El sábado 13 de agosto del 2022, el senador Gustavo Bolívar escribió este trino: “Pueden decirme lo que quieran pero el ESMAD disparó con odio a nuestros jóvenes y les sacó los ojos a más de 100 y mató a decenas. Mantenerlo es un insulto y una traición a nuestra juventud. Solo ejerzo como un garante de que las promesas de campaña se cumplan”.

Pueden decirme lo que quieran pero el ESMAD disparó con odio a nuestros jóvenes y les sacó los ojos a más de 100 y mató a decenas.
Mantenerlo es un insulto y una traición a nuestra juventud.
Solo ejerzo como un garante de que las promesas de campaña se cumplan. https://t.co/wL5gyGogvh

— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) August 14, 2022

El congresista del Pacto Histórico publicó el mensaje luego de las declaraciones del mayor general Henry Armando Sanabria Cely, nuevo comandante de la Policía, quién afirmó a la revista Semana, al día siguiente de su designación, que “hasta la fecha el presidente no ha dado la orden de eliminar el Esmad”. Además, en una entrevista con ese mismo medio, el legislador reiteró lo dicho: “El Esmad es el responsable de varios asesinatos contra los jóvenes, y es el responsable directo de 103 mutilaciones oculares durante el paro nacional. Este grupo no respetó los Derechos Humanos en las protestas”.

Como parte de nuestra metodología, contactamos al equipo de prensa del senador pero no contestaron. En todo caso, su pronunciamiento es cuestionable porque la cifra que da corresponde al total de personas con lesiones oculares 103, pero fueron 28 casos, no todos, los que resultaron en mutilación. En cuanto a las muertes, decir “decenas” no es preciso, aunque sí distintas fuentes sí reportan distintos números entre 10 y 44 homicidios atribuidos a la Policía.

Bolívar se refiere a las denuncias contra el Esmad de la Policía durante el paro de 2021, en el que se presentaron protestas, bloqueos y actos de violencia en varias ciudades del país, que iniciaron el 28 de abril debido a la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque pero que luego desencadenaron en un estallido social. Frente a las cifras de estos hechos, se debe indicar que los datos oficiales de la Fiscalía, no coinciden con los entregados por organizaciones sociales y de derechos humanos que realizaron un trabajo de recopilar las denuncias contra la Fuerza Pública.

Durante el paro, organizaciones como Amnistía Internacional, Temblores y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Universidad de los Andes denunciaron al Esmad por exceso de fuerza y “actuar violento y represivo”. En su informe conjunto Tiros a la Vista: Traumas Oculares en el marco del Paro Nacional, esas instituciones afirman que hubo 103 casos de violencia ocular. De estos, 14 personas fueron víctimas de pérdida de un ojo y otras 14, de pérdida total de la vista, 9 sufrieron pérdida parcial de la vista, 6 tuvieron heridas sin pérdida de la vista y 60 tenían una herida ocular sin trauma identificado (alguna lesión que representó un trauma de manera transitoria pero no generó ni pérdida parcial o total de la vista).

“El volumen de las lesiones oculares son muestra del desarrollo de acciones premeditadas, sistemáticas e indiscriminadas por parte de la Policía”, detalla el informe El sometimiento a la democracia de la plataforma de derechos humanos Defender la Libertad es un Asunto de Todas.

Ubicación por departamentos de las víctimas de violencia ocular en general. Fuente: Informe Tiros a la Vista, Paiis, Temblores y Amnistía Internacional

Entre tanto, las cifras del Ministerio de Defensa, que se encuentran en este reporte, indican que, por las denuncias de agresión por lesiones oculares, han abierto 11 investigaciones disciplinarias: 5 en Bogotá, 1 en Popayán, 3 en Risaralda, 1 en Medellín y 1 en Neiva.

Por otro lado, debido a las denuncias de represión y los actores de violencia durante el paro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó Colombia y publicó un informe con observaciones. En este se recopilaron las diferentes cifras de las lesiones oculares. “La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales informó que, entre el 28 de abril y el 13 de junio, se presentaron 1.113 personas civiles lesionadas. La Defensoría del Pueblo registró 18 casos de lesiones oculares”, dice. Allí también se citan los datos de la Campaña Defender la Libertad, que hablan de 84 personas víctimas de lesiones oculares.

