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Miércoles, 21 Julio 2021

Los negocios turbios del nuevo presidente del Senado

Por Cuestión Pública, Vorágine y La Liga Contra el Silencio

Los antecedentes del nuevo presidente del Senado de la República incluyen un negocio con dos socios de un narcotraficante, una denuncia por estafa, una disputa familiar por tierras, y el embargo de su apartamento, su sueldo y su carro.

La finca

Transcurría el año 2005 y Juan Diego Gómez Jiménez era diputado de la Asamblea de  Antioquia. Faltaban cuatro meses para que cumpliera 30 años cuando decidió comprar un predio en la vereda El Noral, una zona de fincas de recreo en el municipio de Copacabana, Antioquia, 40 kilómetros al norte de Medellín. 

En la compra del predio, de 2,3 hectáreas, que colinda con la quebrada Carboneros, participaron seis personas más, cinco naturales y una jurídica. Tres de los socios de Gómez Jiménez en esta transacción terminaron vinculados al narcotráfico y en escándalos de corrupción. 

La propiedad tenía tres casas, piscina, bomba de purificación de agua, estadero, establo y sembradíos. El negocio lo suscribieron los siete socios en la Notaría 21 de Medellín el 27 de julio, con una participación del entonces diputado del 12,5 %. Una de las socias, con el 12.5%, fue María Luisa Zapata Vélez, esposa hasta 2007 de Juan Diego Gómez. Los demás se la repartieron así:

Diego Aristizábal Mejía, de 62 años en ese momento, compró el 4,6 % de la finca. Aristizábal fue incluido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la lista de negocios y personas asociados al narcotráfico, la Lista Clinton, entre 2010 y 2018, por pertenecer a la estructura criminal del narcotraficante Pedro Antonio Bermúdez Suaza, alias El Arquitecto, piloto de Pablo Escobar y socio de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. En 1981 Aristizábal también fue miembro de la junta directiva de Confirmesa, empresa involucrada en el asesinato de Guillermo Cano, director de El Espectador.

Diego Aristizábal en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos

Diego Aristizábal en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. 

Además de las seis personas naturales, en la adquisición del lote en Copacabana participó la empresa AAA Estrategias Financieras S.A., que compró la mayor parte de la propiedad, el 32,11 %. El representante legal suplente de esa compañía era Fabio Jaramillo Guzmán, que ese mismo año, 2005, hizo un negocio inmobiliario con una empresa de alias El Arquitecto, narcotraficante incluido en la Lista Clinton en 2010. Por cuenta de este último negocio, las autoridades capturaron a Bermúdez Suaza, quien era un narco fantasma, es decir, sin figuración.

El Arquitecto logró mantener su bajo perfil hasta que tomó parte en el negocio inmobiliario entre Fabio Jaramillo Guzmán y una de sus empresas. La historia fue así: Jaramillo Guzmán compró un lote de 29 hectáreas en Sabaneta, al sur de Medellín. Lo hizo por 9.000 millones de pesos en julio de 2005, mismo mes del negocio inmobiliario entre Estrategias Financieras S.A. (la empresa que gerenciaba) y Juan Diego Gómez Jiménez. Dos meses después, en septiembre, el millonario lote fue cedido a Franzul S.A., del emporio de alias El Arquitecto. La transacción encendió las alertas de las autoridades financieras, que encontraron que el 75% del dinero que Jaramillo Guzmán usó para comprar el terreno no provenía de sus cuentas bancarias. Es decir, su nombre habría sido usado de fachada para transferir 6.750 millones de pesos. A partir de ese hallazgo se develó la red de empresas que dominaban El Arquitecto y su familia, lo que permitió a las autoridades estadounidenses y colombianas realizar su captura y posterior encarcelamiento en Nueva York.

La finca en Copacabana les costó 515 millones de pesos de la época a los siete socios. En el negocio también participó, con el 6,19 %, María Consuelo Ruiz Londoño, representante legal de la Fundación Berta Arias (Fundarias), entre 2004 y 2009.

Esta organización, según El Espectador, registró millonarios negocios entre los entonces senadores Otto Bula, condenado por el escándalo de Odebrecht, y el parapolítico Mario Uribe, primo del expresidente Álvaro Uribe. En 2011, la Corte Suprema allanó las oficinas de esa fundación, en desarrollo de la investigación contra Bula y Uribe.

