Los 19 puestos de salud fallidos, contratados por el alcalde Dionisio Vélez, han sido las obras más controvertidas del crédito de $250.000 millones que gestionó en 2014 durante su administración atípica. Sin embargo, no son las únicas que tienen líos. Los recursos que invirtió para el plan de reparcheo y pavimentación vial, anunciado como el más ambicioso en la historia reciente de Cartagena, también son investigados por la Contraloría.

En 2017 esa entidad le abrió un proceso de responsabilidad fiscal al Consorcio Vial Urbano, después de calcular en $2.637 millones el daño causado al patrimonio de los cartageneros al no construir “a cabalidad” un grupo de vías, “dejando obras que no prestan ninguna utilidad” e incumpliendo lo estipulado en el contrato que se ganó en 2014 por $19.440 millones.

La administración de Dionisio Vélez invirtió $79.716 millones para mejorar la malla vial, pero esa millonaria inversión no transformó las vías de Cartagena, que siguen llenas de cráteres. (Foto: Antonio Canchila).

La Contraloría determinó que al menos 23 de las 40 calles contratadas al Consorcio Vial Urbano tienen problemas de calidad: 19 de ellas comenzaron a presentar desgaste prematuro en sus losas, incluso recién entregadas. Las cuatro calles restantes siguen inconclusas y no prestan servicio integral de movilidad vehicular ni peatonal a pesar de los $1.776 millones que la Alcaldía invirtió en ellas. 

Por ejemplo, en una vía de acceso a la Institución Educativa Nuestro Esfuerzo, en El Pozón, los carros no pueden transitar porque varias losas intermedias quedaron sin pavimentar.  El mismo problema ocurre en La María, cerca de la Vía Perimetral. Allí, además, el contratista no hizo los trabajos necesarios para que corran las aguas lluvias y estas se estancan con cada aguacero.

También quedaron inconclusas la calle de acceso a la Institución Educativa La Victoria, en el barrio La Esperanza, y una calle del sector Ricaurte. Esta última porque el contratista nunca repuso las placas demolidas que presentaron problemas de calidad y no pasaron la revisión de la interventoría.

El Consorcio Vial Urbano ya había sido sancionado en 2015 y 2016 por el entonces alcalde Manuel Vicente Duque por no entregar a tiempo ni en buenas condiciones un grupo de vías de la localidad de la Virgen y Turística, tal como lo establecía el contrato. Las multas impuestas fueron de $462 millones. 

Las empresas detrás de los contratos

Una de las empresas miembro del Consorcio Vial Urbano es la española Grupo Empresarial Capitol SL, con el 20% de participación. Su casa matriz está en Valladolid y, además de infraestructura y concesiones, tiene negocios en los sectores energético y de desarrollo e innovación. Su sede en Colombia la representa Carmelo Espinoza Gutiérrez.

En marzo pasado, la Contraloría le abrió otro proceso de responsabilidad fiscal como integrante del Consorcio Soluciones Hidráulicas de Córdoba, porque el acueducto costanero que construyó para los municipios cordobeses de Canalete, Puerto Escondido y Los Córdoba no funciona. Pese a los $45.960 millones invertidos con recursos de Regalías, los habitantes de esas poblaciones siguen sin tener garantizado el servicio de agua 24 horas en sus casas.

La fallida inversión en la malla vial, impulsada por la administración de Dionisio Vélez, desencadenó varias investigaciones de la Contraloría. Ese ente de control determinó que muchas de esas obras no “prestan ninguna utilidad”. (Foto: Antonio Canchila).

La otra empresa que hace parte del Consorcio Vial Urbano es la cartagenera ARodríguez Construcciones S.A.S, con el 80% de participación. Aparece registrada desde 2011 en la Cámara de Comercio de Cartagena, tiene 10 empleados y entre sus actividades económicas están la construcción de obras de ingeniería civil, como carreteras y edificios. Su gerente es Alexander Rodríguez Peña, quien también representa legalmente al Consorcio Vías Cartagena. 

Este último se ganó otro de los contratos de reparcheo del gobierno de Dionisio Vélez por $17.973 millones, para intervenir 36 calles en las tres localidades de la capital de Bolívar.  Lo integran las empresas ARodríguez Construcciones SAS, con el 49% de participación; Dicon Ingeniería e Inversiones SAS, con el 30%; Juan Pablo Móvil Rodríguez, con el 19%, y Gabriel Esper Cassin, con el 2%. 

Estas obras, que la Alcaldía de Cartagena les contrató en 2014 a los consorcios Vial Urbano y Vías Cartagena, se financiaron con los $79.716 millones del crédito de $250 mil millones. El alcalde Vélez dividió las 181 calles a intervenir en cinco contratos que entregó a igual número de consorcios. Dos de ellos conformados por un mismo grupo de empresas de Riohacha y Barranquilla.

Como ocurrió con la contratación de los puestos de salud, a los constructores cartageneros, agremiados en la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar, no les gustó que solo ARodríguez, una de las 10 firmas seleccionadas a través de consorcios, fuera de Cartagena. Las restantes eran de Barranquilla, Montería, Riohacha y Bogotá. 

Los otros tres contratistas fueron:

1. El Consorcio Caribe Norte, para la construcción de 41 vías en la localidad Histórica y del Caribe Norte, por $14.574 millones. Lo integraban Dicon Ingeniería e Inversiones S.A.S. con el 63% de participación; Juan Pablo Móvil Rodríguez, con el 35%, y Gabriel Esper Cassin, con el 2%.

2. El Consorcio Industria y Bahía, para la construcción de 28 vías en la localidad Industrial y de la Bahía, por $14.352 millones. Lo integraban Construcciones y Pavimentos LTDA, con el 60% de participación; JV Ingeniería y Construcciones S.A.S, con el 20%, y Excavaciones Jobepa SL, sucursal en Colombia, con el 20%. 

3. El Consorcio Pavicar, para la construcción de 36 vías en la localidad Industrial y de la Bahía, por $13.375 millones. Lo integraban Dumar Ingenieros SAS y Sofán Ingeniería SAS, con el 50% de participación cada uno.

La ejecución de los cinco paquetes de obras tomó más tiempo del consignado en los contratos por problemas propios de los contratistas y por factores externos, como adecuaciones de redes realizadas por las empresas Aguas de Cartagena y Surtigas.   Aunque Vélez inauguró muchos tramos durante el último mes de su mandato, en enero de 2016, cuando Manolo Duque llegó a la Alcaldía, no había claridad sobre cuántos kilómetros estaban listos. 

Después, durante 2016 y 2017, cuatro de los cinco grupos de vías fueron entregados en medio de quejas de la comunidad por la calidad de las losas, pero especialmente uno, el contratado al Consorcio Vial Urbano, ha sido el más problemático. 

Pese a la millonaria inversión del gobierno de Vélez, hoy el estado de las vías en las tres localidades de Cartagena sigue siendo un verdadero dolor de cabeza. Especialmente para los cartageneros que viven por fuera de la península turística de Castillogrande y Bocagrande y del cordón amurallado.

Esta investigación hace parte del especial periodístico ‘Conflicto y corrupción, tres historias con sello CdR’, realizado bajo el proyecto ‘Becas CdR’ de Consejo de Redacción.