Estamos en su casa, situada en Vegáez, aldea a cinco horas al norte de Quibdó. Desde aquí se ve el río muy cerca, tal vez a veinte metros, y de fondo las montañas de la cordillera occidental. Con unos 350 habitantes, Vegáez es considerada la “capital del Arquía” porque es donde hay más casas de material —cemento y ladrillo—, en comparación con los otros poblados de la cuenca en los que predominan las construcciones en tabla rústica. Aquí están el colegio de bachillerato y el puesto de salud, hay andenes pavimentados y una planta diesel que sirve energía en horas nocturnas.

Con Ezequiel, hay otros diez excombatientes sentados en círculo atendiendo las preguntas que les hago, narrando esa novela de esperar al Estado que parece no tener final. Algunos visten su ropa diaria, botas y machete en mano, porque hasta hace unos minutos estaban trabajando la parcela de la familia; otros lucen uniformes de fútbol, guayos y todo, pues hoy se jugarán partidos entre los equipos de las comunidades vecinas; también habrá fiesta en la noche para celebrar el cumpleaños 29 de Ezequiel, quien después de catorce años en la guerrilla ha podido decorar su casa con bombas de colores.

Durante las negociaciones entre el Gobierno y las farc en La Habana, más puntualmente desde el cese bilateral del 29 de agosto de 2016, los integrantes del Frente 34, más los de la columna móvil Aurelio Rodríguez, y los milicianos que operaban en las cabeceras municipales de la zona —unos 470 guerrilleros— se reunieron en lo que técnicamente se denominó Punto de Preagrupamiento Territorial (ppt), a veinte minutos aguas abajo de Vegáez, en terrenos de otra comunidad llamada Vidrí, para iniciar la socialización interna del contenido de los acuerdos.

Una vez firmado en noviembre del mismo año el “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, se instalaron en Colombia las diecinueve Zonas Veredales de Tránsito y Normalización (zvtn) y los siete Puntos Transitorios de Normalización (ptn), para propiciar la dejación de armas y preparar la reincorporación de las farc a la vida civil, su acreditación y su paso a la legalidad. Fue entonces cuando lo de Vidrí pasó de ppt a ptn y se proyectó para una duración de 180 días: entre el 2 de diciembre de 2016 y el 31 de mayo de 2017.

En el ptn de Vidrí quedaron registrados, definitivamente, 181 excombatientes —entre los que estaban los 36 nativos— quienes ayudaron a levantar una infraestructura de viviendas temporales sobre un área de casi seis mil metros cuadrados. Cada vivienda contaba con cama, armario, escritorio, cocineta y baño. Una planta de tratamiento irrigaba el agua a las viviendas. Se instalaron pozos sépticos, cajas de inspección y trampa de grasa, y dos plantas eléctricas insonorizadas con tablero de control. En Vegáez y en la comunidad de Vidrí, se construyó en material la caseta comunitaria, y en Vegáez se readecuó el centro de salud para atender a la población de toda la cuenca del Arquía.

A este ptn llegaron combatientes que habían estado en la guerra hasta durante treinta años; el que menos, cinco años. Habían vivido en condiciones extremas por el clima, las largas caminatas bajo la lluvia con veinte kilos al hombro de equipos de sobrevivencia y armas, sin casa fija ni colchón, tomando agua de las cañadas o la lluvia, defecando en el rastrojo, sufriendo enfermedades, picaduras de culebras y escondiéndose todo el tiempo de la fuerza pública. De ahí que pasar a habitar el ptn de Vidrí prometía ser una oportunidad de vida, pues este contaba con algunas adecuaciones que ningún otro pueblo o comunidad del Atrato ha llegado a tener. 

Agotados los 180 días, los ptn se convirtieron en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (etcr), con el fin de implementar los procesos de instrucción laboral para los integrantes de las Farc y su reincorporación a la vida civil, preparar proyectos productivos y atender las necesidades de formación técnica de las comunidades aledañas, en un modelo de reincorporación comunitaria.

Sin embargo, en el etcr de Vidrí, las capacitaciones no pudieron progresar; mucho menos, la reincorporación. Y antes de los siete meses de haber sido construido quedó deshabitado. Al recorrerlo hoy, uno encuentra mugre, vidrios rotos, paredes ralladas, ropa tirada, papeles, libros, uniformes podridos; no hay camas, ni armarios, ni inodoros y la maleza poco a poco se adueña de las viviendas. 

