La noche del 28 de mayo de 2004, cuando una ráfaga de disparos acabó con la vida de Luz Marina Muñoz, la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio El Desierto, en Cúcuta, su hija Ana Karina Barbosa empezó otra historia. Ana Karina, nacida en Ocaña en 1984, asistió con sus tres hermanos al funeral de su madre, Luz Marina, el mismo domingo de mayo que se celebraba el Día de las Madres. 

Ese día Ana Karina decidió que el regalo póstumo que podría ofrecerle a su madre era continuar su legado. Su madre, Luz Marina, desde los años 90 venía trabajando con la comunidad del barrio El Desierto, construyendo sobre terrenos tejidos con pico y pala el alcantarillado, las vías y la escuela. Ella y otros habitantes asentados allí luchaban a diario por el derecho a una vivienda digna. Ana Karina creció junto a sus tres hermanos y su madre en una casa levantada con tablas, techo de zinc y piso de tierra. Pero antes de continuar la obra de su madre en el barrio, Ana Karina debió huir con sus hermanos a otra zona de la ciudad. Se vieron forzados al desplazamiento interno urbano para proteger sus vidas hasta que el hambre los asechó y debieron volver al El Desierto. 
Era el mismo barrio que habían ayudado a construir desde que se desplazaron a Cúcuta provenientes de la provincia de los Caro en Norte de Santander. Los ranchos permanecían cubiertos por el humo de dos chircales vecinos, empresas artesanales que usan grandes calderas para hacer tejas y ladrillos. La familia también tuvo que soportar que entre las calles polvorientas bajaran libremente las aguas negras serpenteando por las calles sin pavimentar. En temporadas de lluvias el agua bajaba desde los cerros cercanos. El barrio, bañado por las aguas, tampoco tenía energía eléctrica, pues en los inicios del asentamiento era un lujo al que solo pudieron acceder varios años después. El lugar era inhóspito pero para los asentados representaba la oportunidad de establecer un lugar para vivir. 
En medio de esos terrenos áridos y de escaza vegetación que hay en los cerros occidentales de Cúcuta, Ana Karina empezó a comprender la importancia de ejercer un liderazgo para consolidar el barrio a finales de los años noventa. 

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A Luz Marina, la madre de Ana Karina, la asesinaron los paramilitares y también fue de estos grupos de ultraderecha que huyó Yajaira Mora. Yajaira nació hace cuarenta y un años en La Gabarra, un corregimiento del municipio de Tibú, en medio de la región selvática del Catatumbo, en Norte de Santander. La zona está ubicada a 61 kilómetros de distancia del municipio por una carretera aún destapada. El trayecto La Gabarra-Tibú en temporada seca se recorre en un tiempo aproximado de dos horas, pero cuando llueve el viaje puede tardar hasta seis horas si se encuentra transporte. La Gabarra hace parte de la zona del Catatumbo, compuesta por once municipios, conocidos por la riqueza de los suelos para la explotación petrolera y por el azote de los grupos armados durante la etapa más cruda de la violencia paramilitar. 

Una noche Yajaira debió abandonar su casa y el almacén de muebles que había emprendido, para huir de la avanzada de casi doscientos hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, de Salvatore Mancuso, que llegaron desde Urabá e Ituango. 

La zona se había convertido en un foco de amenaza constante, los paramilitares cometían asesinatos selectivos ante cualquier señalamiento de algún residente o por sospechas de algún vínculo posible de los habitantes con grupos del Eln y las Farc. 
Corría el año 1999 cuando más de 5000 habitantes salieron forzados a huir en masa de la zona hacia territorio venezolano. Los casi 170 kilómetros de carretera hasta Cúcuta estaban controlados por las autodefensas con complicidad de unidades del ejército. Sin más salidas los ciudadanos desplazados debieron cruzar la selva del Catatumbo hacia el territorio venezolano de Casigua El Cubo. Días después retornaron a Colombia y terminaron hacinados en campamentos de la Cruz Roja en Cúcuta. 
Desplazada en la capital del departamento, Yajaira se vio forzada a vender mercancías en los pueblos nortesantandereanos. Ahorró para construir su casa en un lote asignado en el barrio Juan Pablo II, comuna ocho de Cúcuta, proyecto que, cuenta, después le quitaron en la alcaldía de Ramiro Suárez.  El 5 de diciembre de 2005, cuando regresaba del Tarra, fue atracada y ladrones le quitaron cinco millones de pesos, el capital que había ahorrado para reorganizarse. Pero después de cada golpe Yajaira se levanta de nuevo. 
 
