Hace unos días, varias organizaciones sociales de Bogotá realizaron lo que denominador el “Gran debate por la justicia social” al que solo llegó la candidata por el Partido Verde, Claudia López. 

Allí, López aseguró que “hay un acuerdo de tarifa estudiantil diferencial que no se está aplicando, es un acuerdo del Polo Democrático que se tiene que aplicar”, esto en respuesta a la pregunta de si reduciría la tarifa del transporte público para esa población durante su mandato, a lo que además dijo que el acuerdo se tiene que aplicar.

Colombiacheck califica la afirmación como “verdadero, pero”, porque es verdad que existe el Acuerdo del Concejo de Bogotá y que no se está aplicando, pero los involucrados en hacerlo realidad aseguran que no hay dinero.

El equipo de prensa de López le dijo a Colombiacheck que se trata de un acuerdo del Concejo de Bogotá, el 615 de 2015, con el que se creó la tarifa estudiantil en el sistema integrado de transporte público, Sitp, del distrito capital, “cuyo valor máximo será el equivalente al 70% de la tarifa ordinaria que aplique para los demás usuarios”.

El acuerdo establece que los beneficiados con la tarifa diferencial son los estudiantes de instituciones educativas del Distrito Capital, de grados sexto a once y los de instituciones de educación superior (técnica, tecnológica y universitaria) con sede en la capital que  pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3 y residan a más de un (1) kilómetro de distancia de la institución educativa.

Además, establece que “los costos de la reducción en el valor del pasaje, producto de la aplicación de la Tarifa Estudiantil prevista en el presente Acuerdo, será con cargo a los recursos de operación del SITP sujetos a los estudios que para tal fin realice Transmilenio S.A o la entidad que haga sus veces, asegurando que no se ponga en riesgo la estabilidad financiera del sistema” y aclara que serán Transmilenio y la Secretaría de Educación los encargados de administrar los recursos para cumplir con el Acuerdo.

El Acuerdo se firmó en 2015 y según Celio Nieves, concejal de Bogotá por el partido Polo Democrático y autor de la iniciativa, debía empezar a regir en 2016, pero es consciente de que antes de la implementación hay que dar unos pasos de carácter administrativo para determinar cuál es la población que se beneficiará. Pero han pasado cuatro años desde la aprobación del Acuerdo en el Concejo y la tarifa diferencial no se ha aplicado,  por lo que interpuso una acción de cumplimiento en contra de la Secretaría de Educación de Bogotá y de Transmilenio.

Tanto el Juzgado Cincuenta administrativo del circuito de Bogotá, en primera instancia, (julio de 2019) como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en segunda instancia, (30 de agosto de 2019) negaron las pretensiones de Nieves.

El concejal dijo que interpuso esa acción “porque el alcalde Enrique Peñalosa y el gobierno en general no le ubicó recursos para cumplir ese mandato”.

Nieves cree que falta voluntad política del gobierno Peñalosa para hacer realidad el Acuerdo. “Tengo la aspiración de que quien llegue a la alcaldía de Bogotá tiene que darle cumplimiento o si no para qué aprobamos acuerdos de ciudad”, se preguntó.

En el fallo de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca consta que Transmilenio dijo no tener dinero para cumplir con dicho acuerdo y aseguró que es la Secretaría Distrital de Hacienda “quien deberá garantizar las fuentes de los recursos así como la permanencia de estos en el tiempo”.

El equipo de prensa de la Secretaría de educación le explicó a Colombiacheck que en las próximas semanas entregarán a Transmilenio la actualización de un primer informe técnico que identifica a la población que cumple los requisitos para aplicarle la tarifa y que ya se había entregado a mediados de 2016, cuando se concluyó que no se tenía el dinero necesario para cumplir con el acuerdo. Con esa actualización, Transmilenio deberá hacer los estudios técnicos y financieros con las nuevas tarifas de transporte.

Fernando Rojas, experto en movilidad, explicó que el acuerdo está supeditado a la disponibilidad de dinero para hacerlo realidad. “No hay un único responsable en este caso, por más que Transmilenio quiera hacerlo, no tiene de dónde sacar los recursos, pero tampoco puede obligar a los operadores porque los operadores están quebrados, la responsabilidad es compartida entre Transmilenio y los operadores”, explicó Rojas, quien indicó también que el aporte de la administración distrital depende de la disponibilidad de dinero que tenga.

El experto enfatizó en que no es un problema de voluntad política, “es problema de una crisis estructural del sistema, como están hoy las finanzas del sistema es muy difícil que entre en funcionamiento porque no hay cómo cubrirlo, habría que quitarle esos recursos a otros rubros”, concluyó.