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Miércoles, 07 Abril 2021

Dosis mínima de transparencia en el Plan Nacional de Vacunación

Por La Liga Contra el Silencio

El gobierno de Colombia no ofrece una plataforma para monitorear los avances. Varias denuncias revelan un represamiento de datos que no se cargan al sistema, mientras la iniciativa de la sociedad civil le apuesta a la transparencia para medir el verdadero ritmo de la inmunización contra el covid-19.

En Colombia resulta muy difícil evaluar el desempeño del Plan Nacional de Vacunación (PNV), impulsado por el gobierno de Iván Duque. Los datos que suministra el Ministerio de Salud son insuficientes para entender si la población se está cubriendo a la velocidad prevista. Parte de la información del perfil de las personas vacunadas, según varias denuncias, no se ha podido cargar por fallas en la plataforma oficial.

No hay manera de saber si los indicadores de cobertura se están cumpliendo, pues los datos no dicen si los vacunados pertenecen a la población vulnerable por su edad, si son profesionales de la salud o si pertenecen a algún grupo especial como la Fuerza Pública. Esto impide vigilar que se cumplan ciertos criterios de vacunación impuestos en cada etapa. Por ejemplo, evitar que haya colados.

MinSalud, a través de sus redes sociales y su página web, solo reporta cada día el acumulado de dosis aplicadas. Esto no permite hacer un seguimiento completo o un análisis profundo de los datos. Países como Argentina y Chile, en cambio, sí ofrecen tableros de monitoreo con datos segmentados. El Ministerio tampoco publica datos de la vacunación en más de mil municipios. Su información solo incluye las dosis aplicadas en todos los departamentos y en los cinco distritos especiales: Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Bogotá.

La falta de acceso a información detallada sobre cómo va el PNV obligó a muchos ciudadanos a construir sus propias bases de datos para monitorear el proceso de vacunación en Colombia. Ese seguimiento ha revelado rezagos preocupantes, como algunos departamentos que muestran un índice de vacunación muy bajo y anomalías en los reportes diarios de MinSalud.

Es importante conocer en detalle las cifras de asignación y distribución de las dosis, pues una preocupación del propio gobierno es la velocidad que cada ente territorial impone en la aplicación de sus vacunas asignadas. Aunque esa información la publica MinSalud a través de distintas resoluciones, los datos de la distribución en cada municipio sigue siendo desconocida.

“Esto representa un problema para hacer veeduría, incluso para pensar en mecanismos de participación”, dice Pilar Sáenz, coordinadora de proyectos en la Fundación Karisma, una organización de la sociedad civil que vigila el uso de las tecnologías digitales en la protección de derechos humanos. Según Sáenz, si alguien quiere hacer seguimiento a la vacunación en su municipio, la información que publica MinSalud no se lo permite. La persona tendría que acudir a la Secretaría de Salud de su municipio. 

Un aumento diario de las dosis aplicadas no basta para afirmar que la vacunación va bien, y en ocasiones ni siquiera ese incremento ha ocurrido. Mientras los números de contagios crecían durante la Semana Santa, el ritmo de las inyecciones se redujo: entre el jueves y el domingo pasados se aplicaron tres veces menos dosis en comparación con los días previos, según publicó El Tiempo.

Además existe desconfianza. “No están mostrando cifras para saber que realmente lo están haciendo bien. Si tenemos más transparencia sobre este proceso, es más fácil confiar”, dice Sáenz. Según el promedio de dosis diarias aplicadas (52.000), el país inmunizaría el 70 % de la población solo en mayo de 2024. Pero el gobierno dice que el 80 % estará vacunado al terminar 2021.

Bases de datos fragmentadas

“Hemos recibido bases súper desordenadas. Creo que tratan de tomar información y enviarla como caiga”, dice Mariana, coordinadora del PNV en una Institución Prestadora de Salud (IPS) domiciliaria en Bogotá. Mariana pidió omitir su nombre y su lugar de trabajo para evitar problemas.

Mariana dice que la información suministrada por la Entidad Promotora de Salud (EPS) contiene errores en los perfiles de las personas. Solo al llegar a cada domicilio los vacunadores pueden contrastar con la realidad los datos registrados.

