Parado en el balcón de una finca que compró juntando ahorros, Salomón espera el desembolso del dinero para su proyecto productivo, para terminar de pagarla. La plata la sacó de lo que ganó jornaleando y de parte de la asignación mensual que recibe como reincorporado de las Farc.
Nodier anda para arriba y para abajo con una libreta pequeña en cuyas páginas guarda juiciosamente los recibos que demuestran que también desde hace meses destina 500 mil pesos de su asignación mensual para pagar un predio donde sembró café, plátano y yuca.
Ángela y Eduardo, pareja de excombatientes, abrieron una veterinaria gracias a que la familia de uno de ellos les ayudó económicamente. Cada uno recibió los ocho millones de pesos del proyecto productivo a los tres meses de abrir el negocio, que todavía no les da el dinero necesario para vivir de él.
En Riosucio un grupo de excombatientes y víctimas del conflicto tiene alrededor de ocho mil quinientas tilapias en seis estanques gracias a los aportes de varias entidades. Tampoco han recibido el dinero que les corresponde para invertir en el proyecto con el que se espera que no vuelvan a las armas.
Todos coinciden en que han recibido puntualmente la renta básica mensual equivalente al 90 por ciento del salario mínimo que se pactó en el Acuerdo Final, pero la mayoría espera que le desembolsen la plata de los proyectos productivos, (individual o colectivo): ocho millones de pesos para cada reincorporado. También hay unanimidad en que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, está muy pendiente de ellos.
Según esa Agencia, a 29 de febrero del 2020 había en Caldas 48 reincorporados de las Farc (desmovilizados en el proceso de paz). 16 de ellos tienen proyectos individuales y ya han recibido los desembolsos. 28 siguen esperando, entre ellos los 12 del único proyecto colectivo que hay en el departamento, que está en el Área de Reincorporación Grupal en el Resguardo indígena de Cañamomo y Lomaprieta, en Riosucio.
Los proyectos productivos buscan que los exguerrilleros se inserten definitivamente en la economía legal. El objetivo es que les garanticen a los desmovilizados una vida digna en la que volver a las armas no sea una opción. La Fundación Ideas para la paz, FIP, no duda de que la integración económica de esta población es esencial para asegurar su reincorporación exitosa a la sociedad. El libro Excombatientes y acuerdo de paz con las Farc-ep en Colombia. Balance de la etapa temprana, de la Universidad de Los Andes, calcula en un 40 por ciento la probabilidad de que una sociedad regrese al conflicto en los primeros 10 años después del acuerdo. Asegura que casi la mitad de todas las guerras civiles contemporáneas en el mundo se debieron a un acuerdo colapsado.
Según el libro, un factor de riesgo para la reanudación de la violencia en situaciones de posconflicto es, precisamente, el fracaso de la reintegración de los combatientes desmovilizados.
En Caldas no hay Espacios territoriales de capacitación y reincorporación, ETCR, como se llamaban hasta hace poco las zonas donde se concentran los exguerrilleros, los reinsertados están dispersos en el territorio.
En Caldas la violencia de la guerrilla de las Farc se concentró especialmente en el oriente, donde operaban los frentes 9 y 47. En esa zona viven actualmente 16 de los 48 reincorporados de esa guerrilla.
Cuatro de ellos están en Pensilvania, un pueblo a nueve horas de Bogotá. Para llegar hasta las zonas rurales donde viven hay que recorrer, desde el casco urbano, hasta cuatro horas y media en chiva por una vía destapada.
Salomón sobrevive de lo que cultiva en la finca que aún paga, de la plata de la asignación mensual y de los servicios de primeros auxilios que presta en su vereda. La gente le paga lo que puede. Es enfermero y las Farc continuamente se lo llevaban para que los atendiera, por lo que lo catalogaron como colaborador.
“Me encanta servir a la comunidad y siempre lo he venido haciendo, uno en salud tiene que servirle al que sea”.
Después de pasar siete años en la cárcel regresó a Pensilvania, donde empezó a trabajar como jornalero. Solo cuatro meses después de estar en libertad le llegó el dinero de la asignación mensual.
Dice que confía ciento por ciento en el proceso. Sus energías están concentradas en terminar de pagar la finca y convertirla en una granja autosuficiente: “que no tenga que ir a comprar ni las frutas ni las verduras”.
