INVESTIGACIÓN

Caminos Comunitarios en Antioquia: entre el “apagón” de caja, la burocracia y la sombra de corrupción

Tras las denuncias del Libro de la Verdad por obras en 0% de avance, Colombiacheck verificó que los $2.289 millones del Caso 09 no se perdieron en la selva, sino que quedaron atrapados en la burocracia de Bogotá. Mientras en Vigía del Fuerte las cuentas nunca recibieron giros, en Chigorodó la Contraloría sí halló un desvío hacia un predio privado.

3 datos clave:

  1. El nuevo gobierno señaló el extravío de $2.289 millones en Antioquia bajo la premisa de que seis convenios registraban una “ejecución presupuestal del 100%, mientras las intervenciones permanecían suspendidas y con avance físico del 0%”.
  2. En la selva de Vigía del Fuerte la plata jamás llegó a las cuentas de las JAC, atrapada en un congelamiento de caja desde Bogotá y en contratos que el Invías obligó a firmar en diciembre de 2024 con apenas días para ejecutar las obras.
  3. La verificación contable y de terreno diferencia la parálisis burocrática vivida en la selva del Atrato de un caso comprobado por la Contraloría en Chigorodó, donde se habrían desviado $85,9 millones hacia un predio privado.

En Vigía del Fuerte, un municipio antioqueño incrustado en la selva en los límites con el Chocó, las distancias y la logística de transporte imponen ritmos desafiantes. Mientras algunas veredas de los resguardos indígenas dependen de accesos terrestres rústicos y deteriorados por las lluvias, en otras zonas el traslado de materiales pesados exige la navegación fluvial por el río Atrato y sus afluentes. En medio de estas complejas condiciones geográficas, el programa bandera del gobierno de Gustavo Petro, Caminos Comunitarios de la Paz Total —lanzado oficialmente el 25 de marzo de 2023—, prometió pavimentar tramos con placa huella mediante convenios solidarios directos con Juntas de Acción Comunal (JAC) y cabildos indígenas.

La ejecución de uno de estos caminos en varias zonas de Antioquia están incluidos en el  Libro de la Verdad, presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella el pasado 18 de agosto. 

Según el libro, seis convenios solidarios en Antioquia por un valor superior a los $2.289 millones de pesos registraban una ejecución presupuestal del 100%, mientras su avance físico real figuraba en el 0%. El documento afirmaba que había un desembolso total del dinero sin ningún avance en el terreno.

El expediente del Caso 09: los seis convenios bajo la lupa

Al revisar las planillas públicas de la plataforma estatal SECOP II, este medio identificó los seis convenios solidarios suscritos en Antioquia a los que alude el diagnóstico del Libro de la Verdad. Se trata de cinco proyectos en Vigía del Fuerte y uno en Santafé de Antioquia, todos firmados bajo la vigencia de 2024:

El monto consolidado de estos compromisos suma exactamente $2.289.208.330 COP, lo que confirma que esta muestra territorial sirvió de soporte para la denuncia del nuevo gobierno.

Para contrastar la información, Colombiacheck y el Reporte Coronell radicaron  derechos de petición ante Juan Guillermo Lopera Restrepo, director territorial encargado del Invías en Antioquia, y ante la Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría General de la República. En los documentos se solicitó el estado de las pólizas de cumplimiento, el reporte de eventuales procesos penales o fiscales contra los líderes comunitarios y el detalle del flujo real de los giros. 

En su respuesta oficial a este medio el 21 de septiembre, el Invías remitió los soportes financieros, minutas y extractos bancarios correspondientes a la muestra de convenios en Antioquia.

El 'apagón' de caja y la trampa del reloj en el territorio

La afirmación del Libro de la Verdad que señala una "ejecución presupuestal del 100% con un avance físico del 0%" al cierre de 2024 encuentra su explicación técnica en las reglas financieras del programa.

