Si algo tiene el Estado colombiano para enorgullecerse en materia de reparación a las víctimas del conflicto armado en el Valle del Cauca, es el proceso de restitución de tierras en el municipio de Trujillo. Y así lo ha hecho: cualquier cantidad de boletines de prensa y notas periodísticas confirman que la restitución a las víctimas en Trujillo es ejemplar. Para verificar esta situación, visitamos el municipio y encontramos constantes quejas por demoras en la construcción de las viviendas, fallas en la infraestructura de las casas que han sido entregadas, incumplimiento por parte de las autoridades con la prestación de los servicios públicos y víctimas a las que, incluso teniendo su sentencia en la mano, aún no les devuelven su tierra.

Los restituidos de Trujillo

Según los datos de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entre el 2013 y el 2018, en Trujillo se emitieron 75 sentencias de restitución a familias víctimas del conflicto, lo que lo convierte, en teoría, en el municipio con más predios restituidos en el Valle del Cauca y uno de los primeros en recibir fallos a favor.

En el Parque Monumento a las víctimas de Trujillo reposa sobre una roca un mapa de las veredas que rodean el pueblo. Un trabajo de cartografía social llevó a que las mismas víctimas reconstruyeran y reconocieran su territorio.

Las familias beneficiadas, en su mayoría, están ubicadas en la zona rural. Incluso, hay personas que residen en otros municipios pero que la URT asigna en Trujillo. Principalmente en los corregimientos Puente Blanco, Venecia, La Sonora y Andinápolis, que albergan gran parte de la historia del conflicto en la región y, entre el paisaje cafetero, guardan las infidencias entre el Estado y las víctimas, en materia de reparación.

 

 

 

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Cruzando quebradas que los aguaceros de abril y mayo convierten en caudalosos arroyos, escondida entre barrizales en los que el ganado entierra las pezuñas, se encuentra la casa de Ubaldina Blandón de Ortega. Uba, como la llaman sus hijos y nietos, recibió un fallo a favor por la petición de restitución que solicitó ante la URT en la sentencia 003 del 28 de junio de 2013. Al menos dentro del registro de la página web de la Unidad de Restitución de Tierras, no existen sentencias anteriores a esta en el municipio. Así pues, Ubaldina es la primera beneficiaria de restitución en Trujillo.

En la finca viven Ubaldina y su esposo José María, quienes cada tanto reciben la visita de su extensa descendencia. Ordeñan sus tres vacas, cuajan el queso, preparan banquetes y ríen cada vez que los coloridos guacamayos que tienen por mascotas, acostumbrados a manifestar su hambre a la señora de casa, chillan “¡Uba, Uba!”.

Ubaldina Blandón, la primera persona beneficiada del proceso de restitución en Trujillo, reside en la vereda La Sonora, zona rural de Trujillo.

Pero en mucho dista este panorama jovial del día en que miembros del Ejército Nacional se llevaron a uno de sus hijos. Era 1991 cuando empezaron los hechos victimizantes para la familia. Los uniformados golpearon y torturaron al joven, pero días después lo dejaron regresar.

Tres meses después de la liberación, hombres del Ejército de Liberación Nacional (Eln) decidieron acampar en casa de Ubaldina y José María. Pedían atenciones de comida y bebida mientras limpiaban sus pesados armamentos. Saciados y repuestos tras el descanso, se marcharon, produciendo con su visita la reaparición del comando del Ejército.

El coronel Alirio Urueña, oficial condenado en 2010 por participar de la Masacre de Trujillo y aliarse con Henry Loaiza Ceballos, alias ‘El Alacrán’, se sentó frente a Ubaldina rodeado de militares. Preguntó si los guerrilleros habían acampado allí. “Sí, acá se quedaron. Comieron y bebieron antes de irse”, contestó ella.

