunt Gallego)

Como se puede ver en el mapa a continuación, la empresa ha intentado firmar contratos con resguardos que ocupan amplias extensiones de tierra, como el Nukak en Guaviare, el Mirití Paraná en Amazonas o el Alto Únuma en Vichada.

Waldrattung señala que tiene tres contratos con comunidades indígenas con amplio territorio, en los resguardos de Cmari, Bajo Río Guainía y Río Negrio, otros con comunidades pequeñas, y continúa en conversaciones con varias más. Gallego, representante legal de la empresa, dice en entrevista con esta alianza que su compañía ha desistido de los proyectos con otros resguardos porque no lograron concretar los acuerdos tras iniciar conversaciones o se dieron cuenta que los indígenas habían firmado previamente con otras empresas de venta de carbono, y esto no es posible ya que no se puede vender dos veces una misma tonelada de carbono resultante de la misma deforestación evitada.

Algunos líderes indígenas de todos los departamentos adonde ha llegado Gallego señalan que nunca han visto los documentos firmados por otros líderes con Waldrattung. Miembros de varias organizaciones que han acompañado a las comunidades indígenas, y que prefieren no ser mencionadas con nombre propio por la sensibilidad del tema en el sector ambiental y porque puede dañar su interlocución con el Gobierno, dicen que quienes han negociado estos proyectos se niegan a mostrar los contratos por temor a ser demandados por la empresa. Según comentan, han escuchado que algunos contienen cláusulas de confidencialidad. 

“Traen una mano de documentos que ni siquiera están en nuestra lengua. Las autoridades indígenas firmaron, pero ni siquiera saben qué. No tenemos copia del contrato”, señaló un líder de una de las 17 asociaciones de autoridades tradicionales del resguardo indígena del Vaupés que se encuentran dentro del área del proyecto. Esta misma afirmación se repite en otros resguardos de la región amazónica y del Vichada.

El hecho de que un número significativo de miembros de la comunidad desconozcan las condiciones del proyecto y de que no haya ninguna evidencia de que las consultas se hicieron está en directa contradicción con las salvaguardas sociales y ambientales para proyectos Redd+, que nacieron en una cumbre de cambio climático de la ONU, celebrada en Cancún en 2010. Colombia desarrolló una interpretación nacional detallada de estas salvaguardas, con reglas sobre el acceso a la información de los proyectos, el deber de rendir cuentas y la distribución de sus beneficios. Una en particular, sobre el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, estipula que “cualquier iniciativa que afecte directamente a uno o varios grupos étnicos y comunidades locales, debe previamente ser consultada” con la comunidad y que ese proceso debe contar con el acompañamiento del Ministerio del Interior y los organismos de control. En ninguna de las comunidades indígenas consultadas creen que estas reglas se hayan cumplido. 

La comunidad Cmari recorre los ríos del Gran Resguardo del Vaupés. Por: Juan Carlos Contreras

“La mayoría de las comunidades y autoridades tradicionales no conocemos de vista ni el contenido del proyecto Redd+”, escribió Moreno, secretario general del resguardo, en una carta que copió a los Ministerios de Ambiente y de Interior, así como a la Defensoría del Pueblo. Entre las fallas que enumeró estaban que, según Moreno, el contrato “fue firmado sin el consentimiento ni aprobación por parte de las comunidades”; que no se socializó con toda la comunidad en una asamblea general y que, además, desconocían aspectos básicos como la duración del proyecto, la participación de las utilidades y la manera como se invertirían esos recursos. “Al parecer y por solo rumores, se dice que estamos obligados a cien años”, le redactó a las entidades (aunque la ficha del proyecto de Waldrattung en el Renare habla de 40 años). En Guaviare, algunos líderes indígenas nukak señalan que la empresa les advirtió que no divulgaran el contrato, o de lo contrario se podrían enfrentar a demandas. 

La comunidad nukak vive en situación de pobreza extrema en el Guaviare. Por: Juan Carlos Contreras 

Las organizaciones y abogados especialistas en temas indígenas y ambientales resaltan posibles irregularidades en el contrato; entre ellas el objeto, el tiempo y las cláusulas que le dan el poder de decisión a la empresa y no a la comunidad indígena. Una fuente que trabaja en la zona, experta en consulta previa, señaló que las mismas condiciones de tiempo eran similares en otros contratos de la empresa, como el que firmó el representante legal del resguardo Mirití Paraná en Amazonas. Ante los reclamos de la comunidad en el departamento del Amazonas, que insistía en que nadie podía tomar decisiones por todo el resguardo, la empresa renunció a sus pretensiones.

Los bonos de carbono se crearon para proteger los bosques de la deforestación, pero también a las comunidades que los cuidan. Para Harold Rincón Ipuchima, indígena tikuna y secretario general de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), estos contratos deberían cumplir estándares que permitan a los resguardos –inalienables, imprescriptibles e inembargables, según la Constitución colombiana– conservar su gobernanza. “No puede pasar que las decisiones de los territorios queden sujetas a segundos o terceros, sino que sean del propio gobierno de las comunidades”, dice el líder indígena. 

El bosque de Puerta del Orion en el Guaviare hace parte del resguardo de la comunidad Nukak. Por Juan Carlos Contreras. 

