Con 47 funcionarios, la Contraloría Departamental de Risaralda la dirige el abogado Óscar Javier Vasco Gil. Estudió Derecho en la Universidad Libre, lugar donde se educa la clase política local. Especialista en Derecho Administrativo, Magíster en Filosofía del Derecho y candidato a Doctor en Derecho.

Vasco ha ocupado importantes cargos políticos en el departamento. Fue personero Municipal de La Celia entre el 2002 y el 2006, secretario de la Asamblea Departamental de Risaralda en el 2007 y en el 2012. Además, asesor Jurídico Externo de la Secretaría de Salud Municipal de Dosquebradas en el 2015.

Además de estos cargos públicos, tiene un amplio recorrido en el mundo académico: ha sido docente y asesor de diferentes universidades de la región.

El 16 de marzo del 2016 asumió su cargo como contralor Departamental después de ser elegido, de forma unánime, por los 12 diputados de la Asamblea de Risaralda. Esto sucedió después de haberse revocado un primer proceso de elección para este cargo debido a que, según los diputados, no encontraban el perfil adecuado entre los aspirantes.

Varias personas de la esfera pública aseguran que Vasco Gil es muy amigo del actual gobernador conservador de Risaralda, Sigifredo Salazar; y hasta sugieren que el contralor es una ficha del mandatario de los risaraldenses. Sin embargo, Vasco Gil afirma que esos son solo rumores.

A pesar de la cercanía entre el gobernador y el contralor, ambos pertenecen al Partido Conservador que dirige en Risaralda el senador Samy Merheg, varios críticos de la política regional –como el directivo del Polo Democrático Carlos Alfredo Crosthwaite– resaltan que no tienen argumentos para demeritar el trabajo de Vasco. Expresan que han visto una Contraloría marchando de forma transparente; sin embargo, explican que faltan más resultados.

De hecho, en el más reciente informe de Transparencia Colombia -2016- aparece en el tercer lugar en el escalafón nacional, con calificación de riesgo moderado.

El ingeniero industrial Juan Guillermo Salazar Pineda, excontralor departamental, así considera la labor de Vasco: "Creo que es una persona capacitada, no lo conocía, pero ha hecho buenos seguimiento como los casos del agua en bloque en Santa Rosa y la elección de director de la Carder. El lío es que no cuenta con recursos para desplazarse a los municipios y tampoco echan mano de la tecnología para hacer seguimiento, pues no tienen cómo invertir en esto". Añade que "la Ley 330 de 1996 les prohíbe a las contralorías departamentales contratar por prestación de servicios y eso impide que se tenga personal especializado para casos específicos".

La Contraloría General de Risaralda, además del elegido contralor, cuenta con 12 funcionarios, cinco de ellos en carrera administrativa y los restantes en provisionalidad o de libre nombramiento y remoción.

Avances en su gestión

El contralor asegura que las administraciones de cada Alcaldía y de la Gobernación han acogido sus recomendaciones, lo cual ha llevado a la creación de planes para que todos los municipios cuenten con plaza de mercado y para empezar acciones que lleven a mejorar la calidad del agua, según los informes que entrega la Contraloría.

Se dio traslado a la Procuraduría y a la Fiscalía en un proceso en contra del INFIDER, por el Lote 10 del sector de la Villa Olímpica, de propiedad del Estado, pero afectado con una presumible urbanización ilegal del predio. Se hace seguimiento a esta entidad.

Otro punto de acción es la cárcel El Pílamo, que se construye en el sector rural de Combia. Se hizo solicitud de priorización a la Comisión de Regulación regional de Moralización de Risaralda para adelantar acciones conjuntas. Destaca Vasco que a la fecha no existe trazo ni ha comenzado negociación de predios para construir las servidumbres, con notable retraso en la obra.

Un caso que ocupó la agenda mediática fue el de la negociación entre la administración de Santa Rosa de Cabal y ServiAraucarias, empresa que pretendía la negociación de agua en bloque en aparentes condiciones desventajosas para el municipio.

Otro hecho destacado fue la intervención en la Casa del Adulto Mayor de La Virginia, que terminó con juicio de responsabilidad fiscal y traslado para investigación disciplinaria. Las obras se realizaron durante la administración del exalcalde Nelson Palacio Vásquez y no se ejecutaron según los diseños contratados de manera inicial por el Municipio, incluido un jacuzzi en la segunda planta de una edificación antigua.

Cabe llamar la atención que no se han dado a conocer investigaciones o hallazgos significativos que ameriten mayor vigilancia en la administración central del Departamento de Risaralda. Los casos conocidos involucran a las administraciones municipales.

Acciones previas

Intervención para hacerle seguimiento a un convenio interadministrativo entre la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal y el Departamento de Risaralda para la construcción de 8 mil viviendas. La administración dejó exenta del pago de impuestos al constructor, lo que se podría ver reflejado en un detrimento patrimonial. La Contraloría pidió la nulidad del contrato.

Desde el 2016, el ente de control fiscal del Departamento ha ampliado la cobertura de los sujetos de control, pasando de auditar el 44% al 70%. En estas auditorías han identificado 900 hallazgos administrativos.

Esta historia también fue publicada en Anteojos T.V.