La siembra, producción y comercialización del grano más representativo de Colombia se convirtieron en el municipio de Planadas, sur del Tolima, en las actividades aliadas de los acuerdos logrados con la guerrilla más antigua de América Latina. Indígenas y campesinos laboran día a día para alcanzar una mejor calidad de vida sin la presión de la guerra. Dificultades no faltan, pero unos y otros trabajan con convicción pensando en mejores días.
En el pasado quedó el miedo de niños, niñas y jóvenes de las áreas rurales de asistir a la escuela por temor a ser reclutados por la insurgencia. Sus padres preferían tenerlos cerca y evitar que caminaran largos trayectos hacia las aulas por trochas en las que también pululaban guerrilleros. También quedó atrás el temor a trabajar en las parcelas para no quedar atrapados entre el fuego cruzado de los grupos armados.
Los pobladores de aquellas altas montañas sufrieron por décadas el rigor de la guerra insurgente, que conocieron tempranamente, pues a mediados de la década del sesenta, en un pequeño caserío de aquellas altas montañas conocido como Marquetalia se consolidó un movimiento campesino alzado en armas contra el Estado que sería bautizado como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
Sus estructuras armadas se nutrieron de niños, niñas y jóvenes de la región del sur del Tolima. Así lo constató el informe “Una guerra sin edad”, divulgado por el Centro Nacional de Memoria Histórica en febrero de este año, que referencia al municipio de Planadas como uno de los más afectados por esta práctica sucedida entre 1976 y 2005, considerada como un crimen de guerra por las normas nacionales e internacionales.
Amplias zonas rurales también fueron sembradas con minas antipersonas, lo que generó graves restricciones al trabajo en el campo. De acuerdo con la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, Planadas hace parte de los 211 municipios donde actualmente se adelantan labores de desminado humanitario.
La presencia de guerrilleros en veredas y corregimientos generaba graves riesgos para las comunidades, y así lo entendieron las autoridades indígenas Nasa, quienes agobiados por las afectaciones decidieron hace ya 22 años, y pese a las tensiones entre sus integrantes, sentarse a negociar un acuerdo de paz con los jefes de las estructuras de las Farc que operaban en su territorio y afectaban tanto sus vidas cotidianas como sus prácticas culturales ancestrales.
A ello se sumó el pacto alcanzado en La Habana, Cuba, tras cuatro años de conversaciones entre el gobierno nacional con la dirigencia de ese grupo alzado en armas, que se refrendó el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá, cuando se firmó el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
Ambos procesos de paz tienen un punto en común: tanto indígenas como campesinos aprovecharon las bondades de la tierra del sur del Tolima para afrontar los nuevos tiempos y potenciar el cultivo del café, una tradición en aquella región del departamento. De acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros, Planadas es el mayor productor del grano en el Tolima y su calidad es reconocida en los mercados nacionales e internacionales.
¿Qué significó para las comunidades campesinas e indígenas que en sus veredas y corregimientos ya no pululen guerrilleros de las Farc? ¿Potenciar el cultivo de café realmente ha reactivado la economía local? ¿De qué manera los próximos gobiernos podrían fortalecer estas iniciativas productivas? Son varios los aprendizajes que líderes sociales y miembros de asociaciones de caficultores acumulan gracias a su persistencia, pero también hay retos enormes para sacar adelante una región duramente golpeada por la confrontación armada.
“El resguardo de Gaitania a través de Marquetalia tuvo muchos inconvenientes”, recuerda Olimpo Ramos, exgobernador del cabildo Nasa We`sx y representante de la Asociación de Caficultores Indígenas de San Pedro (ASCISP). “Los adultos no podían trabajar ni muchos niños podían estudiar por el asunto de la guerra”. El temor al reclutamiento de los menores, a la activación de campos minados y a choques armados entre guerrilla y tropas del Ejército generó graves restricciones a la movilidad de los indígenas, lo que afectaba sus vidas cotidianas y comprometía su subsistencia.
Los adultos no podían trabajar ni muchos niños podían estudiar por el asunto de la guerra.
Como una manera de enfrentar a las Farc en aquellas montañas, el Ejército decidió en la década del ochenta crear entre los Nasa una autodefensa indígena para que le hicieran frente a la insurgencia. Pero el remedio, según recuerdan en la región, resultó peor que la enfermedad. Esa estrategia impuesta por el Estado socavó su autonomía y autoridad ancestral, y varios de sus integrantes perdieron la vida.
“Es que la guerra no nos servía ni a los indígenas ni a los campesinos”, afirma Ramos, quien era muy joven en aquellos años. Ante la inminente tragedia, las autoridades propias decidieron en 1994 convocar a las Farc y plantearles un acuerdo de paz en el que prevaleciera el respeto por los nativos y sus territorios.