Entre las condiciones del contrato firmado por la comunidad nukak y que evidencia cómo se estructuraron los demás convenios de la empresa, está que Gallego los asesore en la forma en que deben invertir los recursos por la venta de los bonos. Además, en el documento se lee que la empresa “puede negociar y celebrar cualquier tipo de contrato para la compra y venta de bonos de carbono (...) y cualquier tipo de documento que pudiera requerirse para tales propósitos y reciba el pago pactado por tales servicios”. 

En la visión de la OPIAC, los indígenas no deberían ser considerados como meros beneficiarios, sino como socios, dado que el proyecto sería inviable sin su territorio. Aunque no tienen un monto mínimo de repartición de beneficios, la organización indígena insiste en que debería existir una relación equitativa entre ambas partes con una participación real de las comunidades en el proyecto, así como una transferencia gradual de las habilidades técnicas para manejarlos. 

Esta realidad se complica por otro tema. Para la socióloga Aura María Puyana, excoordinadora nacional del Programa Proindígena de GIZ, la agencia de cooperación del gobierno alemán, en los contratos se considera a la comunidad indígena como un actor económico igual que una empresa, cuando hasta ahora están comprendiendo las dinámicas de ese negocio y los aspectos técnicos de los proyectos. Eso genera, dice, una asimetría para los indígenas en la negociación. “Son actores que apenas están entrando en conocimiento de estas dinámicas en el mercado de bonos de carbono”, afirma la socióloga.

Las confusiones después de la firma

Lo preocupante para las organizaciones indígenas y las autoridades tradicionales de los resguardos es la forma cómo se han tomado las decisiones de entrar en proyectos de bonos de carbono en muchas de esas comunidades y la forma cómo se han firmado los contratos con la empresa Waldrattung. 

Los Nukak se reunieron en colectivo para discutir que firmó el representante legal con la empresa Waldrattung. Por: Juan Carlos Contreras 

“Fue un momento muy duro. No hubo claridad, no hubo consultas. Solo llegaron a recoger firmas a las familias y ofreciéndoles dinero a los capitanes”, cuenta el líder de una asociación indígena del Gran Resguardo del Vaupés. Esos momentos fueron confusos, explica, porque no sabían qué habían firmado y cuáles serían las condiciones de esa obligación contractual. Para ellos solo había algo claro: se sintieron traicionados por los representantes de su resguardo y por la empresa que no socializó en qué consistía la venta de bonos de carbono. 

Waldrattung señala que firmó el contrato con el Gran Resguardo en medio de una socialización que no ha sido fácil por la forma en que están organizados los pueblos que viven allí y por el tamaño del resguardo. 

Las comunidades indígenas están protegidas por la Constitución del 91, que les permite tener su propia forma de gobierno. En el Vaupés, las comunidades indígenas crearon jurídicamente un consejo indígena al que nombraron Gobierno Propio de Autoridades Tradicionales de los Resguardos y Territorios Indígenas del Vaupés (CRIVA) y que en la región simplemente es conocido como Gobierno Propio.

Gaia Amazonas, una de las ONG ambientales con mayor trayectoria en la Amazonia colombiana, y que viene asesorando jurídicamente a los indígenas, explica en su página web que los consejos deben proteger la forma en que se gobiernan estos pueblos en Colombia y la forma como se relacionan con el Estado.

Gallego llegó al Gran Resguardo y sus empleados recorrieron algunas comunidades recogiendo firmas para respaldar el contrato que iban a firmar con el Gobierno Propio. Lo que no tuvo en cuenta es que los representantes de los resguardos que aparecen en esta figura jurídica, según los estatutos de la organización indígena, no están facultados para firmar este contrato y tampoco cuentan con la representatividad de todas las comunidades que habitan el Gran Resguardo del Vaupés, según denunciaron varios líderes.

Un representante de una de las AATIs del resguardo señala que cuando se creó el Gobierno Propio, en los estatutos quedó registrado que las autoridades debían elegirse por todas las comunidades cada cuatro años, pero desde que obtuvieron la personería jurídica en 2015 nunca se ha convocado una nueva elección. El representante legal de Gobierno Propio y quien firmó el contrato con Waldrattung es el líder indígena cubeo Simón Valencia, quien es respetado en la región por haber sido uno de los primeros etnoeducadores. También es el padre de la actual representante a la Cámara del Partido de la U, Mónica Valencia.

Esta alianza investigativa contactó vía telefónica a Simón Valencia y le propuso una entrevista para que expusiera su versión de la historia. El líder aceptó, pero no volvió a contestar las llamadas en días posteriores. Algo similar ocurrió con su hija, la congresista Mónica Valencia, quien primero respondió vía Whatsapp que la firma del contrato le “pareció algo terrible” y que ella “estuvo en desacuerdo con el tema”. Sin embargo, no volvió a contestar nuestras llamadas.

A esto se suma que, para los expertos que acompañan las comunidades en el fortalecimiento de su procesos organizativos, la capacidad de decisión recae sobre las autoridades locales de las comunidades, sea una oficina de gobierno o los consejos indígenas. Estos organismos cuentan con un representante legal, que sería el encargado de firmar cualquier contrato cuando la comunidad completa lo autorice. 