Según Claudia Vaca, profesora de la Universidad Nacional y experta en salud pública, crear las bases de datos con los perfiles de las personas a vacunar involucra a varias entidades: las EPS, los puntos de vacunación o IPS, las secretarías de Salud y el Ministerio de Salud. “Esa información está terriblemente fragmentada, y refleja cómo funciona el sistema de salud. Hay unas inequidades muy fuertes en manejo de la información y en capacidades logísticas”, dice Vaca.

El Ministerio de Salud es el responsable de construir la base de datos con la cual las EPS y las Secretarías de Salud hacen el listado de personas priorizadas. Para eso creó el portal Mi Vacuna, donde cada ciudadano verifica su etapa de vacunación. 

Weimar Pazos Enciso, director de la oficina de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en MinSalud, explica que la entidad construyó esta base de datos maestra con el propósito de albergar la totalidad de los habitantes mayores de edad del país, y para ello se alimentó de diferentes fuentes. Principalmente la Registraduría Nacional, pero también otras como el RETHUS (Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud), el RUAF (Registro Único de Afiliados), el RUAF-ND (Registro Único de Afiliados - Nacimientos y Defunciones), el SISBEN (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales) y Migración Colombia. El reto era lograr que esta información de fuentes diversas lograra cruzarse sin duplicidades o errores en el sistema. Las denuncias de los vacunadores sugieren que el desafío no se superó.

A esto se suman las quejas en la atención de quienes son convocados para vacunarse, especialmente personas de la tercera edad, que deben sortear dificultades en la organización y aglomeraciones, como se ha publicado en varios medios de comunicación

Voluntad de transparencia

“Mi intención era probar si estábamos haciendo bien la tarea, o si había cosas por mejorar. No se trata de condenar al gobierno, pero la única forma de mejorar es a partir de la información”, dice Igor Támara, ingeniero de Sistemas que junto a Pilar Sáenz desarrolló un tablero de seguimiento diario de la vacunación en Colombia. Ante la falta de acceso a datos segmentados que muestren el progreso de la vacunación, Sáenz y Támara se impusieron esta tarea. Y no son los únicos. La epidemióloga Silvana Zapata Bedoya también construyó su propio tablero de monitoreo de vacunación en línea.

“La sociedad civil ha tenido que montar un rompecabezas y construir sus propias tablas, y lo ha hecho como ha podido. Esto ha facilitado que la gente de Our World in Data pueda completar y rechequear toda su base de datos de Colombia”, dice Jorge Galindo, analista de datos y columnista del diario El País de España.

“Los datos que tenemos son públicos, pero lo que hemos hecho es casi un trabajo de arqueología”, dice Pilar Sáenz. La labor consiste en recabar datos de diferentes fuentes y unirlos hasta generar información nueva y más completa. Este tipo de iniciativa ciudadana ha aportado la transparencia que el gobierno aún debe.

Una de las fuentes que usan es la cuenta de Twitter de Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), quien publica avances de la vacunación en cada departamento y distrito especial, con el detalle de las dosis asignadas, entregadas y aplicadas. “Que tengamos a un funcionario del gobierno haciendo esto me parece muy bien. Pero, ¿por qué no tenemos un link en condiciones y no unas imágenes en Twitter?”, se pregunta Galindo.

En todo caso, es así como el tablero de Sáenz y Támara logra añadir nuevos indicadores: dosis asignadas, dosis más recientes, inmunizaciones, entre otros. Cada indicador se puede chequear también por departamentos. “Todo esto que recogemos es a mano, día a día, porque la información que da el Ministerio no es fácil de digitalizar”, dice Sáenz.

Un indicador relevante que logran levantar es el de las alertas por baja vacunación. En Buenaventura, por ejemplo, con 28 puestos de vacunación, el día de mayor actividad, 27 de marzo, aplicaron solo 562 dosis. Unas 20 vacunas por cada puesto de vacunación en toda la jornada.

Ese seguimiento diario también permite identificar anomalías en la información entregada por el Ministerio. Entre el 10 y el 14 de marzo una auditoría a los reportes territoriales del plan de vacunación obligó a ajustar 8.970 dosis adicionales que no se habían aplicado (ver imagen). Basta revisar cada uno de los reportes de MinSalud en esas fechas para constatar estas anomalías. Quindío, por ejemplo, pasó de 4.687 dosis el 9 de marzo, a 10.995 dosis acumuladas el 10 de marzo; un aumento de 6.308 dosis en un solo día. Dos días más tarde ese departamento acumulaba 13.490 dosis aplicadas, pero el 14 de marzo reportó menos dosis en total: 8.859. Es decir, en la auditoría le restaron 4.631 dosis de más que habían reportado y no habían aplicado en esos cuatro días (ver reportes del 9, 10, 11 y 12 de marzo).