Escritura _Diego_Aristizabal_y_Juan_Diego_GomezEscritura Diego Aristizábal y Juan Diego Gómez.

Cuando Juan Diego Gómez Jiménez era presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, entre 2012 y 2013, tuvo una reunión privada con Eleuberto Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia. Por esa época Odebrecht pagó al menos dos millones de dólares en sobornos a senadores y políticos conocidos como “Los Bulldozer”, por su capacidad para aplanar los obstáculos en favor de esa empresa y de sus socios. 

Esta no es la única línea que conecta al nuevo presidente del Senado con Odebrecht. Uno de sus financiadores, el empresario César Hernández Sanmartín, dio un crédito a la campaña de Gómez Jiménez al Senado en 2014 y seis meses después de las elecciones lavó dinero para la multinacional brasileña, hechos por los cuales fue condenado a casa por cárcel en 2017.

El predio de Copacabana estuvo en manos del entonces diputado Juan Diego Gómez, Diego Aristizábal, María Consuelo Ruiz y dos socios más hasta marzo de 2007, cuando vendieron sus porciones a la Promotora La Provincia S.A. por 338.300.000 pesos. De esta empresa fue accionista Fabio Arturo Jaramillo Guzmán en junio de 2008, según los registros de la Cámara de Comercio de Medellín. La empresa fue copropietaria del predio en Copacabana hasta diciembre de 2011. 

Este hallazgo de Cuestión Pública se suma a una investigación de Vorágine que demuestra cómo el senador y su familia se encuentran en una disputa por unas tierras.

La denuncia de Coogranada

Los líos de tierras del senador Juan Diego Gómez Jiménez son parte de la herencia de su padre, Orlando de Jesús Gómez Botero, alias La ballena, quien fue condenado en 2012 a ocho años de prisión por fraude procesal, falso testimonio y obtención de documento público falso, todos delitos en los que incurrió para proclamarse dueño de un predio en Bello, donde se proyectaba construir el Centro Comercial La Provincia. Gómez Botero murió en 2013 en la cárcel, pero sumido en un pleito desde 2004 con la Cooperativa Coogranada por hechos similares a los que lo llevaron a su condena.

La familia del senador Gómez, en cabeza de su madre María Mercedes Jiménez, y de sus tres hermanos -Elizabeth, Clara Mercedes y David Orlando- heredó el litigio por las tierras, según una denuncia de Coogranada, propietaria desde 2003 de un lote de 52.000 metros cuadrados denominado Las Brisas, ubicado en el barrio La Gabriela del municipio de Bello. Este lote pertenecía a la señora Bibiana Edith Ossa Aristizábal, quien lo utilizó, en noviembre de 2004, como dación de pago para saldar una deuda que tenía vigente con Coogranada. 

Mientras la cooperativa estaba legalizando la propiedad, en el lote ya había movimientos de tierras para la construcción de viviendas de interés social, en una urbanización que se llamaría “Jardín de los Sueños”. El responsable de la construcción era Orlando de Jesús Gómez Botero, padre del presidente del Senado. Un informe del CTI de la Fiscalía del 21 de agosto de 2004 determinó que Gómez Botero y sus socios habían invadido el lote vecino en un área de 18.507 metros cuadrados, en cuanto el lote del señor Gómez realmente tenía un área de 9.169 metros cuadrados y lo hicieron aparecer de 27.676 metros cuadrados.

Por cuenta de estas inconsistencias, el Fondo Nacional de Vivienda declaró el siniestro del proyecto y se abrió una investigación en la Fiscalía 23 de Bello. Gómez Botero culpó a Coogranada de no haber podido terminar las viviendas de interés social y, a finales de 2007, junto a sus socios, le reclamó 2.300 millones de pesos de indemnización por perjuicios. Alias La ballena interpuso esta demanda ante los jueces de El Santuario, Antioquia, donde el senador Gómez Jiménez vivió su infancia y que años más tarde se convirtió en su fortín electoral. 