Urueña preguntó por qué tanta condescendencia con la guerrilla. Y Ubaldina, perpleja ante la cercanía de los fusiles, le hizo entender que con las armas no se conversa. Ni para congraciarse ni para rechazarlas.
Quizá Urueña traía un humor apacible aquel día, pues la honestidad de la mujer le entró con gracia y decidió dejarla tranquila. No sin antes preguntar por el estado del hijo que le fue secuestrado, según el militar, por la guerrilla. Ubaldina, quien rara vez pierde la calma, dejó que una súbita rabia contestara por ella, replicando al coronel que, de ser responsable la guerrilla, sería con el respaldo y la complicidad de los militares que se lo llevaron primero.

El rostro del coronel se tornó más contrariado y, tras él, un soldado joven le hizo gestos a Ubaldina para que no discutiera, por su bien.

“Pero si usted dice que fueron ellos, ellos fueron”, concluyó Ubaldina. “Así sí, mi señora. Así sí”, dijo el oficial, alejándose por fin de la casa, según narra la víctima.

Durante los 14 años siguientes, Ubaldina y José María sortearon la violencia hasta que volvió directamente a su puerta. En 2005, los paramilitares se asentaron en la vereda y, con lista en mano, anunciaron a sus futuras víctimas. En el papel figuraban Ubaldina, su esposo, cuatro de sus hijos y un hermano. Finalmente fue la hora de abandonar la finca.

Pero hoy, 28 años después del primer hecho victimizante, recuerdan, casi entre risas, el dolor y el miedo. Asan carne y arepas en un ancho fogón, vierten aguapanela y café en los pocillos para el desayuno y disfrutan de su terreno, ubicado en lo alto de La Sonora, vereda de la que tiempo atrás huyeron al elegir entre vida o muerte.

Los Ortega Blandón, la primera de las 75 familias que recibieron sentencia de restitución en Trujillo, cuentan que están satisfechos con el papel de la URT, aunque prefieren no ahondar en el cumplimiento de otras obligaciones del Estado, emitidas en su sentencia. “Solo en la de volver”, dice Ubaldina. Y con esa respuesta, retrata a la mayoría de campesinos restituidos en Trujillo que, luego del horror de la masacre, están conformes tan solo con volver a estar en su tierra, sin la angustia de que la violencia llame a su puerta.

El mapa consigna 68 predios de los que salieron los solicitantes de restitución de tierras, cuyas sentencias ya han sido emitidas. Un alto porcentaje a recibido los mismos predios, pero otros han recibido tierras en otros lugares. Las ubicaciones corresponden a las coordenadas consignadas en las sentencias, aproximaciones realizadas con los linderos consignados en las mismas y a las proyecciones de la web Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Las sentencias faltantes corresponden a solicitudes denegadas y a aquellas que no consignan coordenadas.

 

Regresar a casa… Sin casa

Entre las órdenes que dictan las sentencias de restitución de tierras, además de la titulación de determinado predio, está la construcción de una vivienda para los beneficiarios, incluida en la entrega material del inmueble.

El mayor número de casas restituidas que ha entregado el Gobierno Nacional en Trujillo es en las veredas La Sonora, Venecia y Andinápolis.

En el caso de Ubaldina, por ejemplo, la sentencia fue emitida en 2013, pero hasta marzo de este año le entregaron la vivienda. Seis años más tarde.  

Sumado al retraso, los múltiples desperfectos de la vivienda empañan el proceso de restitución. A la hora de firmar el acta de recibido, doña Ubaldina se encontraba en cama, muy enferma, cosa que le impidió verificar el estado de la casa y notar que las tejas habían quedado mal instaladas y se caía el techo constantemente. Su yerno tuvo que clavar palos de guadua a cada lado de la casa para sostenerlas, pero, en consecuencia, hay varias goteras en el techo.

Para cerrar las ventanas se necesitan dos personas (una dentro y otra fuera) debido a que los seguros no empatan como deberían. Los obreros no dejaron el lavamanos instalado y la batería sanitaria se rebosa de agua, por lo que hay que mantener cerrada la llave de paso. Dos de las cinco puertas están desniveladas y no cierran, o los pasadores no ajustan. Todo esto sin contar que la vivienda aún no cuenta con energía eléctrica.