En otro de sus apartados, la CIDH indica que recibieron relatos que refieren de “manera consistente el uso desproporcionado de la fuerza por agentes del ESMAD. Según lo indicado en dichos relatos, agentes de ese escuadrón habrían irrumpido en diferentes movilizaciones, puntos de resistencia y otros eventos de concentración pacífica mediante agresiones físicas, sexuales, verbales. De igual forma, los testimonios recibidos refieren el empleo de canicas de vidrio, balas o municiones de goma, así como el disparo de gases lacrimógenos o asfixiantes de manera indiscriminada, ininterrumpida y en ocasiones, directamente hacia la cabeza y tórax de las personas manifestantes. Esto habría resultado en un alto número de personas heridas, con lesiones oculares y fallecidas”.

El Esmad es una unidad especializada del servicio de policía para el control de disturbios, destinada a cumplir funciones de manejo y control de multitudes, eventos y espectáculos públicos que ocasionalmente pudieran generar alteraciones al orden público, así lo afirma el informe del Sector Defensa (Junio de 2021) de ese mismo Ministerio en su ítem Política Estratégica Operacional y del Servicio de Policía.

El reglamentó de la dotación de armas de letalidad reducida está consignado en la resolución 02686 del 31 de Julio de 2012, que incluye la utilización de agentes químicos y descargas eléctricas, entre otro tipo de armas que, dependiendo de su uso, pueden llegar a ser letales. Además, cuentan con una caracterización de armas según la resolución 02903 de 2017.

Caracterización del tipo de armas “de letalidad reducida”. Fuente: Ministerio de Defensa Nacional.

Las muertes

En su afirmación, Bolívar dice que el Esmad mató a decenas de jóvenes, no cuántas. Sin embargo, en Colombiacheck analizamos las cifras de muertes en el marco del paro y hay distintos reportes, según la fuente.

El Ministerio de Defensa y el Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Nacional, en su Informe Derechos Humanos y Fuerza Pública 2021 (abril - septiembre de 2021) dicen que las víctimas fatales en el marco de las movilizaciones fueron 29 y, según la Fiscalía General de la Nación, 17 de los casos hoy cuentan con un avance de esclarecimiento del 58,62%, con el que lograron hallar a 19 presuntos responsables (9 civiles y 10 integrantes de la Fuerza Pública). Mientras tanto, Paiis, Indepaz y Temblores señalan en su informe conjunto que fueron 33 las víctimas del accionar de las armas activadas presuntamente por la Policía Nacional en el contexto del Paro Nacional.

A lo anterior, se suma la red de defensores de derechos humanos Defender la Libertad y el Sistema de Información de Agresión a la Protesta Social (SIAP), quienes afirman en su balance “El Sometimiento a la Democracia” que fueron 89 los homicidios documentados en el marco del paro y que en 36 de los casos figuran agentes de la Policía Nacional y/o el Esmad como los presuntos responsables.

La última investigación del Observatorio de Derechos Humanos y Paz de Indepaz, en su informe individual “Cifras durante el gobierno de Ivan Duque”, dice que de las 80 víctimas reportadas, son 44 los homicidios con presunta autoría de la Fuerza Pública; 24 de ellos, según detalla, murieron por la presunta actuación del Esmad entre abril 28 y el 15 de julio de 2021.

Las víctimas

Una de las víctimas de violencia homicida reportada en la lista de Indepaz es Daniel Alejandro Zapata Pabón de 20 años, quien murió por una herida contundente con artefacto lanzado presuntamente por el Esmad que le perforó el cráneo, así lo denunció la Fundación Lazos de Dignidad. La Clínica de Traumatología y Ortopedia de Eusalud reportó este caso como una muerte violenta, la primera en el marco del “estallido social” en Bogotá.

La alcaldesa Claudia López se comprometió públicamente con su esclarecimiento, pero un año después, en mayo de 2022, no había habido consecuencias para los presuntos responsables.