En junio de 2018, el Gobierno expidió el decreto que suprimió el etcr de Vidrí junto con el de Tierra Alta, en Córdoba. Los excombatientes nativos del Arquía sienten que el espacio se sostuvo mientras el Gobierno pudo suministrar los víveres; en concreto, mientras la dejación de armas y la primera etapa de construcción, momentos en que llegaban funcionarios estatales, garantes internacionales del proceso de paz, y el ambiente entre excombatientes era de confianza hacia el Gobierno. Pero al ver que los proyectos de capacitación y reincorporación no se concretaban, los exguerrilleros dejaron de creer y empezaron a irse.

II.

El Frente 34 de las farc tuvo su área de operaciones entre la cordillera occidental y el río Atrato, desde Quibdó hasta Riosucio, Chocó, en unos dos mil kilómetros cuadrados de selva tupida y ríos caudalosos, con incursiones hacia los municipios del occidente antioqueño. Su retaguardia, en cambio, ocupó un área menor y recóndita: la selva entre los ríos Arquía, Murrí, Bebará y Bebaramá, desde la cordillera occidental hasta desembocar en el Atrato, área perteneciente al municipio, también antioqueño, de Vigía del Fuerte.

El trato cotidiano con las comunidades, la permanencia en la zona y el rol de Estado que muchas veces cumplía esta guerrilla propiciaron que buena parte de las gentes del lugar se hicieran ‘simpatizantes’ y pasaran a constituir su ‘base social’. Por supuesto, no pocos de los jóvenes lugareños fueron reclutados como pie de fuerza.

Cuando llegó el momento de decidir la ubicación exacta de los ppt, las farc tuvieron en cuenta varios criterios, como el arraigo que la tropa sentía por el lugar, lo estratégico que pudiera ser el punto para desarrollos productivos e, incluso, lo práctico que fuera, si a los combatientes les tocaba escapar, en caso de que lo que acontecía en La Habana se frustrara. 
En Vidrí, dos de las tres condiciones se cumplían a cabalidad. Esta guerrilla sentía como propia la cuenca del Arquía, además de que les resultaba inmejorable como punto de fuga, porque en minutos podían remontar la cuesta de la cordillera, que en esta zona es manigua virgen. Sin embargo, no era claro de qué forma iban a convertir el terreno en un punto productivo.
Para empezar, tenían en contra la lejanía. 

Llegar a Vidrí obliga a navegar aguas arriba por el río Atrato en una panga o lancha rápida durante dos horas y media al menos, con salida desde Quibdó y desembarco en la comunidad ribereña de Tagachí, región del Medio Atrato. Allí hay que transbordar a un bote o canoa artesanal para retomar el río Arquía, con la corriente en contra. Alcanzar Vidrí puede tardar otras dos horas, siempre y cuando el caudal permita mantener el motor de la canoa a fondo. Cuando el caudal se reduce por escasa lluvia, este trayecto llega a tardar seis, siete y hasta ocho horas, porque no se puede usar el motor, hay que empujar la canoa con palanca contra el lecho del río y a los pasajeros les toca bajarse y continuar a pie, por senderos rayados entre la selva o al borde del río.

Aunque hubo veces en que la comisión del proceso de paz llegó a Vidrí por río, muchos de los viajes fueron en helicóptero.
En la cuenca del Arquía pueden habitar 2500 personas que cultivan de manera ancestral los alimentos, muy acordes con el clima y la calidad de la tierra: Una variedad de piña, algunas de plátano y banano, caimito, zapote, borojó, cacao, bacao, papa china o cepa, yuca, ñame, guayaba agria, badea, palma de ‘milpesos’, árbol del pan, caña y arroz; semillas de otros productos no se adaptan bien. De intentar cultivos tecnificados, lo más difícil sería llevar la cosecha a los mercados cercanos en Quibdó y Vigía del Fuerte; ni hablar de mercados más distantes y lucrativos como Medellín o Pereira, que son las dos ciudades conectadas por tierra con el Chocó. 