Invías aclaró a Colombiacheck que, en virtud de la Cláusula Séptima de los convenios, la entidad realiza un único desembolso equivalente al 100% del valor del proyecto hacia una cuenta bancaria de manejo conjunto, coadministrada entre la comunidad y la interventoría (Consorcio Yiwu). Sin embargo, la entidad confirmó que en los cinco convenios de Vigía del Fuerte los recursos permanecieron suspendidos y sin inversión realizada. Al estar congelados por la orden de suspensión, los fondos quedaron resguardados e intactos en los extractos bancarios generando rendimientos a favor del Estado, sin que la comunidad pudiera disponer de ellos para la obra.

La causa de fondo de esta parálisis generalizada en el territorio fue reconocida por la propia institucionalidad. En su Informe de Implementación del Acuerdo de Paz 2025, el Invías admitió que los retrasos respondieron a “la baja asignación de recursos a la red terciaria por parte de la Nación realizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al inicio de la vigencia”.

De acuerdo con las cifras analizadas por la Contraloría General de la República, de los $4 billones de pesos previstos inicialmente para las vigencias 2023 y 2024, el Ministerio de Hacienda apenas autorizó la asignación real de $657.000 millones (un 16,40% del presupuesto anunciado). Este recorte asfixió el Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) y obligó a congelar la ejecución de los convenios en regiones como el Atrato.

A esta asfixia financiera se sumó una planeación que dejó a varias comunidades con un margen de tiempo mínimo para ejecutar las obras antes del cierre de la vigencia. Al contrastar los contratos de estos convenios, se observa que varias actas de inicio fueron suscritas apenas semanas o días antes del 31 de diciembre de 2024, fecha que marcaba el cierre fiscal de la vigencia. En la práctica, esto redujo considerablemente el tiempo disponible para ejecutar obras que tenían plazos contractuales mucho mayores. 

Vereda Pedregal (Santafé de Antioquia): Aunque se pactó un plazo de ejecución física de 103 días, el contrato inició formalmente el 22 de octubre de 2024. Esto dejó a la comunidad con apenas 71 días calendario antes del vencimiento.

Cabildo El Salado (Vigía del Fuerte): Con un plazo para el diseño técnico estimado en 70 días, la firma del inicio real de la obra se dio el 12 de diciembre de 2024. El resguardo contó con tan solo 19 días calendario para ejecutar trabajos de ingeniería en medio de la selva.

Vereda Villanueva (Vigía del Fuerte): Se estructuró un periodo de 89 días, pero el inicio formal se registró el 5 de diciembre de 2024, lo que redujo el margen de trabajo a escasos 26 días calendario.

En diálogo directo con Colombiacheck, Arcindo Otogama Bailarín, líder del resguardo Ríos Jengadó (aledaño a los proyectos del Atrato), confirmó que a las cuentas propias de las comunidades no ingresó un solo peso durante todo 2024, desacreditando la versión de un posible desvío o retención de recursos por parte de las autoridades tradicionales:

“En ningún momento giraron dinero. En la primera conversación con el gobierno dijeron que iban a hacer desembolsos directamente a la cuenta del resguardo, pero no giraron ni un peso. Estamos esperando la materialización de ese convenio. No se realizó nada, no construyeron nada, cero, cero”, explicó Otogama.

A esta perspectiva se suma Silvio Romaña, líder comunitario de Vigía del Fuerte, quien confirmó brevemente a este medio que en la zona “las comunidades están igual” y precisó que tanto el acceso de Villanueva a la cabecera municipal como el de San Miguel a la cabecera son fluviales.

Según relató el líder Arcindo, la entidad solicitó hojas de vida para aprobar directamente al maestro de obra desde Bogotá, un trámite burocrático del que no volvieron a recibir noticias. A este estancamiento se sumó un cambio intempestivo en el alcance del proyecto. Aunque la obra se diseñó inicialmente para pavimentar la vía interna del resguardo, el Invías planteó ampliar el trazado para conectar a la comunidad con las veredas afrodescendientes vecinas, ubicadas a 45 minutos de distancia, sin acompañar la propuesta de estudios técnicos ni de presupuesto adicional.

