El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) hace parte de una de las cuatro tareas encaminadas a la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas del Acuerdo de Paz y es considerada una de las primeras iniciativas de sustitución que integra a los recolectores, las familias cultivadoras de coca y las no cultivadoras. Según el Informe del Centro de Pensamiento y Diálogo, entre agosto de 2018 y julio de 2019 el Gobierno Nacional ha invertido en el PNIS $492.921.343.833 y a la fecha hay más de 99.000 familias inscritas. Durante los dos años de implementación del programa se han firmado más de 50 contratos relacionados con la socialización, inscripción y la llegada de la asistencia técnica en las regiones.

En el marco del proyecto “Los Números del Posconflicto” de Consejo de Redacción y medios periodísticos aliados, se revisó la información pública de la plataforma SECOP de Colombia Compra Eficiente y se encontró que hasta el primer semestre de 2019 se firmaron contratos relacionados con el PNIS y se ejecutaron 18 proyectos de asistencia técnica en los departamentos de Guaviare y Meta. En los demás municipios priorizados por el PNIS los contratos llegaron hasta la fase de socialización e inscripción de familias (año 2017 y mediados de 2018).

Líderes y lideresas de sustitución de cultivos de uso ilícito en las regiones exigen que se cumpla lo pactado en la primera fase, que hace referencia al Plan de Atención Inmediata (PAI). Milena Ariza, técnica de la asociación Agroparques, explica que el PAI consiste en que cada familia recibe $1.800.000 mensualmente para ser invertidos en mallas, semillas, plantas, mangueras, todo lo necesario para la creación de una huerta casera. En las huertas se debe sembrar plátano, yuca, maíz, hortalizas y frutales. En algunas zonas se integran otros alimentos según las condiciones del suelo, el clima y la dieta de las personas.

Sin embargo, cerca de 67.000 familias no han recibido estas ayudas e incluso, cerca de 1.000 fueron retiradas del programa, según la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), por incumplimiento a lo pactado.

En la vereda Los Alpes de Vistahermosa, Meta, las familias llevan dos años esperando las huertas caseras y, al parecer, hasta el mes de noviembre de este año llegarán, afirma Luis Francisco Martínez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda. De este caso, no se encontraron contratos en la plataforma SECOP, por lo que no se pudo hacer seguimiento del caso.

¿Qué es el PNIS?

El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito ­(PNIS) se creó el 29 de mayo de 2017 con el Decreto 896, dándole cumplimiento a lo pactado en el punto 4 del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las Farc. Este programa hace parte de una de las cuatro tareas encaminadas a la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas del Acuerdo y es considerada una de las primeras iniciativas de sustitución que integra a los recolectores y a las comunidades cocaleras en su construcción.

Desde su creación, el PNIS estuvo a cargo de Eduardo Díaz desde la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos adscrita a la Alta Consejería Presidencial para el Postconflicto del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Pero en 2019 el gobierno de Iván Duque eliminó la Dirección de Sustitución, a través del decreto 179 del mismo año, y al frente del PNIS quedó la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.

Según lo establecido en el Acuerdo Final, el PNIS tendrá una vigencia de 10 años y aunque su cobertura es nacional, la etapa de implementación inició en territorios priorizados por la densidad de cultivos ilícitos, zonas PDET y Parques Nacionales Naturales.

Con este criterio se priorizaron 56 municipios de 14 departamentos: Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Córdoba, Guainía, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Valle del Cauca y Vichada. Según el censo del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de 2017, en estas zonas se concentran el 66% de estos cultivos.

“¿La asistencia técnica para qué?”

Según el Informe No. 18 de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), 60.731 familias cuentan con servicio de asistencia técnica integral en 50 municipios de 14 departamentos del país, por un periodo de dos años. Para esto, la UNODC y la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos crearon una hoja de ruta con seis pasos para seleccionar las organizaciones que iniciaron la asistencia técnica en los siguientes municipios: Puerto Rico y La Montañita (Caquetá); Briceño (Antioquia); Tibú (Norte de Santander); Tumaco (Nariño); San José del Guaviare (Guaviare); Uribe (Meta); y Puerto Asís (Putumayo).