Sin carreteras que salgan del Arquía, el costo de los fletes por río elevaría el precio de cada producto hasta hacerlo poco competitivo. Un dato: el transporte de un bulto de yuca por la carretera Quibdó-Medellín en un camión de carga puede valer 40 mil pesos; ahora, sacar ese bulto de la cuenca del Arquía y ponerlo en Medellín, pagando fletes de río y carretera, puede costar cuatro veces más. 

Y si en un futuro cercano, el Gobierno hablara de abrir una carretera entre la cuenca del Arquía y la cabecera municipal de Urrao o Quibdó, habría que poner en discusión el impacto ambiental y los efectos que una obra de este calibre tendría sobre un ecosistema casi inexplorado.

III.

Además de la lejanía, sobrevinieron los desencuentros con la comunidad y sus organizaciones de base.
Luego de que las farc hubieran señalado el terreno de Vidrí como futuro ptn, las comunidades del río Arquía expresaron posiciones encontradas. Una cosa era sobrellevar la convivencia con campamentos guerrilleros por intimidación de la armas y otra empezar a ser vecinos de un poblado que duraría, cuando menos, los dos años estipulados por los Acuerdos, que podrían existir los etcr, como escenarios de la primera fase de reincorporación. 

Algunos se inclinaban a confiar en las farc y su voluntad de paz; otros temían que cualquier desavenencia entre las partes desatara la guerra y facultara a la fuerza pública para abrir fuego, incluso, dentro de las comunidades. Y unos más no confiaban para nada en la guerrilla. Tales desacuerdos despertaron la tensión entre los actores. Según el antropólogo Jesús Antonio Flórez, vinculado a la Diócesis de Quibdó y acompañante de todo este proceso, aunque las comunidades hubieran estado de acuerdo con el ptn de Vidrí, lo tomaron como “una imposición de las farc”. La razón fue que su organización social no pudo oponerse.

En esta región, la tierra es propiedad colectiva del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, Cocomacia, lo que la hace inembargable, imprescriptible e inalienable, según la Ley 70 de 1993, conocida como Ley de Comunidades Negras. A su turno, este Consejo le reconoce a cada comunidad el área que le corresponde, así como cada comunidad le reconoce a cada familia el predio exacto que históricamente ha habitado. El uso y tenencia de la tierra por parte de la familia o de una persona se hace bajo la figura de usufructo.  

Un agente de cooperación internacional garante del proceso, que pidió reserva de identidad, explicó que desde el principio existía preocupación por parte de algunos líderes del territorio, pues no estaban muy de acuerdo en que se utilizara este lugar para edificar el ptn, sin haberlo consultado antes con Cocomacia. La negociación previa había sido entre la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (oacp) y la persona que aparecía como tenedora del predio.

Cocomacia siempre supo que la guerrilla había elegido a su capricho ese punto y que la oacp actuaba acogiendo la decisión. Si hubiera exigido su derecho constitucional, cocomacia hubiera podido presentar una tutela para detener la construcción del ptn mientras se cumplía con un requisito de ley fundamental: la consulta previa con las comunidades. Pero no lo hizo para que la organización social no fuera la que obstaculizara la paz. William Rivas, quien en ese momento era asesor jurídico de Cocomacia y más tarde enlace territorial de la oacp, explica: “No quisimos hacer demandas por la consulta previa porque considerábamos que no iba a sentar bien, ni al Gobierno ni a las farc, ni a las comunidades, que querían que el proceso de paz se hiciera realidad. Analizamos que si hacíamos esa exigencia, las partes podían hacer la lectura de que nosotros éramos un obstáculo”.

En la mitad de la discusión estaban los 36 miembros de las farc nativos de la cuenca. Su argumento central para convencer a las comunidades era la oportunidad de recibir un beneficio general para todos. La lógica que promovían era, más o menos: “Si hemos estado en la guerra, conviviendo con la guerra y hemos sufrido, y nos ha afectado, pues queremos que ahora el Gobierno nos mire”. En otras palabras: que el etcr de Vidrí sería un nuevo caserío que ayudaría a que el país se diera cuenta de que a orillas del río Arquía hay poblaciones con historia, que la zona no es solo selva y necesita atención del Estado.