El padre del senador y sus socios ganaron la demanda el 26 de enero de 2010. Coogranada apeló el fallo ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Antioquia. El proceso terminó en el despacho de Álvaro Raúl Gómez Duque, quien fue juez del Juzgado Civil del Circuito de El Santuario en los años ochenta. El magistrado Gómez Duque, que murió en noviembre de 2013, también fue profesor de la Universidad de Medellín, entre 1983 y 2005, de las cátedras de Personas, Bienes, Teoría General del Negocio Jurídico, Obligaciones y Derecho de Familia, coincidiendo en el campus con el entonces estudiante Juan Diego Gómez Jiménez.

La sentencia de segunda instancia confirmó la de primera, pero redujo el monto a 900 millones de pesos. Coogranada presentó entonces un recurso de casación ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la que participó la entonces magistrada Margarita Cabello Blanco, hoy procuradora general, que confirmó las sentencias de los jueces antioqueños.

Al negocio inmobiliario en Copacabana y la disputa familiar por tierras, se suma una denuncia por estafa. El 21 de diciembre de 2013, Noticias Uno presentó la denuncia de Margarita Sosa, a quien el entonces diputado de Antioquia Juan Diego Gómez Jiménez le vendió en 2007 dos lotes en el barrio Laureles de Medellín, que no le pertenecían o que presentaban inconsistencias en la matrícula inmobiliaria. A pesar de que el noticiero mostró el documento firmado por el diputado, al ser consultado, Gómez Jiménez dijo que él no firmó nada y que no hizo negocios con la mujer.

El senador Juan Diego Gómez Jiménez no es el único poderoso en su familia. Su hermano David Orlando es el director de CISA en Antioquia, desde hace más de cinco años, reconoció el congresista. Esta es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda que administra los negocios inmobiliarios del Estado.

“Malicioso”

El nuevo presidente del Senado también ha enfrentado tres procesos civiles en los que le embargaron el carro, el apartamento y el sueldo, y que tienen como denominador común que no le gusta pagar sus deudas. Aunque no son los únicos. En el Juzgado Noveno Civil de Medellín reposan dos procesos más, pero el juez se niega a entregarlos. También se niega a entregar, a pesar de que son públicos, un proceso que está en ese despacho contra el senador liberal Julián Bedoya Pulgarín, a quien la Universidad de Medellín le retiró el título de abogado por fraudulento. A ambos, Gómez y Bedoya, los une haber recibido el título de Derecho de la Universidad de Medellín y su padrino político, César Pérez García, condenado a 30 años de cárcel por la masacre de Segovia, en la que fueron asesinadas 46 personas.

El primer proceso de embargo contra Juan Diego Gómez Jiménez fue el de un vehículo. Ocurrió el 12 de octubre de 2007, cuando este era diputado, por el no pago de una deuda. La orden la dio el juez 25 civil municipal de Medellín. La historia data de 2004, cuando los hermanos David y Juan Diego le firmaron un pagaré a GMAC, la financiera de General Motors, por 17.269.698 pesos para comprar un carro Chevrolet Corsa Active 2005. El proceso terminó el 4 de julio de 2008. Ese día el hermano del hoy senador devolvió el carro y la deuda quedó saldada.

Ordenes_Embargo

Al nuevo presidente del Senado, Juan Diego Gómez, le embargaron el sueldo, el apartamento y el carro.

El segundo proceso de embargo fue el de su sueldo. El 28 de enero de 2014, tres meses antes de las elecciones del Congreso, Gómez Jiménez le firmó una letra por 50 millones de pesos a Apolinar Zabala Pavas, que se comprometió a pagar un mes después. Tres años y un mes más tarde, Zabala demandó al senador porque “no se ha dignado pagar el importe del título valor, como tampoco los intereses de mora causados hasta el momento, no obstante los continuos cobros”. En ese momento, ya la deuda estaba en casi 90 millones y eso era lo que estaba reclamando Zabala al senador en el Juzgado Segundo Civil de Medellín, que el 9 de marzo de 2017 embargó una quinta parte del sueldo del congresista antioqueño.

El 2 de abril de 2018 apareció el recién reelegido senador Juan Diego Gómez con su defensa. Dijo que no era cierto que Apolinar le hubiera cobrado y que no podían exigirle ningún pago porque ya había operado la “prescripción y caducidad de la acción cambiaria”.Gómez Jiménez le pidió al juzgado que lo exonerara de pagarle la deuda a Apolinar, de quien dijo que fue negligente por cobrarle la deuda vía judicial.

