Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), publicó en Semana una columna que tituló Marta Lucía y la JEP, donde aseguró que “en la dictadura de Pinochet se asesinaron 3.200 civiles. En los ocho años de gobierno Uribe, la Fiscalía investiga cerca de 4.000 ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos. Es decir, en ocho años de democracia se asesinaron más civiles por parte de agentes estatales que en 17 años de dictadura en Chile”.

Colombiacheck se comunicó con Ávila, quien dijo haber basado su afirmación en un reporte de la Fiscalía entidad que “tuvo ese dato a finales del año pasado, estaban haciendo investigaciones por 4.200 ejecuciones extrajudiciales o lo que se llama en Colombia falsos positivos”.

Después de hablar con Ávila, revisar los informes de Fiscalía y de Humans Rights Watch, HRW, calificamos esta afirmación como ligera.

Lo primero que hicimos fue revisar en estudios académicos la cifra de asesinatos durante la dictadura de Augusto José Ramón Pinochet, que fue desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990. Según el libro Making Sovereing Financing and Human Rights Work, en la página 313, “durante la dictadura chilena sucedieron aproximadamente 3.200 muertes y desapariciones y más de 27.000 presos políticos”, la misma cifra la mencionan en la publicación Estados Unidos y el golpe de Estado en Chile contra Salvador Allende.

Ávila afirma que son 3.200 muertes producto de la dictadura de Pinochet, pero en los estudios académicos que revisamos aluden a esa cifra como la suma de muertos y desaparecidos. Los dos estudios mencionados se basan en el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada para esclarecer las violaciones de los derechos humanos durante esa época.

El segundo paso fue revisar el informe La Fiscalía del siglo XXI (2012-2016), en el que afirman, “existe un estimado de 2.760 procesos por homicidios asociados al actuar de la fuerza pública e investigados por la Dirección Nacional de la Fiscalía de Derechos Humanos, 2.297 casos corresponden a presuntos falsos positivos, que fueron cometidos en contra de 3.185 víctimas únicas y 645 víctimas clasificadas como personas no identificadas”.

Es decir, un total de 3.830 asesinados bajo el modo de operar bautizado por los medios de comunicación como falsos positivos. Según información de la Fiscalía, el 97% de esas víctimas fueron asesinadas entre 2004 y 2007.

Colombiacheck califica la afirmación de Ávila como ligera, principalmente porque en la información sobre la dictadura chilena no encontramos una cifra exclusiva de asesinatos. En cuanto a la información sobre las 4.000 ejecuciones extrajudiciales, las cifras de la Fiscalía indican que hasta el momento hay 3.830 víctimas. Sí de número se trata, el investigador se queda un poco corto, pero hay que aclarar que las cifras de la Fiscalía corresponden al 78% de los casos.

Además, revisamos el informe de HRW: El rol de los altos mandos en falsos positivos publicado en junio del 2015, el cual asegura que “la Fiscalía General de la Nación investiga actualmente más de 3.000 presuntos casos de falsos positivos atribuidos a militares. Más de 800 miembros del Ejército, en su mayoría soldados de rangos inferiores, han sido condenados por ejecuciones extrajudiciales perpetradas entre 2002 y 2008”.

¿Qué son los falsos positivos?

Fue una práctica ilegal que según el mismo informe “se volvió común y fue adoptada en Colombia” y se trata “de ejecutar a civiles por parte de brigadas del Ejército para demostrar resultados positivos y aumentar el número de guerrilleros dados de baja”.

Según HRW “se llevaban por la fuerza a sus víctimas o las citaban en parajes remotos con promesas falsas, como ofertas de empleo, para luego asesinarlas, colocar armas junto a los cuerpos e informar que se trataba de combatientes enemigos muertos en enfrentamientos”.

En el mismo documento publicado en el 2015, se asegura que altos generales del Ejército Nacional están siendo investigados por esta práctica, entre ellos, los generales Mario Montoya, Óscar González, Juan Pablo Rodríguez y Jaime Lasprilla, algunos de ellos en la actualidad se encuentran activos y conservan su mando sobre buena parte de las Fuerzas Militares.