Según Milena Ariza, técnica del PNIS, el proceso de asistencia se está yendo en la verificación de la documentación enviada al PNIS, el panorama general de la finca (cultivos, acceso a agua, luz, comercialización de productos), la revisión de cultivos y en recomendaciones. Con esta información, se da paso a la formulación del proyecto productivo para implementarlo el siguiente año.

Al 31 de julio de 2019, cerca de 44 organizaciones, universidades y corporaciones están al frente de los procesos de diagnósticos de líneas productivas en los territorios, de la creación de huertas caseras para la seguridad alimentaria y posteriormente, la formulación de un proyecto productivo de largo alcance. En el municipio de Miraflores, Guaviare se han ejecutado cerca de 20 contratos de asistencia técnica ejecutados por la Corporación Centro Provincial de Gestión Agroempresarial del Guaviare y Sur del Meta (CEPROMEGUA). Llama la atención que en la base de datos de SECOP no se encuentran más contratos relacionados con el PNIS, a nivel de asistencia técnica, en las demás zonas priorizadas donde hay conocimiento de que sí se están realizando. Algunos líderes del Putumayo a investigadores del tema nos mencionaron que allí sí se están realizando proyectos.

Según Camilo Acero, investigador del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, “allá ya tienen contratos y para la fecha ya deben estar terminando los de asistencia técnica”. Acero afirma que cada familia inscrita al PNIS tiene $3.200.000 de asistencia técnica por dos años pero en ese tiempo “no se pueden garantizar las condiciones de sostenibilidad de los proyectos”. Esta es una de las grandes problemáticas que el investigador encuentra en el programa, además de no estar claro cuál era la función de las alcaldías y las gobernaciones en estos procesos: “No se piensan crear procesos sólidos donde las alcaldías entren y se les de posteridad, no hay nadie que dé garantías de la continuación de la asistencia técnica para los campesinos”, afirma.

Los incumplimientos y las demoras han generado malestar en las familias inscritas del programa porque como comentan los campesinos de la vereda Los Alpes de Vistahermosa, Meta “nosotros fuimos una de las veredas que decidimos hacer las cosas conforme la ley para que nos cumplieran igual, pero el campesino sí cumplió, el gobierno no nos ha cumplido”.

En el departamento del Caquetá sucede algo parecido. De 14 municipios integrados al PNIS solo 9 fueron priorizados pero en tan solo dos el proceso va más adelantado,  afirma Rigoberto Abello integrante de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca Amapola y Marihuana (COCCAM) del departamento. Abello también menciona que la poca cobertura y la mínima duración por visita de asistencia técnica (45 minutos) se traduce en un desfase de lo acordado y en más demoras para la formulación de los proyectos productivos.

En el departamento vecino están padeciendo la misma situación. En Orito, Putumayo, hay 3.234 familias inscritas al programa y en algunos casos no han llegado ni las huertas caseras, ni los pagos ni la asistencia técnica. “Todos los compromisos y acuerdos que se habían firmado tenían que cumplirse, todos los proyectos de energía, vías de comercialización se deben garantizar y no hay nada”, afirma Antonio Paguay integrante de  la COCCAM del departamento.

Desconociendo estas situaciones, la cifra oficial de familias cubiertas por la asistencia técnica en seguridad alimentaria es de 60.731. Pero desde el Centro de Pensamiento y Diálogo se publicó un informe en septiembre de 2019 mencionando que a la fecha, realmente, habían 32.679 familias cubiertas por estos servicios del PNIS. Esta situación ha generado que familias que habían esperado durante 2 años la llegada de la asistencia técnica se retiren del programa y genera un quiebre en este servicio, pues como afirma Milena Ariza, “si disminuye el número de familias, disminuye el número de técnicos contratados”.

