“Sabíamos que el posconflicto sería igual o más duro que los propios tiempos de guerra”. Esa fue una de las frases más repetidas por los diferentes gobernadores, alguaciles y coordinadores de la Guardia Indígena del norte de Cauca, quienes el pasado 7 de junio acudie- ron a un consejo territorial extraordinario que realizaron en el resguardo de Tóez para exponer las afectaciones que padecen sus comunidades en estos supuestos tiempos de paz.
Sentados alrededor de una tulpa -gran fogata- y bajo el techo de la Casa del Fuego de ese territorio ancestral a las afueras del municipio de Caloto, uno a uno los líderes indígenas expresaron con gran angustia la situación de sus resguardos. En ellos, en mayor o menor medida, marchan nuevos actores armados, surgen disidencias de las Farc, se disparó la delincuencia común, y volvieron las extorsiones, los combates, los desplazamientos forzados y el reclutamiento de menores de edad.
Algunas comunidades del norte de Cauca están cobijadas por tres medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar su protección, las cuales fueron expedidas en 2005, 2008 y 2011.
Una de las principales preocupaciones de los Nasa es el desfile de diversos grupos armados por sus veredas tras la dejación de armas de las Farc. “La situación de hoy en día la habíamos advertido con antelación: que posterior a la firma del acuerdo de paz, quedaría mucha gente suelta y eso iba generar muchas dificultades al interior de las comunidades. Algunos se han empezado a reorganizar en diferentes frentes y se habla del Epl, del Eln y nuevamente de la Columna Móvil Jacobo Arenas. Dentro de eso hay un revoltijo y uno no sabe qué está pasando allí”, indica con preocupación Carlos Alberto Sánchez, gobernador del resguardo López Adentro, de Caloto.
Según lo documentado por el Tejido de Defensa de la Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), encargado de monitorear la situación de derechos humanos de las 21 comunidades nativas en ocho municipios, esa región pasó de tener un sólo grupo armado ilegal hegemónico, las Farc, a cinco que se disputan sus antiguos territorios, atraídos por las rentas ilegales que les ofrecen el narcotráfico y la minería ilegal.
El primer grupo armado ilegal que ingresó a la región tras la desaparición de la otrora guerrilla más antigua del continente fue el Epl. Hacia mediados de marzo de 2017 apareció en Toribío, pero sus hombres fueron expulsados por las autoridades de los tres resguardos de ese municipio montañoso, por lo que se trasladaron a Suárez. En ese municipio estuvieron siete meses, hasta que libraron un combate con disidentes del Sexto Frente de las Farc en el que varios de sus integrantes perdieron la vida, siendo expulsados y replegándose en Corinto y Miranda (Cauca), así como en Jamundí (Valle del Cauca).
Sobre ese grupo armado las autoridades y centros de investigación del conflicto armado han manejado dos hipótesis: que disidentes de las Farc estaban empleando su nombre para desviar la atención, y que hubo una alianza entre exguerrilleros de Cauca para que el Epl enviara una avanzada desde el Catatumbo, Norte de Santander, donde ha tenido presencia histórica tras no acogerse al proceso de desmovilización de 1990.
Sin embargo, un par de hechos apuntan a la segunda hipótesis. Algunos comuneros se percataron de que, efectivamente, una parte de los hombres que usaban las siglas del Epl eran foráneos, y esa apreciación fue confirmada tras el combate ocurrido en Suárez, pues al realizar el levantamiento de los cadáveres, se estableció que los documentos de identidad de algunos fueron expedidos en el departamento fronterizo.
El segundo grupo con el que también tienen que lidiar es el Eln debido a su proceso de expansión. Edwin Mauricio Capaz, coordinador del Tejido de Defensa de la Vida, explica que ese grupo guerrillero anteriormente tenía presencia en Jambaló, Suárez y Buenos Aires, pero que después de la salida de las Farc empezó a llegar a Caloto, Corinto y Miranda, en donde se dieron ejercicios de debate con las autoridades tradicionales que terminaron con su expulsión del territorio.
“El 30 de mayo se dio un combate con el Ejército en la vereda Huasanó de Caloto y después aparecieron grafitis con las siglas del Eln. Cuando decretaron su paro armado nacional, en Corinto realizaron hostigamientos contra la torre de telecomunicaciones; y también han pedido asambleas con los cabildos para que les den permiso de actuar en la región, pero se les ha dado como respuesta que no queremos más actores armados en los territorios”, refiere Capaz sobre las últimas acciones de ese grupo guerrillero.