Sáenz y Támara identificaron que, además de Quindío, otros ocho departamentos (Valle del Cauca, Vaupés, Meta, Magdalena, Huila, Córdoba, Guainía, Guaviare), más el puerto de Buenaventura, tuvieron anomalías similares en el acumulado de dosis aplicadas entre el 10 y el 14 de marzo. “Definitivamente hay problemas de transparencia, porque los datos que nos están ofreciendo nos cuentan una historia que no puede ser real”, dice Sáenz.

En una segunda versión del documento técnico del PNV dice que todo el proceso se rige por la Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014). El artículo 3 enumera una serie de principios sobre la transparencia y el acceso a la información pública. Señala que esta debe ser “completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles”, y que la divulgación “conlleva la obligación de publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de interés público, de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible”.

“Yo no puedo hacer mi trabajo sin datos, y efectivamente lo que nos hemos encontrado en el caso de Colombia es que el Ministerio de Salud no nos ha dado ningún tipo de acceso fácil”, dice por su lado Galindo.

Esta situación contrasta con la base de datos sobre casos de covid-19 ofrecida por el Instituto Nacional de Salud (INS). “La base de datos del INS es excepcionalmente buena, detallada y cumple con todos los estándares que uno le puede pedir a una base de datos a nivel internacional. Ese contraste es profundamente llamativo porque estoy comparando dentro del mismo país”, señala Galindo.

“Yo no espero que tengan el tablero perfecto. De hecho que lo saquen como lo tengan sería muchísimo más razonable a que no lo saquen nunca, porque nunca va a ser perfecto”, dice Sáenz.

En síntesis, lo que genera MinSalud es un problema de acceso y de cómo se comunica el progreso de la vacunación en el país, pues todo debería estar en un solo sitio de acceso público que permita hacer seguimiento. El ingeniero Pazos dijo a La Liga que ya tienen listo en MinSalud un tablero de control georreferenciado que esperan poder consolidar a finales de abril.

“Mientras tengamos información, seguiremos haciendo nuestro tablero”, dice Igor Támara. “Por ahora la persona que está transcribiendo la información diaria es mi hijo de 14 años. Este tipo de cosas son muy sencillas de hacer”.

Brechas de información parcial

Los problemas con las bases de datos oficiales durante esta primera etapa de agendamiento de citas no son la única dificultad que enfrentan los vacunadores. Los aplicativos dispuestos para hacer el registro de cada vacunación también están presentando errores.

“Los sistemas que tiene en este momento el país para subir la información se caen constantemente. Muchas veces no tienen información actualizada, o la tienen errónea. A veces no permiten cargar el 100 % de la información”, denuncia Nancy, coordinadora del PNV en otra IPS domiciliaria de Bogotá. Nancy también pidió omitir su nombre.

Desde el 2012, MinSalud implementó el aplicativo PAIWEB, que registra los datos del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), donde se coordinan todos los esquemas de vacunación nacional. En 2018, según Pazos, se decidió actualizarlo y mejorarlo. Una nueva versión se empezó a implementar en mayo de 2020, con la pandemia en curso. Por eso decidieron enfocar su desarrollo hacia la vacunación contra el covid-19. Pero solo en diciembre pudieron empezar a agregar los requerimientos propios de este PNV.

Con el inicio de la vacunación en febrero, decidieron lanzar la que se conoce como la versión PAIWEB 2.0. Apenas logró tener unos 15 días de pruebas y se habilitó en diez departamentos. Recientemente, MinSalud amplió su implementación a 19. En Antioquia, Bolívar, Boyacá, La Guajira, Guainía, Caldas, Casanare, Magdalena, Nariño, Risaralda, Tolima, Vaupés y Vichada siguen usando la primera versión del PAIWEB. El Ministerio espera que a finales de abril se esté implementando la nueva versión en todo el país.