Nunca ha sido fácil para ella, aunque su vida dio nuevamente un giro cuando en 2014 debió desplazarse otra vez por su seguridad. Salió de Cúcuta y se radicó en Bogotá. En la capital trabajó administrando un club. Se levantaba a las cuatro de la mañana y regresaba a su casa a las diez de la noche a preparar la comida de sus hijos para el día siguiente. Un día haciendo cuentas comprendió que escasamente producía para pagar arriendo, servicios públicos y comprar alimentos. Extrañaba su tierra y se sentía estancada. 

Aunque sentía temor se decidió a regresar a Cúcuta. En 2016 retornó disfrazada, llevaba puesta una peluca, lentes y ropa vieja. Quería probar si podía empezar de nuevo. 

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Mientras Yajaira se vio desplazada por los grupos paramilitares, a Rosy Ruales⁠1 y su familia los desplazó la guerrilla. Vivían en la zona rural de Sogamoso cuando a mediados de 2002 sufrieron una incursión armada en la finca en que vivía toda la familia. Su padrastro se negó a vincularse al grupo guerrillero y su decisión no fue cobrada con la muerte. Fue Rosy, que apenas cumplía catorce años, quién fue sometida a actos sexuales violentos en medio de otras agresiones a sus familiares. A la abuela un guerrillero le partió las piernas a golpes de fusil. 
Tras ser violada, sin más equipaje que la ropa que llevaba puesta, Rosy debió emprender la huida para no desacatar la orden de destierro de Sogamoso que les impuso la guerrilla. La familia se dividió para siempre. Ella huyó en bus hacia Cúcuta junto a su padrastro, dos hermanos y un tío. Allí los recibiría otro tío de Rosy que también había sido desplazado. Otro rumbo tomaron su madre, el tercer hermano que apenas cumplía siete años, un tío y su abuela. 
Desde esa noche de 2002 la familia quedó literalmente rota. Tres años después el padrastro de Rosy fue asesinado en El Bagre, Antioquia. En la capital ella conoció al hombre que se convertiría en su esposo; era un hombre también víctima del conflicto armado, pues su padre y algunos familiares habían sido asesinados para quitarles algunas propiedades. 
El marido de Rosy recibió amenazas de las Águilas Negras en febrero de 2018. Salvó su vida una noche en que no consiguió transporte para llegar a la casa donde lo estaban esperando. La abuela de Rosy sufrió daños tan severos en sus piernas que tres años después del ataque en Sogamoso perdió una de ellas. 
¿Dónde está el umbral del dolor que puede soportar una persona? No lo sabemos, pero finalizado el conflicto armado Colombia podría ser un laboratorio de superación humana. Ana Karina, Yajaira y Rosy no solo sufrieron hechos victimizantes junto a sus familiares, también los resistieron, se sobrepusieron y hoy lideran procesos sociales para el bienestar de sus comunidades y de otras víctimas. 
Ana Karina ahora es delegada ante la Asociación Municipal Comunal, y desde allí impulsa actividades para combatir el consumo de drogas en su sector. Su pasión del trabajo comunitario la lleva con sangre y lágrimas. Pudo esclarecer que el asesinato de su madre fue cometido por hombres del Frente Frontera de las Autodefensas, comandados por Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, quien ya confesó el crimen, aduciendo que acabaron con la vida de Luz Marina porque recibieron información, que luego confirmaron estaba errada, de sus supuestos vínculos con el ELN. Aún en la fachada de la vivienda se alcanzan a ver los vestigios de letreros del ELN y las AUC.
Ana Karina finalizó el octavo semestre de Licenciatura en Educación en la Universidad de Pamplona. Sigue viviendo en El Desierto, en la margen izquierda de la vía intermunicipal Cúcuta-El Zulia, justo entre los valles de la Cúcuta tradicional y la pujante ciudadela de Juan Atalaya, que alberga una tercera parte de la capital. 
Ana Karina le tiene un gran cariño a El Desierto; el barrio vecino, Los Alpes, que corona el cerro al oriente, es parte del sector Loma de Bolívar, el escenario en que se libró la Batalla de Cúcuta el 28 de febrero de 1813, y en la cual Simón Bolívar inició la campaña libertadora contra el sometimiento español en América. 
