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Miércoles, 22 Noviembre 2017

Juan Carlos Pinzón: La Farc está haciendo política sin entregar todas las caletas

Por Sania Salazar

Al precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón se le olvidó decir que la extracción de las caletas está en manos del Gobierno y que hay seis meses más para desmantelarlas.

“No es posible que las Farc sigan haciendo política sin haber cumplido siquiera sus compromisos con la JEP, o entregado todas las caletas”. De eso se quejó el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, que recoge firmas para lanzarse a la Presidencia, en una entrevista publicada en el portal La Silla Vacía.

Colombiacheck calificó la afirmación como Engañosa porque la Farc cumplió con el compromiso de entregar las coordenadas de las caletas en marzo pasado. Es importante aclarar que, por decreto, el desmantelamiento le corresponde desde octubre pasado al Gobierno. Además, la participación política, cuestión distinta de las caletas, quedó en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que se encargará de evaluar la viabilidad de la misma según las sanciones impuestas.

En cuanto a la mención de Pinzón sobre que “las Farc no han cumplido con sus compromisos ante la JEP”, hay que recordar que esa jurisdicción no ha empezado a funcionar, razón por la que los excombatientes no han sido llamados a comparecer todavía ante la justicia transicional para que respondan, según el caso, por los delitos graves que hayan cometido.

Colombiacheck averiguó en la Misión de Observación de las Naciones Unidas en Colombia, organismo encargado de verificar la entrega de armas y allí informaron que la exguerrilla entregó información sobre la ubicación de 1.027 caletas, de las cuales ya se extrajeron 750 y quedan pendientes 277.

Esa tarea de la Misión terminó el 26 de septiembre luego de un aplazamiento, ya que la primera fecha pactada había sido el 1 de septiembre.

En la Misión informaron que el proceso de extracción se retrasó por la cantidad de caletas (1.027) y, sobre todo, por la dificultad para hallarlas. Indicaron, además, que no había mapas georreferenciados para llegar a los puntos exactos reportados por las Farc, que a veces se demoraban hasta dos semanas para llegar a los sitios donde estaban enterradas y que debían desplazarse acompañados de un cordón de seguridad del Ejército y, por ejemplo, movilizar personal en helicóptero, a pie o en lancha. “Era más fácil la extracción que la ubicación de las caletas”, concluyeron.

¿Y las que faltan para cuándo?

El decreto 1716 de 2017 firmado el pasado 20 de octubre extendió el plazo seis meses más, a partir de ese día, para terminar con la extracción de las caletas. Eso quiere decir que el proceso terminará en abril de 2018, un mes después de las elecciones legislativas en las que la Farc tiene asegurados cinco cupos para el Senado y cinco para la Cámara de Representantes, según se pactó en el Acuerdo Final entre el Gobierno y esa exguerrilla.

El pasado 14 de noviembre Colombiacheck quiso saber, a través de un correo electrónico enviado a la oficina de prensa del ministerio de Defensa, sobre el avance de la extracción de caletas, sin obtener respuesta hasta ahora.

El viernes 17 de noviembre, en entrevista con Blu Radio, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, habló sobre la extracción de caletas, de donde tomamos la información. Villegas aseguró que se han hecho operaciones para extraer alrededor de 970 caletas y que “faltan menos de 100 operaciones para caletas, de las que dieron información, porque esas son las que se van a apuntar a las Naciones Unidas; las que se encuentren sin información que provenga de Farc-Naciones Unidas serán puestas a disposición de la justicia”.

Con lo anterior el ministro se refirió a la información que la antigua guerrilla de las Farc le dio a la ONU y al Gobierno sobre la ubicación de ese material de guerra. El decreto 1716, que extiende el plazo, indica que la extracción de las caletas que no sean encontradas dentro del plazo de los seis meses se debe llevar a cabo bajo procedimientos ordinarios y no dará lugar a entrega de recompensas.

Participación política

En el Acuerdo Final quedó pactado que las sanciones impuestas por la JEP no inhabilitan la participación política de los exguerrilleros y que esa participación se puede dar incluso antes de que pasen por la JEP.