Es que la guerra no nos servía ni a los indígenas ni a los campesinos
Tras dos años de negociaciones, y ante la resistencia de un sector de la comunidad Nasa que, incluso, llegó a decir que le estaban entregando el territorio a la guerrilla, se concretó un acuerdo y el 26 de julio 1996 estamparon su firma el gobernador indígena Virgilio López y el jefe del Frente 21, Arquímedes Muñoz, alias ‘Jerónimo Galeano’.
El documento de acuerdo contenía nueve puntos, entre los que se destacaban que la guerrilla no seguiría amenazando a la comunidad; a los indígenas y campesinos se les prohibió el uso de las armas; cualquier integrante de la comunidad que colaborara con cualquier actor armado (legal e ilegal) sería expulsado del resguardo; los delitos que ocurriesen dentro del resguardo serían juzgados bajo la ley indígena; la comunidad impediría el ingreso de cualquier grupo armado a su territorio; y la comunidad no continuaría pagando ‘impuestos’ a los actores armados.
“Después de 1996, el proceso de paz con las Farc nos ayudó mucho porque se acabó el problema con ellos. Entonces a partir de ahí es que comenzamos a trabajar”, detalla Ramos y tras recibir autorización de la asamblea general del cabildo, comenzó a pensar en el café como una alternativa viable para los indígenas. “Nosotros como somos campesinos y no dependíamos de nadie, entonces la meta era soltar las armas y luego empezar a trabajar y gracias a Dios nos ha dado resultado”, reitera el representante de ASCISP.
A esa tarea se unió Fredy Ramos, quien hoy está al frente de la Asociación de Cafeteros NASAWE SX FI ZÑI (ASOCANAFI). Este líder indígena destaca que los logros actuales del resguardo se deben a que “siempre hemos trabajado de manera muy comunitaria”.
Pero el camino no ha sido fácil. Luego de establecer la siembra de café como la base de su economía, se volvieron a enfrentar a la cara de la guerra, esta vez por cuenta la ruptura el 21 de febrero de 2002 de los diálogos de paz que adelantaba desde enero de 1999 el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana (1998-2002) con la guerrilla de las Farc.
Sus territorios nuevamente fueron usados como corredor estratégico por la insurgencia y bombardeado por las tropas estatales en persecución a los guerrilleros, lo que ocasionó un desplazamiento de parte de la comunidad entre 2005 y 2006, así como constantes daños a la propiedad comunitaria y le costó la vida a dos indígenas que murieron tras pisar campos minados.
La confrontación armada disminuyó al finalizar el 2012, cuando el gobierno nacional inició en La Habana, Cuba, nuevas conversaciones con la dirigencia de las Farc que culminaron cuatro años después con la firma del Acuerdo Final el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá.
Los nuevos aires de paz para los 3.285 indígenas del resguardo de Gaitania reactivaron el proceso caficultor y los llevaron a constituir sus propias asociaciones. La primera de ellas fue ASOCANAFI, que si bien se creó en diciembre de 2011, inició su comercialización del grano en 2015.
“No iniciamos como una asociación que cultivaba y comercializaba café, sino más que todo por el interés de trabajar unidos y no dejar perder el tema productivo”, cuenta Ramos, su actual vocero. “Nos reunimos pensando que nosotros mismos nos asociáramos a través de las fincas comunitarias. Así fue que empezamos. Y ya desde 2015 en adelante nosotros mismos colocábamos café y comenzamos a comercializar”.
No iniciamos como una asociación que cultivaba y comercializaba café, sino más que todo por el interés de trabajar unidos y no dejar perder el tema productivo.
En la actualidad cuentan con 117 hectáreas sembradas de 50 asociados, todos de la etnia Nasa, y cuentan con el apoyo de cinco empresas exportadoras que les ayudan a comercializar el café en los mercados internacionales. Además, cuentan con certificados de Comercio Justo y Orgánico (Fair Trade Organic), que les garantiza mejores precios y primas aportadas por compañías importadoras, que revierten en sus comunidades de asociados. También cuentan con su propia marca, llamada Café El Tejedor, la cual está en proceso de registro ante las autoridades.
Por su parte, Olimpo Ramos, de ASCIPS, creada en abril de 2014, recuerda con algo de jocosidad que cuando empezaron a gestionar oportunidades de negocios para su grano, los asociados, que ya llegan a 150, “no sabían que era café tostado, ni sabían tomar tinto”. Ahora, esta asociación exporta café, también con el certificado Comercio Justo y Orgánico, a varios países europeos y Estados Unidos. Parte de las bonificaciones son utilizadas en la población infantil Nasa en edad escolar.
