“Todo esto era ganadería y agricultura. Con decirle que eran tres carros lecheros los que pasaban por aquí recogiendo lo que daban las vacas: esta tierra era de las que más vendía leche aquí en el pueblo”. Quien habla es un campesino del corregimiento de Palmira, en San Onofre, Sucre, y el predio que señala en el horizonte no tiene ahora ni vacas ni plátano ni yuca. Está sembrado de teca, un cultivo forestal con propósitos maderables, porque es uno de los 50 predios que desde 2005 están en poder de Tekia, filial del Grupo Argos, que compró en esa zona (entre 2005 y 2008) unas 2.300 hectáreas, de las cuales 1.700 fueron sembradas con ese monocultivo.

Ahora la compañía deberá devolver 12 de esos predios a nueve víctimas del conflicto armado que los reclamaron ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y los ganaron tras un complejo proceso judicial, que se concretó en una sentencia de la Sala Civil Especial de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena.

La razón principal para que fuera aceptada la solicitud de restitución es que las ventas de los predios a Tekia ocurrieron cuando en esa zona aún había un conflicto entre paramilitares y guerrilleros. A eso se opuso la firma alegando, entre otras razones, que las compras ocurrieron “después del fin de la presencia de grupos armados en la zona”, algo que fuentes humanas y documentales contradijeron a lo largo del proceso.

De despensa lechera a refugio de ilegales

Son 30 minutos en motocicleta los que se recorren desde el casco urbano de San Onofre, en vía asfaltada y luego destapada, para llegar hasta el corregimiento de Palmira en la parte más alta del municipio. “Esta es la parte de montañas, porque nosotros somos lo único que tiene el pueblo en los Montes de María”, dice Pedro Rivera tratando de explicar las características geográficas de esa zona.

Esa privilegiada ubicación fue por años una de las razones para que los cultivos, pero sobre todo la ganadería de la región diera los mejores resultados. José Ignacio Martínez Benavides, propietario de uno de los predios restituidos, da fe de lo prósperas que eran esas tierras en las que creció junto a su familia: “Teníamos aproximadamente unas 400 reses que daban diariamente 200 litros de leche, que en ese tiempo lo pagaban a 500 pesos, estamos hablando de un millón de pesos diarios, solo en eso, sin hablar de pasto y agricultura”. 

Pero esa cualidad de la zona en la que está el corregimiento y los predios restituidos terminó siendo también el atractivo de grupos al margen de la Ley que consideraron ese espacio propicio para transitar o esconderse.

“Los guerrilleros llegaron como a finales de los 80, principios de los 90. Nos atacaban con el cobro de vacunas y el robo de animales. Como yo tenía una tiendita con negocio de billar llegaban y se me llevaban las cosas sin pagar, se tomaban hasta una caja de ron, una canasta de gaseosa y me dejaban eso ahí. Eso empezó a dañar la tranquilidad”, relata ahora, sin miedo, y apoltronado en una mecedora en su casa en San Onofre Delio Manuel Atencio Terán, otro de los nueve campesinos que espera la entrega material de su finca.

Por la cercanía y conexión con El Carmen de Bolívar, Palmira se volvió para ese entonces una zona de paso del extinto Frente 35 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que estuvo dirigido por Gustavo Rueda Díaz, alias ‘Martín Caballero’, y que delinquió en los Montes de María. Buena parte de los predios ubicados en la parte más alta fueron minados y el abigeato fue el ilícito que más golpeó a los campesinos en esa época. 

Desde ese tiempo, muchos empezaron a dejar de visitar sus fincas, porque hacerlo era someterse al trato con los guerrilleros, algo que terminaba marcándolos como auspiciadores de ese grupo ilegal. Sin embargo, mantenían en sus predios cuidanderos y los visitaban al menos dos veces por semana.

Pero si esa situación era ya crítica, a finales de 1998 y en el arranque de la primera década del año 2000 la violencia recrudeció exponencialmente en la zona.

El escondite de ‘Cadena’

La llegada de una fracción de Bloque Héroes Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) al mando del temido Rodrigo Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’, marcó el periodo de violencia más sangriento para los pobladores de Palmira y los vecinos corregimientos de Pajonalito y Compañía, como lo indican los pobladores de la zona y lo ratificó la Resolución 001 del 11 de agosto de 2010, con la que el Comité Municipal de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia de San Onofre declaró el desplazamiento forzado en esa zona.  