“Primero consultaron, dijeron, y desde el gobierno iban a elegir el maestro de obra. Enviamos hojas de vida pero no se supo más de eso... Primero lo firmaron así, pero luego hablaron de una propuesta al resguardo Jarapeto, querían como pavimentar hasta las comunidades afro con una carretera. El último lo firmaron así”, recordó el vocero.

Debido a estas demoras del Estado, la transición de periodos de gobierno de las propias autoridades indígenas continuó su curso natural de autonomía. El líder de Ríos Jengadó aclaró a este medio que, por ejemplo, don Gustavo Dumasa Bugama (quien firmó originalmente el convenio de Río Jarapeto en octubre de 2024), ya no es el representante legal del resguardo, lo que dejó el contrato suspendido en un limbo administrativo de firmas desactualizadas ante el INVÍAS.

Chigorodó: la verdadera irregularidad bajo la lupa de la Contraloría

Las fallas de planeación institucional que paralizaron las obras en Vigía del Fuerte no eximen al programa de vías comunitarias de riesgos fiscales y éticos. La investigación de Colombiacheck y el Reporte Coronell evidencia que, mientras en la selva del Atrato las Juntas de Acción Comunal (JAC) sufrieron el congelamiento de los giros, en el municipio de Chigorodó la Contraloría documentó una anomalía concreta en la ejecución de los recursos.

A través del Convenio 2674-2024, la JAC de la vereda Guapa Las Mercedes firmó un proyecto vial por $201 millones de pesos. A diferencia de los casos frenados en el Atrato, este contrato sí inició trabajos en terreno el 11 de septiembre de 2024.

Sin embargo, en el informe de denuncia radicado bajo el número SIPAR 2025-329798-80054-D, la Gerencia Departamental de la Contraloría cerró una actuación especial de vigilancia fiscal con dos hallazgos: uno con presunta incidencia disciplinaria remitido a la Procuraduría, y otro con presunta incidencia fiscal por $85,9 millones de pesos, trasladado a indagación preliminar.

El ente de control documentó que cerca del 43% de los fondos asignados para la conectividad veredal se destinaron a pavimentar un tramo de vía que beneficia de forma exclusiva a un predio privado. Tras la notificación, el organismo fiscal le otorgó al Invías un plazo de 15 días hábiles para presentar un plan de mejoramiento que subsane estas conductas.

Frente a este hallazgo, el Invías explicó en su respuesta que antes de firmar el convenio realizó una visita técnica el 28 de mayo de 2024 y solicitó el permiso correspondiente a la Alcaldía de Chigorodó. Fue la propia Secretaría de Planeación Municipal de Chigorodó la que expidió la autorización de intervención vial, dando por sentada la naturaleza pública de la vía. No obstante, al surgir las alertas sobre el carácter privado del tramo, la entidad suspendió preventivamente las obras y radicó derechos de petición ante el municipio. El 27 de noviembre de 2025, la Alcaldía de Chigorodó confirmó por escrito que el tramo era efectivamente un predio privado.

Ante esto, Invías congeló de forma definitiva el proyecto e inició requerimientos a los proveedores para exigir el reintegro de los recursos correspondientes a los materiales de construcción que quedaron sin usar en bodegas, además de adoptar el Plan de Mejoramiento exigido por la Contraloría.

Respecto al trámite fiscal de esta irregularidad, la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República en Antioquia aclaró a este medio, a través de la respuesta a un derecho de petición, que este caso está en fase de ‘Indagación Preliminar’, lo que quiere decir que no se han  decretado medidas cautelares de embargo sobre cuentas o bienes, y certificó que la Dirección Territorial Antioquia del Invías ya radicó formalmente el Plan de Mejoramiento para corregir las fallas de planeación administrativa que derivaron en la intervención del predio privado.