La formulación y creación de los proyectos productivos del PNIS es la alternativa para el tránsito de las familias cocaleras a una economía legal y estable. Durante los dos años de implementación del programa, no se ha dado inicio a ninguno de estos proyectos que no pueden ser de cualquier cosa.“Al principio se le planteaba a la gente que ellos podían escoger el proyecto productivo, pero realmente desde el nivel nacional se ha dicho que los proyectos deben estar enfocados en el marco de cinco líneas productivas: caña, palma, café, ganadería y cacao”, comenta Rigoberto Abello de la COCCAM de Caquetá.

Sin embargo, algunas asociaciones locales están trabajando en otras propuestas para presentar proyectos productivos acordes a los suelos, a las necesidades de las personas y a la conservación ambiental. En Caquetá, las comunidades quieren cultivar sacha inchi, una especie de maní amazónico que se da en la región, el cual es económicamente viable y generaría mejores ingresos a las familias campesinas.

¿Y los recolectores?

El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito ­(PNIS) fue aplaudido por académicos, organizaciones de derechos humanos y líderes, porque es el primer programa de sustitución que integra a los recolectores de hoja de coca en el proceso.

Dos años después de iniciar, se han presentado problemas en la vinculación y demoras en los pagos. Según la UNODC, al 31 de julio de 2019 están vinculados 5.701 recolectores para el desarrollo de actividades de interés comunitario, es decir, actividades de mejoramiento de condiciones ambientales y/o infraestructuras (arreglo de carreteras, caminos veredales, mantenimiento de escuelas, entre otros).

Pedro Arenas, representante de la Corporación Viso Mutop que trabaja en alternativas sostenibles en contextos de economías consideradas ilícitas, afirma que además de las obras de interés comunitario, los recolectores tienen un compromiso de estudiar. Uno de los aspectos que ha generado demoras en el avance de este proceso es “la carencia de oferta educativa en la mayoría de los municipios donde se encuentran y la lentitud entre la contratación del Gobierno, la UNODC y los operadores”, afirma Arenas.

Los recolectores reciben ingresos mensuales de 1 millón de pesos a través de un contrato de prestación de servicios con las organizaciones del territorio y se les garantiza su vinculación al Sistema General de Seguridad Social. Tan solo 4.528 recolectores están trabajando en 727 veredas de 31 municipios del país.

Según la UNODC, más de 1.100 recolectores de hoja de coca no han recibido pagos ni han iniciado sus labores, según lo estipulado en el programa, incluso, varios han tenido problemas en el proceso de inscripción. Los recolectores y recolectoras de los departamentos de Caquetá, Meta y Putumayo han sido los más afectados.

En Vistahermosa llaman el asunto de los recolectores en el PNIS “una mesa de tres patas” porque el Gobierno, los campesinos y las Farc toman decisiones diferentes frente al caso y llegan a conclusiones poco acertadas, según la comunidad. “En el proceso quedaron 16 recolectores pero el día de la elección decidieron que solo entraban 8, la gente está reclamando que por qué no entraron todos. La razón fue que no se les pagaba a todos porque eran muy poquitas las plantas que habían para esa cantidad de raspachos”, comenta un líder de la región.

Aunque las cifras sobre erradicación voluntaria sean alentadoras para algunos, 37.629 hectáreas en el país, la situación en las regiones es más compleja y desesperanzadora. En muchos municipios priorizados por el PNIS la asistencia técnica finaliza en menos de un año y en otros, siguen a la espera de recibir lo pactado. La poca pedagogía, el desconocimiento del proceso y la lentitud en los pagos pesa cada vez más en las expectativas de las casi 99.000 familias inscritas al programa. El deseo de llegar a una economía legal, sólida y que garantice el sustento de familias recolectoras y cultivadoras de coca es cada vez más lejano.

*Imagen de portada tomada de la investigación 'Caquetá, la sustitución que no fragua', en el marco del proyecto DD.HH en el posconflicto colombiano. Por Andrés Cardona

Este reportaje es el resultado del proyecto periodístico colaborativo ‘Los números del posconflicto’, que pretende abrir los datos y sumar a la construcción de una agenda de seguimiento sobre los dineros para la paz en Colombia. Iniciativa de Consejo de Redacción y VerdadAbierta.com en alianza con medios colombianos. Visita el medio aliado Rutas del Conflicto.