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Miércoles, 19 Febrero 2020

Hay margen para cumplir con el Acuerdo Final, pero sin alterar su esencia

Por Sania Salazar

Emilio Archila asegura que el acuerdo de paz debe cumplirse “de acuerdo con la visión de cada presidente”. Si bien hay un margen de maniobra, las acciones deben respetar el espíritu de lo pactado y deben ser consensuadas entre las partes.

La revista Semana publicó una nota titulada “Rodrigo Londoño se equivoca de manera ignorante, pero de buena fe: Emilio Archila”, en la que el consejero presidencial de estabilización y consolidación asegura que el Acuerdo con la exguerrilla de las Farc se debe cumplir durante los tres periodos presidenciales posteriores a la firma, “pero que deben cumplirse de acuerdo con la visión de cada presidente que haya sido elegido”.

En la nota Archila responde a una carta enviada por Rodrigo Londoño, líder del partido Farc, al Presidente Iván Duque, en la que critica la implementación del Acuerdo Final debido a los asesinatos de excombatientes que se han registrado desde la firma del mismo.

Colombiacheck califica la afirmación como cuestionable, pues si bien la Corte Constitucional dejó claro que las autoridades gozan de un margen de apreciación para elegir los medios mediante los cuales cumplirán con el Acuerdo, también precisó que lo deben hacer de buena fe y en coherencia con el espíritu de lo pactado.

El equipo de prensa de la Consejería presidencial de estabilización y consolidación le informó a Colombiacheck que Archila hizo ese pronunciamiento durante una rueda de prensa y señalaron que este se basa en la sentencia C 630 de 2017 de la Corte Constitucional que “sostiene que el Acuerdo de Paz en principio corresponde a una política pública de Gobierno que fue adoptada constitucionalmente como política de Estado mediante el Acto Legislativo 02 de 2017, razón por la cual resulta vinculante para todas las instituciones y autoridades públicas. El carácter de política de Estado del Acuerdo de Paz implica que debe hacerse gradualmente y de buena fe, pero, en especial, con un gran margen de apreciación que obliga al Gobierno a seleccionar los medios más apropiados para lograr los cometidos allí previstos”. 

La Sentencia C-630/17 en la que la Corte Constitucional revisa el acto legislativo 02 de 2017 en el que se le da estabilidad jurídica al Acuerdo dice lo siguiente con respecto a lo que indican en la Consejería: “Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, gozan de un margen de apreciación para elegir los medios más apropiados con el fin de cumplir de buena fe con los contenidos y finalidades del Acuerdo Final, en el marco de lo convenido, sin que sea admisible adoptar medidas que no tengan como propósito implementar o desarrollar lo acordado”.

En la Consejería no solo le agregan al texto la palabra “gran” antes del término margen de apreciación, que originalmente no está en la sentencia de la Corte, sino que olvidan mencionar que la sentencia también dice que “la actuación de todos los órganos y autoridades del Estado debe guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final”.

Humberto De La Calle, quien lideró el equipo negociador del gobierno en La Habana, recordó que lo esencial del Acuerdo es inmodificable y aseguró que una cosa son los medios o las formas para cumplir con el Acuerdo y otra muy distinta desatender compromisos expresamente pactados. Concluyó que la visión de quienes ocupen la presidencia de Colombia no le puede quitar la esencia a lo firmado.

David Huey, representante en Colombia del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, que hace seguimiento a la implementación del Acuerdo Final, le dijo a Colombiacheck que la importancia de cumplir con lo pactado en un acuerdo de paz es construir confianza de la sociedad en el mismo.

“El análisis comparativo internacional demuestra que hay una correlación entre implementación y disidencias, entre más se cumpla el acuerdo de paz, menos disidencias hay”, aseguró.

Además, Huey destacó que así cada gobierno tenga un margen de apreciación en la implementación, tiene que haber un planificación y las partes se deben poner mínimamente de acuerdo en la priorización, pues de no hacerlo el gobierno queda vulnerable a acusaciones de incumplimiento. Aseguró que tal vez sea imposible que las partes estén totalmente de acuerdo, pero que hay que visibilizar los disensos y que para ponerse de acuerdo por lo menos en lo fundamental está la Comisión de seguimiento, impulso, y verificación a la implementación, CSIVI, instancia creada por el Acuerdo.

Huey resaltó que cada gobierno debe priorizar porque es imposible hacerlo todo en cuatro años, pero debe justificarlo y recalcó que debe ser consensuado.