Apartadó: el rediseño en San Miguel para garantizar la vía

Tras los retrasos iniciales, algunos proyectos mostraron avances técnicos a medida que los giros bloqueados desde el Ministerio de Hacienda comenzaron a desembolsarse de forma progresiva a partir de marzo de 2025.

Un ejemplo de esta dinámica se registró en la vereda San Miguel, en Apartadó, donde se firmó el Convenio 2689-2024 por $201 millones de pesos. Aunque en la socialización del 19 de noviembre de 2024 la junta de acción comunal proyectó construir 140 metros lineales de placa huella, las condiciones del terreno llevaron a modificar el diseño inicial.

Jorge Mario Vélez, representante del Comité de Participación Comunitaria de San Miguel, explicó a Colombiacheck y al Reporte Coronell que la comunidad prefirió priorizar la movilidad en los puntos críticos antes que ceñirse a las proyecciones hechas desde Bogotá.

"El mejoramiento de los dos puentes y la parte de placa huella mejoran el tránsito de las personas que vivimos en esta vereda; anteriormente tocaba a veces dejar la moto o la cicla o el carro y caminar... Se requería un proyecto para la placa huella de la vía y para un puente colgante el cual está en muy mal estado lo que pone en riesgo todos los días a los menores de edad para ir a estudiar".

Sobre la transparencia en el manejo de los recursos, el vocero veredal señaló que los compromisos del contrato se ejecutaron bajo control técnico.

"Se cumplió lo establecido en el contrato. El tramo de vía está funcionando, tanto los dos boscol tipo alcantarilla como la placa huella. Todo se fue dando como en la marcha. El proyecto tuvo un pare un momento, se demoró, pero después de que se inició eso fue derecho... En nuestros casos no podemos decir que hubo corrupción, tuvimos un buen interventor y creo que eso fue lo que ayudó".

El veredicto del ponderador 

Categorizar de forma generalizada el programa de Caminos Comunitarios en Antioquia bajo una sola etiqueta de corrupción resulta técnicamente impreciso. Al someter los hallazgos a la metodología del Ponderador de Evidencia de Colombiacheck, la realidad del departamento se divide en dos escenarios claramente diferenciados.

Por un lado, los casos de Vigía del Fuerte y Santafé de Antioquia se ubican en un Nivel 2 de irregularidad o riesgo. El reporte de un avance físico en ceros al cierre de 2024 no respondió a una conducta dolosa ni a un desvío de fondos por parte de las juntas veredales o los cabildos indígenas. 

Los recursos jamás estuvieron disponibles en las cuentas de libre disposición de las comunidades debido al congelamiento de la caja desde el Ministerio de Hacienda y a la orden de suspensión de los contratos, dejando a las organizaciones locales atrapadas en un colapso administrativo centralizado y en cronogramas imposibles de cumplir. Esta conclusión quedó respaldada por la propia Contraloría, que confirmó que en Vigía del Fuerte y Santafé de Antioquia no hubo pérdida de dinero ni delito fiscal, descartando cualquier responsabilidad de las comunidades. El expediente se envió únicamente a la Procuraduría para revisar posibles fallas administrativas de los funcionarios del Invías.

Por otro lado, la situación en Chigorodó alcanza un Nivel 3 de evidencia consistente. En este municipio existe soporte documental e institucional, certificado por la Contraloría General de la República, sobre el presunto desvío de $85,9 millones de pesos para pavimentar un tramo vial en beneficio de un predio privado, hecho que derivó en indagaciones fiscales y disciplinarias activas.

Mientras la planeación de las obras públicas siga diseñándose desde escritorios distantes que desconocen las dinámicas territoriales, la geografía y el flujo real de los recursos del Estado, las comunidades veredales continuarán enfrentando el deterioro de sus vías y soportando el estigma de irregularidades que no provocaron.

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