El alcalde Dionisio Vélez Trujillo quiso ser recordado como el mandatario que hizo la inversión más millonaria y transformadora en infraestructura educativa de la historia reciente de Cartagena. Durante su gobierno atípico (2013-2015) dispuso de $63.437 millones, del polémico crédito de $250.000 millones, para intervenir 66 escuelas públicas. Sin embargo, la falta de especificaciones técnicas y de diseños detallados empezaron a llenar de ruidos el proceso desde la fase de contratación, y con la entrega de las primeras obras vinieron las denuncias de mala calidad que terminaron empañando su legado.

Las quejas de rectores y de los sindicatos educativos por este motivo tuvieron eco en la Contraloría, que empezó a hacer auditorías en 2016. El ente de control determinó que las construcciones y adecuaciones tenían deterioro prematuro, y que se habían presentado cambios en los usos proyectados para determinados espacios. En algunos colegios los salones fueron convertidos en baños y las canchas en patios recreativos. 

La administración de Dionisio Vélez Trujillo destinó $63.437 millones, del polémico crédito de $250.000 millones, para intervenir 66 escuelas públicas. Sin embargo, la calidad de las obras fue cuestionada por la comunidad educativa desde antes de que estuvieran listas.

Según el ente de control, esto se presentó por falta de planificación y de una ingeniería de detalle en las obras que se iban a ejecutar. Por eso, le sugirió a la Alcaldía, como medida correctiva, un “mantenimiento recurrente” que, de acuerdo con  la oficina de Infraestructura distrital, no ha podido realizarse por la crisis administrativa en la que ha estado sumergida la ciudad los últimos ocho años.

Pero lo que hace aún más evidente la pésima condición de esas obras es la urgencia con la que muchas de las escuelas piden reparación, apenas cinco años después de haber sido remodeladas. De hecho, nueve hicieron parte de una intervención en 30 colegios públicos por $3.037 millones que adjudicó el exalcalde encargado Pedrito Pereira, en octubre de 2019.

Se trata de las instituciones educativas Madre Laura, Nuestra Señora del Buen Aire, Santa María, Promoción Social, José Manuel Rodríguez Torices Inem, Ternera, Luis Carlos López, Nuestro Esfuerzo y Fernández Baena.

Las quejas de las escuelas 

Los primeros cuestionamientos por la mala calidad de las obras los hizo en 2015 la veeduría Funcicar, a través de su Observatorio a la Transparencia en la Contratación Estatal, después de varias visitas a terreno. Grietas en paredes, puertas mal instaladas, zócalos desprendidos y cielos rasos deteriorados por la humedad fueron el “común denominador” de esas alertas.

En colegios como el Luis Carlos López, por ejemplo, el cerramiento exterior se agrietó desde antes de la entrega oficial; el contratista nunca construyó la salida para el desagüe en el patio del plantel y, recién instalado, el cielo raso se desplomó por completo en uno de los salones.

Una de las 66 escuelas intervenidas por el gobierno de Dionisio Vélez fue la Institución Educativa de Tierrabomba, que a menos de cinco años de entregados los trabajos tiene varias de sus estructuras oxidadas.

Desde 2018, cuando apenas se habían cumplido tres años de intervención, la comunidad educativa de otro colegio, el Madre Laura, empezó a pedir con urgencia la adecuación de varias de sus aulas, laboratorios y salas de informática porque su deterioro ya era evidente. De hecho, en julio de ese año profesores, estudiantes y padres de familia salieron a las calles a exigirle a la administración no darle más largas a la reparación.

Durante el gobierno de Vélez, ese plantel recibió una inversión de $448 millones en obras que iban desde impermeabilización del tejado, cambio de puertas y ventanas, reparación de grietas y pisos nuevos en cuatro bloques de su sede principal, hasta la instalación de baterías sanitarias para docentes, aires acondicionados y ventiladores nuevos.

Sin embargo, la mala calidad de la intervención obligó a la Alcaldía a destinar en 2019 otros $294 millones. Según detalló el arquitecto Javier Martínez, encargado de dichos trabajos, los baños construidos por el gobierno de Vélez debieron ser reubicados porque causaban inundaciones en algunas aulas. Además, el equipo de Martínez tuvo que reparar filtraciones en el techo, demoler y levantar un nuevo muro de cerramiento del plantel y construir otro baño para los docentes. 

La Contraloría determinó en 2016 que las construcciones y adecuaciones educativas, hechas durante el gobierno de Dionisio Vélez, tenían deterioro prematuro, como es el caso de la Institución Educativa de Tierrabomba.

Pese a todas esas intervenciones, en el Madre Laura la situación sigue siendo grave. Permanecen las grietas en los salones, que se inundan con cada lluvia, y particularmente un aula ubicada en la segunda planta amenaza con caerse. Dado que esas obras no fueron incluidas en la reciente intervención del Distrito, docentes y padres de familia volvieron a quejarse porque consideran que, otra vez, los trabajos se hicieron sin priorizar sus necesidades como comunidad educativa.

También en el colegio Fernández Baena, uno de los más tradicionales de Cartagena, denuncian que desde hace un año funciona un solo bloque de aulas, lo que ha generado hacinamiento. Según un vocero de los padres de familia, hay salones que albergan dos cursos y tienen hasta 60 estudiantes juntos. Esta situación tan crítica se presenta a pesar de que el gobierno de Vélez invirtió en ese plantel $306 millones en baños, pintura, aulas y mantenimiento general.