Lo anterior ha causado un fuerte debate. En el Congreso, partidos políticos como el opositor Centro Democrático y Cambio Radical rechazan esa posibilidad porque consideran que los excombatientes deben pagar sus deudas con la justicia antes de participar en política. En el mismo sentido se ha pronunciado, también, la congresista y candidata presidencial Claudia López, de la Alianza Verde.

Para armonizar ambas situaciones, Rodrigo Uprimny y Diana Isabel Güiza, de Dejusticia, propusieron lo siguiente en un blog publicado en La silla Vacía el pasado 12 de noviembre:

“Aunque es claro que las penas impuestas por la JEP no generan inhabilidades políticas, es también claro que la elección a cargos públicos no puede inhibir el cumplimiento de las sanciones, cuya aplicación prevalece. Las sanciones, una vez impuestas por la JEP, deben ser ejecutadas rigurosamente, sin que la persona pueda alegar que ocupa un cargo público para abstenerse de cumplirla”.

Lo anterior va muy en la línea de lo que definió la Corte Constitucional al declarar exequible la reforma constitucional que creó la JEP:

“Corresponderá a la Jurisdicción Especial para la Paz determinar la compatibilidad con la participación en política de las sanciones que ella imponga a los excombatientes”.

En síntesis, la Farc entregó la información para encontrar y desmantelar las caletas. Por la demora del proceso no se puede culpar a alguien en específico, pues se debe a problemas logísticos para llegar a los lugares remotos donde está el material, dificultad que admitió la ONU.

La Farc, reconocida ya como un partido político legal y con candidatos a la Cámara de Representantes, al Senado y a la Presidencia, está haciendo campaña. Pero el futuro judicial de quienes resulten elegidos estará en manos de la JEP, que deberá decidir, en cada caso, si las sanciones impuestas les permiten participar en política.

Colombiacheck llamó en varias ocasiones a Pinzón y le dejó un mensaje vía Whatsapp preguntándole en qué fuente basaba su frase, pero no ha respondido.

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Miércoles, 01 Agosto 2018

La difícil pregunta sobre qué es la oposición

Por José Felipe Sarmiento Abella

Más que partidos tradicionales que “se hicieron los locos” desde 1991 para aprobar el Estatuto de Oposición (como tuiteó Piedad Córdoba), hubo más de una decena de iniciativas que fracasaron por falta de consenso.

Después de que el presidente Juan Manuel Santos sancionó el Estatuto de la Oposición el 9 de julio, la exsenadora Piedad Córdoba lo calificó como “democrático y saludable”. Aun así, no desperdició la oportunidad para señalar que este “nació con la Constitución del 1991, [pero] los partidos tradicionales se hicieron los locos durante 27 años porque no les convenía”.

 

 

En efecto, el artículo 112 de la Carta aprobada entonces decía que “los partidos y movimientos políticos que no participen en el Gobierno podrán ejercer libremente la función crítica frente a éste y plantear y desarrollar alternativas políticas”. Acto seguido, les reconocía a estos partidos una serie de derechos como el acceso a información oficial, el uso de medios de comunicación, la réplica ante ataques públicos y la participación en organismos electorales.

El texto también planteaba que las minorías políticas del Congreso, las asambleas y los concejos debían tener participación en las mesas directivas de esos cuerpos colegiados. Y en la última frase prometía una ley estatutaria que regularía en detalle todas esas garantías, una norma que salió apenas este año, como bien lo señaló Córdoba. No obstante, su afirmación resulta inflada porque sí hubo intentos previos de reglamentación, aunque hayan fracasado.

La reforma

El artículo constitucional en cuestión fue modificado con la reforma política de 2003. Esta especificó que, para que un partido fuera considerado de oposición, debía declararse como tal y no bastaba con estar excluido del Gobierno. Segundo, redujo las restricciones legales, que en principio aplicaban para todos los derechos mencionados, y quedaron solo para el acceso a información oficial reservada.

Otro cambio que introdujo esa reforma fue que el acceso a medios de comunicación quedó limitado a los del Estado, mientras que el texto original incluía también a los medios privados. En cambio, amplió el derecho de réplica al quitarle el complemento que lo hacía procedente solo “frente a tergiversaciones graves y evidentes o ataques públicos proferidos por altos funcionarios”. Además, fue eliminada la participación de la oposición en el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría.

