Vea el primer capítulo de la investigación sobre las contralorías de Cali y Valle

Los festejos de la 58.ª Feria de Cali terminaron el 30 de diciembre del 2015. José Ignacio Arango Bernal había quedado dentro de los 19 aspirantes, entre 45, que la Universidad del Valle había seleccionado en el concurso solicitado por la Asamblea Departamental. Por eso, antes que celebrar o descansar, solicitó una reunión extraordinaria a las 10:00 de la mañana con los integrantes de la sociedad Arango Abogados y Asociados. Asistieron él, como único accionista, y el secretario, Delio Andrés Vargas Guerrero. Desde ese día Arango Bernal no sería más el gerente General, porque en diez días, podría ser el nuevo contralor Departamental del Valle del Cauca, tal como sucedió.

Algo diferente le sucedió al fiscal especializado Ricardo Rivera Ardila, seleccionado por el Concejo de Cali para ser aspirante a contralor Municipal, en un concurso. Rivera no podía, como Arango Bernal, mover en actas el cargo de fiscal que ocupaba para el momento de la elección.

En los corrillos del Concejo de Cali se escuchó decir que el alcalde no intervendría en la elección del contralor Municipal.

– En la coalición [de concejales] se repartieron la sábana milimétricamente entre cargos de la Contraloría y el personero; y buscaron un contralor [municipal] garante del respeto de los puestos”, dijo una fuente consultada por Concejo a Consejo de Redacción (CdR).

El domingo 10 de enero del 2016, Clementina Vélez, la concejal liberal se atrevió a decirlo en público y en plena elección en el recinto: “Mi voto es por Ricardo Rivera Ardila”. La frase a viva voz sirvió para que no quedaran dudas de que el Partido Liberal era gran aliado del fiscal Rivera. Al final, 15 concejales, de 21, hicieron caso omiso de que Rivera pudiera estar incurso en un conflicto de intereses por ser fiscal y lo eligieron contralor Municipal.

Como muchos que aspiran a cargos públicos, Rivera negó ser miembro activo de algún partido político. En una entrevista con CdR aseguró haber sido del Partido Liberal, pero aclaró que ni su cédula ni nada en él hacen parte de las toldas liberales en el presente.

Rivera es de San Vicente de Chucurí, Santander. En su extensa hoja de vida de abogado se destaca que fue delegado de la Registraduría Nacional en Tolima, Cundinamarca y el Valle. Fue cercano al exalcalde John Maro Rodríguez, quien lo dejó encargado de la administración en varias ocasiones. En los últimos años fue director seccional de Fiscalías de Caldas, director Administrativo y Financiero de la Fiscalía de Cali. No podría afirmarse que Rivera Ardila tiene mentor político, lo que sí continúa teniendo es un cargo de carrera en la Fiscalía, al que volverá seguramente cuanto termine su préstamo como contralor de Cali.

– Estoy en carrera; estoy en una comisión y de aquí me regreso para la Fiscalía, confirmó.

En el departamento

Al que parece sobrarle mentores es al contralor Departamental. El primero es su padre, Aimer Arango Murillo, alcalde de Tuluá en 1996, cuando Dilian Francisca Toro, hoy gobernadora, dirigía la Territorial de Salud del Valle.

Podría también contar como mentora a Esperanza Cifuentes, la compañera sentimental de su padre. Esta llegó a la Asamblea por el Partido Liberal, en 1998, con el apoyo de la exsenadora María del Socorro Bustamante. Ocupó cargos en Bienestar Familiar (ICBF), la Cámara de Representantes y la Gobernación, en donde hoy es la subdirectora Técnica de la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual en la Gobernación de Dilian Francisca Toro y al que llegó con el exgobernador Angelino Garzón.

La relación de Cifuentes con la exsenadora Bustamante le sirvió a Arango Bernal en sus pinitos de abogado, cuando trabajó en su Unidad Legislativa (UTL) y en la del exrepresentante a la Cámara Arcángel Clavijo (asesinado en Cali en el 2003).

Un posible tercer mentor sería un tío suyo, jefe político del Partido Liberal y cercano a la ministra de Trabajo, Griselda Janeth Restrepo.

Los votos en la Asamblea a su favor no solo fueron liberales. Arango Bernal obtuvo también el respaldo del Partido de la U, el mismo de la gobernadora Toro.

El contralor Arango fue asesor de la Defensoría del Pueblo hasta el 2012, año en el que posteriormente llegó Carlos Hernán Rodríguez Becerra en el Valle, actual auditor General de la República. En el rompecabezas que armó CdR de estas contralorías, Rodríguez Becerra parece una ficha importante. Antes de ser auditor de la República, hizo parte del movimiento político Por un Valle Seguro, el mismo que en el 2007 catapultó a Juan Carlos Abadía como gobernador del Valle del Cauca, destituido en el 2010, y para el que trabajó el hoy contralor departamental. “Yo estuve [trabajando] con la Presidencia del Concejo [de Cali, cuando] estaba de presidente, Juan Carlos Abadía”, le dijo el contralor del Valle a CdR en una entrevista en su despacho, en el edificio de la Gobernación.

El movimiento Por un Valle Seguro lo integraron el exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra, condenado por parapolítica, y Carlos Herney Abadía, padre del exgobernador destituido y condenado por narcofinanciación dentro del proceso 8.000 –que investigó ingresos de dineros del Cartel de Cali a la campaña presidencial de Ernesto Samper (1994-1998) y a las de varios congresistas–. Luego, Rodríguez Becerra fue contralor del Departamento, del 2008 al 2011. Es decir, pasó a vigilar a Abadía, el gobernador que ayudó a elegir entonces. Ahora como auditor de la República debe vigilar a Arango Bernal en la Contraloría del Valle.