En últimas, este caso subraya cómo hay interpretaciones jurídicas cruzadas sobre qué autoridad dentro de un resguardo amazónico está en capacidad legal de firmar uno de estos contratos con una empresa desarrolladora de proyectos Redd+ y cómo, en ausencia de una respuesta clara a esta pregunta, además de descontento al interior de las comunidades, puede haber un caldo de cultivo para pleitos ante la justicia. 

El documento que firmaron los indígenas de Vaupés es un contrato de mandato; es decir, un tipo de vinculación contractual donde la empresa tiene la carga de ejecución. Sin embargo, según un abogado experto en tierras y comunidades indígenas que prefiere no publicar su nombre, al analizar lo que firmó el representante de los nukak, existen unas cláusulas en las cuales los indígenas tendrían responsabilidades como conseguir recursos económicos y técnicos para la venta de bonos de carbono. “Este tipo de contrato genera un desbalance porque el riesgo no lo está asumiendo una de las partes, sino que lo está trasladando al resguardo. Lo que da la impresión que el contrato fue construido por la empresa y no con participación activa y de asesoramiento del resguardo”, afirma el abogado.

De igual manera, el tiempo por el que se firmó el contrato, “no menor a cien años”, ha prendido  las alarmas en el sector ambiental. “Es un contrato de por lo menos 10 generaciones, las cuales tendrían beneficios. Para una empresa es muy rentable y para una comunidad étnica, pero en términos contractuales es exagerado”, manifestó el abogado experto en temas indígenas. 

Llama la atención que el contrato no dice cuándo empezarían a regir esos 100 años, y además se genera una cláusula condicional estipulada por la empresa. “Este término está supeditado a que se pueda desarrollar después de todas las negociaciones que se hagan de la venta de carbono. Entonces, los 100 años podrían prorrogarse hasta que hagan todas las conversaciones”, dice el abogado. En otras palabras, el contrato podría terminar superando los 100 años pactados.  

Conflictos en las comunidades

Los indígenas también denuncian que la forma en que llegó la empresa Waldrattung generó conflictos en las comunidades, pues varios líderes señalaron a quienes firmaron los contratos de favorecerse en las negociaciones. “Es muy complicado porque la negociación es tan hermética con algunos líderes que comienzan los rumores de que les están dando dinero. Ha pasado con esta empresa y otras más que han llegado por aquí”, señala una funcionaria de una organización ambiental que trabaja en Guaviare y que prefiere no publicar su nombre.

En San José del Guaviare se encuentra la Puerta del Orión. Por Juan Carlos Contreras.

Varios líderes de ese departamento y de Vaupés señalaron las tensiones que se viven dentro de las comunidades por estos señalamientos. “Varias empresas vienen a financiar reuniones, a compañeros que aspiran a convertirse en autoridades tradicionales, y eso se nota, porque llegan a hacer campaña ahora con mercados, ofreciendo aguardiente, dulces. Eso no se veía antes”, cuenta un líder de una asociación que hace parte del Gran Resguardo del Vaupés.

La competencia entre empresas para convencer a los indígenas está complicando la relación entre las comunidades. Líderes de un mismo resguardo han firmado contratos con diferentes empresas. El mismo Helmuth Gallego señala que representantes del resguardo Alto Únuma en Vichada firmaron un contrato con Waldrattung, tras haberlo hecho con otra empresa anteriormente.

Líderes del Gran Resguardo del Vaupés cuentan que empleados de otras empresas les han insistido en firmar nuevos contratos y han argumentado que podrían asesorarlos para invalidar los anteriores. Un representante de una de las comunidades insistió en que toda la situación está generando un fuerte conflicto. “Nos da mucho temor. No sabemos cómo va a terminar esto, si algún día va a reventar el problema. Si el Gobierno Propio insiste en que hay que ejecutar el proyecto en todo el Gran Resguardo con Waldrattung, pues ¿qué va a pasar con las otras empresas que han invertido mucha plata con otros líderes?”, señala un presidente de una asociación del resguardo.

El inmenso valor del bosque dentro del Gran Resguardo de Vaupés lo evidencia, precisamente, el hecho de que otras empresas también han buscado a otras de sus autoridades indígenas, distintas a las que acordaron con Waldrattung, para establecer proyectos similares en sus territorios. Una de ellas es la AATI del Río Pirá Paraná (ACAIPI), que queda justo al sur y que firmó un contrato con la Corporación Masbosques, una consultora de Medellín que tiene el respaldo del grupo empresarial Nutresa. Aunque el mapa contenido en el PDD del proyecto Redd+ de Waldrattung excluye esta área, su promotor Helmuth Gallego insistió a esta alianza periodística en que el contrato que firmó con el Gran Resguardo abarca la totalidad del territorio de éste. “Otras empresas sin moral empresarial están animando a las comunidades indígenas domiciliadas en el territorio del Resguardo en el que se ejecuta nuestro proyecto para que desconozcan al Consejo Mayor (Gobierno Propio) y ahora hagan proyectos Redd+ pequeños con cada una de esas empresas”, dijo el abogado Gallego.