Pero la promesa de expedir el estatuto se mantuvo al final del párrafo del artículo constitucional. Y, de nuevo, aunque el estatuto solo se materializó 27 años después de la Constitución y 15 después de esta reforma, sí se intentó hacerlo antes.

Los intentos fallidos

Desde 1993, según la exposición de motivos del proyecto de ley estatutaria que dio origen a la norma que acaba de firmar Santos, se intentó aprobar en 11 intentos diferentes. Los primeros vinieron de partidos opositores o alternativos.

El senador de la Unión Patriótica (UP) Manuel Cepeda presentó el primer proyecto en 1993. La representante de la Alianza Democrática M-19 por el Atlántico, Janeth Suárez, radicó otro en 1995. Ambos fracasaron.

Pero los partidos tradicionales también intentaron aprobar un estatuto de la oposición, con los mismos resultados. Tres de esas iniciativas surgieron del Partido Liberal, una de esas del gobierno de Ernesto Samper.

El ministro del interior de 1995, Horacio Serpa, trató sin éxito de pasar una. Otro intento liberal fue el de la representante vallecaucana Yolima Espinosa, quien radicó otra propuesta en 1993 y repitió en 1997. La senadora liberal Viviane Morales también fracasó con la propuesta que presentó en 1998. Ese año el partido incluso se unió con Cambio Radical, cuando esta colectividad estaba recién creada, para poner sobre la mesa otra alternativa de estatuto y tampoco funcionó.

Otros proyectos surgieron de acuerdos entre partidos alternativos y tradicionales. Fue el caso del que planteó el senador Jimmy Chamorro por el partido Compromiso Cívico Cristiano (C4) en 1996, que se unió con otra iniciativa similar de la representante Espinosa. Lo mismo fue el de una propuesta que 80 congresistas de diferentes bancadas prometieron apoyar en 2004. Pero ni así consiguieron la aprobación. Chamorro hizo su segundo intento, también fallido, en 1997.

La propuesta perdida más reciente fue la de la senadora Elsa Gladys Cifuentes, del Partido de La U, en 2008. En esa ocasión fue ella misma quien retiró la iniciativa cuando apenas empezaba su trámite en el Legislativo.

La pregunta difícil

Para el politólogo Yann Basset, profesor de la Universidad del Rosario, la causa de esta serie de fracasos es más compleja que el planteamiento de Córdoba. Para el académico, una de las principales razones es la “falta de claridad” sobre el concepto mismo de oposición. “Eso ha dificultado un consenso sobre el tema”, asegura.

La pregunta por la definición de la oposición fue incluso una de las principales discusiones en torno al proyecto recién aprobado. Por ejemplo, para algunos sectores, la oposición se limita a los partidos políticos que se declaran públicamente en contra del Gobierno de turno. Otros pretendían que las garantías aprobadas cobijaran también a movimientos y organizaciones sociales de base.

Pero además, Basset recuerda que Colombia tiene un patrón histórico de escasa o nula oposición, incluso desde antes del Frente Nacional (el acuerdo entre liberales y conservadores para repartirse el poder entre 1958 y 1974 para darle fin a la violencia interpartidista de mediados del siglo XX). Los presidentes han gobernado con grandes coaliciones en el Legislativo frente “pequeñas minorías, (...) que no son lo mismo que oposición”, explicó el docente.

Advirtió que, de hecho, en los países donde sí hay una oposición más desarrollada, no existen estatutos al respecto. Pero reconoció que lo que busca esta ley, entre otras cosas, es precisamente darles garantías a ciertos grupos políticos “para que no los maten”, debido al antecedente que existe con el exterminio de la Unión Patriótica (UP), partido político nacido de los acuerdos de paz entre el Gobierno de Belisario Betancur y las Farc en 1984 al que le asesinaron más de 3.000 integrantes y simpatizantes.

Basset explicó que fueron esos “debates interminables” sobre qué debería considerarse oposición los que demoraron casi tres décadas la creación del estatuto, “más que un gobierno totalmente cerrado” a aprobarlo.