En julio de 2020, el periódico El Espectador publicó una entrevista que le realizó al gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, en la que se abordaron temas relacionados con el manejo de la crisis por COVID-19 en el departamento, como el desempleo, el confinamiento, la cantidad de casos confirmados, la oferta turística, entre otros. 

El periodista que realizó la nota le preguntó al mandatario: “¿Algún mensaje a los demás gobernadores del país para que tengan en cuenta las medidas que usted ha adoptado?”. 

Jaramillo respondió, palabras más, palabras menos, que no es sencillo asumir los decretos presidenciales y menos cuando exigen aportes económicos. Según él, en el caso de su departamento la situación es compleja porque “la Gobernación del Quindío tiene un embargo que heredamos de la administración anterior”.  

En Colombiacheck seleccionamos esa afirmación del gobernador y decidimos hacerle la correspondiente verificación como parte de nuestros chequeos de discurso público. Para ello nos comunicamos con Adriana Giraldo, jefe de prensa de la Gobernación del Quindío, y le solicitamos los soportes que pudieran demostrar que, en efecto, la administración del departamento tiene un embargo proveniente del gobierno anterior, es decir, del que lideró Carlos Eduardo Osorio. 

Recibimos dos documentos bancarios. El primero es del Banco Davivienda y certifica que, a fecha del 4 de agosto de 2020, las cuentas en las que el departamento del Quindío figura como titular (con NIT. 890001639-1) tienen saldos congelados por un total de 5.192'623.558 de pesos (no 5.192’605.387, como indica el primer párrafo de ese mismo documento), cifra que obtuvimos al sumar todos los valores que aparecen en la tabla.

Ese congelamiento es producto de la orden emitida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Armenia ​​dentro del oficio Nº. 218 (RAD-630013333004​-​2017-00136-0), adelantado por Aida Amalia Osorio Arias, docente del Instituto Tebaida.  

El segundo documento es del Banco Popular y constata que, con actualización del 3 de agosto de 2020 y en razón del cumplimiento de las instrucciones impartidas mediante el oficio Nº. 1149 del Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito, hay un CDT, tres cuentas corrientes y dos cuentas de ahorros de la Gobernación del Quindío que tienen sus respectivos saldos congelados como parte de un embargo que llega a los 22.913’161.648 de pesos.

Además, recibimos una fotografía de un documento de Excel que, a juzgar por el nombre del archivo, es el registro de las cuentas embargadas del Quindío en el Banco de Occidente. La calidad de la imagen no es muy buena, pero muestra que en las cuentas que la administración departamental tiene en esa entidad bancaria los valores también están intactos y sin posibilidad de uso.  

Con esto comprobamos que sí es cierto que la Gobernación del Quindío tiene, en este momento, un embargo encima, como dijo Jaramillo en la entrevista. Pero aún nos falta verificar si esa situación viene desde el periodo de gobierno de Carlos Eduardo Osorio (2016-2019). 

Al respecto, Giraldo explicó que “son 14 años de embargo, no solamente del gobierno anterior. Eso es un problema que tiene el Quindío desde hace muchos años”. Con estos datos en mano hicimos una búsqueda en Google y nos dimos cuenta de que esa situación, efectivamente, no es reciente y ha sido una montaña rusa en términos jurídicos y estatales.

En una nota de prensa de 2017 del medio Eje 21, el entonces secretario de Educación del departamento, Álvario Arias, explicó que “en 2006 y 2007, el abogado Yobany López instauró demandas en las que reclamaba para los educadores una prima y otras prestaciones sociales. A partir de 2011 muchas sentencias fallaron. Cuando nosotros llegamos a la Gobernación encontramos que de 2200 demandas [que había en ese tiempo] se habían pagado 926 sentencias, pero estaban por pagar más de 1200”. 

