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Verdadero

Viernes, 15 Junio 2018

La ley con la que Uribe quiso expropiar tierras improductivas

Por José Felipe Sarmiento Abella

El expresidente critica que Gustavo Petro proponga comprar grandes extensiones desaprovechadas, pero en su gobierno aprobó expropiarlas. Chequeamos los tuits de María M. Maldonado, la directora programática de la coalición Colombia Humana, que le sacó esto en cara a Uribe.

El expresidente y senador Álvaro Uribe, que hoy tiene un fuerte discurso en contra de la expropiación, presentó y sancionó en su gobierno una ley que contemplaba esta medida como una herramienta para el desarrollo rural. Así se lo recordaron los simpatizantes del candidato Gustavo Petro en redes sociales y la afirmación resultó ser verdadera.

Por internet circuló un extracto de esa norma en el que se resaltan las firmas del entonces mandatario, su ministro de Agricultura y autor de la iniciativa, Andrés Felipe Arias, y el de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga. La imagen ha sido compartida por diferentes personas, entre ellas la directora programática de la coalición Colombia Humana, María Mercedes Maldonado.

 

 

 

 

La exalcaldesa encargada de Bogotá incluso hizo varias críticas a la norma en mensajes sucesivos. Entre ellas señaló que esta pretendía compensar a los dueños de los terrenos expropiados según el valor catastral de los predios, un precio que podría resultar injusto por la desactualización de esos datos en gran parte del país rural.

Maldonado también recordó que la ley no pudo aplicarse porque la Corte Constitucional la declaró inexequible, es decir, la ‘tumbó’ completa porque el Gobierno no respetó el derecho de las comunidades afros e indígenas a ser consultadas sobre sus contenidos.

Toda la historia que contó es verdadera. El Estatuto de Desarrollo Rural fue sancionado por el presidente y los dos ministros mencionados como la ley 1152 de 2007. Pero fue demandada por no cumplir con el requisito de la consulta previa a los pueblos étnicos y por eso se cayó del todo.

El artículo 72, en efecto, le permitía al Estado comprar o expropiar tierras desaprovechadas por sus dueños. A cambio, les respondería estos con el valor correspondiente al avalúo catastral, en efectivo si era compra o en bonos en caso de expropiación.

El economista Juan Manuel Ospina, exdirector del desaparecido Instituto de Desarrollo Rural (Incoder), le explicó a Colombiacheck.com que estos precios están “subestimados” y desactualizados. El valor comercial de un inmueble rural puede ser hasta 15 veces mayor, por lo que una posible expropiación incentiva la actualización de los registros porque los dueños tratan de acercar las dos cifras para perder menos plata.

Es que 63,9 % de los municipios del país tenían desactualizada su información catastral en 2016. Esta ni siquiera existía en 28 % del territorio nacional, según el Conpes que ese año declaró la importancia estratégica del catastro multipropósito que busca ponerlos al día, universalizar la cobertura y diversificar la información con más datos disponibles.

Y el problema, que se hace mayor en las zonas más afectadas por el conflicto armado, no es nuevo. Para 2007, cuando Uribe firmó su frustrado estatuto, la desactualización catastral ya afectaba a más de la mitad del país rural (53 %). Por ejemplo, el Conpes para el desarrollo sostenible del Cauca registraba entonces que apenas 11 de sus 41 municipios estaban al día.

El artículo 73 de la ley de Uribe también autorizaba a los alcaldes a subirles el impuesto predial a los terrenos improductivos con el fin de estimular su venta o mejor utilización. Otros apartes contemplaban la expropiación con diferentes propósitos, como la construcción de bienes públicos para el campo.

Aunque la mayoría de esas menciones al mecanismo hacía parte de la versión original del proyecto radicada por Arias, cabe aclarar que los dos artículos citados no se originaron en el Ministerio. Estos fueron introducidos durante su trámite en el Congreso. No obstante, desde la primera ponencia fueron firmados por senadores de los partidos de La U, Cambio Radical, Conservador y AICO, casi todos pertenecientes a la bancada uribista de entonces.