 

 

Según declaraciones de los miembros de la Asociación de Familias Agropecuarias con Predios Restituidos (Afarec), una organización creada por los mismos campesinos para validar sus derechos, las demás viviendas entregadas en el municipio no son muy distintas en términos de tardanza a la hora de la entrega y de los graves problemas de construcción.

Ese el caso de Ana Tulia Gómez, quien asegura que las puertas de su casa restituida son de cartón, lo que la hace sentir insegura ya que solo vive con su hija. Blanca Dolly Santa, por su parte, dice que el piso de su vivienda no quedó parejo sino desnivelado y que, no contentos con dejar el lavadero sin techo, los obreros se llevaron las tejas argumentando que “habían perdido plata en la construcción”. Se las llevaron para venderlas, después de ofrecérselas a ella misma en venta.

Las viviendas de Jairo de Jesús Guiral y Estela Hernández sufren filtraciones de agua, pues quedaron construidas al nivel del suelo. Luz Marina Vargas celebra que su vivienda fue reconstruida luego de que el contratista, cuyo nombre la Unidad de Restitución de Tierras se rehusó a dar, se viera obligado a derribarla por tener las columnas torcidas, entre otras irregularidades. Mauricio Correa va más allá, asegurando que demandó al ingeniero por el estado de su vivienda cuando se la entregaron.

En la sentencia de restitución fallada a favor de Jorge Eduardo Rojas Lara, se ordena a Planeación Municipal “realizar evaluaciones al terreno y adelantar labores de remoción de masa”. Pero esto no se llevó a cabo; de hecho, fue el mismo Jorge Eduardo quien tuvo que adecuar el terreno para acomodar su ganado. Sumado a esto, la mayoría de predios restituidos no cuentan con servicios públicos a la fecha, lo que a muchos les impide tener un proyecto agropecuario productivo y llevar su vida con normalidad.

Sobre este tema, la Unidad de Restitución no dio ninguna información sobre las empresas contratistas encargadas de la construcción de las casas, en la respuesta que entregó para esta investigación.

Educación, salud y vías, los otros incumplimientos de la restitución

En la caseta comunal de La Sonora, 35 familias restituidas de la vereda se reúnen el último domingo de cada mes para saber el proceso de sus tierras y de sus necesidades como víctimas y comunidad.

Para llegar a la finca de Blanca Didia Santa hay que descender por una jungla que se abre junto a la vía que lleva hasta el corregimiento La Sonora, en la vereda El Tabor.

La casa es grande y al atardecer el sol se esconde tras ella. Aún están en labores de construcción y, junto al río, los escombros de la primera vivienda entregada en restitución y que, por orden de un juez, fue derribada para asegurar que nadie viviría allí, puesto que al construirla no se tuvo en cuenta un potencial aumento del caudal del río que podría poner en riesgo la vida de quienes la habitaran. Blanca Didia se lamenta, pues la edificación les servía de bodega hasta cuando la tumbaron.

En 2001, siendo empleada de Telecom en el casco urbano de Trujillo, paramilitares del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) la obligaron a prestarles el establecimiento y el servicio de telefonía, bajo la amenaza de lanzar allí una bomba si se negaba. Utilizaron el sitio para esconder secuestrados y, en alguna ocasión, asesinaron en el lugar a uno de ellos. Ante los hechos, y el miedo que rondaba entre la familia, abandonaron el predio en ese mismo año.

Ahora, 18 años después de los hechos, cuenta las bondades de su proceso de restitución. Sin embargo, dice que en la sentencia fallada a su favor, además de las obligaciones con el proceso de la devolución del predio, se ordenó al Ministerio de Educación y al Icetex encontrar facilidades para que sus hijos ingresaran a la educación superior. “Eso es una mentira”, dice, y añade que realizó todas las diligencias posibles para que su hija Jenny ingresara a la universidad, pero nunca obtuvo respuesta.

Este reclamo se repite en las declaraciones de Norberto Santa, William Zapata, Luz Marina Vargas, Estela Hernández y Ana Tulia Gómez, quienes aseguran que no todas las órdenes de las sentencias se han cumplido y que ninguno tuvo apoyo para ingresar a sus hijos, sobrinos o nietos en estudios de educación superior.