Si eso fuera cierto, existiría un traslape que el Gobierno nacional, mediante la plataforma Renare, tendría que dirimir, ya que no pueden coincidir dos proyectos -y, por lo tanto, dos iniciativas de mitigación y bonos de carbono- en el mismo lugar.

Proyectos sí, pero no así

Gran parte de la dirigencia indígena insiste en que los proyectos de bonos de carbono son una buena oportunidad para apoyar a sus comunidades y preservar el bosque amazónico. Sin embargo, piensan que las empresas deben mejorar sus prácticas para que se respete la autonomía indígena y se les reconozca el trabajo ancestral de conservación ambiental. “Hay empresas que lo han hecho mejor que otras, que han venido con tiempo al territorio a socializar. Lo que ocurre es que llegan otras con plata y afán, sin respetar, sin reconocer nuestro conocimiento, la forma en que vivimos y tomamos decisiones”, explica un líder indígena del Vaupés.

La comunidad Ceim se baña en el río. Por Juan Carlos Contreras 

Los líderes coinciden en que es clave que miembros de las comunidades se capaciten para que tengan más capacidades técnicas a la hora de negociar y ejecutar estos proyectos. “Si tuviéramos más abogados, más ingenieros ambientales, podríamos tener una participación más activa en las propuestas. Yo me he formado en el turismo y he podido crecer para apoyar a la comunidad, así también se puede hacer con este tema”, cuenta un joven líder del Vaupés que trabaja con proyectos de turismo sostenible.

La forma en que llegó esta empresa y la manera en que se están disputando estos proyectos con otras compañías, ha puesto a las comunidades en medio de una fuerte tensión. Los pueblos indígenas del país viven en difíciles condiciones de pobreza y han sido asediados por la violencia y más recientemente por la deforestación, por lo que sus condiciones de vulnerabilidad los están poniendo en una posición desigual en las negociaciones.

Todas las comunidades consultadas para este reportaje señalaron que se han sentido solas, sin ningún tipo de apoyo de entidades oficiales en estas negociaciones con Waldrattung y otras empresas. Ante toda esta situación, ¿qué ha hecho el Estado para proteger los intereses de los pueblos indígenas y la selva amazónica? En el siguiente reportaje podrán conocer el rol que han tenido las entidades públicas en esta historia.

Carbono opaco: Waldrattung y los bonos de la discordia es un proyecto colaborativo liderado por Rutas del Conflicto, en alianza con Mongabay Latam, La Liga contra el Silencio y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que contó con el respaldo del Rainforest Journalism Fund del Centro Pulitzer. CLIP aportó reportería adicional y acompañamiento editorial, gracias al respaldo del Rainforest Investigations Network del Centro Pulitzer.

 

Jueves, 26 Mayo 2022

Indígenas negocian bonos de carbono en desventaja y sin respaldo estatal

Por Rutas del Conflicto, Mongabay Latam y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo de La Liga contra el Silencio 

Existen leyes y tratados internacionales, firmados por el país, que protegen a estas comunidades. Pero el Estado las ha dejado solas frente a empresas que las buscan para negociar proyectos. El caso de la firma Waldrattung y los nukak muestra las falencias que tiene Colombia para proteger y garantizar los derechos de estos pueblos.

En medio de decenas de ranchos mal armados con láminas de zinc, plásticos y madera, sobrevive la comunidad indígena nukak, en el caserío de Aguabonita, a unos 20 minutos de San José del Guaviare. Subsisten como pueden, piden cada día dinero y alimentos en las calles de esa ciudad de la Amazonia colombiana y los acompañan decenas de niños, muchos de ellos de madres adolescentes que crecen en la comunidad.

Así han vivido desde hace varios años, en medio de la ocupación de su territorio por actores armados y el abandono de un Estado que tiene el compromiso de cuidar su cultura: la de un pueblo ancestral que tuvo su primer contacto con la civilización occidental hace menos de 40 años, cuando salieron de lo más profundo de las selvas del Guaviare. 

En medio de estas circunstancias, a mediados de 2019, los nukak aceptaron la invitación de una empresa colombiana -que dice ser filial de una alemana- que se había acercado a uno de sus líderes para proponerle un negocio: vender bonos de carbono, una solución financiera a la crisis climática con la que podrían recibir pagos económicos por el cuidado del bosque húmedo tropical dentro de su resguardo cercano. Parte de la comunidad se desplazó a San José del Guaviare y otros municipios ante las circunstancias de pobreza y violencia en su territorio.

 

Algunas familias nukak se desplazaron a San José de Guaviare. Por: Juan Carlos Contreras 

 

Aunque muchos indígenas no entendían de qué se trataba el negocio que les proponían los emisarios de la empresa Waldrättung S.A.S., se reunieron con ellos en el balneario cercano a San José. Según cuentan tres líderes de comunidad indígena, en medio de la comida y el licor que les ofrecieron ese día, los nukak y los representantes de la empresa firmaron un contrato con el que quedaban comprometidos a desarrollar conjuntamente un proyecto de bonos de carbono por 100 años.