Ella lucha desde otros frentes, pues está convencida del valor de la educación. “La única solución que tenemos nosotros los pobres para poder salir adelante es estudiando”, cuenta convencida. Por eso está punto de ser licenciada y espera en seis años tener un grupo de niños y jóvenes de su sector estudiando y graduándose con ella como su profesora, lejos de las drogas. Por lo pronto ayuda a jóvenes y padres de familia a buscar ayudas educativas en entidades como el Sena. 
También cree en el valor del deporte y la recreación para forjar talentos deportivos. Tiene como inspiración a Jossimar Calvo, un egresado de su universidad que hoy es el mejor gimnasta de la historia colombiana. 
Ana Karina sabe que también debe atender otros frentes. Por eso cuenta que ahora su reto más reciente es lograr que les reparen las obras viales que sufren daños en las losas que cubren el caño de aguas lluvias. Desde lo alto del cerro, en Los Alpes, fluye hace cuatro años agua potable cuya humedad está dañando la calle ubicada en frente del colegio y algunas casas corren riesgo de derrumbarse. Mientras el Municipio de Cúcuta y el operador del acueducto y alcantarillado de Cúcuta, la empresa Aguas Kpital, escudan sus responsabilidades, Ana Karina, se asesora de la Liga de Consumidores para tomar acciones jurídicas ante el riesgo que corren los habitantes que transitan la zona. 
También está inmersa en el programa “Formador de Formadores”, liderado por el Ministerio del Interior con el movimiento comunal de Colombia. En el sector comparten sus conocimientos los líderes de los cuarenta y siete barrios y quince asentamientos urbanos de la comuna ocho, actividad que también están realizando las diez comunas urbanas y las seis rurales de Cúcuta. Ana Karina quiere seguir gestionando para El Desierto obras de infraestructura deportiva porque la única cancha de fútbol que tienen es muy pequeña y cuenta que algunos niños “deben arriesgarse a jugar en las calles, expuestos a los vehículos”. 
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Yajaira regresó temerosa a Cúcuta pero ahora es fabricante de lencería. Sortea la falta de capital como microempresaria emprendedora buscando los mejores precios en telas y otros insumos para cumplir los pedidos de ropa de cama y cojines que vende en los despachos oficiales de la capital nortesantandereana. 
Como buena exponente de la pujanza motilona,  Yajaira, que ha sido desplazada dos veces y es madre cabeza de familia, fomenta desde 2003 actividades incluyentes como escuelas de deporte y cultura para su comunidad, ubicada en una zona con muchas necesidades básicas insatisfechas. Ella cuenta que trabaja por los derechos de las víctimas “para ver si algún día alcanzamos la paz”.
Su hijo quiere ser futbolista. Se llama Breyner como el capitán del Cúcuta Deportivo, el equipo que quedó campeón en la categoría B en el 2018. Cuenta con orgullo Yajaira  que Breyner ya es campeón y ha sido jugador destacado en los juegos interclases. Le llaman “el rolo” porque inició jugando en Bogotá mientras vivían desplazados. Su otro hijo se llama Faiber Camilo y quedó campeón municipal como cantante de rap. Yajaira sueña con que sus hijos puedan cumplir sus propios sueños. 
Hoy es apoyada por Martha Mora, otra líder y poeta que fue víctima de la violencia en el año 2000 cuando asesinaron a su esposo. Martha lidera la Escuela de Artes Empíricas y fue elegida por su labor como la Mujer Cafam 2018. Y aunque Yajaira no tiene tanto reconocimiento y la Secretaría de Cultura no le contesta los derechos de petición con los que pide apoyo para sus actividades deportivas y culturales, con las que promueve la niñez y la juventud, ella no desfallece. 
Rosy, por su parte, no se amilanó por su condición de mujer que padeció la violencia sexual, hecho tres en la clasificación de víctimas. Conoce tantas mujeres que han sufrido este flagelo que se han juntado y conformaron una asociación legal de mujeres. Provienen de diversas partes del país. Eligieron una junta directiva y registraron firmas en Notaría. Han buscado el apoyo de la Secretaría de Equidad y Género de Cúcuta, para ser pioneras en ese tipo de asociación. En la sede no tienen espacios formativos y el escenario más cercano les queda a quince minutos en bus y una hora caminando. Esto dificulta la formación de las mujeres y por la zona de la sede “de noche no se atreven a salir ni los mismos residentes del sector”. 