“En relación a la pandemia, los sistemas de información y de vigilancia epidemiológica, llegó un momento en que estuvieron sobresaturados. Muchos países empezaron a probar con nuevos sistemas”, explica Mónica García, ingeniera en estadística, especializada en epidemiología y salud pública, exdirectora nacional de Estadística y Análisis de Información de Salud de Ecuador.

Según García, aunque es común que esta sobresaturación obligue a crear subsistemas auxiliares de un sistema principal, ese doble trabajo puede generar duplicidades y errores. “Si yo ingreso varias veces en dos plataformas diferentes, tengo muchas más probabilidades de cometer errores. Pueden ser errores simples, pero afectan al dato general”, dice.

Ese podría ser el caso que se está presentando con el uso de dos aplicativos en Bogotá, el PAIWEB 2.0 (de MinSalud) y un PAI-Distrital (de la Secretaría de Salud). Las dos profesionales de la salud que hablaron con La Liga manifestaron tener dificultades de distintos tipos con cada una de las plataformas.

“Pasa que en la plataforma distrital pones el número de documento de un paciente y resulta que lo vas a buscar y aparece el nombre de otra persona. Eso sucede más con el PAI-Distrital. El PAIWEB 2.0 no nos dejó registrar el biológico durante varios días”, dice Nancy. Es decir, el campo donde deben indicar los datos de la vacuna aplicada (tipo, lote, entre otros) no despliega una casilla que viene predeterminada para cada tipo de vacuna (Pfizer o Sinovac).

Por su parte, Mariana dice que en el caso de personas que pertenecen al régimen especial, es decir, Fuerzas Militares, Policía Nacional o Magisterio, no han podido actualizar “ni un solo dato” desde el 12 de marzo.

Sobre el uso de otras plataformas, el ingeniero Pazos explica que son un requerimiento particular de los entes territoriales, y que se han reunido con las diferentes secretarías de Salud para “clarificar este asunto de tal forma que siempre carguen los datos a través del PAIWEB 2.0”, pues esa es la única fuente oficial de información para el Ministerio.

Ambas coordinadoras de las IPS domiciliarias dicen que han enviado múltiples requerimientos para solucionar estos errores en las plataformas, pero no han recibido respuesta. “Casos pendientes por registrar hay muchos, desde el primer día. Independientemente de que el sistema funcione o no, nosotros reportamos a Secretaría de Salud la cantidad de personas vacunadas”, explica Nancy.

“Cuando desde MinSalud damos los datos oficiales, de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación, debería ser lo que está cargado en el PAIWEB. Sin embargo, debido a que no se está haciendo completa la carga en línea, se generan otros métodos para obtener esta información con los diferentes entes territoriales”, explica Pazos.

Es decir, al final de cada jornada, a través de un documento en Google Drive —la herramienta usada para reunir y transmitir los datos—, los vacunadores reportan a su Secretaría de Salud la cantidad de personas vacunadas. Ese es el número reflejado en los reportes que publica MinSalud. Pero Pazos reconoce que la información faltante en los perfiles de personas ya vacunadas alcanza el 38 %.

Ante un escenario de tal complejidad, la solución depende más de la voluntad que de un sistema de datos diseñado para corregir fallas. “Son problemas solucionables. Pero recordemos que el informático o el desarrollador es una persona que hace lo que alguien más le dice que haga”, dice la ingeniera García.

Es difícil determinar si los problemas que atraviesa el proceso de vacunación en Colombia, en cuanto al manejo de datos, obedecen a la incapacidad o la ineficiencia. Pero es indispensable generar confianza en esta tarea. La tecnología está disponible para que MinSalud realice su trabajo y provea información a quienes la necesitan, aunque por diversas razones no lo está haciendo.

Jueves, 29 Abril 2021

Un carrusel de impunidad somete a Buenaventura

Por La Liga Contra el Silencio

Tras el anuncio de una nueva intervención y las recientes capturas por otro pico de violencia en el principal puerto sobre el Pacífico, analizamos la información disponible sobre arrestos en circunstancias similares durante los últimos años. La falta de sanciones incluye detención domiciliaria y penas mínimas en casos graves.

En Buenaventura la violencia sube y baja como la marea. Los homicidios, las desapariciones forzadas, las amenazas y los enfrentamientos entre grupos armados ocurren de forma cíclica y mantienen bajo zozobra a la población. Cada tanto las autoridades anuncian una nueva intervención, con militares y policías que se toman la ciudad en operativos que se volvieron rutina. Las balaceras entonces se atenúan por un tiempo, pero vuelven después en un nuevo pico de violencia cruda.