“Y con esas bonificaciones que nos llegan por café exportado ayudamos a los asociados con máquinas, lavaderos, siempre mirando el medio ambiente, con todos los cuidados que debemos tener. Por esa razón es que nos llega la bonificación, porque nosotros estamos aprendiendo y enseñando a los demás”, detalla Ramos.
Quienes también se han beneficiado con los acuerdos de paz son las comunidades campesinas cultivadoras de café, quienes también han constituido sus propias asociaciones, una de las más representativas en este momento es la Asociación de Productores Ecológicos de Planadas (ASOPEP), creada en enero de 2013 y dirigida por Camilo Encizo, quien lidera 282 pequeños productores del grano, algunos de los cuales son de Ataco, un municipio vecino.
“Por la tranquilidad que hay en la región, nos visitan muchos clientes internacionales, llegan sin ningún inconveniente”, cuenta Encizo. “Hace más de cinco años, nosotros lo que escuchábamos era sobrevuelos de helicópteros, aviones y bombardeos, por eso ningún turista se atrevía a poner un pie aquí”.
Hace más de cinco años, nosotros lo que escuchábamos era sobrevuelos de helicópteros, aviones y bombardeos, por eso ningún turista se atrevía a poner un pie aquí.
Pero desde que se instalaron las negociaciones de paz en La Habana, hace un poco más de cinco años, el ambiente bélico cambió en Planadas. Ahora la actividad comercial y turística de visitantes nacionales y extranjeros, alrededor de la siembra y producción de café de alta calidad se ha venido intensificando.
Este líder gremial resalta que el acuerdo con las Farc también trajo más tranquilidad para los pobladores, tanto urbanos como rurales, sobre todo con los hijos, que antes padecían el riesgo del reclutamiento: “la gran población de los muchachos que en este momento tienen 18, 20 años de edad, sólo están con tercero de primaria, porque cuando cumplían 10 años, los papas no los enviaban más a las escuelas en las veredas porque les daba miedo que los reclutaran”.
Ese tipo de restricciones generó un gran estancamiento de la población juvenil rural porque muy pocos podían continuar sus estudios y mucho menos profesionalizarse. Pero la situación parece cambiar, sobre todo en los dos últimos años. “Hay mucha presencia institucional, agencias del gobierno nacional, de Naciones Unidas, entre otras razones porque Planadas está en la lista de municipios del posconflicto y se encuentran realizando diagnósticos”.
El fuerte de la producción de ASOPEP ha sido el café, pero dado que tienen asociados en diversos pisos térmicos, también cultivan cacao desde hace un año, con lo que pretenden diversificar la producción y explorar otros mercados. Esta asociación también cuenta con certificaciones en Comercio Justo y Orgánico, siendo una de las 18 asociaciones de Planadas que cuentan con este tipo de respaldos para lograr un mejor precio entre los importadores. Su grano llega a países como Alemania, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Japón y Estados Unidos.
Su trabajo social, enfocado en los jóvenes, fue reconocido en septiembre del año pasado con el premio Emprender Paz, que otorgan la Fundación Social, la Embajada de Suecia y la Fundación Konrad Adenauer a compañías y organizaciones que se distinguen por impulsar este tipo de iniciativas.
En la justificación del premio, se determinó que ASOPEP promueve el relevo generacional al capacitar a niños y jóvenes en la preparación de café y así, los promueve “para trabajar como catadores en la asociación o en empresas especializadas en la comercialización de café. La creación de oportunidades de formación para jóvenes en el oficio cafetero contribuye a generar arraigo y a disminuir los factores de la violencia en la región”.
En el propósito de fortalecer tanto a las asociaciones como a todas las comunidades indígenas y campesinas aún falta mucho camino por recorrer en Planadas. Si bien los acuerdos de paz con las Farc han posibilitado mayores oportunidades, los voceros de estas organizaciones consideran que temas como la restitución de derechos territoriales y ampliación de resguardos; formalización de la propiedad de la tierra; mejoramiento de la infraestructura productiva; intervención de las vías rurales; y mejoramiento de la educación, son parte de las necesidades que debe atender el Estado a través de sus agencias de manera pronta.
Si en algo coinciden los voceros indígenas de ASOCANAFI y ASCIPS, así como el representante de ASOPEP, es en la necesidad que tienen los pequeños productores asociados de modernizar procesos de trabajo, entre ellos el secado del café, para lo cual se requieren secadoras. “Parte del café se va mojado a Neiva y eso lo podríamos remediar”, asevera Encizo.