Una vez al mes los reinsertados deben desplazarse al casco urbano para reunirse con el funcionario de la ARN que hace seguimiento al proceso. Salomón asegura que la entidad mantiene muy pendiente de ellos, pero coincide con sus compañeros en una queja, les cambian continuamente a esa persona. En un principio los relevos eran cada tres o cuatro meses, solo un profesional se quedó un año. Pero cada vez el proceso parecía arrancar de cero, por lo menos en cuanto a documentación. “Nos están tramitando la libreta militar y ya hemos enviado tres veces los papeles. No sabemos si la de ahora nos los va a pedir, porque estamos iniciando, llevamos dos meses con ella. Sería bueno que le den continuidad a eso, que se vea avance”, pide Salomón. No solo es presentar varias veces los papeles, es iniciar de nuevo una relación de confianza entre las partes.
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Nodier saca su celular y muestra las fotos del café, el plátano y la yuca que sembró en el terreno que está pagando. En su libreta, además de los recibos de las cuotas, tiene las cuentas de lo invertido en los cultivos.
Solo estuvo tres días en la Zona veredal de Llano Grande, en Dabeiba, Antioquia, porque lo aburrió la repetición de la rutina de los campamentos guerrilleros: formación por la mañana, a mediodía, por la tarde y prestar guardia. Prefirió irse a trabajar a la finca de su mamá y cuando empezó a recibir la asignación mensual, ella le dio la idea de comprar el terreno de al lado y pagarlo por cuotas.
“A mí me dijeron que después de que tuviera más de cinco mil árboles de café me daban el proyecto productivo. Si ellos quieren ir a contarlos, a mirar el tajo o mirar la escritura, ahí tengo todo para comprobar”, cuenta señalando su morral.
Afirma que ha presentado dos veces los papeles para el proyecto productivo de café. La primera vez le dijeron que no servían y no sabe qué pasó en la segunda porque el profesional de la ARN al que se los entregó se fue y quien lo reemplazó le prometió revisar en qué va el proceso.
Nodier espera vender pronto la primera cosecha de café de dos mil de los cinco mil quinientos palos que sembró, porque por ahora no tiene entradas extras de dinero y lo que recibe mensual lo estira para invertir en los cultivos. Espera también recibir pronto el desembolso de su proyecto productivo, con lo cual le entregarían abono para su cultivo de café, pues el apoyo económico para los proyectos se los entregan en insumos o máquinas para los mismos.
-¿Se le ha pasado por la mente volver a las armas o le han propuesto hacerlo?
-“Noooo. Yo mantengo contento allá en la casa, claro, hay que trabajar, uno vive tranquilo y hay que echar para adelante. La idea mía es organizar la casa, levantar esa finca y quedarme trabajando ahí”, responde rápidamente, sin la menor vacilación.
Teme que en unos años el proceso de paz se dañe y ordenen la captura de los exguerrilleros, por eso pide que si eso pasa respeten a quienes estén trabajando legalmente. “Si el proceso se daña, que paguen los que se volvieron para la guerrilla”, concluye.
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A Yorman le ofrecieron hasta dos millones de pesos para volver a delinquir.
-”Nunca se me pasó por la mente aceptar eso”.
-¿Por qué?
-”Ya había firmado muchos papeles, estaba muy comprometido. Imagínese que a uno lo vuelvan a coger, noooo y la familia, que me apoyó mucho, ¡daba embarrada con ellos”!.
Eso fue en el Cauca, cuando salió de la cárcel. Le ofrecieron irse a una Zona veredal, pero prefirió regresar a Pensilvania, donde nació, a buscar a su familia. “Esto por acá es muy sano, en cuestión de seguridad de uno es bueno y no hay quien haga propuestas de esas”.
Se ha defendido con la plata de la asignación mensual y con lo que le pagan por recoger café en una finca. Quiere que le den la plata del proyecto productivo en químicos y abonos para sembrar café en un predio que tiene en compañía de su hermano. Estaba a punto de enviar los papeles con la solicitud cuando les cambiaron el profesional de la ARN.
-¿Cómo ve su vida de ahora en adelante?
Sonríe. “Quiero tener mi finca, una casa en el pueblo y llevar una vida común. No tener riqueza, pero tener modo de vivir chévere. Tener una moto o un carro. Esas son las metas”.