Otro de los casos es el de Jaime Alonso Fandiño Ariza, quien, según comunicado de la Campaña Defender la Libertad, murió por el impacto de un gas lacrimógeno en el pecho. El joven fue trasladado al CAMI de Santa Librada, también en Bogotá, al que ingresó sin signos vitales. Los médicos determinaron que el joven falleció por trauma de neumotórax.

En relación al estado de su caso, la Procuraduría General de la Nación citó a una audiencia pública de juzgamiento a un patrullero del Esmad en marzo de este año. La entidad calificó como gravísimo el accionar del patrullero y ordenó remitir el expediente a la Procuraduría Delegada para el Juzgamiento Disciplinario.

Entre tanto, en el informe de la CIDH se indica que entre el 28 de abril y el 4 de junio de 2021, la jurisdicción penal inició investigación por 12 presuntos homicidios y 19 lesiones personales. La Fiscalía interpuso conflictos de competencia por dos casos.

Uno es del de Brayan Fernando Niño Araque, de 24 años, quien fue asesinado de dos disparos, uno en el pecho y otro en la cabeza, “por arma de gas lacrimógeno desde una tanqueta de la Policía Nacional”. Así lo afirmó la Defensoría del Pueblo. Luego de ello, la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial capturó al mayor de la Policía Nacional Carlos Javier Arenas Niño como presunto responsable del homicidio.

El otro caso, el de Santiago Murillo, de 19 años, es el más avanzado ante la justicia. El joven recibió un disparo en el pecho cuando transitaba por la calle 60 de Ibagué, zona en donde minutos antes se había presentado una protesta, en la que él no participaba. Según la Fiscalía, un policía le disparó y le ocasionó la muerte.

El ente investigador señaló al mayor Jorge Mario Molano Bedoya, comandante de la estación de Policía Norte, con el cargo de homicidio agravado y dejó en libertad al patrullero Óscar Leonardo Devia, de quien era el arma que contenía la bala que quedó alojada en el cuerpo de Santiago.

El 9 de junio de 2021, el mayor fue recapturado en el marco de un proceso de Justicia Penal Militar, pero, tres meses después, la Corte Constitucional determinó que sería la ordinaria la encargada del caso. En marzo de este año, la familia de Santiago denunció los constantes obstáculos para iniciar un juicio que estaba fijado para el pasado 25 de noviembre.

Además la Fiscalía imputó al coronel Édgar Vega Gómez, quien se desempeñaba como comandante operativo de la Metropolitana de Cali; al teniente Néstor Mancilla Gonzáles, del Grupo de Operaciones Especiales, y al patrullero Wilson Esparragoza por su presunta responsabilidad en 5 homicidios ocurridos durante las jornadas de protesta en los barrios El Diamante y Siloé. En marzo de este año, la Fiscalía hizo público ese escrito de acusación.

Ante lo anterior en Colombiacheck calificamos de cuestionable la afirmación de Bolívar. Aunque el senador tiene razón en las denuncias por acciones violentas y exceso de fuerza por parte del Esmad de la Policía en el paro de 2021, las cifras que da en su tuit no son precisas. Los 103 casos de jóvenes a los que, según él, el “Esmad les sacó los ojos” en realidad obedecen al total de personas con lesiones oculares y son 28 las víctimas de mutilación ocular (14 por pérdida de un ojo y 14 pérdida de la vista).

En cuanto al número de muertes, decir “decenas” no es preciso, aunque las cifras de casos atribuidos al Esmad no son exactas, pues difieren los números oficiales (10) con los de organizaciones sociales (24), la cifra que reportan estas organizaciones sobre el total de homicidios a manos de la fuerza pública están entre 33 y 44 casos, en ninguno de los casos estos llegan ni siquiera a cuatro docenas.

*Al término de este chequeo el Director de la policía, el Mayor General Henry Sanabría le dijo a Caracol Noticias que el ESMAD será reemplazado por la Unidad de Diálogo y Acompañamiento a la Manifestación Pública (UDAMP), que estará compuesto por un dispositivo de intervención y otro de acompañamiento al diálogo: “Un dispositivo especializado, que hará las veces de cuerpo de reacción y otro, básico, que será integrado por policías para favorecer el diálogo. Es decir, que ellos se encargarán de disuadir a personas que, por su situación de alteración, puedan generar un desbordamiento en el uso de la fuerza”.