Con respecto a la formalización de la propiedad de la tierra, el representante de ASOPEP dice que sus asociados tienen pequeñas fincas de tres hectáreas en promedio cada uno, pero no todas están legalizadas, eso quiere decir que no poseen escritura. “Muy pocas están legalizadas, entre otras cosas porque la gente se conforma con tener solamente un documento de compraventa. La gente está atenta a la legalización, pero no tienen los recursos para hacer esos trámites”, dice Encizo y agrega que en ASOPEP tienen identificados quienes tienen escrituras y quienes no con el fin de pasar un proyecto para formalizar todo.
Los indígenas, por su parte, esperan una decisión sobre la demanda que fue admitida en marzo pasado por el Juzgado Segundo Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué para que a través de decisión judicial les restablezcan sus derechos territoriales; se ordene la ampliación del resguardo, que actualmente tiene 4,900 hectáreas, pero 3,700 de ellas son áreas protegidas, por tanto, no se pueden intervenir; se reparen las múltiples afectaciones a sus prácticas culturales y espirituales, y al disfrute de su territorio; y se fortalezca la autonomía de su gobierno propio.
Pero el tema de las carreteras es el más preocupante. Y no sólo inquieta a los pobladores de Planadas, también a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), seccional Tolima. Su vocero, Edgar Angarita, llama la atención sobre las vías de penetración a las veredas, que se afectan aún más en época de invierno, y también las de acceso al casco urbano: “Hay un paso por el sitio El Limón, de Chaparral, a Planadas que las busetas parece que se van a ir al abismo. Otra, como la de Ataco - Santiago Pérez - Planadas, se pavimentó, pero se daña constantemente, la mitad de la carretera es terrible, para ir por allá hay que transbordar hasta tres veces”.
Parte de las expectativas para solucionar este tipo de problemas se pusieron en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, conocidos como Pdet, una iniciativa acordada con la guerrilla de las Farc en La Habana, a través de los cuales se pretende intervenir 170 municipios en todo el país afectados históricamente por el conflicto armado. Planadas es uno de ellos.
De acuerdo con Encizo, las comunidades ya discutieron, a través de sus voceros, los puntos fundamentales para incluir en el Pdet, sin embargo, tienen dudas con los recursos, pues hasta el momento no hay respuesta alguna a sus proyectos. Y el efecto de no ver nada concreto cuando los pobladores han puesto tanta esperanza en este tipo de iniciativas es la incredulidad y la pérdida de confianza en las entidades del Estado y las instituciones que las apoyan.
Encizo recuerda un comentario que le hizo un líder rural para ejemplificar ese desgaste y desánimo: “A mí en la vereda me dicen carro viejo, porque me mantengo de taller en taller”. Y es que según el líder de ASOPEP, “la gente está cansada de diagnósticos, no saben si habrá recursos para los Pdets”.
A mí en la vereda me dicen carro viejo, porque me mantengo de taller en taller.
El sacerdote católico Rubén Darío Mendoza, director de Pastoral Social en la diócesis de El Espinal, con arraigo y trabajo en Planadas, también cuestiona la manera cómo diversas agencias estatales e instituciones privadas llegan a las comunidades: “Se la pasan en reunión, merienda, firma de planilla y fotografías, en eso se queda plata, y poco o nada les llega a los campesinos”.
A su juicio, así no se consolida la paz: “la paz requiere un trabajo profundo de la transformación del ser humano, con tantas cosas horrorosas que vivió Planadas, tenemos que ayudarle a su gente a superar el dolor y a hacer de Planadas el pueblo pujante que fue”.
La paz requiere un trabajo profundo de la transformación del ser humano
El líder indígena Fredy Ramos, de ASOCANAFI, asegura que, como asociación, no conoce de recursos que provengan de los acuerdos de paz con las Farc. Por su parte, su colega Olimpo Ramos, de ASCIPS, evoca los acuerdos de hace 22 años para concluir que “Nosotros sabemos, por experiencia, que para que haya paz se deben cumplir los acuerdos porque si no se cumplen la guerra no se acaba”. Y en Planadas nadie quiere que el café deje de aromatizar los acuerdos de paz, pero requieren ayuda.
Se calcula que en Planadas se encuentran el 25 por ciento de las asociaciones productoras y comercializadoras de café del país que cuentan con certificación de Comercio Justo y Orgánico, lo que evidencia el esfuerzo de las comunidades campesinas como indígenas han hecho para darle valor agregado a sus granos. De acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros, “al certificarse bajo un estándar de comercio justo, lo que se busca es obtener ventajas como un precio mínimo de compra garantizado. Los lineamientos de esta certificación están encaminados en obtener relaciones comerciales basadas en el respeto y beneficio mutuo de las partes”. Además, al adquirir un café certificado, el cliente “valora el trabajo de los productores, las leyes laborales, la seguridad social, la salubridad y el respeto por la conservación de los recursos naturales”.