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Weiman es aserrador. Con trabajos ocasionales en su oficio y con el dinero de la asignación mensual ha sobrevivido mientras que le sale el proyecto productivo. Inicialmente pidió cabezas de ganado, pero en la Agencia lo descartaron por razones que él no sabe explicar. Ahora piensa en una máquina para producir palos de escoba, pero no tiene claro dónde conseguir el proveedor de la máquina.
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Luis estrenó las máquinas para su productora de calzado en febrero pasado, unos nueve meses después de que formuló el proyecto. Le entregaron una guarnecedora, una pegadora de zapatos, una remachadora, una pulidora, un compresor y materiales para la producción del calzado. Las sandalias con las que su esposa va de aquí para allá mientras prepara el almuerzo son la muestra de su trabajo, que por ahora se concentra en calzado para mujer. Luis dice que en los alrededores de Marquetalia, donde vive, no se producen ese tipo de zapatos, por lo que ya le han hecho varios pedidos. Con eso se quiere abrir camino para luego hacer todo tipo de calzado para hombre y mujer y cinturones.
Agrega que entiende de diseño, por lo que no tiene que copiarle modelos a nadie. Aprendió el oficio con el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, mientras estuvo preso por delitos cometidos en la guerrilla.
Sostuvo a su esposa y a su hijo con la plata de la renta básica y trabajando en fincas, cogiendo café, desyerbando o arreglando plátano, lo que hubiera, mientras le salía el proyecto productivo.
Luis está firme con el partido Farc, mantiene comunicación telefónica con antiguos compañeros que le informan las novedades, pero dice que por motivos de convivencia y por razones personales decidió abandonar el ETCR Silver Vidal Mora, ubicado entre El Carmen del Darién y Riosucio (Chocó), donde los integrantes del Frente 57, al que pertenecía, entregaron las armas. Allí pasó un año.
“El proceso de paz es serio y creo bastante en él. Ha habido obstáculos, incluso porque hubo personas que se devolvieron, pero son casos muy particulares, ajenos y respetables, es decisión de cada uno. Así como unos han retrocedido, otros queremos salir adelante con el propósito de demostrarle al país que no somos esos monstruos que pintaban, a todos nos estigmatizaron por lo que hicimos. No, nosotros también somos transformadores sociales”, afirma.
Para Luis volver a las armas tampoco es una opción. Más bien agradece estar vivo y reconoce la oportunidad que el país le está dando a él y al resto del grupo de enderezar el camino.
A los compañeros que esperan el desembolso para los proyectos les pide paciencia porque él es la muestra de que las cosas no se quedan en el papel. Les pide poner el corazón porque se trata del proyecto de vida de cada uno.
Espera convertir su proyecto productivo en una microempresa, enseñarle lo que sabe a gente de la zona y generar empleo.
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Los dos exguerrilleros que viven en Manzanares se negaron a hablar con Colombiacheck. En la ARN nos dijeron que aunque les insistieron, les pudo más el miedo, lo que resulta comprensible debido a que en ese municipio asesinaron el año pasado a Pedro Pablo Montoya Cortés, alias Rojas, el exguerrillero tristemente célebre porque mató y le cortó la mano a alias Iván Ríos, miembro del secretariado de esa organización, con la cual se presentó ante las autoridades para cobrar la recompensa que ofrecían por el cabecilla. Las autoridades investigan el homicidio.
“En relación con los demás puntos de la agenda, el proceso de reincorporación es uno de los más indefinidos y con una implementación más lenta. Esto se debe a que la negociación se sigue dando en el posacuerdo, y no necesariamente son resultado de la falta de cooperación de los dos actores”, esta conclusión del libro Excombatientes y acuerdo de paz con las Farc-ep en Colombia. Balance de la etapa temprana explica la complejidad de la reincorporación más allá de las mutuas acusaciones de incumplimiento que Gobierno y Farc se hacen cada tanto.
La publicación de la Universidad de Los Andes señala que la reincorporación es un tema político, por lo que su traducción en un aspecto técnico obedece a una negociación entre Gobierno y Farc en el Consejo Nacional de Reincorporación, CNR, en donde tienen asiento dos representantes de cada una de las partes.
Según ese análisis, la negociación sobre lo tradicionalmente denominado reintegración no fue abordado en detalle, pues supondría haber dilatado aún más las negociaciones. “El punto de la agenda sobre reincorporación dejó el marco general de algunas herramientas y le encargó al CNR definir la formulación, diseño e implementación del proceso de reincorporación”.