El senador señaló incluso que dicha actuación “es sancionada por el legislador”. Por poco y Zabala Pavas termina en la cárcel. El congresista pidió, eso sí, que lo condenaran a pagar las costas y que le devolvieran los sueldos que le habían embargado.

El proceso continuó. Apolinar dijo que, al ignorar la notificación que el juzgado trató de hacer por más de un año, el senador sacó provecho de su “malicia”. Un año más tarde, mientras el senador mantenía su defensa, el juzgado los citó a una audiencia de conciliación. Fue el 16 de mayo. Gómez le pagó 85 millones de pesos a Zabala. El dinero salió de los 107 millones que le habían embargado. 

El último embargo fue el de su apartamento. La demanda la presentó la administradora de su edificio el 11 de mayo de 2017. El senador debía 4.456.745 pesos, de seis meses de cuotas de administración, y los intereses de mora. El proceso le correspondió al juzgado 12 civil de Medellín, que inmediatamente citó al congresista para notificarlo del proceso. Ese mismo día, el 23 de mayo, el juez le embargó el apartamento. Un mes más tarde el juez le ordenó al inspector de policía el secuestro del apartamento y “allanar si es necesario”. 

El 12 de diciembre de 2017, la jueza ordenó el remate del apartamento para pagar la deuda, pero la Alcaldía escogió el 26 de junio de 2018 para secuestrar el inmueble (tomar posesión). Esos seis meses de gabela ayudaron para que el 30 de abril de 2018 el senador Gómez pagara lo que adeudaba por concepto de administración. Según la matrícula inmobiliaria, Juan Diego Gómez compró el apartamento por 650 millones de pesos el 20 de junio de 2012, cuando era representante a la Cámara. Es un penthouse de 253 metros cuadrados, incluyendo un balcón de 40 metros cuadrados, en un edificio ubicado en El Tesoro, zona exclusiva del barrio El Poblado, en Medellín. El 6 de octubre de 2020, el congresista lo vendió por 1.150 millones de pesos al economista uruguayo Juan Alejandro Montero Avero.

Edificio_Balcones_de_la_Calera_Medellin

Edificio Balcones de la Calera, barrio El Poblado, Medellín, Antioquia.

Gómez Jiménez, a sus 45 años, presidirá el Senado desde el 20 de julio de 2021. Ingresó a la política electoral con el Partido Conservador y su carrera ha registrado un ascenso vertiginoso, que comenzó cuando tenía solo 28 años en la Asamblea de Antioquia (2004-2010) y continuó en el Congreso, primero en la Cámara de Representantes (2010-2014) y ahora en el Senado (2014-2022). Su primer cargo público, recién egresado de la Universidad de Medellín, fue el de director de la cárcel de Bello, desde el 15 de diciembre de 1999 hasta el 14 de agosto de 2000.

A través de su abogado Jesús Albeiro Yepes, el congresista ha acosado judicialmente a los medios de comunicación que firman esta investigación. Primero fue Cuestión Pública por la investigación sobre su patrimonio, negocios familiares, contratos y conflictos de interés en #SabemosLoQueHiciste. El medio ganó, en primera y segunda instancia, la tutela que interpuso Gómez Jiménez. Usando la misma estrategia, el senador antioqueño presentó una solicitud de rectificación contra Vorágine, previo a la acción de tutela, por la denuncia de la disputa familiar por tierras en Bello.

Contactamos al senador Juan Diego Gómez para preguntarle por el contenido de esta investigación, y su último mensaje fue el 18 de julio de 2021, a las 2:16 de la tarde: “Estoy en una reunión. Al terminar le escribo”.

De Antioquia con amor

De cara a las elecciones de 2022, Vorágine, Cuestión Pública y La Liga Contra el Silencio investigan a caciques electorales de Antioquia en una serie que expondrá casos que demuestran cómo han tenido negocios con personas vinculadas al narcotráfico; cómo implementan carruseles en contratación pública; siguen patrones clientelistas; y desvían recursos para favorecer intereses privados. Esta es la primera investigación de la serie.