Los siguientes en aparecer fueron los grupos residuales o disidentes de las Farc, los cuales, según la Acin, empezaron a hacer presencia en la región ocho meses después de la firma en Bogotá del Acuerdo Final con las Farc, rubricado el 24 de noviembre de 2016. Se trata de microgrupos que empezaron a marcar los territorios con símbolos alusivos a las Farc y que han tenido un aumento significativo.
Al respecto, la Fundación Ideas para la Paz, que a mediados de abril de este año publicó una completa radiografía sobre las disidencias de las Farc en todo el país, estableció que, en el departamento de Cauca, y principalmente en la zona norte, operan cuatro de estos grupos que tuvieron su origen en los frentes 6 y 30, y las columnas móviles Miller Perdomo y Jacobo Arenas.
Dicha investigación precisó para ese momento que las disidencias estarían conformadas por cerca de cien hombres bajo los mandos de alias ‘Mordisco’, alias ‘Juvenal’ y alias ‘Pija’, teniendo presencia en los municipios de Corinto, Toribío, Miranda, Caloto, Buenos Aires, Suárez, Morales y Caldono, en donde está casi la totalidad de los cabildos de los indígenas Nasa.
Como comunidades le apostamos al proceso de paz porque hemos sido víctimas de muchos atropellos, pero después de que se firmó el acuerdo de paz ha sido más perseguido el movimiento indígena, especialmente aquí en Caloto, en donde hay más presencia de disidencias, Eln, Bacrim y Águilas Negras.
El cuarto grupo, que no es caracterizado por la Acin como disidencia, es llamada Fuerza Unida del Pacífico, que tiene presencia en la región Naya. A pesar de que ese nombre salió a relucir a la opinión pública el pasado 3 de junio, cuando uno de sus integrantes reconoció por medio de un video ser los responsables del asesinato de cuatro miembros de una familia afro de la vereda Juan Santo, del municipio de Buenos Aires, los indígenas ya le seguían el rastro meses atrás porque también habían intentado entablar contacto los cabildos de El Playón y Sinaí.
El quinto son las bandas neoparamilitares, aunque las autoridades nacionales niegan su existencia y la Policía refiere que los panfletos que circulan a su nombre son apócrifos. En el norte de Cauca no pasa mes alguno sin que los líderes indígenas reciban amenazas a nombre de ‘Los Rastrojos’, ‘Las Águilas Negras’, las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ o ‘Los Urabeños’. Al respecto, Capaz plantea que “hay algún tipo de organización estratégica alrededor de ese tema: bandas locales con capacidad operativa, que no se pueden calificar como un grupo armado similar a las antiguas autodefensas, pero que sí utilizan sus nombres y estrategias para generar terror y extorsión”
Hay amenazas y a través del ejercicio de Liberación de la Madre Tierra se han generado más. Han caído compañeros que estuvieron de frente en las mingas de liberación. Han ido cayendo graneados, al igual que algunos comuneros, y uno no lo entiende.
Y, por último, aunque no es un actor armado ilegal, la Fuerza Pública también genera riesgos para los indígenas, como recuerda el gobernador de López Adentro: “Hace días (el 30 de mayo) la guerrilla colocó una bomba y los del Ejército se atrincheraron en las casas de la comunidad de Vista Hermosa desde donde disparaban, y los otros desde la parte alta respondían. Eso fue un caos y afortunadamente no hubo muertos ni heridos, pero sí volvió otra vez a sentirse el tema de la guerra”.
Al respecto, la Acin emitió un comunicado en el que repudió los hechos y señaló que “esta situación ya estaba anunciada, por lo que le habíamos recomendado al Ejército que no hicieran retenes en sitios poblados al interior del territorio, ya que esto colocaba en riesgo a la población civil. Situaciones como estas lo que muestran es que no hay un interés de un cambio y de mantener una paz estable y duradera, sino el de mantener la guerra como estrategia de utilizar el conflicto para sus fines”. (Ver documento)
El aumento de actores armados en sus veredas tan sólo es uno de los once factores de riesgo que la Acin ha identificado para sus habitantes. Pese a que, durante las negociaciones de paz, los ceses al fuego y el proceso de desarme de las Farc la violencia se redujo a niveles históricos y los habitantes de Cauca pudieron transitar libremente por sus veredas sin temor a quedar atrapados en medio de balaceras, las afectaciones a los derechos humanos de los Nasa no cesaron.