El actual contralor del Valle también trabajó con Manuel Laureano Torres cuando este fue personero de Cali, y ahora como diputado participó como elector de Arango Bernal. Torres hace parte de la subunidad política Nueva Generación, liderada por Dilian Francisca Toro, aunque es más cercano al senador Roy Barreras, también parte del movimiento.

La danza de los puestos

Las contralorías son entidades públicas encargadas de vigilar que los dineros públicos se inviertan como deben ser. Que no se pierdan en negligencias administrativas y menos que se fuguen por la corrupción. Para esto, la Contraloría del Valle tiene un presupuesto de 15.157 millones de pesos. De esos, las dos terceras partes se van en gastos de personal.

En la Municipal de Cali, el presupuesto es mayor. Para este año están aprobados 20.433 millones de pesos y de acuerdo con cifras del 2016, se gastó 17.800 millones en personal.

Esta capacidad contractual las ha convertido en fortines burocráticos. En el cruce de información y de funcionarios de libre nombramiento y remoción, CdR encontró que el vicecontralor departamental, Arturo Fernández Manrique, nombrado por Arango Bernal, trabajó con Abadía y estuvo en la campaña política para el Concejo en el 2015, con el exconcejal Jaime Gasca.

En la Contraloría de Cali también hay personas de libre nombramiento y remoción que trabajaron con Gasca. Por ejemplo, Rafael Cubillos, ahora jefe de la Oficina de Auditoría y Control Interno de la Contraloría Municipal trabajó en el Concejo cuando Gasca lo presidió.

También hay contratistas en la Contraloría del Valle que vienen de entidades del deporte, bajo el ala de Clara Luz Roldán, que fue jefe de la campaña electoral de la actual gobernadora y hace parte de su círculo político. Hizo carrera en la Contraloría del Valle y hoy dirige Coldeportes. Por esta vía llegaron a la Contraloría Departamental: Luis Fernando Giraldo Hincapié, el que hasta agosto fue el subdirector operativo de investigaciones fiscales; Luis Fernando Restrepo Guzmán, que está en la oficina asesora de planeación y José Julián Rojas Moncaleano, otro que está en la Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva.

Con Arango Bernal, también llegó un abogado de su confianza, que trabaja en su empresa de asesorías jurídicas. También el exsecretario de Hacienda de Angelino Garzón. Ambos a través de Univalle y para el mismo propósito “El rediseño Institucional de la Contraloría Departamental”.

Hasta el padre del contralor Departamental tiene puesto en la repartija. Aimer Arango Murillo es el secretario General del contralor Municipal de Cali.

Llegaron extrabajadores del exgobernador del Valle del Cauca Ubeimar Delgado, del exalcalde de Yumbo Fernando Murgueitio y de Ritter López, político reconocido de Palmira, Valle.

No solo figuran en la nómina de los cargos de libre nombramiento y remoción extrabajadores de políticos del Valle. También familiares de diputados y concejales. La tesorera general de la Contraloría del Valle es la tía del concejal Juan Manuel Chicango, hijo del destituido concejal Orlando Chicango. La tesorera del ente de control fiscal municipal es hermana del exconcejal Milton Castrillón.

Hasta la excandidata a contralora de Cali María Fernanda Ayala Zapata llegó a la entidad que maneja Arango Bernal, con el cargo de directora Operativa del Control Fiscal. Muchos contratistas en cargos de libre nombramiento y remoción vienen de trabajar en personerías del Valle del Cauca, principalmente la de Cali. En términos de regiones, predominan los que vienen de trabajar en cargos públicos en Tuluá, Palmira, Yumbo, Buga, Pradera y Cartago.

En la Contraloría Municipal es menos evidente la danza de puestos, aunque también sucede. La jefa de la Oficina Jurídica trabajaba con Rivera Ardila en la Fiscalía de Cali. La jefatura de la Oficina de Participación Ciudadana la ocupa una persona que trabajó en la fundación Primero Cali en la que el concejal Carlos Pinilla hace política. Primero Cali también es el nombre que Pinilla usó para un programa de seguridad de la ciudad y por el cual fue condecorado. Pinilla presidía el Concejo de Cali cuando Rivera salió elegido.

El jefe de comunicaciones de Rivera, además de haber sido candidato a la Contraloría de Yumbo, es hermano de un contratista en la oficina de comunicaciones en la Gobernación de Dilian Francisca Toro.

Contratos y aportes

El carrusel político se aceita con empresas que apoyan campañas electorales y que, antes o después, se convierten en importantes contratistas de las contralorías del Valle. Por ejemplo, Intec, sigla de la Fundación Educando por Colombia Egresados de Universidad Libre, apoyó en el 2009 a un candidato del Partido Conservador al Concejo de Zarzal y fue contratista de la Contraloría de Cali. En el periodo de Arango Bernal en el Valle cuenta con tres contratos que suman poco más de 80 millones de pesos.

Entre la contratación de Arango Bernal llama la atención que en diciembre de 2016 realizó la compra de 12 vehículos para la entidad, cuyo costo escaló los 433 millones de pesos. También un contrato con Bodytech para el acondicionamiento físico de los funcionarios, por 12 millones de pesos. Lo que no dicen los contratos ni los informes de auditoría es a quién o quiénes les asignaron vehículos, ni la justificación de esa necesidad.

Más allá de si estos temas son o no ilegales o presentan conflictos de intereses, lo que se evidencia es que las contralorías tienen más poder del que parecen mostrar y que el control sobre ellas prácticamente pasa inadvertido.