Entre diciembre y febrero pasado se produjo el alza más reciente, y la comunidad de Buenaventura lanzó un grito de ayuda. En los tres primeros meses de 2021 hubo 41 homicidios, 13 desapariciones y unos 8.000 desplazados, según la ONU. La respuesta oficial fue la de siempre: consejos de seguridad locales y una nueva intervención.

“Las balaceras nos despertaban. Una noche nos tocó meternos debajo de la cama porque se estaban enfrentando muy cerca de mi casa”, cuenta una habitante del barrio La Nueva Ciudadela. Allí ocurrió uno de los seis asesinatos registrados entre el 30 y el 31 de diciembre en las comunas 5, 6, 9 y 12 de la ciudad.

La Liga visitó barrios donde la banda La Local, hoy dividida entre Los Shotas y Los Espartanos, se disputa el territorio. Varios habitantes coincidieron en su diagnóstico. “Aquí las bandas cambian de nombre, pero son siempre los mismos. Esto se calienta de nuevo porque un jefe sale de la cárcel y quiere recuperar lo suyo”, dice uno.

Made with Flourish

En el puerto suelen escuchar promesas de intervenciones y capturas de los “jefes” criminales. En los últimos años han sido constantes: ofertas de enviar más policías, consejos de seguridad y recompensas por información. En 2006, cuando los homicidios anuales llegaron a 416 (la cifra más alta en los últimos veinte años), enviaron grupos especiales de la Policía y la Armada a patrullar juntos. 

En 2014, cuando se denunciaron las “casas de pique”, donde desmembraban a las víctimas, se anunció otra intervención luego de una marcha multitudinaria de la comunidad. En 2017, después del paro cívico, llegaron más policías y militares. Dos años más tarde, en una nueva alza de homicidios, la gobernadora de entonces, Dilian Francisca Toro, lanzó otra intervención. La violencia estructural de Buenaventura se enfrenta cada año con la misma estrategia, como un paño de agua tibia que trata una fiebre recurrente.

Pero la furia no cede. Un informe de la Comisión de la Verdad recoge las causas de este conflicto interno. Según la directora de la Cámara de Comercio, Angélica Mayolo; y Adriel Ruiz Galván, coordinador de la Casa Social - Cultural y de Memoria en Buenaventura, la violencia es fruto de la pobreza, los incumplimientos de los gobiernos y la ubicación del puerto, estratégica para el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

A esto se suma la impunidad. La Liga revisó las historias judiciales de 34 personas, jefes de de distintas bandas en los últimos años. La justicia en Buenaventura funciona como un carrusel de prisiones domiciliarias, penas mínimas y preacuerdos con supuestos responsables de homicidios, desapariciones forzadas y secuestros. 

El crimen organizado y los picos de violencia tienen en el puerto un nombre común: los Bustamante. Diez fuentes consultadas, entre líderes sociales, policías e investigadores del CTI, dicen que las rutas del narcotráfico, las extorsiones y el control sobre las pequeñas bandas pertenece a ese clan. Un grupo que ha sobrevivido a las intervenciones y a las guerras con adversarios que les han disputado el poder. 

Los Bustamante son varios hermanos; algunos delinquieron con las Farc, luego pasaron al Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y tras su desmovilización crearon una banda llamada La Empresa. De allí se separaron para crear La Local, que inicialmente se asoció con Los Urabeños, también conocidos como el Clan Úsuga o Clan del Golfo. Un extenso linaje criminal.

Pero las penas no se corresponden con los delitos. La mayoría de los Bustamente está hoy en libertad. De nueve detenidos por las “casas de pique”, siete estuvieron en prisión domiciliaria o pagaron condenas solo por concierto para delinquir. En la lista de los 12 más buscados en febrero de este año, seis tenían antecedentes penales y tres habían recibido el beneficio de casa por cárcel por ser padres cabeza de familia.

Entre los 34 miembros de todas estas bandas, en la rama judicial consta que a seis les dieron prisión domiciliaria como padres cabeza de familia. Un abogado que prefirió no revelar su nombre explicó que este beneficio solo puede otorgarse cuando el menor dependa exclusivamente del padre. “Esto debe pasar por un proceso con visitas de trabajadores sociales y psicólogos, y debe cumplir otros requisitos. Hoy en día ese derecho es muy difícil que se otorgue”, dice. 