Lo curioso es que el expresidente fundador del Centro Democrático y el candidato presidencial de ese partido, Iván Duque, critican ahora a Petro por tener propuestas similares a lo que esa norma planteaba.

El exsenador uribista arremete en sus discursos y entrevistas contra el “dedo expropiador”, como una metáfora que busca igualar a su contrincante con el exmandatario venezolano Hugo Chávez y su abuso de esa figura.

En redes sociales ha circulado también un video en el que Duque le pregunta en tarima a una trabajadora de un cultivo de Flores Ipanema, en El Rosal (Cundinamarca), si “le gustaría que llegara un presidente a echarle mano a la empresa y acabarla”.

Sin embargo, como ya explicó Colombicheck.com, la expropiación en Colombia es legal e incluso está consagrada en la Constitución. Ospina aclaró además que, por norma, siempre debe conllevar una indemnización en plata o en bonos y que el monto siempre va a depender del catastro.

Entre tanto, lo que ha propuesto Petro ha sido que el Estado compre las tierras improductivas luego de desestimular su tenencia por medio de alzas en el predial. Con estas ofertas, según el exdirector del Incoder, tendría un margen para negociar un valor por encima del avalúo catastral.

De hecho, su programa de gobierno dice que “no se expropiarán empresas, ni negocios, ni viviendas ni tierra productiva”. Este también fue el primero de los compromisos que reafirmó cuando recibió la adhesión de la excandidata vicepresidencial Claudia López y el senador electo Antanas Mockus.

 

 

El plan de la Colombia Humana sí es buscar que las grandes extensiones sin uso o dedicadas a la ganadería extensiva pasen a la agricultura campesina. Pero los medios para lograr lo que Petro ha descrito en los medios coinciden a grandes rasgos con el estatuto rural de Uribe, excepto porque afirma que fijaría el precio por medio de peritos.

De hecho, Ospina asegura que Petro ni siquiera tendría que crear normas nuevas para cumplir esas promesas. “Son cosas que ya existen, lo que pasa es que no se aplican”, señala el economista. Esto porque hay múltiples leyes que autorizan y regulan tanto la compra como la expropiación de predios por parte del Estado, como ya había contado Colombiacheck, por lo que al candidato le bastaría con actuar conforme a ellas de llegar a la Presidencia.

Conozca la ruta del chequeo
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    Frase: “Álvaro Uribe y Óscar Iván (Zuluaga) sancionaron una ley que permitía expropiar. Sí, expropiar tierras rurales a valor catastral. Sí, catastral”.

    Autor: María Mercedes Maldonado, coordinadora programática de la campaña del candidato presidencial de la coalición Colombia Humana, Gustavo Petro.

    Fuentes: Juan Manuel Ospina, economista y exdirector del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder); Conpes para el desarrollo sostenible del Cauca (2007) y el catastro multipropósito (2016); ley 1152 de 2007 (Estatuto de Desarrollo Rural), sentencia C-175 de 2009, proyecto de ley 30 de 2006 (Senado), Gaceta del Congreso 397 de 2006 (ponencia para primer debate), discurso del candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, después de pasar a segunda vuelta y entrevista con Yamid Amat publicada el siguiente domingo en El Tiempo; Twitter del expresidente Álvaro Uribe, de Maldonado y de Petro; entrevista del aspirante de Colombia Humana con Vicky Dávila en W Radio el 5 de febrero de 2018.

    Contexto: La exsecretaria de Planeación y Hábitat de Bogotá replicó en Twitter una imagen viral sobre a la aparición de la expropiación en el estatuto rural de Uribe e intercambió mensajes con varios usuarios en los que dio detalles sobre la ley.

    Calificación: Verdadera.

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Lunes, 06 Julio 2020

“Quité el fuero penal militar”: Falso

Por Laura Castaño Giraldo

Esta es una de las respuestas dadas por el expresidente Álvaro Uribe en su entrevista en La Silla Vacía. En Colombiacheck verificamos varias de sus afirmaciones.

-JJ Rendón apoyó a Santos en la primera elección de Santos contra Mockus. En la campaña contra Mockus y también después. Cuando él era el candidato suyo- aseguró Juanita León.