Frente a este tema, consultamos al Icetex por medio de un derecho de petición, a lo que respondieron que, si bien el artículo 41 de la Ley 1448 del 2011 reconoce a las Instituciones de Educación Superior su autonomía en el proceso de selección, las víctimas del conflicto armado deben recibir créditos 100% condonables y un recurso de sostenimiento por el tiempo que el estudiante esté matriculado. Sobre los casos, mencionaron que si no se ha iniciado el proceso con los beneficiarios, es porque las víctimas no le han expresado a la entidad su voluntad o no de postular a los jóvenes a los programas académicos.

En las sentencias de restitución se ordena también al Ministerio de Salud dar prelación y control a las víctimas del conflicto en materia física y psicológica. Por ejemplo, Julio César Alarcón recibe un chequeo médico semestral y María Rosalba Gómez es sujeto de evaluación constante por una llaga que carcome su pierna izquierda desde hace más de una década, mientras que Berta Cecilia Ortiz y José Ancizar Cano alegan que el sistema de salud no tiene ninguna contemplación con sus familias, que no se hace distinción por su condición de víctimas y que sufren como cualquier otro por conseguir una cita médica. Lo mismo asegura Blanca Didia.

Sobre ello, el Ministerio de Salud, en respuesta a un derecho de petición, informó que la reparación en salud psicosocial integral se ha realizado por medio del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (Papsivi); sin embargo, la entidad no especificó en la información suministrada por qué solo algunas personas reciben atención preferencial y chequeos médicos periódicos en las IPS y otros no.

De hecho, el Minsalud informó que de 2015 a 2017 han ofrecido atención psicosocial a 800 personas en el municipio de Trujillo, pese a que en el Registro Único de Víctimas hay 3.499 víctimas sujetos de atención; es decir, apenas 23% de la población registrada como víctima ha recibido algún tipo atención en salud.

Jorge Eduardo Rojas, uno de los beneficiados de la restitución, asegura que hay dos puntos más, además de los ya mencionados, en los que el proceso ha tenido problemas. El primero implica el seguimiento a los proyectos productivos que, por ejemplo, en el caso de Ubaldina, se echaron a perder durante su convalecencia. “Eran una huerta y un corral de marranos”, dice la mujer.

El segundo tiene que ver con la calidad de las vías de acceso a los predios restituidos. Por ejemplo, la vía que conecta el casco urbano de Trujillo con la parte más alta de La Sonora es una trocha de barro y polvo, sobre la cual el monte se desmorona en cada invierno y cuyo tránsito apenas permite la circulación de los carros. A esta queja se sumaron Ofelia Gutiérrez, quien asegura que su tramo de carretera está en mal estado y sin pavimento, y Luz Marina Vargas, quien asegura que su familia debe desplazarse a caballo por la falta de vías.

Mapa de predios restituidos por años en el municipio de Trujillo. Los puntos en el mapa tienen las mismas condiciones de ubicación que el presentado anteriormente

Volver sin volver

Algunos campesinos de la zona alegan que, aún con la sentencia fallada a su favor, no se les han entregado las tierras prometidas.

Ese es el caso de Jorge David Hernández Ducuara, quien se desplazó al casco urbano de Trujillo al día siguiente de que Jorge Anderson, su hijo mayor, fuera reclutado a la fuerza por hombres armados pertenecientes a ‘Los Rastrojos’. Era 21 de marzo de 2012. Jorge David anduvo por todo el pueblo buscando a su hijo, hasta encontrarlo en una vivienda en poder de alias ‘El Zarco’, jefe de la banda criminal en Trujillo.

Tras discutir fuertemente con ‘El Zarco’ y ser amenazado de muerte por este, recuperó a su hijo. Pero en 2015 regresó la banda criminal ‘Los Rastrojos’ y con lista en mano iban llamando a los jóvenes que pretendían reclutar. En esta ocasión buscaban a Milton David, el otro hijo de Jorge. Esto motivó su desplazamiento, que dejó en estado de abandono los cultivos y los animales de su finca.

