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Miércoles, 28 Junio 2017

¿La amnistía garantizaba la libertad de los presos de las Farc en 10 días?

Por Sania Salazar

En la entrega final de armas de las Farc, el comandante de esa organización, Rodrigo Londoño, se quejó porque aún hay guerrilleros presos cuando la Ley de amnistía prometía libertad en 10 días.

En la ceremonia en la que se dio por terminado el proceso de dejación de armas individuales de las Farc el comandante de ese grupo, Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, aprovechó para recriminar al Gobierno por lo que considera como incumplimientos de lo pactado en el Acuerdo Final.

“Resulta lamentable que buena parte de los guerrilleros, milicianos, simpatizantes o acusados de pertenecer a nuestras filas permanezcan en prisión a seis meses de la expedida una Ley de amnistía e indulto que les garantizaba libertad en 10 días”, fue uno de sus reclamos.

La Ley de Amnistía e Indulto entró en vigencia el 30 de diciembre de 2016, cuando el Presidente Santos la sancionó. Efectivamente, el próximo 30 de junio se cumplen seis meses. Hay que recordar que esta ley aplica solo para delitos políticos y conexos, no para quienes hayan cometidos delitos graves y de lesa humanidad.

Colombiacheck revisó el decreto que detalla la manera como se debe aplicar esta ley. Ese documento deja claro que en el caso de guerrilleros privados de la libertad, con procesos en curso o condenados, el trámite no debe demorar más de 10 días “contados a partir del momento en que se presente la solicitud de amnistía o de que inicie el trámite de oficio”.

Además la Ley de amnistía precisa que “respecto de los integrantes de las Farc que por estar encarcelados no se encuentran en posesión de armas, la amnistía se aplicará individualmente a cada uno de ellos cuando el destinatario haya suscrito un acta de compromiso comprometiéndose a no volver a utilizar armas para atacar al régimen constitucional y legal vigente”.

Esto precisamente es lo que al parecer no tiene claro ‘Timochenko’: Que los procesos son individuales, así que ese término de 10 días se vence en diferentes fechas según cada caso, que son jueces de ejecución de penas los que tienen en sus manos el análisis de esos casos, aparte de los demás procesos que ya tenían pendientes cuando se aprobó esta ley y que, según las Farc, son 3.400 los prisioneros de esa organización que esperan que se estudien, lo que requiere tiempo.

Si se trata de lo que dice literalmente el papel, Londoño tiene razón, pero consideramos que desconocer el contexto de la aplicación de la ley da para mal interpretar el espíritu del decreto, por lo que Colombiacheck califica la afirmación de Londoño como aproximada.

Del papel a la realidad

A la hora de aplicar la Ley de amnistía hubo inconvenientes, como en otros aspectos de la implementación del Acuerdo Final, escollos que han tenido ambas partes del proceso, y por las que se han acusado mutuamente de incumplir.

“No creo, honestamente, que esto sea un incumplimiento del Acuerdo. Las Farc y el Gobierno llegaron a un acuerdo político, el Gobierno hace todo lo que está en sus manos para cumplir con lo pactado. La Ley de amnistía se adoptó en tiempo récord, esa ley enfrentó dificultades en su aplicación por algunas interpretaciones de los jueces, el Gobierno inmediatamente se puso a la tarea de expedir un decreto reglamentario que explica varias cosas. Luego está en manos de los jueces la aplicación de la amnistía”, argumentó Catalina Díaz, directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia.

Díaz resaltó que se trata de decisiones judiciales que no están en manos del ejecutivo, ni del Gobierno, ni en manos del Alto Comisionado para la Paz, sino de los jueces. Recordó además, que quienes toman estas decisiones son jueces de ejecución de penas con una carga de trabajo alta que están revisando en detalle cada solicitud, lo cual, enfatizó, le da mucha seriedad y legitimidad a las decisiones.