Aunque buena parte de su actuar delictivo lo había hecho en la zona costera de San Onofre (en los corregimientos de Berrugas y Rincón del Mar), ‘Cadena’ terminó usando la zona montañosa como su escondite. “A él lo habían espantado de las playas y dejó en esa zona al ‘Oso’ y se vino a esconder por acá ya como en el 2001 o 2002, pero desde el 98 toda la gente que tenía sus maneras (fincas, ganado, solvencia económica) tenía que pagarles la vacuna”, cuenta en voz baja y con temor un campesino palmirense. Es como si temiera ser escuchado por uno de esos hombres que los intimidó durante años. Y es que, aunque no saben si son los mismo, ya en el pueblo es un secreto a voces que otra vez hay grupos armados merodeando la zona.

“Ahí era el ‘castillo del amor’, era la casa que él (Cadena) usaba para sus fechorías y por eso le pusieron ese nombre”, señala el mismo campesino que no quiere alzar su voz, no mantiene la mirada fija y recuerda con prevención. Su relato coincide con el de varios de los declarantes en este proceso que dieron cuenta de que, al instalarse en la zona, ‘Cadena’ y sus hombres usaban a mujeres como objeto sexual. “Ellos (los paramilitares) eso lo tenían como cabaret: ‘Una niña que llevaban de aquí de Sincelejo la repasaban hasta 25 hombres, eso yo lo presencié’”, se lee en una de las declaraciones de la sentencia (Lea la sentencia aquí).

Según testificaron varios de los llamados a declarar, el conflicto entre las Auc y los guerrilleros fue el detonante de su desplazamiento.

El enfrentamiento que los desplazó

Cuando se les pregunta a la gente en Palmira y a quienes tuvieron que salir de la zona, cuál fue el momento de mayor tensión en medio de ese conflicto, la respuesta es una sola: el enfrentamiento entre guerrilleros y paramilitares ocurrido el 3 de enero de 2003.

Ese día las balas y las granadas tronaban en la parte más alta de la región y, aunque no hay estadística que lo demuestre, los pobladores se atreven a calcular en más de un centenar los muertos de ese día, todos farianos y ‘paras’. “Eso fue cuando la guerrilla se metió a los campamentos de los paramilitares. Ese día ocurrieron muchas muertes, entonces como se complica más la cosa, porque ya había amenaza directa de muerte contra nosotros en Palmira y a mi hermano lo trataron de cómplice de la guerrilla, nosotros no volvimos más por ahí”, relata una de las víctimas que accedió a hablar bajo anonimato.

En esa fecha fueron varias las familias que huyeron a San Onofre, Sincelejo, Tolú y Toluviejo en busca de refugio donde algún pariente, para evitar ser alcanzado por las balas.

Para muchos de los habitantes de esa región toda la prosperidad que representaba tener sus parcelas en esa zona contrastaba con el lío que significaba para entonces: no podían entrar a sus predios porque los paramilitares los catalogaban de guerrilleros y estos últimos los tildaban de sapos de ‘Cadena’. En ese sentido, vender un pedazo de monte era imposible y ver cómo se les perdía todo los llenaba de impotencia y dolor.

En ese escenario, la llegada de una compañía con intenciones de comprar sus tierras terminó siendo para muchos un salvavidas, una vía de escape. Así llegó a esas tierras la Reforestadora del Caribe, hoy Tekia.

Este aviso, ubicado en la ye entre Palmira y Pajonalito, es el primero que se ve en la zona en la que fueron sembradas más de 500 hectáreas de tierra que antes eran usadas para ganadería y agricultura.

La compra masiva de tierras  

Los Martínez Escudero fueron los primeros que contactaron a alguien de Reforestadora del Caribe, una familia propietaria de uno de los predios más extensos en esa zona. Ellos llegaron a la compañía por un comerciante paisa radicado en San Onofre que, a finales de 2004, los contactó con Valentín Vieira, quien para ese entonces era representante legal de la firma y estaba en la búsqueda de tierras para adelantar el proyecto agroindustrial de siembra de teca. “El trabajo de él (de Valentín) era conseguir 2.500 hectáreas, que era lo que se necesitaba para el proyecto que se iba a iniciar. Para eso buscó su gente que era encargada de contactar a los dueños de las tierras”, detalla Hernando Hernández, quien en 2005 llegó contratado por la compañía para empezar el proyecto.