En la sentencia R16 del 4 de agosto del 2015, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución y Formalización de Tierras de Buga, determinó que los hechos victimizantes daban lugar al reconocimiento como víctima a Jorge y su familia, y se ordenó la restitución de la tierra de la que fueron desplazados. Sin embargo, durante la diligencia, la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC) advirtió que en dicho predio se cruzaban cuatro nacimientos de agua que desembocan en el río La Sonora, el cual a su vez drena al Riofrío, que es un gran afluente del Río Cauca. Para el Juzgado, las recomendaciones de la CVC no eran impedimento para ordenar la restitución del predio y ordenó que, de no ser posible la entrega del terreno por algún motivo, el entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) se debía encargar de buscar un predio distinto para el proceso de restitución.

Según la sentencia, Jorge David y su familia debían ser reubicados en un plazo máximo de tres meses en su nuevo predio. Sin embargo, a junio del 2019, cuatro años después de la orden, Estela Hernández, hermana de Jorge, aseguró que a pesar de tener todos los documentos de la restitución, no ha recibido información sobre su tierra.

Lo mismo le sucedió a Álvaro Beltrán, quien con sentencia en mano, desde la caseta comunal de La Sonora, explica el complicado pleito que hay sobre los siete lotes en los que se divide la finca La Porfía. En este pleito, Beltrán resultó favorecido como beneficiario del lote número 1, llamado La Esperanza. Esa orden se emitió el 18 de diciembre de 2015 y, un año después, la CVC emitió una alerta al Alcalde de Trujillo solicitando que ubicaran al beneficiado en otro predio por problemas de derrumbes en la vía.

Álvaro Beltrán cuatro años después de haber recibido su sentencia de restitución de tierras, aún no recibe ni el predio ni la casa que le fue prometida por ser víctima del conflicto.

A la fecha, Álvaro, con sus documentos en una carpeta de la Unidad de Restitución de Tierras, asegura que no se le ha cumplido con ninguno de los puntos de la sentencia y que tuvo que irse a vivir en la casa de su hijo y trabajar como jornalero a sus 69 años, para poder sobrevivir.

Jorge Eduardo Rojas, líder comunitario de Trujillo, asegura que Gerardo Cabrera (también beneficiado en la sentencia que restituye a Álvaro Beltrán) se encuentra, a la fecha, igualmente desatendido en cuanto a las disposiciones ordenadas por el Juzgado. Menciona que también Clara Gladys Carrillo, con sentencia de restitución expedida el 17 de septiembre de 2013, podría encontrarse en la misma situación, sin poder acceder todavía a la titulación de su tierra.

Todos estos casos son similares al de Aldenivier Cano, cuyo padre murió torturado a manos del Ejército junto a sus hermanos (tíos de Aldenivier) durante la Masacre de Trujillo. El abuelo, al llegar a casa y encontrar los cadáveres despedazados de sus hijos, se sentó en un banquillo a tomar aguardiente sin comer ni dormir, hasta que tres meses más tarde cayó fulminado por la desnutrición, el ardor del alcohol y la pena moral.

Aldenivier inició el proceso de restitución de tierras a título personal, pero la Unidad convocó luego a todo el núcleo familiar de las víctimas para hacerse partícipes del proceso. Tíos y primos de Aldenivier, que actualmente viven en otros municipios y departamentos, entraron al proceso de restitución.

Al recibir la sentencia que formalizaría un terreno a nombre de toda la familia Cano, los tíos de Aldenivier se negaron a recibirlo, argumentando que por su avanzada edad y por el lugar en que viven ahora, no pueden explotar el predio. Así que devolvieron la sentencia al juzgado en busca de una compensación económica y no material, a pesar de que Aldenivier sí pretendía cultivar y trabajar la tierra.