Esa noche en el balneario, el líder nukak Manuel García estampó su firma en el “contrato de mandato con representación y cláusula de exclusividad e irrevocabilidad en favor del mandatario” que había redactado la empresa. Ese documento, que cuenta con sellos de la notaría única de San José del Guaviare, estipula que el Resguardo Indígena Nukak Maku –creado por el Gobierno colombiano en 1993, contiguo a un parque nacional del mismo nombre, para salvaguardar a este pueblo indígena y ampliado en 1997 hasta las 954.000 hectáreas de selva amazónica– confiaba a la empresa la tarea de “originar, estructurar, diseñar, implementar y desarrollar íntegramente un proyecto Redd+”.

La idea detrás de los proyectos Redd+ es enlazar a comunidades locales que están frenando la deforestación, como muchos pueblos indígenas en la Amazonia, con empresas que quieren neutralizar su propia huella de carbono. En Colombia, esas empresas privadas –que deben pagar un impuesto al carbono por los combustibles fósiles que consumen– pueden, en cambio, compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero apoyando proyectos que alientan la conservación. Los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana, que cuidan vastos territorios selváticos que están organizados bajo la figura de territorios colectivos y protegidos por la Constitución, son los socios idóneos para este tipo de mecanismos financieros que pueden ayudar a mitigar la crisis climática y traer valiosos recursos a las comunidades que conservan ecosistemas estratégicos, con frecuencia sin mayorapoyo del Estado colombiano.

Los nukak, con su inmenso resguardo en las selvas del Guaviare eran, sobre el papel, un aliado perfecto.

Conocido como el bosque del Orion. Contiene la piedra más alta del Guaviare. Por Juan Carlos Contreras 

Los problemas del contrato

Según el documento de 14 páginas, Waldrättung -que a veces también escribe su nombre como Waldrettung, que significa ‘rescate del bosque’ en alemán– se encargaba de poner los recursos y el equipo para poner en marcha el proyecto, inscribirlo en uno de los estándares de certificación, registrarlo ante el Gobierno colombiano, validar los créditos de carbono resultantes y venderlos. A cambio, los nukak se comprometían a que la empresa operara el proyecto de manera autónoma, a conseguir los permisos que fuesen necesarios y a velar por que dentro de su territorio no hubiese ninguna actividad que afectara la cobertura vegetal, como tala de árboles o cultivos de coca. 

El acuerdo sería irrevocable y su duración, según el documento, “por un periodo no menor a cien años”.

Los nukak viven en condiciones de pobreza extrema fuera de su resguardo. Por: Juan Carlos Contreras

Cuatro años después de firmado el acuerdo, esta alianza periodística buscó al líder nukak Manuel García, que era el representante legal del resguardo para la época. Explica que nunca entendió bien de qué se trataba el negocio y que se sintió presionado por los que serían sus socios. “Ellos nos dijeron que nos iban a dar unas bonificaciones por cuidar el oxígeno. Lo que pasó es que no hubo tiempo para pensar bien, llegaron con el documento de un momento a otro y yo lo firmé porque pensé que era viable, pero es que no nos explicaron bien en detalle”, dice García.

Ese acuerdo con la empresa Waldrättung contiene varios puntos que organizaciones ambientales e indígenas, ONGs jurídicas y expertos en el mercado de carbono consultados por la alianza periodística de Rutas del Conflicto, Mongabay Latam, La Liga contra el Silencio y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) describen como irregulares y desventajosos para los indígenas.

Por ejemplo, fue firmado sin el acompañamiento de entidades del Estado que pudieran asesorarlos para garantizar un proceso transparente y defender sus derechos. Tampoco fue socializado con la comunidad en pleno, que es la manera como se deben tomar las decisiones en los territorios indígenas. Los líderes firmaron sin la aprobación de la comunidad nukak, algo que -como se cuenta en la primera historia de esta serie- ya había ocurrido con el Gran Resguardo del Vaupés donde conviven indígenas de 19 pueblos. (Ver historia 1)

El pueblo nukak firmó un contrato por 100 años con una empresa, Waldrattung, que dice ser alemana. Por Juan Carlos Contreras

El de los nukak es quizás el único contrato de Waldrattung en el que se puede observar en detalle las condiciones que ofrecía la empresa, aunque -como contamos en el primer reportaje- hay contratos en al menos otros tres resguardos: el Gran Resguardo del Vaupés que ocupa buena parte de ese departamento, así como los de Cuenca Media y Alta del Río Inírida (Cmari) y ___ en Guainía.. Varias de las comunidades han señalado que el Estado no los ha acompañado en ningún momento de las negociaciones y que, en la práctica, muchos líderes indígenas sienten que los ha dejado solos. Los resguardos consultados para esta investigación cuentan que ninguna entidad estatal los asesoró en el proceso y que, en muchos casos, luego de la llegada de Waldrattung, las comunidades no buscaron a funcionarios públicos por solicitud de la empresa. 

Una lideresa indígena nukak, que pidió omitir su nombre por cuestiones de seguridad, dice que personas que representaban a Waldrattung les insistieron que todo debía hacerse de la manera más secreta posible y que era necesario que el contrato tuviese cláusulas de confidencialidad. “Una vez tratamos de buscar a una funcionaria de la Defensoría del Pueblo, a otras personas cercanas, pero la persona que negociaba por la empresa nos dijo que solo hablaba con nosotros, que era algo privado”, cuenta la lideresa.

