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Lunes, 22 Agosto 2016

“Acuerdos de La Habana posibilitan reemplazar servicio militar obligatorio por servicio social”, Lozada

Por Sania Salazar

La iniciativa de la que habla Carlos Antonio Lozada, integrante de las Farc, no hace parte de lo acordado en la mesa de diálogos. Pero la firma de los acuerdos dejaría el terreno fértil para que la propuesta prospere.

Tal parece que varios actores sociales del país están pensando ya en el panorama colombiano luego de que las Farc y el Gobierno firmen los acuerdos de la mesa de La Habana.

Carlos Antonio Lozada, integrante del secretariado de las Farc publicó este trino el pasado 31 de julio:

 

 

¿Pero han hablado Gobierno y Farc sobre este cambio?

Le solicitamos al equipo de prensa de la delegación de paz de las Farc una entrevista con Lozada, pero nos contestaron que él se encontraba en Colombia visitando los puntos en los que se instalarán las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, por lo que no podía atendernos.

“Aunque la iniciativa está inscrita en el espíritu del proceso, no hace parte de la mesa”, explicó el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, uno de los autores del Proyecto de Acto Legislativo N° 096 de 2015 “por medio del cual se crea el servicio social para la paz y se dictan otras disposiciones”.

El proyecto, radicado el 26 de agosto del 2015 y que pretende modificar los artículos 22 y 216 de la Constitución Política de Colombia, quedó archivado porque se vencieron los términos para su discusión y será nuevamente puesto a consideración del Congreso, pues según Cepeda, hay proyectos de ley que es necesario presentar varias veces.

Colombiacheck encontró que la afirmación del comandante de las Farc es Aproximada, pues aunque los acuerdos pueden dejar el terreno propicio para que este cambio se dé, hay que esperar a que la propuesta se cristalice.

El objetivo del proyecto

“En líneas generales este Proyecto de Acto Legislativo propone la creación de un servicio que posibilite a los jóvenes opciones diversas para cumplir con sus deberes ciudadanos, mediante acciones y dinámicas en los territorios que incentiven y propendan por una cultura de paz basada en el respeto y garantía de los Derechos Humanos, como soporte para la ampliación y fortalecimiento de la democracia y del Estado Social de Derecho”, dice el texto del Proyecto.

Cepeda explicó que la iniciativa contempla dos posibilidades, que solo sea servicio social o que se pueda elegir entre servicio militar o social, e indicó que eso se concertará en el camino.

“El objetivo de este Proyecto de Acto Legislativo es establecer los fundamentos para la creación del Servicio Social para la Paz; este proyecto no desarrolla el Servicio Social para la Paz (el cual deberá ser posteriormente reglamentado por la ley), solo crea y establece sus principales características”, aclara.

Entre las características propuestas están: duración máxima de 12 meses. Se prestará en entidades gubernamentales civiles, organizaciones sociales y comunitarias, del orden nacional y regional, en coordinación con las entidades del Estado designadas para ello. Se certificará como práctica no remunerada y se podrá cumplir al terminar los estudios básicos o durante la realización de los estudios superiores según la vocación profesional, o como profesional en su respectiva área.

Colombiacheck quiso conocer la opinión del Jefe de reclutamiento del Ejército, sobre este posible cambio, pero su jefe de prensa, Juan David Moreno, nos explicó que a los militares no les está permitido pronunciarse sobre asuntos políticos.

Una propuesta que no ha prosperado

Consultamos a Congreso Visible sobre las propuestas que han buscado eliminar o modificar el servicio militar en Colombia y nos informaron que desde 1998 hasta el 20 de junio de 2015 se radicaron 83 proyectos, cinco de ellos han pretendido eliminar el carácter obligatorio del mismo.

Los más recientes, de 1998 y 2002 que buscaban, precisamente, la eliminación del servicio militar obligatorio y la creación de un servicio social.

El presidente Juan Manuel Santos prometió en su última campaña presidencial que si lograba la paz eliminaría el servicio militar obligatorio.

El senador Cepeda le dijo el año pasado a El Espectador que este cambio se necesita en el momento histórico del país “para desarrollar los acuerdos que se logren en La Habana y buscar la sostenibilidad de la paz en sus territorios”.

Si bien para Cepeda la mesa de La Habana posibilita este cambio, habrá que esperar que efectivamente el proyecto de ley se apruebe y se aplique.

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Miércoles, 22 Noviembre 2017

Juan Carlos Pinzón: La Farc está haciendo política sin entregar todas las caletas

Por Sania Salazar

Al precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón se le olvidó decir que la extracción de las caletas está en manos del Gobierno y que hay seis meses más para desmantelarlas.

“No es posible que las Farc sigan haciendo política sin haber cumplido siquiera sus compromisos con la JEP, o entregado todas las caletas”. De eso se quejó el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, que recoge firmas para lanzarse a la Presidencia, en una entrevista publicada en el portal La Silla Vacía.

Colombiacheck calificó la afirmación como Engañosa porque la Farc cumplió con el compromiso de entregar las coordenadas de las caletas en marzo pasado. Es importante aclarar que, por decreto, el desmantelamiento le corresponde desde octubre pasado al Gobierno. Además, la participación política, cuestión distinta de las caletas, quedó en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que se encargará de evaluar la viabilidad de la misma según las sanciones impuestas.