El mensaje de “beneficio para todos” caló en la gente y el Gobierno empezó a edificar el ptn, al mismo tiempo que trataba de suplir las carencias más apremiantes de los poblados. Las siete comunidades del Arquía recibieron, cada una, un motor para canoa de uso comunitario y un motor más para sacar sus cosechas. En Puerto Palacios, poblado a una hora de Vidrí río abajo, fue instalada una trilladora y secadora de arroz. El sena capacitó en manejo de residuos sólidos a más de doscientos campesinos y graduó a otro tanto de bachilleres. Se organizaron actividades de reconciliación, como torneos de fútbol con equipos conformados entre los campesinos y los excombatientes. Y aunque empezó a reinar un ambiente de optimismo en el Arquía, fueron surgiendo nuevas tensiones.

IV.

Una persona de la comunidad que sirvió de enlace entre las partes y los aldeanos, y que también pidió reserva, me dijo que la onu y las farc parecían estar de acuerdo en todo y “hacían pronunciamientos en contra de la oacp”. Según su interpretación: “la onu llegó a cada uno de los espacios con el ánimo de subordinar a todo el mundo; por eso, los enlaces locales no fuimos compatibles con la onu”.

De otro lado, los líderes de los excombatientes empezaron a cuestionar que los contratistas incumplieran lo pactado. “Eso fue un desorden”, dice Johan Romaña, joven de 29 años nativo del Arquía, quien fue miliciano de las farc en Quibdó mientras cursaba la carrera de Derecho. Hoy solo espera terminar la judicatura para recibir el diploma. De ahí que los excombatientes nativos lo consideren su vocero. En su explicación, el Gobierno había acordado con los consejos comunitarios vincular a los aldeanos en las obras de construcción y adecuación del ptn para dar empleo y dinamizar la economía, pero “eso nunca pasó, los contratistas no le cumplían a la gente con los pagos, trajeron gente de afuera y hasta la madera la querían traer de otro lado; aunque al final, por nuestra presión, se la compraron a los campesinos”.

Nevaldo Perea, líder comunitario del Arquía, se tomó el trabajo de consultar con los líderes de comunidades vecinas y no solo refrendó la explicación de Johan, sino que la extremó: “Ni siquiera la madera; una mínima parte que ya tenían cortada y esperando en el río. El resto la trajeron de Quibdó y de Brisas”. 

Lo que siguió después fueron días al ritmo de la ribera y la selva húmeda: lentos y adormecedores. Debido a la paquidermia del Gobierno para llevar a cabo la implementación de los Acuerdos, las mejoras de infraestructura en las comunidades, la construcción del etcr y las dotaciones para cualificar el transporte no trascendieron a cambios y transformaciones estructurales de la vida de esta población. El Estado fue perdiendo presencia, la implementación se fue aguando y lo que antes era optimismo y confianza en el Estado se fue transformando en desilusión y recelo. Los líderes de los 181 excombatientes que habitaban el etcr se vieron obligados a empeñar su palabra, so pena de que la implementación siguiera siendo un enredo: “Tranquilos que esto se va componer”, les decía Johan. 

Hasta que los excombatientes no nativos se empezaron a llenar de afanes propios. A William Rivas le dijeron que llevaban diez, treinta años en la guerra y solo esperaban quedar registrados y acreditados para que les empezaran a consignar la mesada y poder salir a visitar a sus familias. Johan y otros líderes trataban de mantener al grupo cohesionado; si alguien se iba, lo comprometían a que volviera pronto; si alguien se dejaba ver amilanado o falto de esperanza, los líderes lo motivaban.
La situación aguantó hasta finales de septiembre de 2017, días en que fue lanzado el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, en Bogotá. Pero, “al no ir cumpliendo con los proyectos, las cosas fueron saliéndose de su cauce —dice Johan—. Les fueron quitando a los líderes los motivos que tenían para mantener a la gente ocupada y pendiente de las cosas. Llegó el momento en que cada quien empezó a ver cómo resolver su situación y se fue yendo”.

Para octubre, los únicos que quedaban en el etcr, y de manera intermitente, eran los excombatientes nativos del Arquía. Como las casas de sus padres estaban en las comunidades vecinas, iban y venían, dormían allí y allá, para no dejar tirado del todo el espacio que, hasta ese momento, era la única prueba tangible de que el Gobierno era capaz de cumplirles lo acordado. Pero un día ya no volvieron más: “A uno ya le daba como susto estar durmiendo así. Por eso, los pocos que quedábamos nos fuimos para la casa de la familia”, dice Ezequiel.