Esa información coincide con la que encontramos en otros reportes de prensa, como este y este, lo cual permite corroborar que la larga e interminable historia de los embargos de la Gobernación del Quindío tuvo su origen en la falta de pago de primas y prestaciones sociales a docentes, y se ha extendido desde el período de gobierno de Amparo Arbeláez (2004-2007), pasando por manos de sus sucesores Julio César López (2008-2011), Sandra Paola Hurtado (2012-2015) y Carlos Eduardo Osorio (2016-2019), hasta llegar a manos de Roberto Jairo Jaramillo, que ocupa el cargo actualmente. 

Según declaraciones dadas por el exgobernador Osorio, en 2018, “los Ministerios de Educación y de Hacienda reconocieron la deuda, desde el 18 abril de 2018, a través del acta N°. 36 proferida por el Comité Técnico Operativo de Saneamiento de Deudas Laborales del Sector Educativo del Ministerio de Educación”, es decir, que la responsabilidad del pago del dinero que se les debe a los maestros es asumida por el gobierno nacional, no por el gobierno departamental. 

Sin embargo, El Quindiano reportó que “aunque el Ministerio de Educación, en abril de 2018, certificó que efectivamente la nación debía este dinero, los pagos no se hicieron porque el Ministerio de Hacienda se negó a hacerlo indicando que esta era una obligación de la Gobernación del Quindío”. 

Por lo anterior, Osorio presentó ante el Tribunal Administrativo del Quindío una acción popular para “amparar los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público”.

El resultado de ello, como explicó El Quindiano, es que “el fallo [del Tribunal] ordena a la Nación, Ministerio de Educación, validar y certificar la deuda acorde con el respaldo documental que a su disposición pondrá el ente territorial”. Para ello, “les da a los Ministerios de Educación y Hacienda 20 días, después de tener todos los soportes correspondientes, para que ‘realicen las actuaciones necesarias tendientes a satisfacer la obligación que le asiste con la concurrencia de los recursos’. También le da 15 días al Ministerio de Hacienda para disponer de los recursos respectivos”. 

Sobre el fallo, el abogado Yobany López, apoderado de los docentes, le dijo a La Crónica del Quindío que “tienen la posibilidad de apelar la decisión y, si así lo hacen, se trasladaría la sentencia al Consejo de Estado, donde el trámite podría durar algunos años. Mientras tanto, la Gobernación seguirá embargada si no toma decisiones administrativas acertadas”. 

En este momento, la deuda con el cuerpo docente sobrepasa los 22.000 millones de pesos y, como nos explicó Luisa Fernanda Roncancio, directora de Planeación y Control Fiscal de la Contraloría Municipal de Manizales, “el Gobernador [del Quindío] no tiene con qué pagar porque esa no es una obligación suya sino que es transferencia del Sistema General de Participaciones (SGP)”. 

Al respecto, Roncancio añadió que “los municipios y los departamentos tienen asociados a una planta de docentes, una municipal y otra departamental, pero este pago lo realiza la nación a través del SGP”. 

Por otro lado, López afirmó que gracias a los embargos, el pago está asegurado, pero, para él, la pregunta es por qué no se ha hecho, y añadió: “Esperando que ante esta situación, el actual gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas no siga permitiendo este detrimento patrimonial, que en su administración ya ha generado pérdidas de más de 600 millones de pesos”.  De acuerdo con sus cuentas, los intereses están llegando ya a más del 136%. 

Sobre esta situación, Roncancio dijo que “como tal eso sería un detrimento patrimonial o habría que mirar si hubo un proceso de responsabilidad por ese detrimento o si fue que se pagó en otras cosas, pero [hay que mirar] qué se hizo con esa plata”.  

A partir de todo lo anterior, en Colombiacheck calificamos como verdadera pero la afirmación del gobernador Jaramillo porque, si bien es cierto que la Gobernación del Quindío debe lidiar en pleno 2020 con un embargo, hay que tener en cuenta este no es solo herencia de la administración anterior, sino de las tres que la antecedieron.