Viernes, 07 Mayo 2021

El Estado colombiano se equivoca de enemigo

Por La Liga Contra el Silencio

Las protestas contra el gobierno de Iván Duque, reprimidas con una violencia policial que ha sido condenada por varios países y organismos internacionales, han estimulado un discurso oficial que repite viejas explicaciones para señalar como responsables a grupos criminales. Con etiquetas como “terrorismo urbano” o “vandalismo extremo” se intenta justificar las reacciones excesivas contra los manifestantes.

“¡Ayuda! Están disparando en Siloé. Son las nueve y veinticinco. Nos están disparando”, dice un hombre tembloroso, mientras graba a un grupo que corre. “Nos están matando”, se escucha decir a otro en un video que muestra a personas tendidas en el piso, heridas y sangrantes, entre gritos y confusión.

Estos registros, divulgados en redes sociales, esenciales en la difusión del paro nacional, muestran lo que ocurrió la noche del 3 de mayo en un barrio popular conocido como Siloé, en la comuna 20, al occidente de Cali. Reflejan horas de terror por el uso excesivo de la fuerza policial contra los manifestantes. El saldo: 19 heridos, la mayoría de bala, y tres jóvenes muertos: Kevin Antoni Agudelo Jiménez, Harold Antoni Rodríguez Mellizo y José Emilson Ambuila.

Siloé padece de nuevo la violencia. En 1985 una toma militar que perseguía a una célula del M-19 dejó 17 muertos y 40 heridos, la mayoría civiles.

Durante las protestas que empezaron este 28 de abril, Cali ha sido el epicentro de manifestaciones multitudinarias y pacíficas; pero también escenario de actos de vandalismo y del mayor número de muertes (15 de los 24 reportadas en el país por la Defensoría del Pueblo hasta el 5 de mayo), por los cuales se investiga a la fuerza pública. La ONU ha expresado su preocupación por estos hechos donde, según la organización, “la policía ha abierto fuego contra manifestantes y se han producido muertes y heridos”.

Un día después de los eventos en Siloé, el fiscal Francisco Barbosa anunció desde Cali que un equipo de investigadores logró determinar “que en los desórdenes y hechos vandálicos acontecidos en la ciudad en los últimos días, hay estructuras ligadas al narcotráfico, ELN y a las disidencias de las Farc que operan en el departamento de Cauca”. Una tesis que coincide con lo planteado por el ministro de Defensa, Diego Molano.

Horas después, el presidente Duque –que enfrentó el primer paro en su mandato en noviembre de 2019 cuando Dilan Cruz murió por la acción del Esmad, y en septiembre de 2020, manifestaciones tras el asesinato de Javier Ordóñez a manos de la Policía– extendió estas explicaciones al resto del país. “Una organización criminal se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales”, dijo. “El vandalismo extremo y el terrorismo urbano que estamos observando se encuentra financiado y articulado por mafias del narcotráfico”, agregó. 

El coronel (r) del Ejército Carlos A. Velásquez R., columnista y profesor universitario, no descarta que esos grupos estén involucrados, pero considera que el gobierno les está dando más importancia y capacidad de la que realmente pueden tener en las ciudades. “Si esos grupos tienen el poder de casi paralizar al país: apague y vámonos. Eso es una forma de comunicar muy equívoca para decir que sí están haciendo algo, que saben quiénes son los responsables”, dice.

No es la primera vez que el gobierno de Duque señala a los grupos ilegales. Tras las manifestaciones del 9 y 10 de septiembre de 2020 insistió en la tesis de un “plan premeditado” del ELN y disidencias de las Farc para atacar más de 70 CAIs en Bogotá. Como contó La Liga junto a la Fundación Conflict Responses, CORE, en esta historia, la Fiscalía solo tenía pruebas contra las disidencias en dos casos, y ninguno atribuible al ELN.

Juanita Vélez, investigadora y periodista de CORE, ve en los recientes anuncios del fiscal Barbosa una reiteración de ese discurso sin evidencias. “Sin negar, como lo vimos el 9 de septiembre, que puede haber participación de grupos (...) no puede ser que eso explique todo lo que está pasando”, dice. Para Vélez esa narrativa oficial es peligrosa, porque deslegitima la protesta y la criminaliza. Estima que las manifestaciones responden a un descontento generalizado, en medio de una profunda crisis sanitaria, social y económica producto del covid-19.