La directora de Justicia Transicional del Minjusticia aseguró que el Gobierno ha hecho todo lo que está en sus manos en el marco de la independencia de la rama judicial para que se garantice lo acordado, incluso talleres con los jueces para explicarles en detalle el funcionamiento de la ley.

Díaz recordó que para acelerar el proceso en el Minjusticia indultaron alrededor de 221 miembros de las Farc privados de la libertad (por delitos amnistiables e indultables) con la ley 418, la ley vigente antes de la Amnistía pactada en el Acuerdo Final. “Eso también muestra el compromiso”, concluyó.

En un chequeo titulado Solo falta un ‘papel’ para que las Farc se beneficien de la ley de amnistía contamos el pasado 25 de enero que el proceso estaba sufriendo demoras debido a que se estaba sometiendo a consenso de las partes involucradas un documento que deben firmar los beneficiados con la amnistía y que bautizaron como acta de compromiso.

Precisamente, antes del acto de cierre de la entrega de armas de las Farc, se conoció que Seusis Pausivas Hernández, cuyo alias es Jesús Santrich, se declaró en huelga de hambre en solidaridad con los presos de las Farc que no han sido beneficiados todavía con la ley de amnistía e indulto. Según explicó, la ley solo ha beneficiado a 832 de los 3.400 prisioneros reconocidos por la que hasta ayer fue la guerrilla de las Farc.

Según cifras del Ministerio de Justicia, hasta el pasado 23 de junio se habían concedido 295 libertades condicionales, beneficio que se otorga a guerrilleros con investigación o condena por delitos no amnistiables siempre y cuando lleven cinco años privados de la libertad y hayan firmado el acto de compromiso ante la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. En este caso la libertad se obtiene bajo ciertos compromisos y obligaciones.

Hasta la misma fecha se habían trasladado a Zonas Veredales Transitorias de Normalización a 226 exguerrilleros. En este caso se trata de personas con investigaciones o condenas por delitos no amnistiables con menos de cinco años privadas de la libertad a los que se traslada a las zonas veredales para que continúen allí su detención.

 

 

 

 

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Martes, 26 Julio 2016

En Caquetá hay más narcotráfico y extorsión, pero no necesariamente es culpa de las Farc

Por Sania Salazar

El Representante a la Cámara Rodrigo Lara relacionó el incremento en ambos delitos con el accionar de las Farc, pero hay otras causas.

Al conocerse la noticia de que el Gobierno y las Farc firmaron el 23 de junio en La Habana el acuerdo definitivo sobre el fin del conflicto, RCN Radio consultó la opinión de líderes de los partidos políticos sobre ese avance en los diálogos de paz.

En representación de Cambio Radical habló Rodrigo Lara, director del partido. Dijo que recibía la noticia con satisfacción, pero cuando le preguntaron que si había algo que le inquietara al respecto puso como ejemplo a Caquetá.

Aseguró que aunque allí las Farc no han vuelto a disparar desde que anunciaron que cesaban sus hostilidades, en ese departamento el narcotráfico y la extorsión, delitos en los que ese grupo armado ha participado, se han intensificado desde ese momento.

“Tenemos que estar muy atentos, porque el cese bilateral no puede significar el cese por parte del Estado de su obligación de combatir el narcotráfico y la extorsión. Esta es una frontera tenue y es un trabajo complejo para el Gobierno”, llamó la atención.

Colombiacheck le solicitó a Javier Contreras, jefe de prensa de Lara, una entrevista con él para saber en qué basaba su afirmación sobre los aumentos en ambos delitos. La primera solicitud se hizo el 5 de julio y aunque se insistió en tres ocasiones a lo largo de tres semanas, no la concedieron.

Para establecer un punto de comparación Colombiacheck tomó como referencia el 17 de diciembre de 2014, fecha en que las Farc anunció el cese unilateral al fuego y a las hostilidades por tiempo indefinido, ya que el grupo decretó varios ceses temporales ese año.

El narcotráfico

Revisamos las cifras del más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), conocido el pasado 8 de julio en el que Caquetá aparece como el quinto departamento con mayor extensión de cultivos de coca con 7.712 hectáreas con corte a 2015.