Ante esta encrucijada, el Tribunal de Buga ordenó hace casi un año resolver un fallo definitivo en un plazo máximo de cuatro meses. Es decir, definir si la restitución podía ser entregada solo a un beneficiario y, al resto de familiares, otorgarles una solventación económica equivalente. A la fecha, Aldenivier aún espera que ese fallo sostenga la entrega del inmueble para poder sembrarlo de café y naranjos. O que, por lo menos, el fallo llegue, pues cuando viajó a Tuluá para consultar sobre la tardanza de su proceso, el funcionario le contestó que “eso ya estaba perdido”.

Intentamos obtener información sobre estos casos fallidos de restitución de tierras, su estado actual del proceso y la explicación del incumplimiento, a través de un derecho de petición.  La Unidad de Restitución respondió que en el caso de Álvaro Beltrán están esperando que se determine el avalúo del predio para entregarle una compensación. En el caso de Jorge David Hernández Ducuara, la entidad no entregó ninguna información.

La Camila, uno de los casos “más exitosos de restitución”

Maribel del Carmen Sierra abandonó su trabajo en Guacarí en septiembre del año pasado, luego de que la Unidad de Restitución de Tierras titulara a 33 familias en un predio llamado La Camila, corregimiento Los Chancos, ubicado en el municipio de San Pedro, norte del Valle del Cauca. En ese momento, el sueño de vivir y trabajar en un proyecto productivo propio de agricultura fue lo que la hizo renunciar a su vida en el casco urbano y regresar al campo.

El terreno, antes propiedad del cartel del Valle, fue titulado en enero de este año a víctimas de la violencia en los municipios de Trujillo, Bolívar, Ríofrío y San Pedro. El hecho fue registrado por varios medios de comunicación nacionales como uno de los casos “más exitosos de la restitución”, ya que multinacionales respaldarían los proyectos productivos. Postobón, con sus jugos Hit y los picantes de Hugo Restrepo estaban entre las empresas que se rumoraban.

Maribel cuenta que en marzo del 2019 se realizó una audiencia pública con las familias en el predio. El juez ordenó la construcción de las viviendas en un plazo máximo de seis meses; es decir, a agosto del 2019. Sin embargo, desde entonces ningún funcionario de la Unidad de Restitución de Tierras se ha hecho cargo de cumplir la orden, pues a la fecha no comienzan todavía los trabajos de construcción de las viviendas. “Yo renuncié a mi trabajo con la esperanza de vivir donde nos restituyeron. El alcalde me pagó cuatro meses de arriendo mientras nos construían las casas y nos ponían los servicios públicos, pero ya se cumplieron esos meses y no ha pasado nada”, dice Sierra.

Historias como la de ella se repiten una y otra vez con cada una de las familias que resultaron restituidas en La Camila y que, siguen a la espera de que el Gobierno Nacional cumpla con las disposiciones de sus sentencias. Ese es el caso de María Ludibia Vanegas, titular de uno de los predios y quien desde el Parque Monumento en el municipio de Trujillo, cuenta que el Ministerio de Agricultura tampoco les ha dado las garantías ni condiciones necesarias para empezar el proyecto de agricultura productivo.

La situación de muchas otras personas que fueron beneficiadas se puede resumir en una sola palabra: desesperanza. Ese es el sentimiento que Irene Agudelo manifiesta cuando le preguntan sobre el tema. Para ella y su hermano, Argemiro Salazar, una de las noticias más importantes que les dieron era que podrían comenzar a cultivar para grandes multinacionales, lo que les garantizaría la venta de sus productos y que, además, les permitirían volver a retomar la vocación de campesinos que les arrebataron en el corregimiento de La Habana, municipio de Buga, hace 14 años, cuando la guerrilla los desplazó y los obligó a dedicarse a otras labores para subsistir.

Para Ludibia Vanegas, “el proyecto productivo es una de las prioridades de los campesinos, porque es su sustento diario”. En su caso, por ejemplo, cuenta que antes del año 1995, cuando vivía en la parte baja de La Sonora, tenía en su casa, construida con bahareque y zinc, unos cultivos de plátano, café y pollos de engorde que le generaban un promedio de $60.000 y $70.000 cada dos meses para vivir, en esa época.

Cultivos de café y cabezas de ganado son los proyectos productivos que más ha impulsado la Unidad de Restitución de Tierras a las familias restituidas.