El representante del Instituto Kroc aseguró por último que el análisis del Instituto Kroc demuestra que la mejor forma de hacer desaparecer a los demás grupos armados ilegales existentes es cumplir con lo acordado.

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Lunes, 24 Julio 2017

Uribistas dejan atrás rumor sobre salario de $1.8 millones a las Farc

Por Óscar Felipe Agudelo B.

La congresista Thania Vega del Centro Democrático dice que el gobierno va “a pagar 90% de salario mínimo a guerrilleros”, afirmación cierta pues el Acuerdo Final dice que recibirán menos de $700.000

La senadora del Centro Democrático Thania Vega, esposa del coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, en su cuenta de Twitter el pasado 12 de julio realizó una encuesta sobre un tema que ha causado rechazo al interior del uribismo, los sueldos para los exguerrilleros de las Farc.

 

 

La aseveración de la congresista uribista, planteada como pregunta, es verdadera pues según la página 75 del Acuerdo Final los exguerrilleros “recibirán una renta básica mensual equivalente a 90% del salario mínimo, siempre y cuando no tengan un vínculo contractual que les genere ingresos (un trabajo estable)”.

Dicho monto, específica el mismo acuerdo, será pagado desde la terminación de las Zonas Veredales Transitorias y de Normalización, Zvtn, y durante 24 meses.

La encuesta, además de medir la opinión de sus seguidores en relación a los salarios de los exguerrilleros, también sirvió para conocer que los uribistas siguen oponiéndose a que las Farc reciban cualquier tipo de ayuda del Estado, tal como en plena campaña lo aseveró falsamente el expresidente Álvaro Uribe, cuando dijo que las Farc tendrían un salario mensual de $1.8 millones durante cinco años.

Ese fue un rumor que durante la campaña por el plebiscito se convirtió en un mito urbano y buena parte de la opinión pública colombiana creyó. En realidad solo el 17% de los exintegrantes de las Farc podrían ser los que obtengan dicho salario pues integrarán los esquemas de seguridad de los líderes de esa agrupación.

Para saber cómo desmentimos al expresidente hace más de un año lea El Cuentazo de Uribe.

Queda claro que la senadora Vega desestimó la tesis de campaña que tuvo su jefe político, un rumor que nunca fue cierto, pero que aprovecharon Uribe y sus seguidores para difundirlo y causar estupor entre los votantes.

Así las cosas, los exguerrilleros, al igual que otras personas que han abandonado grupos armados ilegales, recibirán además del 90% de un salario mínimo otros auxilios como $2 millones de una asignación única de normalización y también podrían recibir $8 millones, por una sola vez, como capital semilla para iniciar sus emprendimientos, estos proyectos serán canalizados por medio de Ecomún, una organización de economía solidaria creada por las Farc.

Los exmiembros de las Farc que se acojan a los acuerdos tendrán pago de seguridad social por un periodo determinado de 24 meses para las personas que no se encuentren vinculadas a actividades remuneradas. Además, dice el Acuerdo Final, los excombatientes tendrán acceso a programas de educación, vivienda, recreación y deporte, de la misma forma como sucede con los demás desmovilizados de otros grupos armados que han dejado las armas.

Es decir, el gobierno sí realizará los aportes a su pensión, como lo aseveró la senadora Vega.

Falso ofrecimiento de empleo

En síntesis, los exintegrantes de las Farc tendrán auxilios similares a los que han tenido otras personas que han dejado las armas y que se han reintegrado la sociedad por medio de la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, ahora denominada Agencia para la Reintegración y Normalización, ARN. Claro, podrán acceder a esos auxilios siempre y cuando cumplan a cabalidad lo estipulado en el acuerdo de paz.

La ANR ha sido encargada de acompañar en los procesos de reintegración a las personas que han dejado las armas. Esta misma agencia fue objeto de falsas noticias el 18 de julio pasado, por medio de mensajes de Whatsapp que referían que esta entidad y la Upra (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria) estaban haciendo convocatorias para recibir personal.

Falsa oferta de empleo de la ARN por WhatsApp

Pocas horas después la ARN desmintió la información mediante un comunicado: “Como respuesta al aviso en redes sociales, el cual expresa que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) busca profesionales y recibe hojas de vida para proveer empleos o contratos relacionados con las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), la entidad comunica a la ciudadanía que no ha hecho publicación oficial de dicha información”.