Encontramos que, si bien los cultivos aumentaron en 2015, el incremento fue mayor en 2014. Ese año hubo en el departamento 2.220 hectáreas de cultivos ilícitos más que en 2013. Subieron en un 51%. En 2015 se registró un incremento de 1.170 hectáreas, para un 17% de incremento.

Hay que anotar que el informe llama la atención sobre que en Colombia los cultivos de coca pasaron de 69.000 hectáreas en 2014 a 96.000 hectáreas en 2015, lo cual arroja un incremento del 39% en total.

Es importante también tener en cuenta que el aumento de 2014 fue el más alto desde 2009.

Al comparar los informes de Unodc de 2014 y 2015 se evidencia que las incautaciones de droga también aumentaron. Por ejemplo, en la categoría de hoja de coca, la materia prima para procesar cocaína, los resultados crecieron en un 139% al pasar de 14.832 kilos en 2014 a un total de 35.564 kilos en 2015.

Además, los decomisos de base de coca subieron un 53%. Pasaron de 1.143 kilos a 1.742. Finalmente, las incautaciones de clorhidrato de cocaína aumentaron en 58%, pasando de 17 a 27 kilos.

Para Daniel Rico, experto en política antinarcóticos, varias fuentes indican el incremento de los cultivos ilícitos, pero esto no se debe solo a la influencia que las Farc tienen en el negocio sino a razones tan variadas como la caída del precio del oro que hizo que muchos de quienes se dedicaban a la minería ilegal se dedicaran a cultivar coca. A la fluctuación en la tasa de cambio que generó un incremento en los precios en la zona y a la inminencia de la concreción del proceso de paz que hace que otros actores cultiven más, entre otras razones.

“Hay mandos medios de las Farc que están mirando cómo generar una mayor cantidad de ganancias antes de que se firme la paz y no haya negocio, pero eso no tiene que ver con la tregua, eso es un factor de la organización”, aseguró el experto.

¿Y la extorsión qué?

Cifras del Ministerio de Defensa indican que las denuncias de extorsión en Caquetá subieron en un 23% entre 2014 y 2015 al pasar de 88 casos a 109.

La Fundación Paz y Reconciliación ya había advertido en un informe titulado “Lo que hemos ganado”, sobre el accionar de las Farc en 2014, que este grupo había ampliado la población a la que extorsionaba en las zonas donde usualmente lo hace.

“Por ejemplo, en varias zonas del Caquetá solo personas que contaran con más de 50 cabezas de ganado pagaban extorsión, en la actualidad lo hacen los que tengan más de 10 cabezas de ganado. Vale la pena aclarar, que esta situación varía de una zona a otra, o de un frente guerrillero a otro. Así por ejemplo en el departamento del Caquetá, las zonas donde opera la Teófilo Forero la extorsión se cobra a las personas con más de 10 cabezas de ganado; y en las zonas del frente 14 y 15 la cifra se encuentra en aquellas personas que tengan más de 50 cabezas de ganado”, señala el documento.

En febrero de 2016 el alcalde de San Vicente del Caguán, Caquetá, le envió una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que le solicita fortalecer las estrategias para combatir la extorsión ya que la situación era grave allí y culpaba a las Farc, que según el mandatario local, ganan alrededor de $89.000 millones anuales con esta actividad.

Rico llamó la atención también en este punto, pues aunque aclaró que esta es una fuente de recursos más importante para las Farc que el narcotráfico, aseguró que “en el país no hay estudios serios sobre el impacto de la extorsión y hay que tener en cuenta que hay otros grupos dedicados a ese mismo negocio ilegal, y quiénes usan el nombre de las Farc para extorsionar”.

Partiendo de las cifras y de la explicación del experto, calificamos la afirmación de Lara sobre el aumento del narcotráfico como aproximada porque ambos delitos han crecido, pero no solo por el accionar de las Farc en la zona.