Consultada por esta alianza, Waldrattung argumenta que al final no firmó el contrato con los nukak y que, por lo tanto, el documento que los indígenas ya habían firmado nunca adquirió validez jurídica. 

Según explicó su representante legal, Helmuth Gallego Sánchez, la empresa sintió que no tenía garantías por parte de la comunidad por lo que, al final, él nunca puso su firma. “Nosotros no firmamos el contrato porque, al hacer la debida diligencia, no había confianza en el representante legal del resguardo y era muy difícil trabajar con la comunidad por su condición de nómadas”, afirma Gallego, aludiendo al hecho de que una comunidad indígena nomádica tiene una relación distinta con el territorio que una sedentaria. A la contrapregunta de qué información nueva encontraron en esa debida diligencia y por qué no había confianza, cuando ya habían incluso proyectado un contrato, el abogado no respondió y cambió de tema.

Una de las cosas que más preocupa a organizaciones sociales y ambientales que vienen trabajando con pueblos indígenas es que las negociaciones para llegar a estos contratos están mediadas, por un lado, por la asimetría en el conocimiento técnico sobre estos proyectos entre las partes y, por el otro, por la vulnerabilidad de muchas de estas comunidades, algunas de las cuales –como en el caso de los nukak– no cuentan siquiera con una estructura interna de gobierno robusta. 

Ese es uno de los argumentos que ha hecho Akubadaura, una ONG jurídica fundada por abogados indígenas que antes habían trabajado en organizaciones legales como Dejusticia y que han acompañado desde hace varios años jurídicamente al pueblo nukak. “Se aprovechan de la situación de desconocimiento en muchos temas, de la situación de hambre y de exterminio, donde hay unas condiciones de desigualdad y de proporcionalidad entre la empresa y la autoridad indigena que firma”, señaló una de las abogadas de la organización. Para la organización, no es un negocio entre dos actores que tienen las mismas capacidades de negociación y una de las partes, los indígenas, hasta ahora están iniciando como un actor del mercado de bonos de carbono.  

Los nukak son un pueblo de Contacto Inicial, su primer acercamiento se hizo en los años 80. Por Juan Carlos Contreras 

Un Estado que mira para otro lado

El gobierno de Iván Duque ha argumentado que no es su competencia supervisar las relaciones entre empresas y comunidades. En una investigación de 2021 sobre otras irregularidades en el proyecto Redd+ en el resguardo indígena de Matavén en Vichada, realizada por varios de los socios de esta colaboración, el Ministerio de Ambiente señaló que “no realiza ninguna supervisión (...) dado que esta es una iniciativa de carácter privada y, por lo tanto, se rige por la jurisprudencia que le asiste como ente que ejerce una actividad comercial de derecho privado”.

Según un experto con dos décadas de experiencia en el sector público ambiental, la ley colombiana no plantea que el Estado intervenga en estos contratos entre particulares, pero sí existen varias normativas nacionales y tratados internacionales firmados por Colombia, de carácter vinculante, que justamente protegen a las comunidades étnicas y sus territorios ancestrales de actividades económicas lesivas de sus derechos colectivos. Esto cobra mayor importancia dado que la mayoría de los 83 proyectos Redd+ que están en la plataforma del Registro Nacional de Reducción de la Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (Renare) del gobierno están planteados en grandes extensiones de bosque en manos de comunidades indígenas o afrodescendientes en sus respectivos resguardos y consejos comunitarios, ambas figuras de ordenamiento territorial que gozan de una especial protección en la Constitución.

Esa idea está en directa contradicción con las salvaguardas sociales y ambientales para proyectos Redd+, que nacieron en la cumbre de cambio climático de la ONU en Cancún en 2010. Como contamos en el anterior reportaje, Colombia desarrolló una interpretación nacional detallada de estas salvaguardas, con reglas claras sobre acceso a la información de los proyectos, el deber de rendir cuentas y la distribución de sus beneficios. Una en particular, sobre el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, estableció que “cualquier iniciativa que afecte directamente a uno o varios grupos étnicos y comunidades locales, debe previamente ser consultada con la comunidad” y que ese proceso debe contar con el acompañamiento del Ministerio del Interior y los organismos de control.

Colombia, además, es parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas y tribales, en el que se comprometió desde 1991 en varias vías a preservar los derechos culturales y territoriales de estos pueblos. Y es que al igual que los nukak, otras comunidades de diferentes etnias a las cuales la empresa Waldrattung les ha ofrecido contratos en los departamentos de Vaupés, Guainía, Vichada, Guaviare y Amazonas, insistieron en que no han tenido ningún acompañamiento de entidades públicas en las negociaciones de estos contratos.

A eso se suma que la norma más importante del Ministerio de Ambiente para regular el mercado de carbono, la Resolución 1447 de 2018, señala específicamente que esta entidad puede solicitar información complementaria, visitar proyectos e, incluso, pedir que se investiguen irregularidades.