El primer predio en el que se interesó la Reforestadora del Caribe fue en el de los Martínez que, aunque estaba dividido por fincas entre más de una docena de hermanos, sumaban unas 750 hectáreas. Sin embargo, solo pudieron negociarlo y englobarlo en el lote denominado La Ciénaga el 8 de septiembre de 2005 (Vea: Certificado de tradición y libertad).

“Nosotros decidimos vender porque cada vez estaba peor la cosa: había pasado lo del 3 de enero de 2003, habían matado a mi tío Atilano (Escudero) que también tenía sus tierras allá (en Palmira), pero después el negocio se demoró porque algunos hermanos no queríamos vender y él (Vieira) había dicho que era todo el terreno o nada”, explica Teófilo Martínez Escudero. Él fue quien hizo las veces de representante legal de sus hermanos para ese negocio y a quien Tekia denunció como presunto falso reclamante por haber pedido a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) que sus predios fueran incluidos en el registro de tierras despojadas.

Por esa demora de los Martínez, el primer predio que pasó a manos de la entonces Reforestadora fue La Holanda: de 116 hectáreas y propiedad de Jorge Durán Castro. Esa compra la hicieron el 1 de abril de 2005 en la Notaría Quinta de Cartagena, en la que se hicieron todos los negocios de los 50 predios que adquirió la compañía en esa zona y que suman unas 2.300 hectáreas, según reportó la propia filial del Grupo Argos.

“Ellos empezaron ofreciéndonos a 500 mil la hectárea, pero nosotros dijimos, mejor que se pierda y cuadramos entonces el precio en un millón 270 mil pesos, ni un peso más, nos dijo Valentín esa vez”, expresó Teófilo quien fue el encargado de pactar el precio.

Esta versión la contradice Tekia, que niega haber tenido intermediario en estos negocios y señala haber pactado el precio “sin fines especulativos”. “Los vendedores fueron finqueros de la región, algunos con más de 100 hectáreas y empleados informales, sin que hubiera intermediarios en las transacciones. Los predios se compraron a valores comerciales y sin fines especulativos”, indica un comunicado de la compañía sobre este tema. 

Una contradicción

Para oponerse a la restitución de los 12 predios de las nueve familias que los solicitaron ante la URT, Tekia usó dos argumentos fundamentales: que no presionó a los campesinos para que le vendieran y que el territorio ya vivía en medio de las circunstancias propias de  un posconflicto. En el primer argumento coinciden los campesinos, quienes siempre han señalado que nunca fueron obligados por la compañía a vender, pero la otra tesis se cayó con los testimonios de las víctimas y con reportes de las autoridades civiles de San Onofre que dan cuenta de que entre 2005 y 2008, cuando la filial del Grupo Argos negoció las tierras, aún había conflicto en el territorio, que fue precisamente lo que se discutió en todos el proceso judicial y en lo que se basaron las magistradas del caso para emitir un fallo.

Pero más allá de esos relatos hay un hecho concreto que resulta igualmente contradictorio y de este habló Hernández. Él había llegado a Palmira a finales de 2005 para empezar a conocer los predios y definir, bajo la dirección de Vieira, cómo y dónde instalar la planta de forestación y por cuáles terrenos empezar. Fue así como en 2006 ubicó el centro de producción en el predio La Holanda, pero a finales de ese mismo año tuvo que salir desplazado, como los palmirenses, que habían tenido que huir de las balas en 2003. 

“En 2006 empezó a acercarse más la guerrilla y en ese entonces hubo algo que no se comentó mucho: dos soldados mutilados de las piernas, porque había una zona minada y ya para esa fecha había presencia militar. En noviembre (de 2006), el 35 (frente de las Farc) me saca 78 trabajadores del frente de trabajo a fuerza de plomo. Ahí yo informo a la empresa y me mandan a evacuar: se sacan los equipos de la zona y se trabaja, en 2007 y 2008 en la planta de forestación que estaba al lado de Tolcemento, en Toluviejo. Ahí se hizo el centro de producción vegetal y al tiempo de siembra se trasladaba el material para Palmira”, relata.

El episodio no fue menor. Un campesino de Palmira que pidió no ser citado en esta historia, porque aún es trabajador de Tekia, recuerda además que para entonces ya se habían ido los paramilitares y las Farc sentían otra vez fortaleza y control territorial en la zona. “Ese desplazamiento del centro fue cuando ya no estaba esta gente, porque con los paracos uno en la empresa nunca tuvo problema”, detalla. Y cuando se le pregunta por qué había líos con la guerrilla baja la voz y señala: “Ellos siempre tenían el dicho de que esto era de paracos (paramilitares)”.

