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Cuestionable

Jueves, 14 Marzo 2019

Rafael Nieto publica cifras cuestionables de homicidio y reclutamiento

Por Sania Salazar

Ninguna de las instituciones que hacen seguimiento de los homicidios tienen cifras completas de 2018, por lo tanto no se puede comparar todavía con 2017. Las cifras de reclutamiento oficiales no coinciden con las que él referencia.

Rafael Nieto Loaiza, integrante del partido Centro Democrático y exviceministro de Justicia del gobierno de Álvaro Uribe, afirmó en su cuenta de Twitter que, después de la firma de la paz con las Farc, han aumentado los homicidios y el reclutamiento de menores de edad en el país.

El miembro del partido Centro Democrático adjuntó en el trino el enlace de una nota de Blu Radio en la que se informa sobre el aumento del 100 por ciento en el reclutamiento de menores, según elaAlto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, pero en esa noticia no se hace alusión a los homicidios.

Nieto Loaiza le dijo a Colombiacheck que las cifras de homicidios en general las tomó de la Policía, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y de la Fundación Ideas para la Paz, FIP.  Además, envió notas periodísticas de El Espectador, Radio Nacional y RCN Radio.

Después de revisar diversas fuentes, Colombiacheck califica como cuestionable la información publicada por Nieto. Las entidades que le hacen seguimiento a las cifras de homicidios no tienen aún los datos consolidados de 2018, por tanto no es posible comparar con 2017. Las cifras de reclutamiento de la Unidad para las Víctimas señalan una reducción, contrario al aumento que indica Nieto.

Además, las cifras que presenta Nieto carecen de contexto, pues no necesariamente el comportamiento de estos delitos está relacionado únicamente con los efectos del proceso de negociación con la exguerrilla de las Farc.

Colombiacheck revisó el informe de la FIP titulado “Sin política pública contra los homicidios no es posible proteger la vida en Colombia” publicado en diciembre de 2018 y mencionado en las notas de El Espectador y Radio Nacional. El informe compara el comportamiento del homicidio en el periodo entre enero y agosto de 2017 y del mismo lapso de 2018 y basado en la cifras deduce que el 2018 terminaría con un alza, después de siete años de reducción continua.

“De acuerdo con la base de datos de la Policía Nacional publicada en el mes de agosto de 2018, durante los primeros ocho meses del año el número de homicidios presentaba un incremento del 8.6% con respecto al mismo periodo del año anterior”, indica el informe.

Es importante señalar que para saber la diferencia precisa en los asesinatos de 2017 y 2018 hay que comparar el número de casos totales para cada año.

Según el informe Forensis, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 2017 se registraron en Colombia 11.373 homicidios. La información preliminar (no ha salido el Forensis 2018) del Observatorio de Violencia de la misma entidad indica que en 2018 hubo 11.299 asesinatos, 74 casos menos que en 2018.

En Medicina Legal le explicaron a Colombiacheck que la diferencia de cifras entre esa institución y la la Fiscalía General de la Nación es que esta segunda entidad basa sus cuentas en las investigaciones por el delito de homicidio.

Las cifras de la Policía indican que en 2017 hubo 12.077 homicidios. Los datos de 2018 están hasta el 7 de noviembre de ese año, fecha en la que se contabilizaban 10.373 casos.

El informe de la FIP indica que parte del incremento en los homicidios está relacionado directamente con la ausencia de una política de Estado estructurada específicamente para prevenir las muertes violentas.

“El gobierno anterior fundamentó buena parte de su estrategia en el desarrollo de su política de paz, pero no tuvo en cuenta que las causas del homicidio son diversas, así como sus modalidades, ni se percató de los indicios que señalaban los registros policiales acerca de posibles incrementos en el mediano plazo”, señala el informe.

Además, el análisis de la FIP llama la atención sobre que en el país se han desarrollado acciones que no configuran una política para reducir los homicidios y su impacto social. “Esta ausencia no es una particularidad del gobierno actual; por el contrario, es una constante estructural del país”, precisa el informe.