“Se volvió costumbre en Colombia, cuando vemos escenarios de graves violaciones a derechos humanos en contextos de protesta, que la excusa del gobierno y de la Fiscalía de este gobierno sea la misma”, señala Franklin Castañeda, delegado de las plataformas de derechos humanos. El resultado de este discurso, según Castañeda, ha sido la impunidad, y que los procesos adelantados por la Fiscalía hayan sido “globos para la opinión pública, y no procesos que se han mantenido en la realidad”.

En el caso de Cali, los señalamientos de la Fiscalía son cuestionados también por otras razones. Juan Manuel Torres Erazo, coordinador de la Estrategia Pacífico de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES Pacífico), dice que es necesario tomar en cuenta que en esta ciudad, atravesada por la pobreza, altos índices de homicidios y segregación racial y social, no hay un solo dueño de las estructuras delincuenciales. “Ahí se les cae esa hipótesis de que son las Farc, el ELN o las disidencias, las que están detrás. Toca hacer un análisis territorial del delito, incluso a nivel de barrios”, dice Torres Erazo. 

El fantasma del enemigo interno

Durante décadas de conflicto armado, la doctrina militar se enfocó en el combate a los grupos ilegales y fue común la estigmatización de la protesta social, con frecuencia vinculadas a las guerrillas y al comunismo. Tras la firma del acuerdo de paz de La Habana, Colombia empezó a perder el miedo y salió a las calles. El país cambió, pero las estrategias de seguridad no. 

La doctrina de seguridad nacional, enfocada en el concepto de “enemigo interno”, tiene que ser reevaluada, una vez desaparecidas las Farc, considera el coronel (r) Velásquez. “No se puede considerar enemigo interno a la oposición (...) Si le dan la categoría de enemigo, la estrategia militar es una, mientras que si se le da la categoría de opositor al gobierno, la estrategia tiene que ser otra”, dice. La estrategia militar, continúa Velásquez, debe incluir un trabajo de inteligencia distinto, que sigue mal enfocado porque no analiza la situación social, especialmente entre los jóvenes. “Prima el orden público sobre la dignidad humana, que incluye la vida de los protestantes y de los policías”, dice.

Mientras crecían las críticas por el uso de armas letales por parte de la Policía durante las protestas, el expresidente Álvaro Uribe escribió en Twitter: “El derecho de soldados y policías a utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”. Además hizo recomendaciones para enfrentar las movilizaciones, y entre ellas mencionó la “revolución molecular disipada”, una teoría difundida por el neonazi chileno Alexis López, quien entiende la protesta “como una de las múltiples caras de una guerra que libra la delincuencia contra la institucionalidad para tomarse el poder y acabar con la democracia”, como explicó La Silla Vacía. Según el medio, López ha sido invitado dos veces a dar charlas sobre la teoría en la Universidad Militar Nueva Granada, donde se forman muchos militares.

“Según esa teoría, hay un enemigo que de alguna manera hay que combatir”, dice Vélez, de CORE. Y cuando desde el poder se usan términos como “terrorismo” equiparándolo a vandalismo “es muy peligroso”.  “Los desmanes que se han dado por más duros que hayan sido no son terrorismo. El uso de esa palabra deslegitima completamente las causas de la marcha y lo que hace es justificar la acción de la policía” que ha ido escalando el uso de la fuerza en comparación con protestas anteriores, concluye Vélez. 

Incluso los militares salieron a las calles por orden de Duque desde el 1 de mayo. 

Sobre lo ocurrido en Siloé y otras zonas de Cali como Puerto Resistencia, Torres, el coordinador de PARES Pacífico, percibe un uso desmedido de la fuerza. “En Siloé, el día que salieron (a protestar), de inmediato tuvieron una respuesta como una salida militar. Sorprendió por la magnitud y por el tratamiento militarista de esa protesta”, dice. Ve un ánimo de confrontación directa sin tomar en cuenta que en barrios como estos hay “mucha hambre”. “Se cree que lo que quieren hacer en Cali es crear un escenario para declarar ley marcial o conmoción interior”, agrega.