La Unidad Nacional de Protección, cuando le mostramos que tenemos 280 indígenas amenazados, nos dice que no tiene el concepto de protección colectiva, y que los puede defender de uno a uno con escoltas, carro y celular.
Como plantea el coordinador del Tejido de Defensa de la Vida, “en materia de derechos humanos hay algo que no dejó de pasar: las amenazas. Esa situación siempre se ha mantenido, durante la guerra y luego hacia la transición de la presentación del acuerdo de paz y ahora en la implementación. Siempre se ha mantenido, en unos tiempos más que otros”.
Y en este semestre han proliferado de manera inusual. En lo corrido del año han circulado 21 panfletos en los que se amenaza de muerte a diferentes líderes Nasa y cinco más han recibido llamadas telefónicas a través de las cuales les notifican que “están en listas rojas y que les quedan pocas horas de vida”.
Como si fuera poco, de acuerdo con los registros del Tejido de Defensa de la Vida, por su labor en los últimos cuatro años, 280 líderes han sido víctimas de amenaza, intimidación, persecución, estigmatización o seguimiento. De ellos, nueve fueron asesinados y siete sufrieron atentados en los últimos 18 meses.
Los ataques contra las autoridades y los guardias indígenas son producto de acciones sicariales, pero recientemente también se ha empleado el uso de explosivos en sus casas o cerca de los lugares donde transitan. Uno de esos casos es el de Enrique Fernández, uno de los líderes que se apersonó del proceso de verdad y reparación para las víctimas de la masacre del Naya en la jurisdicción de Justicia y Paz, quien el 19 de febrero encontró un artefacto explosivo en su casa que posteriormente fue desactivado por técnicos antiexplosivos.
El aumento de esa violencia se debe al mandato de las comunidades de no permitir la presencia de actores armados en sus resguardos, el cual fue establecido en una asamblea que se realizó en la vereda Carrizales, del municipio de Corinto, luego de que el presidente Juan Manuel Santos y el exjefe guerrillero Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, firmaran el acuerdo paz. Los encargados de hacer cumplir esa orden del pueblo Nasa son los miembros de los cabildos y sus guardias indígenas, quienes recurren a diferentes estrategias para hacer control territorial.
Los señalamientos frente al proceso político que viene haciendo la organización indígena están siendo cada vez más fuertes y hay mayor estigmatización, incluyendo a la Fuerza Pública por el proceso de Liberación de la Madre Tierra, en reclamo de nuestros derechos.
“Por el ejercicio que estamos haciendo en el marco del control territorial, el señalamiento a la Guardia Indígena siempre ha sido permanente, desde 2000 con los paramilitares, y después entre 2005 y 2007 por los combates entre Farc y Fuerza Pública ha sido igual, pero ahora ha empeorado”, cuenta uno de los coordinadores a nivel departamental de la Guardia Indígena de Cauca, que pidió mantener la reserva de su identidad.
Y agrega que, por ese mandato de las comunidades, están destruyendo la droga y las armas que incautan en sus territorios, razón que los ha puesto en la mira de los violentos: “Este año le quitamos dos fusiles al Epl y 800 municiones en Cerro Tijeras, a mediados de marzo un fusil al Eln en Corinto, y por esos días también cinco fusiles a una disidencia de las Farc en Tacueyó”.
El panfleto más reciente, en el que no se emite una amenaza, pero sí se cuestiona la labor de las autoridades indígenas en cuanto al control territorial, fue emitido el pasado 5 de junio por la autodenominada Columna Móvil Dagoberto Ramos de las Farc, que se presenta como “auténticos herederos de Manuel Marulanda y Jacobo Arenas”, y hace “un llamado a los comuneros del norte del Cauca a la reflexión porque algunos líderes indígenas están haciendo el trabajo de policías, Sijín, Ejército y otros organismos del gobierno colombiano”. (Ver panfleto)
La Acin calificó ese señalamiento como de suma gravedad, pues con él pretenden deslegitimar los mandatos comunitarios. Al respecto, Rubén Velasco, gobernador del Cabildo de Tacueyó, en Toribío, municipio que, según la Policía Nacional padeció 73 ataques de las Farc entre 2003 y 2016, señala que los grupos disidentes afectan el territorio y sus comunidades.