La pregunta que quedó flotando, sin embargo, fue otra. Si en los otros 26 etcr la implementación de los Acuerdos ha sido, cuando menos, demorada y desmotivadora, ¿por qué los excombatientes no los abandonaron en desbandada, como sí a Vidrí? 

La respuesta se encuentra en el cabo suelto que quedó con Cocomacia.

V.

La misión de Cocomacia es la de preservar la pertenencia de la tierra ancestral como forma de mantener viva la cultura raizal de las comunidades afrocolombianas de la región del Medio Atrato. Cuando lograron la titulación colectiva de la tierra mediante la ley de negritudes, se blindaron ante la posibilidad de que personas adineradas o empresas quisieran comprar parcelas o fincas de gran tamaño. Con ello, evitaron ser colonizados y perder la ascendencia sobre el territorio y su cultura.

Como las fuentes lo expusieron líneas atrás, Cocomacia evitó interponerse en la decisión de las farc de escoger su punto de agrupamiento en la cuenca del Arquía. Y así como fue generosa en este paso, fue celosa en el siguiente: se opuso a que los 181 excombatientes registrados en Vidrí permanecieran en el territorio los dos años de la primera fase de reincorporación. Si lo permitía, Cocomacia hubiera expuesto ese territorio a un repoblamiento mestizo, porque los excombatientes hubieran llevado adelante sus proyectos productivos engendrando arraigo de colonos.

“En varias reuniones, las farc decían a boca llena que donde más se iban a quedar era en el Arquía porque ahí tenían su base social”, dice William Rivas. “Entonces, Cocomacia manifestó que no lo quería”. Rosendo Blandón, actual representante legal de cocomacia, añade que si los hubieran dejado quedarse esos dos años, es como si la organización social hubiese estado de acuerdo con la implementación de los proyectos productivos. “Y no estamos de acuerdo que en nuestro territorio se desarrollen los proyectos productivos de los excombatientes que no son nativos, porque esa sería la oportunidad de un repoblamiento del territorio ancestral con foráneos. La política de los 124 consejos comunitarios que integran esta organización es la de proteger el territorio ante cualquier repoblamiento”.

 Ya en el terreno, algunos excombatientes se sintieron contrariados e impotentes. Un antiguo mando medio llamado Édinson Tapias, cuyo alias de guerra fue ‘Chaverra’, le preguntó a un líder comunitario, en un tono entre rabioso y resignado: “¿Y entonces para dónde nos van a mandar?”. El líder le contestó: “Los que no son de aquí se deben ir. Acá solo hay tierra para los que son de acá”.

En una entrevista con quien fue el comandante del Frente 34 y tuvo bajo su liderazgo el movimiento de los casi quinientos excombatientes que en principio llegaron a Vidrí, alias Pedro Baracutao, y cuyo nombre de pila es Ancizar García, le pregunté si ellos habían sido conscientes de la ley que protege la cuenca del Arquía. Contestó que sí, pero que habían creído que el Gobierno Nacional podía encontrar la manera de solucionarlo. Un tanto inocente sobre el hecho de que las leyes constitucionales están por encima de cualquier gobierno, añadió: “Estamos en un país que, así tenga las leyes indígenas o las leyes de negritudes, hay un gobierno que es el que debe de mirar cuál es el mecanismo más correcto para eso. Y a quien le haya correspondido debió de haber mirado cuál era la responsabilidad real para llevar a cabo los proyectos productivos allí”. Cerró su respuesta acusando de “falta de voluntad de las partes para llegar realmente a un acuerdo, cualquiera que hubiese sido, pero que hubiera beneficiado el proceso de reincorporación de esos 400 y punta de excombatientes”.

Quienes debieron irse de Vidrí están agrupados en siete Nuevos Puntos de Reincorporación (npr), ubicados en zonas cercanas a sus lugares de origen bajo la figura de comunas. “La comuna es la unidad básica del partido, de cinco personas para adelante”, explica Ancizar García. “Decidimos irnos a refugiar en la familia y organizados en comunas”: Jijuamiando, La Blanquita, Mandé, Medio Atrato, Arquía, Quibdó y Risaralda.

