El expresidente y senador Álvaro Uribe, que hoy tiene un fuerte discurso en contra de la expropiación, presentó y sancionó en su gobierno una ley que contemplaba esta medida como una herramienta para el desarrollo rural. Así se lo recordaron los simpatizantes del candidato Gustavo Petro en redes sociales y la afirmación resultó ser verdadera.

Por internet circuló un extracto de esa norma en el que se resaltan las firmas del entonces mandatario, su ministro de Agricultura y autor de la iniciativa, Andrés Felipe Arias, y el de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga. La imagen ha sido compartida por diferentes personas, entre ellas la directora programática de la coalición Colombia Humana, María Mercedes Maldonado.

Que no siga el deterioro del campo, que no llegue la expropiación camuflada en compras con revólver, que se recupere el campo, por eso#DuqueNosUne

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 11 de junio de 2018

Álvaro Uribe y Óscar Iván sancionaron una ley que permitía expropiar, sí expropiar tierras rurales a valor catastral, sí, catastral ?? https://t.co/hNXckveWDa

— Maria Mercedes Maldonado (@MMMaldonadoC) 10 de junio de 2018

La exalcaldesa encargada de Bogotá incluso hizo varias críticas a la norma en mensajes sucesivos. Entre ellas señaló que esta pretendía compensar a los dueños de los terrenos expropiados según el valor catastral de los predios, un precio que podría resultar injusto por la desactualización de esos datos en gran parte del país rural.

Maldonado también recordó que la ley no pudo aplicarse porque la Corte Constitucional la declaró inexequible, es decir, la ‘tumbó’ completa porque el Gobierno no respetó el derecho de las comunidades afros e indígenas a ser consultadas sobre sus contenidos.

Toda la historia que contó es verdadera. El Estatuto de Desarrollo Rural fue sancionado por el presidente y los dos ministros mencionados como la ley 1152 de 2007. Pero fue demandada por no cumplir con el requisito de la consulta previa a los pueblos étnicos y por eso se cayó del todo.

El artículo 72, en efecto, le permitía al Estado comprar o expropiar tierras desaprovechadas por sus dueños. A cambio, les respondería estos con el valor correspondiente al avalúo catastral, en efectivo si era compra o en bonos en caso de expropiación.

El economista Juan Manuel Ospina, exdirector del desaparecido Instituto de Desarrollo Rural (Incoder), le explicó a Colombiacheck.com que estos precios están “subestimados” y desactualizados. El valor comercial de un inmueble rural puede ser hasta 15 veces mayor, por lo que una posible expropiación incentiva la actualización de los registros porque los dueños tratan de acercar las dos cifras para perder menos plata.

Es que 63,9 % de los municipios del país tenían desactualizada su información catastral en 2016. Esta ni siquiera existía en 28 % del territorio nacional, según el Conpes que ese año declaró la importancia estratégica del catastro multipropósito que busca ponerlos al día, universalizar la cobertura y diversificar la información con más datos disponibles.

Y el problema, que se hace mayor en las zonas más afectadas por el conflicto armado, no es nuevo. Para 2007, cuando Uribe firmó su frustrado estatuto, la desactualización catastral ya afectaba a más de la mitad del país rural (53 %). Por ejemplo, el Conpes para el desarrollo sostenible del Cauca registraba entonces que apenas 11 de sus 41 municipios estaban al día.

El artículo 73 de la ley de Uribe también autorizaba a los alcaldes a subirles el impuesto predial a los terrenos improductivos con el fin de estimular su venta o mejor utilización. Otros apartes contemplaban la expropiación con diferentes propósitos, como la construcción de bienes públicos para el campo.

Aunque la mayoría de esas menciones al mecanismo hacía parte de la versión original del proyecto radicada por Arias, cabe aclarar que los dos artículos citados no se originaron en el Ministerio. Estos fueron introducidos durante su trámite en el Congreso. No obstante, desde la primera ponencia fueron firmados por senadores de los partidos de La U, Cambio Radical, Conservador y AICO, casi todos pertenecientes a la bancada uribista de entonces.

Lo curioso es que el expresidente fundador del Centro Democrático y el candidato presidencial de ese partido, Iván Duque, critican ahora a Petro por tener propuestas similares a lo que esa norma planteaba.

El exsenador uribista arremete en sus discursos y entrevistas contra el “dedo expropiador”, como una metáfora que busca igualar a su contrincante con el exmandatario venezolano Hugo Chávez y su abuso de esa figura.

En redes sociales ha circulado también un video en el que Duque le pregunta en tarima a una trabajadora de un cultivo de Flores Ipanema, en El Rosal (Cundinamarca), si “le gustaría que llegara un presidente a echarle mano a la empresa y acabarla”.

Sin embargo, como ya explicó Colombicheck.com, la expropiación en Colombia es legal e incluso está consagrada en la Constitución. Ospina aclaró además que, por norma, siempre debe conllevar una indemnización en plata o en bonos y que el monto siempre va a depender del catastro.

Entre tanto, lo que ha propuesto Petro ha sido que el Estado compre las tierras improductivas luego de desestimular su tenencia por medio de alzas en el predial. Con estas ofertas, según el exdirector del Incoder, tendría un margen para negociar un valor por encima del avalúo catastral.

De hecho, su programa de gobierno dice que “no se expropiarán empresas, ni negocios, ni viviendas ni tierra productiva”. Este también fue el primero de los compromisos que reafirmó cuando recibió la adhesión de la excandidata vicepresidencial Claudia López y el senador electo Antanas Mockus.

Podemos ir en Paz si ganamos a las maquinarias y la violencia

Al atraso y las cavernas mentales

Desde el Voto Nacional un gritó de Paz, Independencia y Democracia

Mi mayor esfuerzo por los hijos de todas las familias de Colombia pic.twitter.com/LwkeJh8Gil

— Gustavo Petro (@petrogustavo) 8 de junio de 2018

El plan de la Colombia Humana sí es buscar que las grandes extensiones sin uso o dedicadas a la ganadería extensiva pasen a la agricultura campesina. Pero los medios para lograr lo que Petro ha descrito en los medios coinciden a grandes rasgos con el estatuto rural de Uribe, excepto porque afirma que fijaría el precio por medio de peritos.

De hecho, Ospina asegura que Petro ni siquiera tendría que crear normas nuevas para cumplir esas promesas. “Son cosas que ya existen, lo que pasa es que no se aplican”, señala el economista. Esto porque hay múltiples leyes que autorizan y regulan tanto la compra como la expropiación de predios por parte del Estado, como ya había contado Colombiacheck, por lo que al candidato le bastaría con actuar conforme a ellas de llegar a la Presidencia.