En las últimas semanas se ha afirmado en publicaciones de Facebook (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) y Twitter (1, 2, 3, 4) que el gobierno pretende expropiar o “robar” las cuentas de ahorros de los bancos para financiar al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex).

“Sigue el robo y expropiación de los dineros de todos los colombianos.. el Gobierno del hampon expropiará todo dinero de cuenta de ahorros de más de 330000 pesos con un año de inactividad… y no son millones de pesos sino millones de colombianos afectados…” (sic), se lee en la descripción de un post en Facebook.

En las respuestas a las publicaciones algunos usuarios se quejan de la supuesta decisión del presidente Gustavo Petro. “Ya comenzó a robar”, “No saben a quién más tumbar, para mantener a sus bandidos” y “así comenzaron dónde los vecinos”, son algunos de los comentarios.

En muchas de las publicaciones se enlaza a un artículo del portal Valora Analitik titulado “Gobierno Petro tomaría dineros de miles de cuentas de ahorro inactivas”. Unas pocas, incluso, toman una captura de pantalla de un aparte del texto que dice:

“Tal y como han hecho otros gobiernos, Petro le daría luz verde a tomar dineros de algunos de estos productos financieros que se encuentran inactivos.

Así lo detalla un artículo del Plan Nacional de Desarrollo, que fue radicado este lunes, 6 de febrero, ante el Congreso”.

El artículo del Plan Nacional de Desarrollo

El gobierno nacional radicó el pasado 6 de febrero el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND), la hoja de ruta que contiene el paquete de políticas públicas que esperan implementar durante el mandato presidencial de Gustavo Petro. Aquellas publicaciones que hablan de un supuesto “robo” o “expropiación” se refieren al artículo 98 de la iniciativa, 274 de 2023 en Senado y 338 de 2023 en Cámara.

La norma, titulada “Cuentas inactivas como mecanismo acceso en Educación Superior” (sic), señala que a partir del año 2024 “los saldos de las cuentas corrientes o de ahorro que hayan permanecido inactivas por un período mayor a un año y no superen el valor equivalente a 322 UVR, serán destinados por las entidades financieras tenedoras, a título de mutuo al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez - ICETEX”.

La unidad de valor real (UVR) es una medida que refleja el poder adquisitivo de la moneda diariamente con base en la variación del índice de precios al consumidor (IPC), como lo define el Banco de la República. Para el 24 de febrero, es de 331,56 pesos.

Según la norma, los saldos de las cuentas que no superen los 322 UVR, es decir, 106.762,32 pesos, serán los que se destinarán a entidades financieras a título del Icetex.

Luego, el artículo indica que esto se hará con el fin de financiar el acceso de las personas a la educación superior, su permanencia y su graduación, pero al final advierte, si el titular de la cuenta solicita la cancelación del saldo, el Instituto debe reintegrar la suma correspondiente con rendimientos:

“Cuando el titular del depósito solicite la activación o la cancelación del saldo inactivo ante la entidad financiera, el ICETEX reintegrará al prestamista la suma correspondiente con los rendimientos respectivos, de acuerdo con los intereses que el depósito devengaba en la entidad financiera como cuenta inactiva, de conformidad con las disposiciones vigentes”.

Las publicaciones desinforman porque, en primer lugar, esta medida ya está contemplada en la normativa actual en la Ley 1777 de 2016, “Por medio de la cual se definen y regulan las cuentas abandonadas y se les asigna un uso eficiente a estos recursos”, cuyo objeto (Art. 1) “es utilizar los saldos de cuentas abandonadas que se encuentran en los establecimientos financieros, para ser invertidos en la creación y administración de un fondo en el Icetex que permita el otorgamiento de créditos de estudio y créditos de fomento a la calidad de las Instituciones de Educación Superior”.

La ley del 2016 define cuentas inactivas como aquellas en las que no ha habido ningún tipo de movimiento de depósito, retiro, transferencia, o cualquier débito o crédito “durante 3 años ininterrumpidos en todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera”. Lo que busca el PND de Petro es que ese tiempo de inactividad se reduzca de 3 años a 1 año.

Lo mismo lo subrayó Jonathan Malagón, presidente de la Asociación Bancaria y de Entidad Financieras de Colombia (Asobancaria), durante una rueda de prensa el 9 de febrero en el marco del 25° Congreso de Tesorería del gremio. Allí dijo que el artículo no proponía algo nuevo y explicó que se busca rebajar los años de inactividad de las cuentas abandonadas:

“Esto no debe confundirse bajo ninguna circunstancia con que el gobierno está expropiando. Si alguien dice que, a través de esto, el gobierno quiere echarle mano al ahorro de los colombianos, esto es absolutamente falso, es un instrumento que viene funcionando desde hace dos gobiernos”.

Mariana Matamoros, investigadora económica de Dejusticia, insistió en que la propuesta no era ninguna novedad y en la dos restricciones que contempla la norma: “Primero, que estén inactivas, incluso pueden pertenecer a personas fallecidas, y segundo, esto solo se haría para cuentas que no sobrepasen las 322 UVR”.

El profesor de la Universidad del Rosario Henry Amorocho ha dicho, sin embargo, que la medida tiene dificultades porque violenta el principio de reserva de ley:

“Esto es porque el Plan Nacional de Desarrollo no es el mecanismo apropiado para reglamentar este crédito. El PND debe tener los propósitos y objetivos de largo plazo, además de un plan de inversiones públicas con presupuestos plurianuales de los programas y proyectos de inversión pública nacional. Esto es un tema que no compete al PND sino que compete a la regulación que tiene el Congreso en la parte financiera”.

En octubre de 2021 escribimos un chequeo en el verificamos un trino sobre el mismo asunto de la representante a la Cámara por Bogotá Katherine Miranda (Alianza Verde), quien afirmó esa vez que un artículo del Presupuesto General de 2022 iba a permitir que se le quite desde 92.000 pesos a quienes tengan cuentas bancarias inactivas. Lo hizo cuando el gobierno de Iván Duque trató de adoptar la misma disposición que ahora busca aprobar el de Petro.

La verificación mostró que el artículo 78 no se refería a los montos desde los 92.000 sino hasta 92.000. En todo caso, no hablaba de un monto específico sino de 322 UVR, que en ese momento equivalía a esa cifra en pesos, o más precisamente 92.391 pesos según la UVR de entonces (286,93 pesos).

También establecimos que esa propuesta en el PGN permitiría a los titulares de las cuentas solicitar la cancelación de su ahorro y que podría ser devuelto más los rendimientos. Sin embargo, los expertos consultados en esa ocasión coincidieron en que no era claro el mecanismo para la devolución del dinero y podría resultar en un trámite demorado.

En conclusión calificamos como cuestionable que Petro quiera “expropiar” o “robar” dineros de cuentas bancarias inactivas para financiar el ICETEX. Desde el 2016 existe una regulación para cuentas de banco inactivas que establece se pueden utilizar los saldos de aquellas que no han tenido movimientos en 3 años y que no superen los 322 UVR para una cuenta de la entidad. Lo que busca el PND presentado es que ese periodo de inactividad se reduzca a 1 año.