Para la FIP es indudable que una parte importante del incremento de los homicidios proviene del conflicto entre los distintos actores armados que operan en los territorios cooptados después del desarme de las Farc. “Ello se deriva del aumento que se viene registrando desde hace dos años en las zonas rurales, espacios donde se desarrolla gran parte de las dinámicas de las economías ilegales y ocurren disputas entre estructuras criminales por el control territorial y comercial asociado a estas actividades. Estos lugares son el escenario del 33% de los casos registrados y explican el 68% del crecimiento nacional”.

En el informe titulado “Cómo va la paz: La reestructuración unilateral del Acuerdo de Paz” de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, publicado en enero de 2019 (que tiene los datos de homicidio hasta el 30 de  septiembre de 2018), se recuerda que desde 2012 se había registrado una disminución de los homicidios que se estancó en 2017 y también indicó que 2018 registraría “una leve, pero preocupante, tendencia al alza”.

“Este aumento del homicidio en 2018 se ha presentado en 146 municipios de los 242 donde operaban las FARC, particularmente hay tres subregiones del postconflicto donde se ha elevado sustancialmente este indicador de violencia: en Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueño, allí hay municipios como Caucasia o Tarazá que han elevado su tasa de homicidio por encima de un 200%; en el Catatumbo pasa algo similar; lo mismo en la Costa Pacífica Nariñense y Caucana. En estas tres regiones se vive una especie de guerra civil en donde múltiples actores armados se disputan el territorio”.

Reclutamiento

Nieto basa las cifras de reclutamiento de niños en una declaración del alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, quien aseguró que ese delito había aumentado un 100 por ciento al pasar de 24 casos a 50. Para ser más exactos, con esas cifras, el aumento sería del 108 por ciento.

Pero las cifras de la Unidad para las Víctimas indican que en 2017 hubo 88 casos de vinculación de niños, niñas y adolescentes, mientras que en 2018 se registraron 57 casos. Según esos datos, el reclutamiento, contrario a aumentar, ha disminuido en un 35,2 por ciento.

El informe de Pares citado anteriormente recuerda que las cifras de la Unidad para las Víctimas sobre reclutamiento están basadas en denuncias, por lo cual resalta que puede haber un subregistro.

 

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Miércoles, 15 Febrero 2017

Denuncian ‘conejo’ a la educación vía fast track

Por Sania Salazar

Una reforma estructural a la educación se está cocinando. El Gobierno pretende que se apruebe aprovechando los instrumentos jurídicos creados para implementar el Acuerdo Final con las Farc, mecanismo que no es el natural para este tipo de modificaciones a las leyes.

Las alarmas están encendidas en Colombia desde que se conoció la intención de modificar la ley de educación superior por medio del acto legislativo 01 de 2016, más conocido como fast track.

La alerta es justificada. A raíz de un mensaje que vimos en la cuenta de Twitter de la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, consultamos varias fuentes y llegamos a la conclusión de que la modificación, que en El Espectador calificaron como golazo y otros han tildado de mico, sí se podría intentar, aunque es impreciso decir que sería por el mecanismo de fast track, por lo que calificamos el trino como aproximado.

 

 

La propuesta que proviene de los ministerios de Educación y de Trabajo, así como del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, es crear el Sistema Nacional de Educación Terciaria (Snet), propuesta que tal como está, modificaría la forma en la que funciona la educación superior en Colombia. Lo que a muchos no les gusta porque se equipararía la educación técnica y tecnológica con la universitaria.

Aunque parece un simple asunto de lenguaje, hay que aclarar que la iniciativa para hacer dicha reforma es un decreto ley, lo que la Ministra de Educación, Yaneth Giha, deja claro en un par de trinos al respecto.

 

 

 

 

Hay que recordar que el fast track es un mecanismo que permite la reducción del número de debates requeridos en el Congreso para aprobar las leyes y reformas constitucionales necesarias para la implementación del Acuerdo Final. Es decir, la reforma educativa no se podría presentar a través de este inusual y especial modalidad porque los decretos ley no se tramitan por este medio y no se discuten en el Congreso.

 

 

Pero el acto legislativo 01 de 2016, que contiene el fast track, le da además facultades extraordinarias al presidente para “expedir los decretos con fuerza de ley cuyo contenido tendrán por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final”.