La Contraloría determinó en 2016 que varias obras en las escuelas, durante el gobierno de Dionisio Vélez, se realizaron sin seguir los diseños iniciales. En algunos colegios los salones fueron convertidos en baños y las canchas en patios recreativos.

El gobierno distrital nuevamente invirtió recursos en esa sede educativa.  Guillermo Peña, funcionario a cargo de la oficina de Infraestructura Educativa, aseguró que las nuevas obras ayudaron a reparar los trabajos que quedaron mal hechos durante la intervención del gobierno de Vélez e, incluso, a reactivar un bloque de preescolar que debía estar listo desde 2011, cuando era alcaldesa Judith Pinedo. Durante esa administración, Edurbe (empresa distrital de desarrollo urbano) comenzó la construcción de cinco aulas que nunca entregó.

Aún con las nuevas intervenciones de 2019, el Fernández Baena tiene dos bloques clausurados porque se están cayendo a pedazos. “Ahora mismo se está a la espera de recursos para contratar un peritazgo estructural que determine si esos dos bloques pueden ser reforzados o si definitivamente deben ser demolidos. Ese peritazgo cuesta entre 100 y 120 millones de pesos”, dijo Peña, en diciembre pasado, antes del cambio de gobierno.

Cuestionamientos desde el comienzo

Antes de esa lluvia de críticas por la mala calidad de las obras, el millonario contrato entregado por el gobierno de Dionisio Vélez había sido cuestionado por la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar. Este gremio criticó la figura de empaquetamiento que utilizó esa administración para adjudicarles a tres consorcios las 66 intervenciones escolares. 

Varios salones de la Institución Educativa Tierrabomba están sin ventanas y expuestos al salitre, que oxida más rápido las estructuras metálicas de los techos.

También cuestionaron que la Alcaldía le diera prelación a varias firmas foráneas, especialmente de Barranquilla, sobre las cartageneras. Aunque a diferencia de los procesos de contratación de vías y puestos de salud que se hicieron con el crédito de $250.000 millones, en los de las escuelas las firmas de Cartagena fueron mayoría: seis de las 11 empresas miembro de los consorcios eran de esta ciudad.

Tampoco faltaron las quejas de maestros y padres de familia, pues la ejecución de este paquete de obras obligó a muchas escuelas a suspender sus clases por falta de espacios para cumplir la jornada escolar. En algunas tuvo que aplicarse una especie de pico y placa para rotar a los estudiantes, por día, en las aulas disponibles. 

La Contraloría determinó que la mala calidad en las obras educativas, durante el gobierno de Dionisio Vélez, se presentaron por falta de planificación y de una ingeniería de detalle. Por eso, le sugirió a la Alcaldía, como medida correctiva, un mantenimiento recurrente.

La razón de ese desorden fue la falta de planeación del Distrito, que contrató las obras sin prever espacios alternos para que pudieran dictarse las clases sin traumatismos, mientras los contratistas cambiaban los pisos, cielos rasos, puertas y ventanas de los salones.

Las primeras advertencias de las fallas de esa contratación salieron del Concejo en febrero de 2014. El entonces concejal del Polo Democrático, David Múnera, cuestionó que sus compañeros le dieran facultades al alcalde Vélez para gestionar un crédito de $250.000 millones, sin que existiera un detallado informe de cómo se ejecutarían los recursos en vías, escuelas y puestos de salud. Múnera fue el único de los 19 concejales que se opuso a darle luz verde al millonario crédito.

Pese a toda esa millonaria inversión durante el gobierno de Vélez y, a la adición más reciente de recursos durante el gobierno de Pedrito Pereira, el panorama educativo cartagenero sigue siendo desalentador: los niños y adolescentes deben estudiar en colegios en los que persisten los problemas estructurales y la falta de aulas. De hecho, la oficina de Infraestructura Educativa de la Alcaldía calculó el año pasado en $75.000 millones la inversión que todavía requieren las escuelas públicas para borrar el sello de mala calidad que hoy ostentan.

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El primer grupo de 13 escuelas, por  $40.172 millones, se lo ganó el Consorcio Instituciones Educativas 2014, conformado por Movimientos de Tierra, Vías y Construcciones S.A., Megaconstrucciones CAC S.AS., Martínez Caballero SAS y Mosel SAS.

El segundo grupo, con 40 instituciones por $15.588 millones, fue adjudicado al Consorcio Mejoramiento Educativo, integrado por Reynaldo Yali Díaz Construcciones SAS; SRG Civil Eléctrico, Telecomunicaciones e Inversiones SAS; Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS; Leonardo Jalil David Ordosgoitia y Vimos construcciones SAS. 

Y el tercer grupo de 13 colegios, por $7.677 millones, se lo ganó el Consorcio Mantenimiento IE, conformado por las empresas Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS; Reynaldo Yali Díaz Construcciones SAS y SRG Civil Eléctrico, Telecomunicaciones e Inversiones SAS.

Esta investigación hace parte del especial periodístico ‘Conflicto y corrupción, tres historias con sello CdR’, realizado bajo el proyecto ‘Becas CdR’ de Consejo de Redacción.