El documento señala lo que parece obvio, pero pocos dicen: si la reincorporación no se planeó en detalle durante el proceso de paz es entendible que la incertidumbre sobre las condiciones de la misma se traslade a la implementación de este punto.
Precisamente por ese aspecto inicia Andrés Stapper, Director General de la ARN, al consultarlo sobre el proceso en Caldas. Dice que en el Acuerdo Final quedaron definidas las líneas generales, pero que la planificación es un proceso mucho más ambicioso y de largo plazo. Lo primero fue saber cuáles eran las necesidades de la población, lo que hizo la Universidad Nacional con el censo socioeconómico de los exguerrilleros. Luego vino el primer documento de política pública, el Conpes 3931, y posteriormente la Política de paz con legalidad en la que el Gobierno Duque trazó sus objetivos frente a la implementación de la reincorporación.
Sobre las quejas de los reincorporados por el cambio continuo de los profesionales de la Agencia, Stapper admitió que algunos tuvieron tres en un periodo muy corto. Aseguró que se debió a situaciones excepcionales con un par de funcionarios, pero resaltó que la entidad ha velado por la constancia de sus funcionarios y directivos.
“Preferimos muchas veces formar las habilidades y competencias de la población para que ellos sepan en qué pueden invertir esos recursos que se definieron en el Acuerdo y los que podemos captar por la cooperación internacional, porque eso va a ser garantía de sostenibilidad económica en el largo plazo, nos focalizamos en generar esas habilidades y competencias, en fortalecer los saberes previos y con base en eso acompañar los procesos de formulación de los proyectos”, aseguró Stapper al preguntarle por qué después de tres años de la firma del Acuerdo, 28 exguerrilleros en Caldas siguen esperando el desembolso de los recursos para sus proyectos productivos.
“No creo que vayamos muy lento, creo que ninguna política a nivel nacional ni internacional haya podido tener los avances que hemos tenido en materia de reincorporación, vincularlos a oferta educativa, a oferta de formación para el trabajo, acceder a recursos de cooperación internacional y también de los entes privados o públicos para generar ese tipo de acciones en materia de reincorporación económica de la población”, concluyó Stapper.
12 exguerrilleros y ocho víctimas del conflicto armado han sacado adelante un proyecto de producción de tilapia roja que ya tiene seis estanques con alrededor de ocho mil quinientos peces. José, líder del grupo, asegura que el proyecto es fruto de la unión de voluntades de varios sectores. Hasta ahora el grupo de exguerrilleros no ha invertido dinero porque no les han desembolsado los recursos para ello.
El Resguardo indígena de Cañamomo y Lomaprieta, en Riosucio, municipio del occidente caldense a dos horas de Manizales, les cedió el terreno en comodato y la Gobernación de Caldas, durante la anterior Administración, les donó 65 millones de pesos en peces, alimento para los animales y material de infraestructura. “La gobernación nos dona, pero nos compromete a nosotros a poner la mano de obra”, anota José.
Las alcaldías de Riosucio y Supía, municipio vecino, aportaron la maquinaria y la mano de obra para adecuar el terreno, la Misión de Naciones Unidas en Colombia donó 10 mil dólares y cooperación internacional otros 52 millones de pesos, informó la ARN. La Universidad Nacional los capacitó en mercadeo y cinco se graduaron como técnicos agropecuarios en Panaca. El Sena también los capacitó.
José es consciente de que ellos tienen parte de responsabilidad en la demora de los desembolsos para el proyecto. “Hay que hacerse la autocrítica, no hemos podido avanzar en trámites como la apertura de una cuenta bancaria y eso nos compete, pero también nos ha faltado más acompañamiento para despejar inquietudes porque para nosotros son nuevos esos trámites”.
El líder de los exguerrilleros dice que han sentido estigmatización muy fuerte y que no han encontrado apoyo de la ARN en ese sentido. Además, le preocupa la seguridad.
José habló de un hostigamiento armado días antes de que los visitáramos, situación que ya nos había advertido la ARN antes del viaje. En la zona también se han registrado incendios de trapiches paneleros de la comunidad y las autoridades investigan la aparición de grafitis del Eln en febrero pasado en ese Resguardo.