En Vidrí, 45 excombatientes no nativos dejaron una parte del dinero de la renta básica que les da el Estado en el proyecto de una empacadora de agua. A la deriva de la selva quedaron los aparatos para moldear el plástico de las bolsas, unos mesones y el letrero de la marca: Agua de paz. “Nos toca ponernos a mover la maquinaria, porque en eso se invirtió una tercera parte de nuestros recursos”, dice García. Y detalla que otra parte de los recursos la invirtieron en tierra en un sector cercano a Quibdó llamado La Troje, que no es parte del título colectivo de Cocomacia. “El Gobierno ha dicho que para empezar los proyectos productivos debe haber tierra. Entonces compramos diez hectáreas para un proyecto de piscicultura. Estamos esperando que el Estado lo apruebe y haga el desembolso”.

VI.

Hoy, un año después de la atomización de Vidrí en estas siete comunas y a dos años de la firma de los Acuerdos, el balance se inclina hacia el costado de la incertidumbre y no hacia el de la certeza. Ancizar García —alias Baracutao— asegura que los excombatientes del Frente 34 y de la Aurelio Rodríguez que él tiene a cargo están “con toda la moral”, a pesar de que el Estado “no ha cumplido con la reincorporación”. Dice, además, que el único plan b que tienen es “la lucha para que nos cumplan lo acordado”.

Los líderes comunitarios de la cuenca del Arquía ya están acostumbrados a la escasa presencia del Gobierno en asuntos del desarrollo del territorio, saben que los mecanismos de la reincorporación para los excombatientes van a tardar un tiempo más, que puede ser largo y aventurado porque otros grupos armados ilegales están al acecho. La guerrilla del eln y los paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) parecen querer aproximarse a la zona. “El temor de nosotros —dice Nevaldo Perea— es que los excombatientes nativos del Arquía terminen en las filas de estos grupos. Usted sabe que si no les salen con nada, ellos no se van a quedar sin hacer nada”.

En un informe del 26 de septiembre de 2017, la Defensoría del Pueblo confirmó el temor de estos líderes cuando dijo que Vidrí se encuentra en una zona de “alta complejidad” debido a los movimientos del eln y de las agc con “el propósito de obtener control de los territorios”, a la confrontación armada entre ambos y al “riesgo de conformación de un nuevo grupo armado ilegal al que se podrían unir exmiembros de las farc-ep que no se acogieron al proceso”.

Y lo más complicado de sopesar apenas viene. Si fue casi imposible poner en marcha los mecanismos de reincorporación en Vidrí, que era un etcr identificado, con rutas de acceso por río, en el que se adecuó una infraestructura especial, ¿qué tan factible será retomar las visitas de las comisiones del Estado a las comunas, que son en su mayoría rincones aún más distantes e inaccesibles? Por citar un caso: para llegar a Mandé hay que cruzar una trocha sobre los filos bajos de la cordillera occidental, durante dos días, a pie o a lomo de mula.

“¿La novela con el Estado?”, se pregunta Ezequiel, el excombatiente nativo del Arquía. “Este es el momento en que no tenemos un sólo proyecto productivo para decir: se acabaron los dos años en los que el Gobierno nos da la renta básica y ya podemos vivir de esto otro”.

Nota aclaratoria.
Por más que intentamos que las oficinas estatales encargadas nos suministraran las cifras exactas del dinero que fue invertido en la construcción del etcr Vidrí, y el dinero que está destinado para desarrollo social en la región del Medio Atrato, fue imposible. Ni siquiera sirvió la buena y amable gestión de la oficina de comunicaciones de Naciones Unidas en Medellín.
Ni la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (oacp), ni Fondo Paz ni la Agencia para la Reincorporación y Normalización (arn) dieron una respuesta satisfactoria. Finalmente, y luego de haberle preguntado con antelación, Richard Fredy Muñoz, la cabeza de la oficina de prensa de la oacp, aceptó que su despacho sí podía suministrarnos esas cifras, que sí las tenía, que esperáramos que él retornara a su escritorio de un viaje al Catatumbo. Pues bien: después de su regreso a Bogotá, pasaron tres semanas y nunca suministró la información, fue negligente para contestar correos electrónicos y mensajes de WhatsApp. En cambio, sí contestaron derechos de petición con una resma de documentos, que no contenían el dato concreto.
La falta de voluntad de Muñoz para suministrar información, que es de carácter público y que debería ser de fácil consulta por Internet, además de las trabas institucionales, riñen con las normas legales que garantizan el libre acceso a la información pública.