De hecho, en la primera parte del texto del decreto ley, que ya se ha socializado en varias ciudades y que está publicado en el portal de El observatorio de la universidad colombiana, se hace referencia a esas facultades extraordinarias conferidas al presidente.

Lo que se pretende entonces no es enviar la reforma al Congreso para su discusión y aprobación vía fast track, sino aprovechar las facultades extraordinarias que tiene el presidente para que apruebe la reforma sin someterla a discusión alguna. Pero en Colombia una ley solo puede modificarse con otra ley, no con un decreto ley, explicó Diana Güiza, investigadora de Dejusticia.

“El esquema de educación superior no se discutió en La Habana. Por fast track se tramita lo que se acordó específicamente en la mesa de negociaciones. El acuerdo habla sobre educación rural, pero pensando en los programas que deben llegar a aquellos territorios donde el Estado no ha llegado por el conflicto armado. Es muy diferente a decir que eso implica reformar toda la educación superior, lo que se debe hacer por las vías ordinarias de la democracia”, resaltó la investigadora.

“Actualmente no existe ninguna iniciativa relacionada con el Sistema Nacional de Educación Terciaria (Snet) radicada por esta entidad ante el Congreso de la República, ni se ha presentado para trámite ante ninguna otra instancia”, informó en un comunicado del pasado 31 de enero el Ministerio de Educación, que además aseguró que “no se hará hasta que exista consenso con los sectores interesados en el mismo”.

Jairo Andrés Rivera, vocero del movimiento político Voces de Paz (movimiento afín, pero no militante de las Farc, que vela por el cumplimiento del Acuerdo Final en el Congreso) confirmó que no hay ningún proyecto relacionado con ese tema radicado en el Congreso.

Un antiguo intento de reforma que no ha calado

Según explicó María Alejandra Rojas, Secretaria general de la FEU, quien se ha pronunciado en contra de la propuesta, el Ministerio de Educación, desde la anterior administración, de Ginna Parody, ha planteado la conformación de ese sistema de educación terciaria. “Es la posibilidad de integrar lo que implica educación para el trabajo, educación técnica y tecnológica y educación universitaria en un mismo sistema articulado”, precisó.

Rojas indicó que hace unos dos años la propuesta se puso a consideración del Congreso para tramitarla por vía ordinaria, “pero no han logrado construir las correlaciones de fuerzas ni con los rectores de instituciones técnicas y tecnológicas, ni con los rectores de las universidades, tanto públicas como privadas, y tampoco se ha conseguido la favorabilidad de este proyecto en el Congreso”, aseguró.

Por eso la secretaria de la FEU calificó al Ministerio de Educación de oportunista al tratar de que la iniciativa sea aprobada, pero esta vez por medio del acto legislativo que es para la paz, en una jugada que para algunos se trataría de un ‘conejo’ a los grupos interesados y a la opinión pública pues no tendría el suficiente debate.

Rojas aclaró que en la FEU están de acuerdo con una reforma a la educación superior, pero consideran que se debe hacer mediante un debate amplio donde pueda participar la comunidad educativa para definir los cambios.

Según la nota de El Espectador, en el Ministerio de Educación aseguraron que el fast track “sí es el mecanismo más pertinente, porque asegura que la oferta educativa que se requiere y las posibilidades de movilidad laboral para las víctimas del conflicto lleguen en un tiempo oportuno, priorizando la educación y la formación de calidad como elemento para la consolidación de la paz”.

 

 

Entre quienes han rechazado esa posibilidad está el rector de la Universidad Nacional, Ignacio Mantilla, quien publicó en su cuenta de Twitter la carta que envió al Congreso en la que alerta sobre el peligro de la iniciativa, que según dice, se conoció en la sesión del Consejo Nacional de Educación Superior, (Cesu), realizada el 26 de enero de 2017 y liderada por la ministra de Giha.

 

 

En la carta Mantilla recuerda la movilización que se produjo en 2011 “a raíz del proyecto inconsulto de reforma la ley 30 (por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior)”.

Aunque no hay información detallada sobre cómo piensan sacar adelante la reforma, los autores de la misma no niegan la existencia de la iniciativa. La pregunta entonces es: ¿quién va a rematar la jugada para meter este ‘gol’?