Lo anterior Tekia lo negó durante el proceso judicial y lo reitera al ser consultada: “El Tribunal determinó claramente que Tekia no se relaciona, directa ni indirectamente, con hechos de violencia, desplazamiento forzado, despojo ni grupos armados al margen de la Ley”, fue la respuesta de la empresa en una comunicación oficial que nos compartieron.

Sobre la salida de la zona a finales de 2006, indicó que “seguramente se debió a un tema de optimización de las labores, pero no tenemos reporte de que fuera por un hostigamiento, porque nosotros llegamos a la zona en postconflicto”.

En este punto, a la entrada del corregimiento y donde antes quedaba la finca La Holanda, funcionó desde 2007 el centro de producción forestal de Tekia. Hoy, cuando ya la compañía debe devolver los predios, se ve abandonado.
 

El rótulo de falsos reclamantes 

Paralelo a esa oposición, en 2015, Tekia empezó a echar mano de denuncias ante la Fiscalía que, para los ahora restituidos, más que una sanción penal, buscaba tender el manto de duda sobre la idoneidad de los reclamos y mancharlos a todos con el rótulo de falsos reclamantes.

La primera denuncia la instauró, en nombre de la filial de Argos, el reconocido abogado Yesid Reyes Alvarado, en contra de Teófilo y Edgar Martínez Escudero, a quienes señalaba de presuntamente haber incurrido en ‘inscripción ilícita en el registro de tierras despojadas’. Pero en el proceso administrativo de restitución de tierras ninguno de los dos hermanos fue admitido por la URT en el registro, porque, aunque vendieron a Tekia, después compraron otros predios en esa misma región y, además, porque, según lo reconoció el propio Teófilo, él ganó comisiones con varias de las compras que hizo la firma.

La otra denuncia fue nuevamente contra los Martínez Escudero y además contra los reclamantes que sí habían sido inscritos en el registro de tierras despojadas. “Ellos nos demandaron penalmente a todos como falsos reclamantes, que fue una de las cosas en las que ellos nos revictimizaron. Ahí sí, usando su poder, porque la revista Semana, El Tiempo, todos los periódicos, nos llamaron falsos reclamantes. Decían que éramos un clan que lo que queríamos era acabar con el proyecto y quedarnos con la teca”, cuenta uno de los reclamantes al ser consultado sobre lo que representó para ellos la denuncia.

“Para nosotros todos ellos son falsos reclamantes, porque ellos vendieron porque querían vender y nunca nos dieron una relación de esa venta con la violencia, por lo que no es claro lo de despojo en esta zona”, indicó la compañía mediante el comunicado oficial.

En diciembre de 2018 la Fiscalía archivó ambas denuncias porque la compañía no presentó material probatorio que demostrara que las personas reclamantes hubieran incurrido en el delito de inscripción ilícita en el registro de tierras y, además, porque había presentado su segunda denuncia asemejándola a la primera y buscaba que esa última prosperara “porque se interpuso otra y no porque tenga los elementos materiales probatorios que permitan comprobar la existencia del ilícito”, se lee en el documento de archivo (Ver denuncia penal contra los reclamantes).

Antes de que eso se conociera, el emporio económico buscó por otra vía frenar el de Palmira y otros procesos de restitución, en los que más campesinos le reclamaban sus predios. Su nuevo objetivo era abrir la puerta de la conciliación que había quedado cerrada por completo con la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. 

Conciliar para no perder 

En diciembre del mismo 2015, el abogado Maximiliano Londoño Arango, cercano al Grupo Argos, demandó por inconstitucional el artículo 94 de la Ley 1448 puntualmente en lo que tiene que ver con la expresión “ni la conciliación”. Con esto el jurista buscaba que grandes empresas, como Argos, lograran llegar a acuerdos con los reclamantes y evitar así que los casos llegaran a etapa de juicio.

Aunque la sentencia del Tribunal Superior de Cartagena ordena devolver los predios con el proyecto agroindustrial, a diario hay tala de árboles en la zona y entran por lo menos unos cinco camiones a cargar la teca cortada.

En 2016 la Corte Constitucional negó su pretensión, alegando, entre otras razones, que “la inadmisibilidad de la conciliación judicial o extrajudicial se constituye en un mecanismo diseñado por el Congreso para proteger los derechos fundamentales de los solicitantes de restitución, de sus familias, y el derecho a la verdad que también están en cabeza de toda la sociedad, en contextos en los cuales existen riesgos de presiones externas que tienen la potencialidad de afectar la autonomía de la voluntad”. 