El caso nukak es muy sensible por su condición de pueblo indígena que hasta 1988 estaba en situación de aislamiento y que aún se considera como en contacto inicial. Ese contacto tan reciente, sumado a la presencia de grupos armados ilegales en su territorio, los ha llevado a ser objeto de varias medidas de protección a nivel nacional. De hecho, la exposición ‘Huellas de la desaparición’ de la Comisión de la Verdad reconstruye la manera cómo esos actores han convertido el resguardo nukak en un escenario de guerra.

En 2009, la Corte Constitucional incluyó a los nukak en una sentencia histórica sobre 34 pueblos indígenas en riesgo de extinción física y cultural, en la que ordenó al Estado prevenir el desplazamiento de esas minorías étnicas, atender a las comunidades desplazadas con un enfoque diferencial que tuviese en cuenta su contexto y crear planes de salvaguarda étnica para cada uno de estos. “Los Nukak Makú están en peligro de extinción”, advirtió el histórico fallo proyectado por el magistrado Manuel José Cepeda. El argumento de la Corte para incluirlos era que la población nukak había descendido hasta las 500 personas, muchas de ellas con riesgos graves de salud y hambre, como consecuencia de varios desplazamientos masivos, epidemias, conflictos con colonos y amenazas de paramilitares y guerrilleros de las FARC. Un año después, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) los incluyó en su informe ‘Palabra dulce, aire de vida’ sobre los 32 pueblos indígenas en mayor nivel de riesgo de desaparecer en el país.

Varios expertos en temas indígenas argumentan que un contrato para un proyecto Redd+ de carbono que no tenga en cuenta estas condiciones de vulnerabilidad evidencia una política deficiente del Estado colombiano a la hora de proteger a los nukak.

“El gobierno creó el resguardo y asume que les está transfiriendo a los indígenas la responsabilidad del cuidado de los territorios y esto no debería pasar. El Estado sigue siendo responsable, más aún cuando son un pueblo con estas condiciones”, dijo a esta alianza periodística el brasileño Antenor Vaz, consultor en políticas públicas para pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial —conocidos como ‘Piaci’ en algunos países de la región—.

El investigador brasileño agrega que los nukak tienen unas características de vulnerabilidad alta, con muchas necesidades básicas insatisfechas relacionadas a su salud, vivienda y seguridad alimentaria. “El Estado colombiano no ha demostrado eficiencia en la relación con los nukak. Bajo estas condiciones es fácil que una empresa llegue e imponga las condiciones. Es clave que el gobierno los acompañe, al igual que organizaciones indígenas regionales y nacionales”, señala Vaz, que coordinó el informe ‘Pueblos indígenas en aislamiento en la Amazonía y el Gran Chaco’, que publicó la organización Land is Life en 2019.

En este informe se señala que Colombia no tiene una política ni protocolos claros para trabajar con comunidades en Contacto Inicial. “Los antecedentes del país con el caso Nükak, Kakua y Mapayerri son referentes de la descoordinación interinstitucional y la carencia de un verdadero enfoque diferencial para entender las vulnerabilidades inmunológicas, demográficas, culturales, políticas y territoriales de estos pueblos”, dice la investigación.

Vaz también argumenta que hay una obligación legal del Estado colombiano con los pueblos en contacto reciente y que el gobierno debe hacerse responsable por la protección de las comunidades nukak en la posible negociación de contratos de bonos de carbono. Por ejemplo, el Decreto Ley 4633 de 2011 señala que ​​"el Estado garantizará el derecho de los pueblos indígenas no contactados o en aislamiento voluntario a permanecer en dicha condición y vivir libremente, de acuerdo a sus culturas en sus territorios ancestrales” y que “ en ningún caso (...) serán objeto de políticas, programas o acciones, privadas o públicas, que promuevan el contacto o realicen intervenciones en sus territorios para cualquier fin". Un proyecto del mercado de carbono, señala, cabría dentro de esa descripción.

Los expertos aseguran que ese acompañamiento de entidades del Gobierno nacional se justifica por la diferencia en el conocimiento que tienen ambas partes sobre la manera cómo funcionan los acuerdos y el negocio.

“Ven al pueblo nukak y a todos los pueblos indígenas como actores del mercado de carbono. Hay una desigualdad entre un actor global empresarial y un actor indígena que apenas está entrando en conocimiento de estas dinámicas”, dice la socióloga Aura María Puyana, quien fue coordinadora nacional del Programa Proindígena de GIZ, la agencia de cooperación del gobierno alemán en Colombia. Para Puyana, que ha coordinado varias investigaciones sobre la autonomía de los pueblos indígenas en el país, las condiciones de estos contratos y la manera en la que se han socializado, sin el acompañamiento del Estado, rompe con convenios como el 169 de la OIT donde se reconoce que son pueblos que deben ser protegidos. 

Un negocio sin consulta previa

Una de las principales quejas de las comunidades indígenas de los departamentos de Amazonas, Vichada, Guaviare, Vaupés y Guainía, es la falta de información sobre cómo funcionan los proyectos y en general el negocio de los bonos de carbono. “Nos dicen que nos van a traer recursos para que vivamos mejor, pero yo no sé cómo es eso de que ellos venden el oxígeno, a cuánto lo venden o quiénes les van a dar plata”, dijo un líder de la comunidad nukak.