El artículo 314 del Código Penal indica que este beneficio opera cuando “la imputada o acusada fuere madre cabeza de familia de hijo menor o que sufriere incapacidad permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado. En ausencia de ella, el padre que haga sus veces tendrá el mismo beneficio”.

En los procesos de la rama judicial se detalla que, antes de otorgar la prisión domiciliaria, en varios casos hubo visitas de Bienestar Familiar. Pero llama la atención que justo esta sea una de las razones para que los miembros de estas bandas no estén recluidos en las cárceles, ya que en Buenaventura en su mayoría las mujeres son las cabeza de familia o se encargan de criar a los hijos.

“Es común ver que un hombre tenga varios fogones (parejas), pero quien está presente es la mujer. Por eso muchas de las iniciativas de cooperación internacional y del gobierno se han enfocado en las madres cabeza de familia”, explica una defensora de derechos humanos que ha trabajado por décadas en el Pacífico.

Un vecino del barrio Lleras, donde ha habido enfrentamientos entre las bandas, resumió el procedimiento acostumbrado. “Uno ve en las noticias que capturaron a fulanito, pero al poco tiempo lo ve en la calle. Si pasa un tiempo preso, los segundos al mando quedan encargados. Cuando sale y no le quieren entregar, se arma el problema”, dice.

Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), mencionó las causas de la violencia cíclica. “Vemos una desconexión entre la Policía, que anuncia capturas, y la justicia. Cuando detienen a alguien lo sindican de muchos delitos, pero por falta de pruebas, por miedo de los testigos y la misma corrupción, terminan haciendo preacuerdos con penas bajas o son acusados por delitos menores”, explica.

Un documento de Pares coincide. “Los logros dentro del Plan de Intervención resultan limitados si se observa el grado de control del puerto por parte de los grupos criminales. (...) Las denuncias de la comunidad bonaverense frente a diferentes situaciones de despojo, desplazamientos, homicidios y amenazas son casi diarias y existe todavía un largo camino para poder hablar de desmantelamiento de las principales estructuras”, dice el informe.

El clan Bustamante

En las últimas décadas los hilos del crimen organizado en Buenaventura han estado en manos de los Bustamante. De 15 hermanos, siete han tenido líos judiciales. Cuatro de ellos —Fabio, Édgar, Éver y Lugo— fueron detenidos en 2013 y extraditados a Estados Unidos por narcotráfico. En 2016 Édgar fue sentenciado a 87 meses de presidio; Lugo a  37; y Éver y Fabio a cinco años cada uno. Todos pagaron condenas y volvieron al país. En Colombia los hermanos Fabio, Éver, Lugo y Carlos Alberto tienen otras sentencias, según la rama judicial. Pero sus casos generan interrogantes, como muestra esta infografía sobre los 11 de los miembros del clan. 

En el portal de la rama judicial de los jueces de ejecución de penas de Buga y Bogotá figuran dos procesos contra Lugo Bustamante (1 y 2), pero en uno de ellos falta un número de la cédula. Es una sentencia de diciembre de 2013, con tres años de prisión por concierto para delinquir en un caso ocurrido en 2004. El fallo es anterior a su extradición.

La segunda condena, de junio de 2014, es también por concierto para delinquir, pero no informa los años de la sentencia. En este proceso, donde también aparece su hermano Fabio junto a Gustavo Adolfo Vargas y Julio César Alegría, integrantes de la banda, un juez les otorgó la suspensión condicional de la ejecución de la pena en noviembre de 2015. Esto quiere decir que suspenden la pena de cárcel. 

Lugo ya estaba detenido en Estados Unidos, pero quedó libre cuando volvió al país.  En el proceso no aparece la fecha de su regreso ni hay noticias de su deportación. En el 2019 lo arrestaron de nuevo, señalado de robar 5.000 millones de pesos a un funcionario de la Dian, según un boletín de la Fiscalía

En cuanto a su hermano Fabio, alias ‘La F’, en el momento de sus detenciones en 2014 y 2019, fue señalado como autor de la masacre de diez personas en Potedó, zona rural de Buenaventura, pero no ha sido acusado ni condenado.

