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Cuestionable
Un lector nos pidió verificar una publicación en la que afirman que el presidente electo Abelardo de la Espriella dijo que en su gobierno impulsará la deportación de migrantes venezolanos indocumentados y endurecerá los controles fronterizos.
“Colombia para los colombianos, no podemos pagar más impuestos con los venezolanos indocumentados en el país”, supuestamente dijo De la Espriella.
Esto es cuestionable. Aunque en varias entrevistas sí ha manifestado que los venezolanos que estén ilegales o delinquiendo en el país tendrán que irse, no hay registros de que De la Espriella haya dicho exactamente esas declaraciones, ni que se haya referido a un asunto tributario para justificar las medidas.
Las supuestas declaraciones fueron difundidas desde el 23 de junio por cuentas de Facebook y X, que acumulan más de 248.000 visualizaciones.
Al buscar en Google con la frase que le atribuyen y con las palabras clave “Abelardo de la Espriella”, “venezolanos” y “deportación”, no encontramos que haya dicho exactamente lo que citan en las publicaciones, pero sí que los venezolanos que estén irregulares o delinquiendo en el país tendrán que irse.
Búsquedas avanzadas con la palabra “venezolanos” en su cuenta de X y en su canal de YouTube con la herramienta Filmot, nos permitieron encontrar entrevistas en las que habla sobre los migrantes del país vecino.
En su cuenta de X publicó un video el 13 de agosto de 2025, en el que dijo:
“Aquí tenemos más de 3 millones de venezolanos. Hay más de un millón y medio y millón setecientos que son ilegales o que están delinquiendo. El que esté delinquiendo y el que esté ilegal tiene que regresarse a su país con o sin Maduro, porque aquí tenemos mucho problema para estar lidiando con los problemas también de la comunidad venezolana, que lo siento profundamente, pero cuando yo le resuelva el problema a mi gente, si sobra con el mayor gusto les ayudo, pero la prioridad para mí son los colombianos”.
“Mi prioridad no son los venezolanos; mi prioridad son los colombianos.
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 14, 2025
Hoy tenemos en el país a más de tres millones de venezolanos. Quienes estén en situación irregular y además estén delinquiendo, deben regresar a su país, con o sin Maduro.
Primero resolveré los problemas de… pic.twitter.com/WPWkIHmjcF
Asimismo, en una entrevista concedida el 4 de junio de 2026 al periodista Luis Carlos Vélez en la que le preguntan ¿qué va a pasar con los venezolanos?, De la Espriella respondió:
“Para nosotros lo importante es el estado de derecho y el imperio de la ley. Quien emigre a Colombia respetando la ley será protegido y tendrá todas las garantías. Quien viole la ley migratoria será devuelto a su país sin consideración ninguna.
Y agregó: “En Colombia tenemos mucho problema como para recibir ilegales aquí que vengan a generarnos más situaciones problemáticas. Primero los colombianos y si nos sobra algo ayudamos a los demás, pero primero están nuestros ciudadanos y el respeto por la ley”.
En ninguna de las menciones sobre migrantes venezolanos se refiere a que no se puede “pagar más impuestos con los venezolanos indocumentados en el país”.
Según datos de Migración Colombia, a corte de enero de 2026, se calculó un total de 2.841.048 personas de nacionalidad venezolana presentes en el país, de los cuales el 82% se encuentra en condición migratoria regular. La población en situación irregular asciende a más de 500.000 personas, principalmente portadores del Permiso Especial de Protección (PEP) que no se han acogido al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) o personas que ingresaron al país y superaron el tiempo de permanencia autorizado.
Un estudio del PNUD, publicado en 2024, estima que el costo fiscal para Colombia de la inclusión socioeconómica de la población migrante venezolana en materia de salud, educación, impuestos, promoción social, empleo y emprendimiento y bajo un escenario moderado, es de 50.42 billones de pesos para el periodo 2022-2028. En promedio el costo anual asciende a 6.3 billones de pesos, de los cuales el 56,5% de este costo corresponde a salud (subsidiada) y protección social. No obstante, concluye que si se logra la formalización laboral de esta población, esto permitiría impulsar los ingresos por medio de contribuciones al sistema de salud y pago de impuestos, así como reducir la carga fiscal sobre los sistemas de salud y protección social.
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