Para realizar proyectos en los pueblos indígenas es necesario realizar una socialización previa. Por Juan Carlos Contreras

 

La organización Akubadaura viene argumentando que el Estado es el responsable de que los proyectos que se realicen dentro de resguardos indígenas se hagan bajo una consulta previa, que garantice el consentimiento libre e informado de los pueblos como colectivo, como ocurre en Colombia con proyectos de minería, hidrocarburos o infraestructura que afectan un territorio colectivo. Además de la consulta previa, Akubadaura enfatiza en que es necesario garantizar que no solo algunas autoridades, sino todos los miembros de la comunidad, estén enterados del proyecto, algo especialmente importante en pueblos como los nukak donde muchos indígenas  han sido desplazados fuera del resguardo.

Helmuth Gallego, representante legal de Waldrättung, insiste en que no es necesaria una consulta previa, ya que estos no son proyectos extractivos y que lo que debe hacerse es un proceso avalado por los protocolos internacionales de proyectos Redd+, definidas por la ONU en Cancún en 2010,  a través de las  salvaguardas sociales y ambientales. “Nosotros hablamos inicialmente con el gobernador del cabildo y los capitanes de los clanes para que den la autorización de hacer el proyecto. Las comunidades son las que tienen establecidos sus estatutos y quien toma las decisiones es la asamblea, no son todos. No es el niño de cinco años y tampoco el señor mayor. Son las personas que la comunidad escogió para representarlos en la toma de decisiones”, afirma Gallego. 

En esa misma línea coincide la Asociación Colombiana de Actores del Mercado de Carbono (Asocarbono), el gremio de empresas que desarrolla este tipo de proyectos, al cual Gallego intentó entrar y le fue negada su solicitud, según la asociación, por las constantes quejas de las comunidades, que señalaban que Waldrattung no seguía las metodologías de socialización que exige Asocarbono. “Estas metodologías que permiten informar a la comunidad deben ser auditadas por entidades que se llaman organismos de validación y verificación. Son terceras partes independientes de los programas de certificación y que sirven para respaldar precisamente estos procesos”, señaló a esta alianza periodística Francisco Ocampo, director ejecutivo de Asocarbono. En el proyecto de Matavén, sin embargo, esos auditores no repararon en la significativa diferencia entre la tasa de deforestación oficial del Gobierno colombiano y la de ese proyecto Redd+, planteada por el desarrollador y avalada por el certificador, que es la raíz de que pueda estar vendiendo más bonos de carbono de los que debería.

Aunque el Ministerio de Ambiente insiste en que no le corresponde supervisar a los actores del mercado de carbono, varias entidades del Estado vienen advirtiendo sobre algunos riesgos en este tipo de proyectos. La Contraloría General de la República, en su informe de auditoría sobre deforestación de 2020, advirtió -al hablar del proyecto en Matavén- que el Ministerio “no conoce lo que se hace en el territorio en el contexto de los proyectos Redd+” y que, más ampliamente, el Gobierno nacional “no cuenta con un instrumento que le permita contar con la información suficiente de la contribución del proyecto a la política ambiental y sus efectos en el territorio y los ecosistemas que alberga, más allá de la determinación de la reducción de emisiones” de gases de efecto invernadero.

Otras entidades estatales han recibido mensajes de las comunidades manifestando su preocupación por proyectos específicos. La Defensoría del Pueblo respondió a un derecho de petición de esta alianza periodística que, entre 2016 y 2022, ha recibido siete quejas por posibles irregularidades en proyectos Redd+, incluyendo una referente a un proyecto de Waldrattung, el de Cmari en el Guainía. En todos los casos, la entidad a cargo de velar por los derechos humanos, remitió los casos al Gobierno nacional (en tres casos al Ministerio de Ambiente y en cuatro al Ministerio del Interior, que se ocupa de temas étnicos), así como a las gobernaciones departamentales y a la autoridad ambiental regional.

Corpoamazonia, una de las dos autoridades ambientales en la Amazonia, hizo una advertencia pública desde mayo de 2019 sobre empresas desarrolladoras de proyectos de carbono, aclarando que “no tiene ningún vínculo contractual o de alianza estratégica” con éstas. “Es de conocimiento de esta institución que constantemente se presentan este tipo de ofertas a campesinos e indígenas de los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo [los tres de su jurisdicción], sin que a la fecha se conozcan resultados en beneficio de las comunidades”, señaló, añadiendo que había trasladado esa preocupación al Ministerio de Ambiente.

La otra autoridad ambiental amazónica, la CDA cuya jurisdicción abarca los departamentos de Guaviare, Guainía y Vaupés, señaló que sí tuvieron conocimiento del contrato entre Waldrattung y las comunidades Nukak por dos derechos de petición que fueron remitidos a los Ministerios del Interior y de Ambiente, así como a la Procuraduría, ya que es ese el conducto regular para gestionar esas solicitudes. 

Denuncias como las de los nukak, así como los llamados de atención de entidades como la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y Corpoamazonia, evidencian que el Gobierno nacional y, en especial, el Ministerio de Ambiente han tenido múltiples alertas sobre posibles irregularidades en proyectos Redd+. Esa realidad subraya que es necesaria una mayor supervisión del Estado de la que actualmente está ejerciendo en ese mercado.