“En mi territorio hay grupos que quieren hacer sabotaje para después colocarlo como un tema político y decirle a la comunidad que eso no sirve. Estamos viviendo ese tema, además de seguimientos y amenazas a nuestros guardias indígenas, pero estamos en permanente lucha, de acuerdo al mandato de la comunidad después de la firma del acuerdo de paz. Estamos obedeciendo lo que la gente dice”, afirma Velasco.
Tras la salida de las Farc han aumentado las pandillas y los robos. Están robando motos, secuestrando, extorsionando y ha sido complicado. Eso lo hacen las disidencias y los 'narcos'.
En sentido similar se expresa el gobernador de La Cilia, en Miranda, Freddy Guevara Jaramillo: “Desde el tiempo en el que se hicieron los famosos diálogos de La Habana, muchos grupos al margen de la ley han llegado al territorio para querer controlarlo y querer imponernos sus leyes. Sobre ello siempre hemos hecho las respectivas denuncias, que el Estado no haya puesto atención a lo que hemos dicho, nos pone en riesgo porque no se cree lo que está pasando, pero la situación es bien complicada”.
Además de la persecución de la que están siendo víctima las autoridades indígenas por cumplir con los mandatos de sus comunidades, en la región siguen ocurriendo prácticas de antaño que se pensó quedarían proscritas con el fin del conflicto armado con las Farc y la no repetición de la violencia que prometió el Acuerdo Final. Así como el coordinador del Tejido de Defensa de la Vida dice que durante el proceso de paz y la implementación del Acuerdo Final no cesaron las amenazas, también refiere lo mismo sobre el reclutamiento de menores de edad.
Hablan de pagarles dos millones de pesos mensuales y algunos jóvenes que no tienen la claridad y la orientación dentro de los territorios, están participando en ese ejercicio de meterse en las milicias.
“En nuestra área de Recomponer un Camino de Vuelta a Casa, estamos atendiendo a 40 niños de algunos resguardos que han sido víctimas de reclutamiento y violencia sexual en zonas de actores armados en el territorio”, cuenta con tristeza, y al mismo tiempo advierte que están trabajando con 260 niños en materia de prevención para que no sean reclutados, porque han identificado ciertos factores de riesgo.
Sobre este fenómeno, señala que “el reclutamiento es una dinámica de algunos actores armados que tienden a utilizar poderío militar para controlar zonas y su perfil es más de un actor armado. Tienden a controlar zonas, a generar un tipo de ideología, a buscar justificaciones para estar en el territorio, a buscar puentes de confianza en la población, a apoderarse de zonas especiales donde hay cultivos ilícitos o caminos”. Esos casos han ocurrido principalmente en Jambaló, San Francisco, Toribío, Tacueyó, y Suárez, y en menor medida en Miranda, en donde el gobernador Guevara señala que esa situación está causando desintegración familiar y problemas de convivencia.
Una autoridad del resguardo de Huellas, de Caloto, que pidió la reserva de su nombre, indica que el reclutamiento es responsabilidad de “milicias de las Farc que quedaron sueltas y se están reagrupando para seguir delinquiendo. En algunas veredas llegan a reclutar a la gente joven, diciendo que el gobierno nos les cumplió y que por eso se van a alzar en armas. Es general en las 39 veredas de Huellas, tratan de hacer presencia y cuando la Guardia Indígena interviene se van del territorio. El reclutamiento es parejo, tratan de llevarse adultos, niños o exintegrantes de las Farc. Dicen que los acompañen porque el gobierno no les cumplió”.
Otra práctica de antaño que se mantiene son las extorsiones, también conocidas como 'vacunas'. “Se 'vacuna' al que tiene negocio, carro y moto. Eso es por parejo. Se tienen denuncias de la zona rural y urbana”, dice con desespero el gobernador de La Cilia. En Tacueyó también padecen esa situación, en donde, como cuenta el gobernador Velasco, se “extorsiona a quienes tienen un ingreso mensual estable, como los docentes de instituciones educativas y los comerciantes en los centros poblados. Se han vuelto blanco y nos hemos enterado de que amenazan por celular y cobran de dos a cinco millones de pesos”.
Y el retorno que más les duele a las comunidades es el de las acciones bélicas propias de los tiempos anteriores de guerra. “Estamos viendo otra vez situaciones que sólo vimos entre 2011 y 2013, cuando los actores armados utilizaron nuestros territorios como escenarios de combate”, cuenta con desaliento Capaz, quien recuerda que en la región han vuelto a producirse desplazamientos y confinamientos temporales, como los ocurridos en el pasado mes de diciembre en Cerro Tijeras por el combate entre disidentes de las Farc y el Epl, y los hostigamientos a los miembros de la Fuerza Pública que se refugiaron en Vista Hermosa el pasado 30 de mayo.