Hoy su sustento diario son los pagos voluntarios que le dan las personas de distintas veredas de la zona rural por dictar la catequesis a los niños, sumado de lo que gana diariamente por trabajar en el Parque Monumento a las Víctimas de Trujillo. Pero de sus cultivos y su ganado no quedó nada.

Otro de los reclamos de los restituidos es que, si bien se concertó entre los campesinos y la Unidad cultivar más de 20 hectáreas de maíz, banano y ají, la producción no ha iniciado porque la Alcaldía de San Pedro no ha instalado los servicios públicos y la construcción de un sistema de riego necesario para la producción.

El incumplimiento en la entrega de las viviendas ha hecho que varias personas se asienten en los predio y construyan chozas para vivir con sus familias. Desde allí, y aunque sin muchas esperanzas, dicen que tienen al menos la posibilidad de tener un lugar propio donde estar, mientras consiguen los recursos para construir la vivienda que aún no llega.

“Si de nosotros dependiera, nos íbamos a vivir allá, pero no tenemos un sistema de riego para el cultivo, nadie nos garantiza la vida en San Pedro. También nos prometieron empezar un proceso para una huerta, pero nadie volvió a citarnos ni a decirnos nada”, dice Luz Estela Guzmán, mientras recuerda que fue en 1997, por problemas de orden público y enfrentamientos entre las Auc, la guerrilla y Los Rastrojos, que tuvo que abandonar su predio llamado La Palma.

Desde entonces, no ha regresado ni ha recibido reparación integral como víctima del conflicto armado. El predio que tienen titulado por restitución de tierras, pese a que fue fallado a su favor en 2015, ni ella ni su familia han podido habitarlo por el incumplimiento y la demora del Estado.

Consultamos a la Unidad de Tierras por estos casos en un derecho de petición y la entidad respondió que tiene la responsabilidad de enviarle la información de los campesinos restituidos para que entidades como el Banco Agrario o el Ministerio de Agricultura entreguen los respectivos beneficios de vivienda. La entidad señaló que “no ejerce veeduría ni hace seguimiento a las órdenes proferidas” e insistió que esta es una labor de los juzgados que profieren las sentencias y la Procuraduría Delegada para Restitución de Tierras.

Siguieron los desplazamientos

Muchas de las tierras restituidas a las víctimas de la Masacre de Trujillo pertenecían a grandes ‘capos’ del narcotráfico y del cartel del norte del Valle. Sin embargo, a muchos otros campesinos no les restituyeron tierras sino que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) les ofreció vivir en algunas fincas de propiedad del Estado por extinción de dominio, a cambio del pago de un arriendo.

Ese fue el caso de Tulio Benavides*, un caleño criado en el municipio de Bolívar que desde el 2014 vivió con su familia en la finca El Otoño, ubicada entre los corregimientos Primavera y Naranjal, en la vereda La Llanada. La finca, por la que pagaba $1.280.000 de arriendo mensual, había sido uno de los grandes tesoros de Henry Loaiza alias ‘El Alacrán’, y le fue confiscada al capo cuando inició su proceso penal como responsable de la Masacre de Trujillo a inicios de los años 90.

Benavides* decidió vivir ahí y comenzar a cosechar frutos, maíz, café, así como criar unas 20 cabezas de ganado para su subsistencia.

Henry Loaiza Ceballos, condenado por primera vez el 4 de agosto del 2006 por ser el autor intelectual de la conocida Masacre de Trujillo que dejó alrededor de 245 víctimas fatales entre 1984 y 1991, fue dejado en libertad condicional en 2017 luego de cumplir la pena y de haber mostrado “buen comportamiento”.

Fue en ese año, tras la liberación del miembro del Cartel de Cali, que las intimidaciones a los campesinos, que vivían en tierras que le habían pertenecido, comenzaron a hacerse latentes. Era una tarde de noviembre del 2017, cuando el administrador de la finca de Tulio* empezó a recibir amenazas. En la zona ya sabían que el temido ‘capo’ había regresado.