Desde el inicio de las protestas, organizaciones como Temblores y la Campaña Defender La Libertad han registrado un creciente número de violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades, con homicidios, detenciones arbitrarias, violencia sexual y lesiones. La Defensoría además ha reportado decenas de desaparecidos.

Sospecha y desconfianza

Entre las denuncias contra la fuerza pública, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han cuestionado las labores de acompañamiento, vigilancia e investigación de organismos de control como la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, encabezados por personas cercanas al gobierno.

En una carta dirigida a funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 23 organizaciones solicitaron una visita para observar los estándares nacionales de protección de los derechos humanos y señalaron el “comportamiento asimétrico y parcializado” de la Fiscalía y la Procuraduría. También denunciaron que el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, “ha incumplido sus obligaciones de acompañar el ejercicio de derechos en las marchas y sus funciones de garante de los derechos de la población”.

“En este momento en Colombia la democracia es muy frágil, porque fue cooptada por el partido de gobierno (...) No hay autoridades judiciales ni órganos de control. Incluso la información está siendo manipulada y las cifras oficiales o no las entregan o las entregan mal”, advierte Torres. 

A esto se suma que la labor de los defensores se ha visto desbordada y afectada por amenazas, intimidaciones y agresiones de la fuerza pública, como denunció la ONU.

La prensa también ha sido blanco de ataques. Reporteros Sin Fronteras y la Fundación para la Libertad de Prensa denunciaron que entre el 28 de abril y el 3 de mayo han documentado 70 agresiones, incluidos robos y eliminaciones de material, detenciones ilegales, daños a infraestructura, hostigamientos, entre otras. Expresaron, además, “extrema preocupación” por la sistematicidad de los ataques contra la prensa, a pesar de estar debidamente identificada, por parte de la fuerza pública, con el objetivo de intimidar, generar miedo y censurarla.

¿Censura en internet?

Los ataques con armas de fuego y las operaciones con bombas aturdidoras, gases lacrimógenos, tanquetas y helicópteros contra los manifestantes han sido grabados y compartidos en las redes sociales. El momento más dramático fue el registro en directo, el 3 de mayo en Cali, del intento de socorrer al artista Nicolás García Guerrero, alcanzado por una bala, quien luego murió.

La relevancia de las redes y el internet en las protestas ha estado en el corazón del debate en estos días. Diversas dificultades con el acceso a estos medios provocaron denuncias sobre un posible bloqueo de plataformas. La organización NetBlock, basada en Londres y dedicada a monitorear la infraestructura a nivel mundial, alertó el 5 de mayo sobre una interrupción del servicio de internet en Cali.

Andrés Velásquez, investigador del K+Lab, un laboratorio de seguridad y privacidad de la organización Karisma, especializada en derechos digitales, confirma que han recibido muchas denuncias de usuarios que no han podido subir videos o transmitir, o han sufrido el bloqueo de sus cuentas.

La Comisión de Regulación de Comunicación (CRC) pudo corroborar que las interrupciones en el servicio de internet se dieron principalmente por daños en la infraestructura, corte de la red y hurto de cobre, y dificultad en las labores de reparación y mantenimiento de las redes por la situación de orden público. 

A raíz de las denuncias, que también se registraron en ciudades como Bogotá y Medellín en medio de manifestaciones, Karisma recordó la importancia de las tecnologías digitales durante las protestas. La organización pide a las autoridades y proveedores de internet que estén atentos y expliquen estos fallos. A las plataformas les recomiendan establecer mecanismos más flexibles de moderación de contenidos violentos “para evitar que se interrumpan las denuncias legítimas que surgen durante las protestas”. 

“Puede ser que las autoridades a cargo del control de la protesta estén utilizando inhibidores de señal en lugares donde hay especial tensión”, dicen en Karisma. Estas prácticas, según explican, no pueden estar justificadas en ningún caso. “Ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional”, insisten.

Las organizaciones integrantes del Índice de Derechos Digitales también expresaron su preocupación por la “creciente cantidad de denuncias sobre posibles obstrucciones al libre flujo de información en Internet en el marco del paro nacional”.

Los manifestantes, aferrados a las herramientas que tienen disponibles, continúan usando internet como mecanismo de denuncia alrededor de etiquetas que ya se difunden a escala global. Una de ellas resume el ánimo que recorre las calles y las redes: #SOSColombia.