Pero esas no son las únicas fuentes riesgo para los derechos humanos de las Nasa. También están la estigmatización que sufren por funcionarios públicos, periodistas y organizaciones detractoras, que con sus declaraciones los ponen en la mira de quienes hoy en día empuñan los fusiles; además, su Minga de Liberación de la Madre Tierra, con la pretenden recuperar tierras que alegan les pertenecen ancestralmente y que son explotadas por ingenios azucareros, les ha dejado una estela de muertos, heridos y judicializaciones.
Como si todo lo anterior fuera poco, en las 21 comunidades Nasa hay, en mayor o menor grado, presencia de economías ilegales que aumentan sus niveles de riesgo. En cuanto a cultivos denominados de uso ilícito hay diferentes panoramas, pues en algunos territorios se está erradicando, en otros la cantidad de plantaciones se ha mantenido estable y en otras ha aumentado, siendo Suárez y Buenos Aires los que más tienen. En cuanto a minería ilegal, los municipios más afectados son Buenos Aires y Suárez, junto con Santander de Quilichao.
Para hacerle frente a esa situación, que se sale de las capacidades de las autoridades indígenas, y cortar de tajo las fuentes que alimentan el conflicto armado y el crimen organizado, tras el Acuerdo Final pactado con las Farc se crearon el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Sin embargo, su aplicación y recepción por parte de las comunidades nativas del norte del Cauca ha sido muy diferente.
El primer programa fue recibido con mucho recelo debido al historial del gobierno nacional en materia de incumplimiento de acuerdos pactados con comunidades indígenas. A juicio de un líder del cabildo de Huellas, “el PNIS es una gran mentira porque acá no ha llegado la ayuda, antes se ha fortalecido la presencia de la Fuerza Pública para erradicar. No ha habido solución. En Huellas no lo hemos permitido porque el gobierno no le va a cumplir a la gente y, además, eso le trae más problemas a la comunidad”.
El gobernador de Tacueyó, Rubén Velasco, tiene una postura más moderada: “Hemos debatido mucho el tema del PNIS y no nos hemos atrevido a firmar ningún convenio. Hacerlo como autoridades es un problema porque el gobierno no cumple, y luego la gente va a decir que nos robamos la plata y eso sería colocarnos en una situación vulnerable con la comunidad. También es un riesgo latente por los grupos armados”.
Frente al PNIS se habló de proyectos productivos para erradicar, pero nosotros hemos planteado que la sustitución sea gradual. Difícilmente la gente puede erradicar todo inmediatamente.
Por esa razón, sólo en Jambaló, Corinto y Miranda, algunas familias indígenas accedieron a firmar convenios de sustitución voluntaria a cambio subsidios y proyectos productivos. No obstante, parece ser que la postura de los escépticos fue la acertada, porque la implementación del PNIS no ha sido la esperada: “Se han suscrito acuerdos con el PNIS, pero eso no es efectivo porque no se llega con cosas claras a nuestras comunidades. Hemos suscrito acuerdos campesinos e indígenas pero el gobierno no ha cumplido. A 300 familias de 1.200 les han entregado subsidios”, critica el gobernador de Miranda.
Al respecto, Eduardo Díaz, director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos, explica que la implementación de este programa ha tenido varias dificultades de orden público en Miranda y en Corinto, y que en Jambaló debieron hacer desde cero el censo de matas de coca porque no estaba dentro de los registros de Naciones Unidas sobre municipios con sembradíos.
“En Miranda se han realizado los pagos de subsidio. Cuando se estaba verificando que las familias sí habían levantado los cultivos, se presentó un hostigamiento de Los Pelusos (Epl). Los desembolsos se han mantenido, en este momento la programación sigue avanzando, salvo aquellas familias que ha sido necesario retener el pago hasta que no se aclare que no sea un grupo familiar dividido en varios grupos”, indica.
