3 DATOS CLAVE:

1. Una imagen en Facebook hace referencia a la “Ley - 970 - 2010 Decretada x Uribe” (sic) y advierte: “Campesinos que guarden semillas sin autorización del ICA serán judicializados. Se le prohíbe a los campesinos reservar parte de su cosecha para volverla a sembrar”.
2. La norma en realidad fue una resolución, no una ley ni un decreto, lo que significa diferencias relevantes en cuanto al proceso de su emisión y sus alcances; aunque su contenido sí fue cuestionado por afectar a la población campesina con esos requisitos.
3. La redacción del texto sugiere que la medida está vigente, pero fue derogada en 2015.

Un reel de Facebook del usuario Diego Luis Jurado Salgado, compartido por el usuario Fernando Emmanuel Thierry Quintero, incluye una imagen que contiene una fotografía del expresidente Álvaro Uribe y las siguiente frases: “Ley 970 Decretada x Uribe. Campesinos que guarden semillas sin autorización del ICA serán judicializados. Se le prohíbe a los campesinos reservar parte de su cosecha para volverla a sembrar. AHI LES DEJÓ LA ESTATURA CRIMINAL DE URIBE” (sic).

Las publicaciones acumulan más de 2.200 ‘me gusta’ y se han compartido más de 11.000 veces. En los comentarios se puede ver cómo hay usuarios que asumen que se trata de una norma vigente.

En Colombiacheck revisamos el contenido y el contexto de las afirmaciones y encontramos que son cuestionables, puesto que no se trató de una ley, sino de una resolución emitida por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Además, esta fue derogada en 2015.

La naturaleza de la norma

En primer lugar, es importante precisar que la 970 de 2010 fue una resolución, no una ley. La emitió el ICA el 10 de marzo de 2010, efectivamente al final del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), con el fin de controlar la producción, almacenamiento y comercialización de semillas en Colombia, estableciendo que únicamente aquellas certificadas podrían ser vendidas. 

Aunque la resolución no contiene textualmente las frases de la imagen, en los artículos 13 y 15 sí prohibía a los campesinos usar sus propias semillas en los cultivos con fines comerciales y establecía restricciones para reservarlas. Esto generó un grave impacto en las comunidades que usan las llamadas semillas “criollas” y nativas, que quedaron limitadas a uso personal y no comercial. 

Investigadores de la Universidad Libre y la Universidad Militar Nueva Granada concluyeron que, si bien la Resolución 970 de 2010 buscó ordenar el mercado de semillas en Colombia, dificultó la conservación de semillas nativas, lo que impactó negativamente a la agricultura tradicional. La Resolución 3168 de 2015 redujo algunas trabas burocráticas para el registro de variedades “criollas”, pero ambas normas priorizaron el uso de semillas transgénicas.

El documental "970", publicado en 2013, expuso un caso ocurrido en el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) en el que se decomisaron 62 toneladas de arroz a un grupo de campesinos en Campoalegre, que posteriormente fueron destruidas, supuestamente bajo aplicación de esta norma. En el mismo año del estreno, sin embargo, el ICA aseguró que el metraje contenía información falsa, y respondió que la destrucción se realizó porque las semillas estaban contaminadas y empacadas en costales de harina y fertilizantes.

Ahora bien, la distinción entre ley y resolución es importante, dado que la segunda no tiene la capacidad de introducir delitos en el Código Penal. Esta facultad la tiene el Congreso de la República.

De hecho, en la verificación de otro contenido relacionado a la Resolución 970, nuestros colegas de La Silla Vacía encontraron que lo que hizo esta última fue aproximar a los campesinos al delito de piratería vegetal. Este, no obstante, fue adicionado al Código Penal en el artículo 4 de la Ley 1032 de 2006, también bajo la presidencia de Uribe.

Derogada en 2015

Otro acto administrativo, emitido el 7 de septiembre de 2015, puso fin a la controversia iniciada cuando terminaba el segundo mandato de Uribe. Se trata de la Resolución 3168 del ICA, cuyo artículo 28 deroga varias normas anteriores y, entre ellas, la 970 de 2010.

Sobre esta nueva norma, Germán Vélez, director de la corporación sin ánimo de lucro Grupo Semillas, nos explicó que, si bien es más laxa en cuanto a la tenencia de las semillas, sigue siendo estricta en materia de comercialización, que es amenazada con las mismas medidas policivas estipuladas en la norma anterior. Esto, según el ingeniero, aún genera descontento entre los agricultores:

“Los campesinos pueden tener las semillas en sus parcelas, pero no las pueden comercializar si no están certificadas por el ICA. [...] Hay redes de agricultores que han creado casas comunitarias para producir semillas y, en algunos casos, comercializarlas. Pero eso para el ICA es ilegal: que un campesino saque semillas a la venta en una feria agroecológica o una feria local. Según la norma, las únicas que pueden venderse en el país, son las semillas que producen las empresas, que son certificadas”.

En conclusión, la resolución 970 de 2010 sí estableció limitaciones a los agricultores para conservar y comercializar sus semillas. Sin embargo, no se trató de una Ley, en cuyo caso podría haber incluido delitos en el Código Penal, sino de un acto administrativo emitido por el ICA. Además, esta misma institución derogó la norma en el año 2015. Por estas razones, calificamos la imagen como cuestionable.