En cuanto a la mención de Pinzón sobre que “las Farc no han cumplido con sus compromisos ante la JEP”, hay que recordar que esa jurisdicción no ha empezado a funcionar, razón por la que los excombatientes no han sido llamados a comparecer todavía ante la justicia transicional para que respondan, según el caso, por los delitos graves que hayan cometido.

Colombiacheck averiguó en la Misión de Observación de las Naciones Unidas en Colombia, organismo encargado de verificar la entrega de armas y allí informaron que la exguerrilla entregó información sobre la ubicación de 1.027 caletas, de las cuales ya se extrajeron 750 y quedan pendientes 277.

Esa tarea de la Misión terminó el 26 de septiembre luego de un aplazamiento, ya que la primera fecha pactada había sido el 1 de septiembre.

En la Misión informaron que el proceso de extracción se retrasó por la cantidad de caletas (1.027) y, sobre todo, por la dificultad para hallarlas. Indicaron, además, que no había mapas georreferenciados para llegar a los puntos exactos reportados por las Farc, que a veces se demoraban hasta dos semanas para llegar a los sitios donde estaban enterradas y que debían desplazarse acompañados de un cordón de seguridad del Ejército y, por ejemplo, movilizar personal en helicóptero, a pie o en lancha. “Era más fácil la extracción que la ubicación de las caletas”, concluyeron.

¿Y las que faltan para cuándo?

El decreto 1716 de 2017 firmado el pasado 20 de octubre extendió el plazo seis meses más, a partir de ese día, para terminar con la extracción de las caletas. Eso quiere decir que el proceso terminará en abril de 2018, un mes después de las elecciones legislativas en las que la Farc tiene asegurados cinco cupos para el Senado y cinco para la Cámara de Representantes, según se pactó en el Acuerdo Final entre el Gobierno y esa exguerrilla.

El pasado 14 de noviembre Colombiacheck quiso saber, a través de un correo electrónico enviado a la oficina de prensa del ministerio de Defensa, sobre el avance de la extracción de caletas, sin obtener respuesta hasta ahora.

El viernes 17 de noviembre, en entrevista con Blu Radio, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, habló sobre la extracción de caletas, de donde tomamos la información. Villegas aseguró que se han hecho operaciones para extraer alrededor de 970 caletas y que “faltan menos de 100 operaciones para caletas, de las que dieron información, porque esas son las que se van a apuntar a las Naciones Unidas; las que se encuentren sin información que provenga de Farc-Naciones Unidas serán puestas a disposición de la justicia”.

Con lo anterior el ministro se refirió a la información que la antigua guerrilla de las Farc le dio a la ONU y al Gobierno sobre la ubicación de ese material de guerra. El decreto 1716, que extiende el plazo, indica que la extracción de las caletas que no sean encontradas dentro del plazo de los seis meses se debe llevar a cabo bajo procedimientos ordinarios y no dará lugar a entrega de recompensas.

Participación política

En el Acuerdo Final quedó pactado que las sanciones impuestas por la JEP no inhabilitan la participación política de los exguerrilleros y que esa participación se puede dar incluso antes de que pasen por la JEP.

Lo anterior ha causado un fuerte debate. En el Congreso, partidos políticos como el opositor Centro Democrático y Cambio Radical rechazan esa posibilidad porque consideran que los excombatientes deben pagar sus deudas con la justicia antes de participar en política. En el mismo sentido se ha pronunciado, también, la congresista y candidata presidencial Claudia López, de la Alianza Verde.

Para armonizar ambas situaciones, Rodrigo Uprimny y Diana Isabel Güiza, de Dejusticia, propusieron lo siguiente en un blog publicado en La silla Vacía el pasado 12 de noviembre:

“Aunque es claro que las penas impuestas por la JEP no generan inhabilidades políticas, es también claro que la elección a cargos públicos no puede inhibir el cumplimiento de las sanciones, cuya aplicación prevalece. Las sanciones, una vez impuestas por la JEP, deben ser ejecutadas rigurosamente, sin que la persona pueda alegar que ocupa un cargo público para abstenerse de cumplirla”.

Lo anterior va muy en la línea de lo que definió la Corte Constitucional al declarar exequible la reforma constitucional que creó la JEP:

“Corresponderá a la Jurisdicción Especial para la Paz determinar la compatibilidad con la participación en política de las sanciones que ella imponga a los excombatientes”.

En síntesis, la Farc entregó la información para encontrar y desmantelar las caletas. Por la demora del proceso no se puede culpar a alguien en específico, pues se debe a problemas logísticos para llegar a los lugares remotos donde está el material, dificultad que admitió la ONU.

La Farc, reconocida ya como un partido político legal y con candidatos a la Cámara de Representantes, al Senado y a la Presidencia, está haciendo campaña. Pero el futuro judicial de quienes resulten elegidos estará en manos de la JEP, que deberá decidir, en cada caso, si las sanciones impuestas les permiten participar en política.

Colombiacheck llamó en varias ocasiones a Pinzón y le dejó un mensaje vía Whatsapp preguntándole en qué fuente basaba su frase, pero no ha respondido.