También agrega que deben buscar alternativas para implementar el PNIS porque el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que agrupa a todas las comunidades del departamento, pidió que todas las familias fueran incluidas en el programa, situación que no es posible porque sólo pueden hacerlo quienes tienen cultivos para sustituir: “Somos claros que lo que se haga tiene que ser con sujeción al proyecto de vida de las comunidades indígenas y respetando sus autoridades. Por eso nos reunimos e infortunadamente no llegamos a un acuerdo”. Y, por último, reconoce que, “para decirlo con todas sus letras, a pesar de que se han logrado unos pequeños avances, el programa no ha avanzado en el territorio como todos esperábamos”.
Otra situación ocurre con los PDET, pues las comunidades los han visto como una oportunidad de articular sus planes de vida, que vendrían a ser el plan de gobierno de cada comunidad.
“En los PDET hay un contenido diferente y estamos haciendo una dinámica de llevar metodología y aplicar estrategias para fortalecer lo que nuestra comunidad ha dicho. El programa no nos va a solucionar los problemas, pero se convierte en una herramienta de acuerdo a un plan de vida ya establecido, que en el caso de Toribío tenemos soñado hasta 2050, con una ruta clara año a año. Como vemos que es una oportunidad y que se convierte en una herramienta para apoyarnos, sí estamos involucrados con este programa”, expresa el gobernador de Tacueyó.
En Huellas, Caloto, han realizado varias asambleas donde las comunidades han planteado las necesidades a ser atendidas y se están recapitulando sus propuestas. “Si eso resulta, se cumplirían necesidades en materia de tierras, salud, acueducto, educación, vivienda… Están muy bien planteadas las ideas y si llegan, ayudarían a solventar muchos problemas. Los PDET como estrategia parece que son buenos y son mejor vistos que el PNIS”.
Y el gobernador del cabildo de Páez, Hilario Güegia, explica que lo principal de la propuesta de su comunidad es “el fortalecimiento de nuestra identidad, de nuestra cultura, nuestra lengua, garantizar la soberanía alimentaria, la economía solidaria, la salud propia y la etnoeducación”.
Al respecto, Esneider Gómez, gerente del PDET de la subregión Patía – Norte de Cauca y quien fue gobernador del cabildo de Toribío y consejero de la Acin, señala que en el norte de Cauca ya se agotó la primera fase de planeación veredal, por lo cual pronto se abordará la municipal, que se nutre de las propuestas veredales, para definir cómo ese PDET desarrollará los planes elaborados por los 24 municipios que abarca. En total trabajaron con 218 unidades básicas de planeación, distribuidas en 24 municipios, en donde participaron por igual comunidades afro, indígenas y campesinas.
Asimismo, indica que, en los ocho municipios del norte de Cauca, la mayor cantidad de propuestas o peticiones giran alrededor de temas relacionados con tierras. “En los PDET tenemos ocho pilares, pero las comunidades, no sólo las indígenas, sino también las afro y las campesinas, están en el mismo ejercicio: por eso el matiz de la tierra está por encima de la infraestructura y de las vías”.
Por otro lado, Gómez destaca que la aceptación de este programa por parte de las comunidades se debe a que la directora de la Agencia de Renovación Territorial, Mariana Escobar, decidió que los equipos de los PDET estuvieran conformados por habitantes de las regiones. A ello, se suma el hecho de que ya se han desembolsado recursos para los municipios más golpeados por el conflicto: en donde se acogieron las zonas veredales para que las Farc dejaran las armas se destinaron 450 millones de pesos de libre inversión para Pequeñas Obras de Infraestructura Comunitaria (PIC); y el pasado mes de octubre en El Tambo, el presidente Santos lanzó el programa 50/51, para la construcción de 50 kilómetros de carretera en 50 municipios. “La credibilidad de las comunidades no es en vano. En Caldono se han hecho inversiones por alrededor de 10.200 millones en proyectos productivos y de infraestructura. Eso genera confianza en las diferentes comunidades y por eso están participando en las asambleas”, concluye.
Esas son las reuniones a las que las autoridades indígenas del norte de Cauca prefieren asistir porque pueden planear el buen vivir de su comunidad. Pero, lamentablemente, la vorágine en la que se está convirtiendo el departamento por el reacomodo de grupos armados y la disputa de rentas ilícitas, los obliga a reunirse en consejos territoriales extraordinarios, para evaluar los problemas de seguridad y decidir cómo encararlos.
Y para hacerlo, como explica Capaz, seguirán sentándose alrededor de una tulpa, porque es el espacio en donde sus ancestros se reunían como familia para hablar de los problemas y echarlos al fuego para armonizarlos. Su zozobra no tiene fin, al igual que su resistencia espiritual y cultural.