“(sic) quité el fuero penal militar” es un fragmento de la respuesta de Uribe para referirse a una reunión que tuvo con la reserva activa de las Fuerzas Armadas.

Lo primero que debemos precisar es que el fuero militar es “el derecho de los miembros de la Fuerza Pública a ser juzgados por un juez especializado diferente al que ordinariamente tiene la competencia”. 

Nuestro primer paso para la verificación fue hacer una búsqueda avanzada en Google para revisar reportes de prensa y actualizaciones del Gobierno Nacional sobre el tema. Encontramos, por ejemplo, esta nota de Blu Radio titulada “Uribe se arrepiente de haber quitado fuero a los militares”. En ella el expresidente y actual senador simplemente se lamenta por no haber “defendido con firmeza la Justicia Penal Militar” en su gobierno, pero no habla de su eliminación. 

En el resto de resultados que nos arrojó la búsqueda no hallamos pruebas de que el exmandatario hubiera eliminado el fuero militar. Lo que sí vimos fue que tuvo tropiezos con él. 

Tal es el caso de un acuerdo de cooperación que el Ministerio de Defensa Nacional y la Fiscalía General de la Nación firmaron el 14 de junio de 2006. Este obligaba a que las operaciones militares debían ser vigiladas por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) y que las pruebas que recopilara debían ser entregadas a las Unidades de Reacción Inmediata de esa institución, con el fin de que un fiscal de la justicia ordinaria decidiera si los casos merecían traslado a la Justicia Penal Militar o no. 

Eso generó polémica y preocupación en algunos sectores. Por ejemplo, en esta nota Semana indicó que en una encuesta interna hecha en las Fuerzas Armadas en 2010, se reveló que “el principal temor entre el 85 % de 5.000 uniformados consultados era que terminaran en la cárcel por participar en combates contra la guerrilla.”

De todos modos, hay que tener en cuenta que lo anterior fue un ajuste en el funcionamiento de este tipo de justicia, no una decisión de eliminación del fuero.

Tras haber hecho esa primera indagación, contactamos al abogado Miguel José Escobar, reconocido en Youtube por explicar temas jurídicos, entre ellos los que tienen que ver con Justicia Penal Militar, para que nos contrastara la información.  

Escobar perteneció a la Justicia Penal Militar hasta 2004 y, con su experiencia en mano, nos confirmó que no es cierto que Uribe haya acabado con el fuero militar porque “tendría que haber una reforma constitucional en tal sentido”. Además, señaló que el fuero militar viene desde la Constitución de 1991 y “así lo ha establecido la Corte Constitucional de la década del noventa hasta hoy”. 

Eso es cierto. El fuero militar sigue existiendo. A la fecha de publicación de este chequeo, el artículo 221 de la Constitución, que fue reformado por última vez en 2015, dice: “De las conductas punibles cometidas por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales Cortes o Tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro”. 

Esto también existía durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe. De hecho, en 2010, último año de su gobierno, se aprobó la Ley 1407 sobre las normas rectoras de la ley penal militar y en el artículo 1, que hace referencia precisa al fuero militar, se escribe lo mismo que ya mencionamos sobre el artículo 221 de la Constitución. 

Los únicos cambios que ha habido, como nos explicó también el abogado Escobar, tienen que ver con la especificación de cuáles delitos se consideran relacionados con el servicio militar y cuáles no, ya que de eso depende que los miembros de la Fuerza Pública y de la Policía sean juzgados por la justicia ordinaria o por la Justicia Penal Militar. 

En ese caso, Uribe hizo un par de objeciones que fueron acatadas. Él dijo que el artículo 3 sobre los delitos no relacionados con el servicio “debía referirse a todas las violaciones de Derechos Humanos e infracciones del Derecho Internacional Humanitario, y no solamente a los delitos de tortura, genocidio y desaparición forzada”. Y así quedó constatado en la norma. 

De esta manera concluimos entonces que es falso que Uribe haya quitado el fuero militar. Este sigue vigente. Lo que hay que tener en cuenta es que ha sufrido algunas modificaciones con el paso del tiempo, la mayoría de ellas vinculadas con el apartado que se refiere, como ya mencionamos, a los delitos no relacionados con el servicio.