A comienzos de mayo de 2016, el tema de la lucha contra las drogas ilícitas marcaba gran parte de la agenda pública por dos razones. Por un lado, el 21 de abril, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, los 193 países miembros discutieron la política internacional para combatir este problema y admitieron que es hora de explorar otros enfoques menos represivos, como el de los derechos humanos y la salud pública, con miras a obtener mejores resultados.

De otra parte, en Colombia se daba una álgida controversia por la decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes de autorizar a la Policía el uso del glifosato en operaciones de erradicación terrestre, luego de casi un año de estar suspendida cualquier actividad de fumigación, aérea o manual, con este polémico herbicida producido y distribuido por la multinacional Monsanto.

Colombia era el último país en el mundo que permitía la aspersión aérea de los cultivos ilícitos con este pesticida, como bien lo registró el documental Guerras Ajenas, transmitido esta semana por el canal HBO Latinoamérica.

En este marco, el jefe de la delegación de gobierno en el proceso de paz con las Farc, Humberto de la Calle, tocó el tema durante el foro “El Camino hacia el Posconflicto: Colombia en la encrucijada de la guerra y la paz”, que organizó la Universidad Externado de Colombia, el pasado 3 de mayo.

“El gobierno delegado en La Habana se reservó, en casos extremos, la posibilidad de fumigar, si llegase a ser necesario. Ahí hay uno de los famosos mitos que se le ha vendido equivocadamente a la sociedad colombiana. Nadie negoció la no fumigación en La Habana”, enfatizó De la Calle.

Colombiacheck revisó lo que ha pasado con el tema de la fumigación en los últimos años y, especialmente, en el marco de los acuerdos.

Para empezar, el 16 de mayo de 2014, los negociadores publicaron lo acordado en el cuarto punto de la agenda, el de la solución al problema de las drogas ilícitas. Aunque no menciona específicamente la palabra fumigación o aspersión, el documento sí deja ver que ese aspecto no fue negociado y por tanto, las posiciones que tienen las dos partes al respecto no se movieron un centímetro.

Las Farc, por un lado, dejan claro que sólo aceptan la erradicación manual, pero el gobierno mantuvo abierta la posibilidad de acudir a otros métodos en caso de que los campesinos no accedan a participar en el plan de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

“En los casos en los que no haya acuerdo con las comunidades, el Gobierno procederá a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, priorizando la erradicación manual donde sea posible, teniendo en cuenta el respeto por los derechos humanos, el medio ambiente y el buen vivir. Las Farc consideran que en cualquier caso en que haya erradicación esta debe ser manual”, dice el acuerdo.

Un año después, en mayo de 2015, el Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó que se suspendieran las fumigaciones con glifosato.

La decisión fue tomada a raíz de una recomendación del Ministerio de Salud y Protección Social, que a su vez se basó en un estudio encargado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y realizado por la Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer de los Estados Unidos, en el que se declara al herbicida como probablemente cancerígeno para los seres humanos.

A partir de allí surgieron las acusaciones de varios contradictores del proceso de paz, como el procurador Alejandro Ordóñez, que consideran la medida como un favorecimiento a las Farc, por su posición con respecto al glifosato. Sin embargo, el acuerdo sobre este tema se dio un año antes en La Habana y no negoció la potestad del gobierno de acudir a mecanismos de erradicación no manual, como lo aclaró De la Calle.

La afirmación del jefe negociador del Gobierno resultó verdadera y con ella desmiente uno de los mitos que hacen carrera entre los opositores al proceso de paz.