Quien sigue preso en Colombia es Diego Fernando Bustamante, alias ‘Diego Optra’, que asumió el control de su organización y fue detenido en Antioquia en 2019. En este caso el comandante de la Policía del Valle, coronel Jorge Urquijo, pidió al Inpec el traslado de cárcel porque el detenido en Cómbita seguía controlando su banda, según contó el oficial a La Liga.

Tras la captura de ‘Diego Optra’ surgieron divisiones en La Local, que provocaron en diciembre pasado este pico de violencia, recibido por una nueva intervención. La mecha se encendió con un atentado contra Fidel Olaya Grueso, alias ‘Fidel’, jefe de Los Espartanos, quien resultó herido. El ataque de hombres armados ocurrió en plena calle en Buenaventura.

“Él viajaba en su carro por el barrio Matia Mulumba. Iba a su casa en Bellavista cuando lo cerró un camión y desde motos le dispararon. Después se armó la guerra más horrible con homicidios y desapariciones. Volvimos a escuchar que estaban picando gente y a ver hombres armados con fusiles recorriendo los barrios”, recuerda un líder social que prefirió no ser identificado.

Olaya Grueso, desmovilizado de las AUC, tiene también varias entradas y salidas de la cárcel. En 2011 la Policía anunció su recaptura por el asesinato de una mujer en Buenaventura. Nunca fue condenado por ese delito. En 2014 fue arrestado de nuevo en un operativo junto a 10 integrantes, señalados de pertenecer a La Empresa. Tras esa captura lo condenaron a seis años de cárcel por concierto para delinquir.

En el mismo proceso fueron condenados Yonny Caicedo y Jhon Fernando Bustamante. A los tres les dieron la casa por cárcel como padres cabeza de familia. ‘Fidel’ incluso ha recibido permisos para asistir a la iglesia los domingos, para atender citas médicas en Palmira y uno para ir a otra iglesia en el municipio de Ginebra, a casi tres horas de camino desde Buenaventura.

Los más buscados

El atentado contra Fidel desató una retaliación contra sus agresores. “Esas noches en WhatsApp nos advertían de las balaceras. La mayoría ocurrieron en el Gaitán (comuna 10) y Juan XXIII (comuna 7), por la calle Buenos Aires y la San Francisco”, recuerda un taxista. Juan XXIII es un barrio de bajamar ubicado en la comuna 20, en la zona continental. Un lugar estratégico que da acceso a las rutas por donde sale la droga y las armas. “Esos barrios se los ha peleado la guerrilla, luego los paras y después todas las bandas que llegan”, dice un periodista de la ciudad.

El miedo también ha golpeado a los reporteros que cubren la violencia. Otro periodista dijo que los cubrimientos por las noches están prohibidos. “Toda Buenaventura cumple el toque de queda; pero no por el covid, sino por el miedo a una bala”, cuenta. Ante el panorama de violencia, en febrero pasado el gobierno realizó un consejo de seguridad en la ciudad. 

Entre las medidas anunciadas el 7 de febrero pasado por la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán; y el ministro del Interior, Daniel Palacios, figura una recompensa de 200 millones de pesos por “Los más buscados”. Se trata de 12 integrantes de Los Shotas y Los Espartanos, todos con órdenes de captura.

El pasado 24 de marzo el fiscal Francisco Barbosa elogió la intervención. “La comunidad tiene que estar tranquila. Nuestros funcionarios están trabajando en el esclarecimiento de los homicidios (...). Hemos hecho 159 capturas. Golpeamos las estructuras de los Bustamante y La Local con la captura de sus dos cabecillas”, dijo.

Eloy Candelo Cuero, alias ‘Pepo’, era uno de los más buscados; junto a Gabriel Alejandro Parra Bustamante, ‘Puma’, otro miembro del clan Bustamante. El reporte de la Fiscalía dice que a ‘Pepo’ le imputaron los delitos de concierto para delinquir, extorsión, hurto y secuestro, entre otros. 

Hace una década ‘Pepo’ ya figuraba entre los más buscados de Buenaventura. Fue detenido en mayo de 2010 y, según las declaraciones de la Policía, era requerido por desaparición forzada, tortura, tráfico de armas, porte ilegal y hurto agravado. “Es una persona que colocándola en el lugar que le corresponde va a generar mucha tranquilidad y paz a esta región”, aseguró entonces el coronel Héctor Triviño, en ese momento comandante de la Policía de Buenaventura. Pero ‘Pepo’ fue liberado y en 2013 fue recapturado, según la Policía, por matar al conductor de una buseta. En la rama judicial no figuran condenas contra él por este caso.

