El usuario de Twitter @willj84753699, también llamado “Sarsam #YoSoyColombiaHumana” escribió a principios de mes sobre el litigio del expresidente Álvaro Uribe y el activista e influencer Beto Coral en Estados Unidos: “¡ATENCIÓN! RCN y Caracol callados. #SomosBeto La situación Jurídica de Uribe es grave; puede terminar siendo solicitado en extradición. Con razón el coqueteo a Petro, es quien decide si lo extradita o no.”

Tras ser replicado más de mil veces y recibir más de 1800 likes en su red social original, el trino llegó a Facebook, donde cuentas como Colombia Humana Nariño hicieron eco de la supuesta posibilidad de que el expresidente sea pedido en extradición por el país del norte como resultado del proceso.

En septiembre de 2021, en una fase anterior del proceso judicial entre el expresidente y el influencer, verificamos junto a El Detector de Univisión Noticias otra desinformación relacionada al caso, consignada en el artículo “Policía de Miami no tiene orden de conducir a Uribe ante una corte por cuestionario de Beto Coral”.

Nuestra nueva revisión arroja que esta supuesta posibilidad de que Álvaro Uribe sea pedido en extradición es falsa, dado que los lineamientos del tratado entre Colombia y Estados Unidos para este fin no contemplan los fallos en un proceso civil, como es el que adelantan Uribe y Coral. Además, es este último quien está demandado y quien sería eventualmente absuelto o hallado culpable por el delito de difamación.

Antecedentes

Como contamos en el anterior chequeo de este caso, el influencer Franklin Humberto Coral Garrido relacionó en 2019 al expresidente Uribe con el paramilitarismo y el narcotráfico en Colombia, vinculándolo con las Águilas Negras y el Clan del Golfo. Pese a rectificar sus afirmaciones poco después, el influencer calificó al expresidente y entonces congresista como “el líder natural del paramilitarismo en Colombia”, asegurando además que “según expedientes, el Senador apoyó y promovió” a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Estas afirmaciones provocaron la demanda por “difamación o calumnia” que Álvaro Uribe interpuso contra Coral en Miami el 11 de noviembre de 2019, argumentando que los señalamientos le produjeron “estrés emocional”. Los documentos del proceso son públicos y están disponibles para consulta en el portal de la Secretaría de los Tribunales del Condado de Miami-Dade con el número local de caso 2019-034327-CA-01.

Coral ha consignado los avances del proceso judicial en Twitter y en su canal de Youtube. Además, el pasado 20 de septiembre abrió una campaña en la plataforma Gofund.me para recaudar USD$15.000, que asegura usará para costear su defensa en el juicio contra el expresidente, cuyo inicio está programado para el próximo 7 de noviembre.

El pasado 24 de octubre, Álvaro Uribe tuvo que responder a un cuestionario planteado por Beto Coral en referencia a los episodios denunciados por el senador Iván Cepeda, así como a las presuntas actividades ilegales de su hermano Santiago Uribe, su cuñada Dolly Cifuentes Villa y su sobrina Ana María Uribe. También se le requirió declarar sobre la sentencia de su primo Mario Uribe, hallado culpable en la trama de la parapolítica, y de las acciones de Jorge Noguera a la cabeza del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante uno de los mandatos presidenciales de Uribe. 

Al resumir la diligencia, el influencer destaca que se trata de un proceso civil y no penal, lo que implicaría que de ser hallado culpable, él no irá a prisión, sino que cumplirá con el pago de la compensación monetaria solicitada por el demandante (Uribe), que según el escrito de radicación de la demanda, excede los USD$15.000.

Los procesos civiles no abordan delitos contemplados para extradición

Como mencionamos en nuestro chequeo anterior, las cortes civiles en Estados Unidos no tienen el poder para involucrar a la Policía y es muy difícil que exista una acción policial en las fases de un proceso no penal. Ni en la ley estadounidense ni en el Estado de Florida, donde se adelanta el proceso, se tipifica la difamación como un delito en que la institucionalidad pública deba intervenir, sino como un acto de daños y perjuicios entre actores privados.

Ahora bien, según el Departamento Administrativo de Función Pública, la extradición se solicita, concede u ofrece a partir de tratados públicos vigentes. Según el Ministerio de Justicia, el tratado de extradición vigente con Estados Unidos data de 1979 y en él se contempla la extradición por delitos punibles, entre los cuales no está estipulada la difamación ni ninguna otra conducta abordada desde el derecho civil.

Por otra parte, para cualquiera que fuese el fallo emitido por el juzgado que lleva el caso entre Álvaro Uribe y Beto Coral, se debe considerar que el expresidente es el demandante. En caso de que la decisión le fuese adversa, sencillamente sería denegada su pretensión monetaria, pero no implicaría para él un juzgamiento de otra conducta, dado que el proceso civil se remite exclusivamente a la supuesta difamación del influencer contra él.

Como explica en la página 34 este documento de la Cancillería colombiana, la cabeza del poder ejecutivo tiene la última palabra en cuanto a aprobar o denegar una solicitud de extradición, después de la emisión de conceptos de la rama judicial. Por este motivo la desinformación en Twitter se refiere al “coqueteo a Petro”, en relación a los recientes acercamientos (1, 2) entre el expresidente y el actual jefe de Estado, sugiriendo que Álvaro Uribe estaría previniendo su extradición. Sin embargo, hay muchos pasos previos a la firma del presidente. El primero de todos, la viabilidad de la solicitud.

Según el tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos, un ciudadano colombiano puede ser solicitado en extradición por crímenes cometidos en jurisdicción norteamericana. Así pues, para hacer posible una eventual extradición, cualquier revelación adicional surgida del caso Uribe-Coral tendría que iniciar un nuevo proceso en el que, además, el expresidente fuese el demandado y pudiese demostrarse que delinquió en los Estados Unidos.

Así pues, no hay motivo para que el proceso adelantado por Álvaro Uribe contra el influencer Beto Coral derive en la extradición del expresidente. Las publicaciones que comparten esa teoría son falsas, dado que ignoran los alcances de la justicia civil en la Florida, la normatividad establecida por el tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos y, finalmente, la imposibilidad de una condena para el demandante del caso. Para que una solicitud de extradición se hiciera posible, Álvaro Uribe tendría que ser demandado ante la justicia norteamericana y debería comprobarse que incurrió en delitos tipificados por ese país.