Con su grado de bachiller, Rosy espera estudiar trabajo social y que su esposo termine el bachillerato. Sus dos hijos cursan educación básica, pero ante las amenazas confiesan que están nerviosos, pues el esposo de Rosy sigue luchando ante la Unidad de Restitución de Tierras y sigue esperando respuestas ante las  denuncias que ha presentado en la Fiscalía y la Unidad de Protección. 
Rosy ha hecho cursos con el Sena, y cuenta que ella y su comunidad desconocen las becas de estudios que otorgan la alcaldía de Cúcuta y la Gobernación de Norte de Santander. Sigue esperando la indemnización del Estado. Luchando logró una vivienda de interés social durante el gobierno del presidente Santos y tres auxilios de doscientos cincuenta mil pesos. Son aportes que agradece, pero reconoce que nadie sobrevive sin ingresos y como producto de la agresión sexual adquirió una enfermedad que no le ha permitido trabajar.  Durante doce años la ARS Ecoopsos le dilató un tratamiento quirúrgico. Solo en noviembre de 2018 pudo realizarse la cirugía para mejorar su salud. Espera recuperarse pronto para buscar empleo. Aunque cuenta que por la modalidad en que recibió la vivienda ella y otra cantidad de vecinas víctimas de la violencia, están siempre en peligro de perder las casas porque si en las intempestivas visitas de los funcionarios públicos, no las encuentran en las viviendas asignadas, les inician proceso de expropiación. También tienen prohibido establecer cualquier tipo de negocio o unidad productiva en sus hogares.
En la ruta de atención a víctimas de conflicto interno colombiano, por hechos ocurridos desde enero de 1985, las víctimas pueden registrarse ante la Personería, la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría. Noventa días después la Unidad de Victimas define si realiza la inclusión de la persona que solicita ser reconocida como víctima o informa si ha encontrado inconsistencias. 
La primera ayuda humanitaria que reciben las víctimas son mercados, auxilios para arriendo o transporte, atención priorizada en salud y educación. A mediano plazo las víctimas pueden aplicar a una indemnización y a vivienda de interés social en los programas de Minvivienda. 
El Acuerdo de La Habana, suscrito por los ocho delegados del gobierno colombiano e igual número de las Farc, oficializado el 24 de noviembre de 2016, en sus 297 páginas, estableció el reconocimiento a las víctimas pero aún faltan recursos oficiales. 
En palabras de Luis Fernando Niño, Secretario de Víctimas, Paz y Posconflicto de Norte de Santander, hay casi 9 millones en Colombia. En el registro oficial de la Unidad de Victimas, a fecha del 1 de noviembre 2018, aparecen 8.768.057 registradas, de las cuales 7.452.897 son desplazadas. Para Norte de Santander hay 248.850 y para Cúcuta  95.117. 
La Secretaría de Posconflicto y Cultura de Paz, contrató con la Universidad de Pamplona un estudio por 110 millones para la caracterización de esta población que sufrió las consecuencias del conflicto armado, datos que obtendrán a mediados de diciembre de 2018. Pero Yajaira cree que esa inversión se ha podido ahorrar porque dichos datos ya están en la ficha de víctimas. La Secretaría de Posconflicto y Cultura de Paz, dice que el objetivo de la caracterización es ampliar la información que permita tomar decisiones sobre la realidad de estas personas afectadas. 
Pero mientras las entidades oficiales esperan los estudios para tomar decisiones Ana Karina, Yajaira y Rosy saben que las necesidades de la subsistencia no dan espera. Por ello trabajan día a día conscientes del valor que tienen para sus comunidades. En su región son conocidos los indígenas motilones, comunidades nativas de las selvas del río Catatumbo ubicadas a ambos lados de la frontera entre Colombia y Venezuela. Los nativos han sufrido la violencia por la explotación del petróleo y el carbón sobre sus territorios, pero también se han caracterizado por su resistencia y su capacidad de lucha. En Cúcuta, la capital del Norte de Santander, hoy las mujeres que han padecido la violencia del conflicto armado hacen honor a su historia. 

* Nombre cambiado por protección de la fuente