En el portal de antecedentes de la Procuraduría sí aparece una condena del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buenaventura por los delitos de homicidio agravado y porte de armas. ‘Pepo’ volvió a salir, aunque la Fiscalía lo describe como “el encargado de promover extorsiones e intimidaciones a comerciantes y habitantes de los barrios Juan XXIII, Alberto Lleras, Pueblo Nuevo y Rockefeller”.

Por su lado, alias ‘Puma’ fue detenido por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir, pero ya tenía antecedentes. En 2014 la Fiscalía reportó su captura y lo señaló como jefe de La Empresa. Aunque en el reporte aseguraron que ‘Puma’ y los otros 12 detenidos estaban detrás de extorsiones y homicidios, solo les imputaron concierto para delinquir. Por ese delito fue condenado a cuatro años de cárcel. En el expediente aparece que en marzo de 2016 le otorgaron el beneficio de detención domiciliaria como cabeza de hogar. 

Del  listado de los 12 más buscados, seis tenían antecedentes penales. Tres de ellos fueron beneficiados por jueces con la casa por cárcel como padres cabeza de familia.

En Buenaventura, dice el comandante de la Policía del Valle, coronel Jorge Urquijo, hay aproximadamente 700 detenciones domiciliarias. Según cifras encontradas en el portal del Inpec hasta abril, en la cárcel del puerto hay 651 procesos con detención domiciliaria, y solo uno tiene el brazalete electrónico. El mayor número de personas con ese beneficio han sido sindicadas o condenadas por tráfico de estupefacientes (227 casos) y porte o tráfico de armas (192). En la lista figuran 41 personas sindicadas o condenadas por homicidio también con casa por cárcel.

En la ciudad hay más detenciones domiciliarias que presos en la cárcel, donde están recluidos 407 internos. Después de las cárceles de Cali y Jamundí, el penal de Buenaventura es el que más detenciones domiciliarias tiene en el Valle del Cauca.

Las “casas de pique”

En los ciclos de violencia que ha sufrido Buenaventura uno de sus momentos más violentos ocurrió entre 2012 y 2015, cuando una nueva disputa territorial originó una serie de asesinatos y desmembramientos.

Un informe de Human Rights Watch indicaba en 2015 que allí se habían encontrado los restos desmembrados de 32 personas: 12 en 2013, 14 en 2014 y 6 en 2015, según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. “De los 20 cuerpos desmembrados hallados en 2014 y 2015, incluidos los restos de varias mujeres y niños, 16 fueron encontrados luego de que el presidente (Juan Manuel) Santos anunciara la intervención” de 2014, dice el texto.

Por las llamadas “casas de pique”, denunciadas por monseñor Héctor Epalza, obispo de la ciudad, la Fiscalía anunció en 2014 varias capturas. “Se han obtenido 27 órdenes de captura, 16 de las cuales ya fueron materializadas (cuatro a menores de edad). En la actualidad, todos los capturados se encuentran privados de la libertad”, indicaba el informe de gestión 2014-2015. La Liga creó un listado con nueve personas detenidas en relación a las “casas de pique”, basada en boletines de prensa de la Fiscalía y reportes de prensa.

Ocho de los capturados están libres o tienen detención domiciliaria. Al revisar los procesos penales se encontró que solo uno de ellos, Freiman Valencia Mosquera, fue condenado por los casos de desmembramiento. Sin embargo, esta condena de  2017 es de 11 años por homicidio, hurto, concierto para delinquir y secuestro. En otro proceso lo sentenciaron a 11 años por desplazamiento forzado. En los expedientes de los jueces de ejecución de penas está pendiente una apelación para pedir su libertad.

El carrusel de la impunidad en Buenaventura, donde las capturas se anuncian con bombos y platillos, incluye casos como estos y muchos otros. Las cárceles funcionan con puertas giratorias, con múltiples entradas y salidas para los jefes de las estructuras criminales. Los ciudadanos, mientras tanto, sobreviven con miedo, porque saben que en cualquier momento pueden caer como víctimas de una violencia sobre la cual ningún efecto perdurable ha conseguido el sistema de justicia.