Mientras este grupo de exguerrilleros espera que los peces crezcan lo suficiente para vender la primera cosecha, viven de la asignación mensual, que en muchos casos no les alcanza para cubrir todos los gastos.
Pero José piensa en otro tipo de negocios en el futuro, como la producción y venta de panela o café, pues la naturaleza jurídica de la cooperativa Coomipaz, que conformaron víctimas y exguerrilleros, les permite diversificar sus actividades económicas.
Ángela y Eduardo son una pareja de excombatientes que puso una veterinaria luego de que se desmovilizaron en el proceso de paz. Han salido varias veces en medios de comunicación porque la ARN ha visibilizado su experiencia como ejemplo, pero ahora no quieren mostrarse, tienen miedo, a pesar de vivir en un municipio tranquilo cerca de Manizales.
Antes de empezar la entrevista, Ángela dejó claro lo que piensa: el Gobierno no ha empezado a hacer los cambios estructurales pactados en el Acuerdo Final como la distribución de tierra para que los campesinos pobres produzcan y a los exguerrilleros los está matando sin que nadie lo impida. Al Gobierno solo le interesaba el desarme.
Ella es veterinaria profesional y él es técnico agropecuario y esteticista canino. Desde que se desarmaron pensaron en la idea de la veterinaria. La familia de Ángela les proporcionó 16 millones y medio para abrir el negocio, de los cuales siete millones son un préstamo que la mamá de ella gestionó con una cooperativa y que ahora ellos están pagando. El desembolso para el proyecto productivo les llegó un año después de que presentaron la propuesta y tres meses después de tener la veterinaria abierta.
“Yo tenía la ventaja de que en la universidad vi un semestre de administración de proyectos agropecuarios, entonces cuando nosotros le presentamos el proyecto a la ARN lo teníamos casi listo, pero la realidad es que para los muchachos es muy difícil porque ellos tienen la idea, pero llenar los formatos es difícil, tienen que estar acompañados por alguien del Sena o de la ARN”, asegura Ángela.
Sin dudarlo, Ángela dice que se devolvería a la guerra, pero que no hay una organización armada con los ideales políticos que la convenzan y dice que ya está vieja y para la guerra se necesita tener buen estado físico. A Eduardo las disidencias le ofrecieron plata para que se devolviera.
“Tuve la oportunidad de hablar con el camarada Timo y la respuesta fue: nunca se dijo que esto iba a ser fácil, dijimos que nos tocaba tragar tremendos sapos y nos toca hacerlo, usted es joven e inteligente y está capacitado, hágalo, no se eche para atrás”, cuenta Eduardo.
Ambos son revolucionarios natos, estaban en la guerra defendiendo unos ideales y son críticos del proceso y de la sociedad a la que llegaron, pero siguen abriendo todos los días su veterinaria.
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Deisy no teme tanto por su seguridad, se siente a salvo en Manizales, pero sí teme que la gente sepa su pasado y la juzgue, por eso mantiene encerrada en la casa de su familia y solo sale para lo necesario.
En la primera planta de la casa hay cuatro máquinas de coser que se ven apenas se abre la puerta, la cuarta está en el segundo piso. Son las herramientas que le entregaron para poner a rodar el taller de confección que propuso como proyecto productivo.
Por ahora se dedica a coser bolsas ecológicas para una señora que le da trabajo ocasionalmente. Hizo un curso de operaria de confección de ropa industrial exterior en el Sena porque lo que quiere es confeccionar ropa, por eso está terminando el bachillerato para luego hacer un técnico o tecnólogo en confección.
Cuenta que pasó alrededor de año y medio desde que propuso el proyecto productivo hasta que le entregaron las máquinas y que ese tiempo vivió, sobre todo, de la renta mensual y de la ayuda económica de su papá. “He tenido épocas donde he ido a trabajar, pero por la falta de experiencia se le dificultan a uno mucho las cosas en la ciudad, ahí toca irle haciendo”.
Aunque los pocos que saben que ella hizo parte de la guerrilla de las Farc la han recibido bien, sigue temiendo que la señalen, incluso piensa que es difícil establecer relaciones afectivas porque tarde o temprano le van a preguntar por su pasado y no quiere mentir, pero sabe que por decir la verdad la pueden rechazar.
*Omitimos el nombre completo de los exguerrilleros por motivos de seguridad.
*Texto: Sania Salazar Gómez. Fotos y videos: Nicolás Rodríguez.