Aunque esa demanda no prosperó, Tekia buscó llegar a un acuerdo con los reclamantes antes de que se conociera el fallo final que ahora le ordena restituir los predios. “En 2016 hicieron contacto con un familiar en Bogotá, como para que nosotros desistiéramos del proceso estando ya en Cartagena (en el Tribunal) y nos ofrecieron como  15.000.000 (de pesos) por hectárea, pero nosotros no aceptamos eso, porque sabíamos que este proceso lo íbamos a ganar, nunca tuvimos miedo de nada y siempre confiamos en que la justicia obraba a favor nuestro”, detalló sobre ese acercamiento José Ignacio Martínez, uno de los restituidos. 

Esto también fue negado por la empresa, que agregó en su comunicado que “como compañía no hacemos nada por debajo de la mesa. No conversamos nunca con las personas de San Onofre, porque teníamos claro que no había posibilidad de hacer conciliación”.

Según detalló uno de los empleados de la compañía en la zona, la orden hasta ahora es realizar los cortes, aunque la madera no tenga el tamaño proyectado para alcanzar a talar la mayor cantidad de teca posible antes de entregar los predios.

Intimidaciones a un testigo

Antes de que cualquier juez lo hiciera, Tekia contactó a Hernando Hernández, su primer empleado en el proyecto de siembra de Teca en Palmira y a quien, según explica, despidió sin justa causa en 2010. Lo buscaron para que compareciera en calidad de testigo de la compañía en medio del proceso y lo hicieron a través de Valentín Vieira, quien había sido su jefe inmediato cuando dirigió el proyecto.

“Yo le dije; mira Valentín si tú me dices que declare y yo digo la verdad eso va afectar a alguno, sea a ustedes o sea a los vendedores así que no quiero intervenir ni quiero estar en medio de los dos, ustedes me sacaron porque no me necesitaban, entonces, no veo por qué me buscan ahora”, cuenta qué fue lo que les dijo en su momento.

Ante su negativa le insistieron: le ofrecieron viáticos para que fuera a Medellín, se asesorara con abogados del Grupo Argos e hiciera una declaración juramentada. Volvió a decirles que no. “Porque yo trabajo independiente y estoy ocupado de domingo a domingo, no tengo descanso ni tiempo para eso”, precisó.

A lo que sí no pudo negarse Hernández fue a una citación formal de un juez en Sincelejo que lo llamó como testigo en el proceso porque su nombre era citado por muchos de los reclamantes como el de la persona que más había conocido el conflicto en la zona por parte de Tekia. 

“Cuando supieron que yo iba a declarar me llamaron y sentí que me intimidaron. Me llamó Valentín (Vieira) y comenzó a decirme: tienes que ver bien lo que vas a decir, porque esa gente es muy poderosa, son dueños de medio país y no perdonan ninguna traición”, relató. “Ahí otra vez me dijo (Valentín Vieira) que me podía reunir con los abogados de Argos y ellos me decían lo que yo tenía que decir, pero yo no accedí”, precisó. 

Desde Tekia, reconocieron que en efecto buscaron a Hernández para que contara en estrados su versión de los hechos, pero negaron haber intimidado al exempleado de la compañía y haber tratado de dirigir su testimonio en algún sentido. 

Ya son casi cinco meses los que han pasado desde cuando se conoció la decisión del Tribunal de Cartagena que en el papel les devuelve a los campesinos sus predios y que ordena que se les entreguen con el proyecto agroindustrial de siembra de teca, pero siguen a la espera de que en la práctica se materialice la restitución, así como que el Estado les brinde garantías para retornar y tratar de hacerlas nuevamente productivas. Ahora se sienten revictimizados y sienten que la demora en la entrega de los predios pueda permitir que Tekia, pese a que la sentencia lo impide, siga talando la madera que está sembrada en sus predios. 

Visitamos la zona sembrada con teca y confirmamos que, aunque Tekia lo niega, sí se está talando la madera en los predios que ya fueron restituidos por orden judicial, tras un complejo proceso en el que, por ahora, los campesinos reclamantes les ganaron el pulso.

Investigación realizada bajo el proyecto “CdR/Lab Periodismo en los territorios” de Consejo de Redacción, con el apoyo de la AGEH y la DW.