“Un día él llegó allá a El Otoño y le hizo tres disparos al aire al administrador que yo tenía en la finca. Le dijo que teníamos tres días para desocupar o nos daban pena de muerte”, cuenta el hombre, mientras recuerda la ostentosa celebración de Loaiza con sus socios en esa finca, el día de su regreso. Desde ese momento, ‘el monstruo’, como le llaman muchas personas de la zona, había vuelto y los desplazamientos comenzaron de nuevo.

Por esa decisión, el campesino se desplazó hace dos años al casco urbano de Bolívar y tuvo que empezar a trabajar cuidando una finca cerca a su casa. Los proyectos productivos, con los que le pagaba la universidad de su única hija en Cali, se echaron a perder desde la presencia del narcotraficante.

Aunque la Defensoría del Pueblo no tiene registro de ninguna alerta temprana relacionada con alias ‘El Alacrán’ desde su liberación, los testimonios en terreno comprueban lo contrario. Desde el parque central de Trujillo, otro campesino, cuya identidad pidió no ser revelada, contó que uno de sus grandes amigos que vivía en El Naranjal también recibió intimidaciones del narcotraficante.

“Un día él llegó y reunió a todos los que estaban viviendo en las que habían sido sus propiedades, y les dijo que por las buenas se fueran del lugar, que esas eran sus fincas”, cuenta el campesino y añade que esa fue la única advertencia, antes de “hablar con la viuda”. A esta reunión clandestina también asistió Tulio*, quien confirmó que el temido hombre comenzó a ofrecerles dinero a algunos los campesinos para que desalojaran “por las buenas”.

Las zonas más afectadas por el flagelo de la violencia en esta zona son los corregimientos del municipio de Bolívar. Sobre el tema, la Defensoría del Pueblo informó que la presencia de nuevos grupos armados ilegales en la zona comenzaron a afectar la seguridad de los campesinos que residían en los corregimientos Cerro Azul, Naranjal, Primavera, Dos Quebradas y Catres. De hecho, la entidad emitió una alerta temprana el 19 de abril de 2018 al entonces Ministro del Interior, Guillermo Rivera Flórez, advirtiendo la posible presencia del Eln y de un nuevo grupo armado, al parecer conformado por sujetos que pertenecieron a Los Rastrojos. Esta misma alerta fue reenviada el pasado 23 de enero a la actual ministra Nancy Patricia Gutiérrez, reiterando el riesgo que corren los habitantes de esta zona.

Al respecto, el coronel Javier Navarro Ortiz, comandante de la Policía del Valle del Cauca, aseguró en respuesta a un derecho de petición radicado por este medio, que no han recibido denuncias ciudadanas que involucren al mencionado narcotraficante y que no se ha atendido ninguna situación especial en materia de seguridad en esos corregimientos. Sin embargo, un mes después de estas declaraciones, el 26 de junio del presente año, alias ‘El Alacrán’ fue recapturado junto a 14 miembros de la organización criminal ‘La Constru’ por la Fiscalía General de la Nación, en apoyo con la Policía Nacional en el departamento del Putumayo.

Las investigaciones están abiertas por los delitos de homicidio, desplazamiento forzado, narcotráfico y conformación de grupos ilegales. Frente a la noticia, Tulio*, habitante del municipio de Bolívar, aseguró que fue hace apenas cinco meses que El Alacrán abandonó las tierras del norte del Valle para dirigirse al Putumayo y comenzar a delinquir allí.

Además del temor por los temas de seguridad, el restablecimiento pleno de derechos de quienes han perdido sus tierras durante el conflicto armado sigue pendiente. El proceso de restitución de tierras en Trujillo, si bien ha mostrado avances significativos en materia de cumplimiento, tiene todavía distintos vacíos institucionales que han impedido el cumplimiento de todas las garantías a las víctimas del conflicto armado en el municipio.

*Nombres cambiados a petición de las fuentes.

Investigación realizada bajo el proyecto “CdR/Lab Periodismo en los territorios” de Consejo de Redacción, con el apoyo de la AGEH y la DW.